LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE FRANCISCO FRANCO Y LA REFORMA DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA.

El Boletin Oficial del Estado de 25 de agosto publicaba una norma de urgencia en la que se procedía a reformar la llamada Ley de Memoria Histórica con la finalidad exclusiva de poder proceder a la exhumación de los despojos de Francisco Franco del mausoleo que tiene en Cuelgamuros. Este hecho ha dado lugar a una serie de reacciones que merecen algunas reflexiones desde la perspectiva de una ciudadanía conformada democráticamente.

En efecto, la norma a la que se refiere esta entrada es el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, que establece la obligación de