Tras una larga serie de
disposiciones regresivas en materia de Seguridad social, se acaba de presentar
en el Parlamento una proposición de ley por el grupo Unidos Podemos – En comú Podem – En Marea en el que se diseña un
modelo democrático de las pensiones en Seguridad Social. De este modelo
tendremos ocasión de hablar cuando, ya en el otoño, se proceda a debatirlo con
los agentes sociales, los exponentes académicos y especialistas de la
Administración, pero por el momento, aprovechamos este texto de uno de los
autores de la propuesta legislativa, Joaquin
Aparicio, que autoriza su publicación en este blog proveniente del digital
amigo Nueva Tribuna que lo acoge. Se
abre así un debate político y teórico extremadamente interesante sobre el
diseño democrático y constitucional del sistema de Seguridad Social que ofrece
una lectura diferente de la que se está haciendo del Pacto de Toledo.
(En la foto que abre esta entrada Juan
López Gandía con Joaquín Aparicio - ambos coautores del texto legal propuesto
que el artículo de Aparicio comenta
- en un seminario en Albacete, con la actual Decana de la Facultad de
Relaciones Laborales, Maria José Romero,
hace seis años, sobre la propuesta de capitalización de un fondo de despido
previsto en la Ley 35/2010 de reforma laboral, la primera de la serie de las “reformas
estructurales”. En la foto posterior, Juan
Terradillos y Joaquín Aparicio , hace tan solo seis meses, comentando la
necesidad de que la izquierda proceda a formular propuestas que consoliden un
modelo democrático de derechos sociales como antesala de su realización
práctica desde una mayoría política)
BASTA YA DE RESIGNACIÓN ANTE
REFORMAS SOCIALES REGRESIVAS
JOAQUÍN
APARICIO TOVAR
Desde su promulgación, allá por
1980, el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido más de 50 reformas con un
desolador balance por la sucesiva reducción de los derechos de los trabajadores
y el consiguiente aumento del poder de los empresarios. El Sistema de Seguridad
Social ha sufrido también importantes reformas que han combinado avances en la
garantía de las prestaciones de las personas protegidas, con importantes
endurecimientos para causar derechos a algunas otras, o importantes recortes en
las mismas, como ha sido desde 1985 el caso de la pensión de jubilación.
Las crisis has sido siempre la
excusa para la merma de derechos y llama la atención que el capitalismo, en
especial en España, desde finales de los años 70 del pasado siglo, ha
cronificado sus crisis, pues salvo breves periodos, en los 70, en los 80, en
los 90, hasta llegar a la gran crisis del 2008, hemos estado sufriendo
ramalazos de una crisis continua que
guadianea un durante un corto espacio para reaparecer al poco. Las reformas de
la Seguridad Social de 2011 y, en especial, la de 2013, fueron un enorme salto
adelante en la reducción de derechos de la ciudadanía, en especial en lo
relativo a la pensión de jubilación. El efecto combinado de ambas reformas
permite afirmar que con ellas se abre camino a un nuevo esquema del Sistema de
la Seguridad Social claramente contrario a los mandatos constitucionales. En
efecto, si la reforma de 2011 alargó el periodo de cálculo de la base
reguladora de las pensiones y, salvo supuestos muy concretos, elevó la edad
pensionable para la jubilación ordinaria a 67 años (con un periodo transitorio
hasta 2027), la de 2013 introdujo, además, el llamado Factor de Sostenibilidad
y un nuevo Índice de Revalorización Anual de la pensión que abandonó la
referencia al IPC y, por tanto, al mantenimiento de su capacidad adquisitiva,
todo lo cual, como el Gobierno reconoce, traerá una disminución del gasto en
pensiones que provocará una pérdida de la cuantía inicial de la pensión de
jubilación en 30 años entre un 9 y un 18 %, a lo que hay que sumar la pérdida
que se producirá al aplicarse el nuevo Índice de Revalorización, calculada para
15 años en un 22,86 %. El objetivo del Partido Popular y sus secuaces, es
reducir las pensiones garantizadas por el Sistema a un mínimo ni siquiera de
subsistencia, contrariando los artículos 41 y 50 de la Constitución que imponen
a los poderes públicos la obligación de proveer mediante un Sistema Público de
Seguridad Social prestaciones “suficientes” frente a los estados de necesidad.
El objetivo final es claro: abrir hueco a los planes y fondos de pensiones
basados en la capitalización y gestionados por entes financieros privados, pues
allí donde existe un buen Sistema de Seguridad Social es reducido el espacio de
los fondos de capitalización. Pero esos planes y fondos de pensiones solo serán
accesibles para una capa pequeña de la población que huiría del esquema solidario que es la Seguridad
Social. Se rompería así un elemento esencial de cohesión social.
Todas estas sucesivas reformas
regresivas han dado lugar a que la ciudadanía se suma en una especie de fatal
resignación al asumir que no hay vuelta atrás. Frente a esa resignación se
levanta la Proposición de Ley que el Grupo Parlamentario Confederal Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea ha depositado el 5 de julio en la Mesa del
Congreso de los Diputados sobre reforma de las pensiones y otras medidas del
orden social.
Con esta Proposición de ley, de la
que habrá ocasión de hablar en detalle más adelante, se busca revertir algunos
de los más graves daños que las reformas de 2011 y 2013 han causado en la
ciudadanía, en concreto en los actuales pensionistas, que por aplicación del
Índice de Revalorización Anual van a ver reducida su pensión, y los futuros a
los que a partir de 2019 se les aplicará el Factor de Sostenibilidad, además de
los alargamientos de la edad pensionable y el periodo de cálculo de la base
reguladora de la pensión. Baste ahora decir que esta Proposición elimina tanto
el Factor de Sostenibilidad como el Índice actual de Revalorización Anual, así
como impone volver a la edad de 65 años como edad pensionable para la jubilación
ordinaria, y se introduce la novedad de la jubilación a partir de los 61 años
para quienes tengan cubierta la base reguladora máxima. En una norma como esta, de alto contenido
técnico, hay otras muchas materias que se acometen, en especial en desempleo,
pero no es lugar en esta nota de entrar sobre ellas. Otras ocasiones habrá,
baste decir que estas mejoras no se presentan como píos deseos, sino que van
acompañadas de medidas que mejoran los ingresos del Sistema. Esa es otra gran
diferencia con las reformas anteriores, que solo actuaban sobre los gastos con
un recorte de los mismos.
Un nutrido grupo de profesores y
profesoras universitarias, economistas, juristas y sociólogas de las Universidades
de Valencia, Castilla-La Mancha, Salamanca, ha trabajado durante varios meses
con la diputada Yolanda Díaz y su equipo en la preparación de la Proposición.
Han puesto su saber técnico siguiendo siempre la dirección marcada por sir William Beveridge de que lo fundamental para la resolución de
los estados de necesidad de la gente es adoptar la decisión política de abolir
la miseria, para lo cual los Gobiernos disponen de la Seguridad Social, lo demás es un problema administrativo y de
ejecución. Pero la decisión de abolir la miseria mediante el Sistema de
Seguridad Social ya la tomó el constituyente en 1978 y, por tanto, los técnicos
o expertos, deben poner su saber para alcanzar lo establecido en la
Constitución en una mera operación de adecuación medios-fines. Imponer las
reformas de Seguridad Social mediante imperativos técnicos proporcionados por
“expertos” (con frecuencia algunos de ellos con conexiones con los grupos
financieros) es un autoritarismo antidemocrático del que quienes han trabajado
en este proyecto han huido. Ahora es el tiempo en el que los representantes de la soberanía
se pronuncien. Atentos estaremos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario