EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA ERA DEL POPULISMO. HABLA ANTONIO GARCIA-MUÑOZ

Se ha celebrado en la Universidad de Heidelberg un simposio europeo sobre el derecho transnacional en la era de los nacionalismos emergentes que ha reunido a un heterogéneo número de especialistas en la regulación de las relaciones laborales europeas. Antonio Garcia -Muñoz Alhambra, profesor de la UCLM, ha asistido al mismo y envía, en rigurosa primicia para la blogosfera de Parapanda, esta interesante crónica.

El Derecho del Trabajo en la era del populismo

Por Antonio Garcia-Munoz Alhambra

Aunque una traducción literal más fiel al título del evento seria “derecho transnacional del trabajo en la era del nacionalismo emergente”, el término populismo refleja mejor el contexto político en el que nos situamos, en palabras de Alan Bogg. En su intervención tras una agradable cena en la universitaria ciudad de Heidelberg, Bogg destacó la importancia de caracterizar de forma rigurosa el término “populismo”, o mejor las políticas populistas, para que la reiteración de su uso en diferentes contextos y con distintos propósitos no acabe por convertirlo en un concepto vacío, como le ha sucedido a tantos otros.

¿Qué caracterizaría a las políticas populistas?, precisamente su carácter excluyente, en nombre de un “pueblo”. Los políticos populistas se presentan como los representantes legítimos del pueblo frente a unas elites corruptas que se aprovechan de la democracia para realizar sus propios intereses en contra de los del “pueblo”, y el “pueblo” es únicamente el que está de acuerdo con las políticas propuestas por el populismo, dado que los demás, los inmigrantes, pero también las supuestas “elites” o las personas que critican el discurso populista, están en un no-lugar donde se agrupan los que no pertenecen al pueblo. Serian ejemplos de populistas que han alcanzado el poder los gobiernos de Polonia, Hungría o Turquía, el gobierno de Trump en los Estados Unidos, el gobierno de Theresa May en Reino Unido o el recientísimo gobierno Italiano caracterizados por un discurso antinmigración, contrario a las elites (cualquiera que sea el significado de las elites en estos ejemplos, repárese en el absurdo de un Trump clamando contra el establishment al que pertenece), contrario a las sociedades abiertas y hostil a los derechos de las minorías, los sindicatos y las formas democráticas. No se trata, sin embargo, de un fenómeno limitado a los ejemplos señalados, sino que se encuentra presente o en incipiente desarrollo en la mayoría de los países Europeos.

Pero además este discurso político busca apoyarse en el “pueblo trabajador”, el buen trabajador, honrado y no sindicalizado, cuyas condiciones de vida y las de su familia se ven amenazadas por la globalización y los inmigrantes.  Así pues, planteaba Bogg, el derecho del trabajo se enfrenta a un reto: identificar el discurso populista, denunciarlo, y recuperar un discurso que señale las carencias materiales de las clases trabajadoras y populares como el germen de un descontento que pone en riesgo la democracia. Más democracia para representar adecuadamente los intereses de estas clases frente a la cada vez mayor desigualdad y precariedad, más democracia para una mejor redistribución de la riqueza como base de unos derechos sociales robustos y eficaces que bloqueen el discurso del miedo y el odio hacia los más vulnerables de la sociedad. Delimitar los conceptos de populismo, nacionalismo y nación, una tarea nada fácil pero necesaria.

Y es que, como proponía Adele Blackett desde Canadá (gracias a las telecomunicaciones), la globalización en su actual forma genera descontento, el descontento de los perdedores de un proceso de acumulación global de capital y beneficios a costa de la desposesión y explotación de inmensas masa de personas a lo largo y ancho del mundo. Pero este descontento global, que hasta ahora solo ha sido capaz de expresarse de manera local y que alimenta las políticas populistas, no puede desembocar en resistencias y solidaridades locales y excluyentes, sino que se debe articular en solidaridades transnacionales e incluyentes. Aquí la propuesta es el desarrollo de un derecho transnacional del trabajo que permita construir y articular dichas solidaridades, otra forma de cortocircuitar el discurso populista. Es comprensible que los perdedores de la globalización se sientan decepcionados y amenazados, las ventajas de las sociedades abiertas no tienen significado para ellos, pues se les niega el acceso a las mismas, pero la respuesta a sus preocupaciones no se haya en las solidaridades locales y excluyentes.

El carácter interdisciplinar del evento, con juristas de empresa junto a laboralistas, miembros de organismos internacionales y “policy makers” junto a sindicalistas y académicos, resulto en propuestas y debates interesantes y complejos. Una valoración muy crítica de los Acuerdos Internacionales de Inversiones (Keith Ewing) y de los Acuerdos de Libre Comercio (Jeffrey Vogt), señalando sus carencias y limitaciones, no impidió reivindicar la posible utilidad de los mismos para generar nuevas dinámicas e Instituciones que permitan garantizar unos niveles adecuados de protección social, que no debe confundirse con proteccionismo. 

Igualmente, un debate en general crítico con la Responsabilidad Social Empresarial, no impidió propuestas, como la de Nina Boeger, basadas en la cooperación y la sostenibilidad como condiciones de una economía estable capaz de ofrecer crecimiento y protección social a los trabajadores al mismo tiempo que limitar el impacto ecológico de las actividades económicas. Así, frente a lo que se percibe como un fallo en el diseño de las reglas económicas a nivel global, se defiende una colaboración entre laboralistas y especialistas en el derecho de la empresa para diseñar un mercado incluyente y sostenible con empresas responsables.

Anne Trebilcock, desde la perspectiva del rol a desempeñar por las Instituciones Públicas en pos de un mercado más igualitario y sostenible describió las experiencias en el seno de Naciones Unidas, comparando el desarrollo de los Planes de Acción Nacionales desarrollados en algunos Estados bajo las premisas de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y la propuesta de un nuevo Tratado vinculante para las Empresas Transnacionales, llegando a la conclusión de que no se trata de iniciativas excluyentes, sino complementarias.

Por su parte, en una propuesta de gran profundidad y alcance teórico, Anne Peters, esbozo las claves de una dimensión social para el constitucionalismo global, que se basaría en una reconstrucción de algunas partes y funciones de un derecho constitucional global que sea capaz de aportar argumentos para el desarrollo de un marco Institucional dirigido a una globalización democrática y social. Una propuesta que en cierto sentido ya ha dado sus primeros pasos, apartándose elementos que demuestran la introducción de un cierto “welfarianismo” en varias ramas del derecho internacional.  En este sentido, llamaba la atención a los trabajos de Naciones Unidas, considerando la agenda 2030 como un punto de inflexión.

Los problemas de aplicación y ejecución de los Instrumentos Transnacionales de regulación (tanto públicos como privados) a lo largo de las cadenas de producción globales se pusieron de manifiesto en varias de las intervenciones, señalando además que este tipo de problemas se encuentran también en el ámbito, en principio más garantista, de la Unión Europea, como demuestra el estudio de Tonia Novitz y Rutvica Andrijasevic sobre la fallida protección de los trabajadores desplazados en las Unión Europea, centrándose en el estudio del caso de las empresas de alta tecnología que deslocalizan su producción a Eslovaquia y utilizan mano de obra serbia.

Finalmente, Julia López y Chelo Charcartegui presentaron el caso de la reforma laboral en España y los intentos de reacción local y regional, centrándose en Cataluña y País Vasco como experimentos de construcción de solidaridades regionales. De alguna manera sus intervenciones ilustraban la afirmación de que el descontento de la globalización es global pero se expresa a nivel local, en resistencias basadas en solidaridades que se construyen sobre identidades, planteando preguntas muy interesantes sobre la simultaneidad de fenómenos de integración supranacional y desintegración nacional, las relaciones entre identidad y solidaridad , la reproducción de desigualdades territoriales centro-periferia a nivel regional, nacional y supranacional y el impacto de las medidas de austeridad en la comunidad política.

En definitiva, un evento extremadamente interesante donde los organizadores, Franz Ebert y Tonia Novitz han conseguido reunir a un importante número de académicos de distintas disciplinas, sindicalistas y activistas que han generado un debate extremadamente interesante sobre el papel del derecho laboral (y no solo) para asegurar unas condiciones sociales dignas en el marco de una globalización generadora de grandes desigualdades de la que se nutren discursos populistas excluyentes y antidemocráticos.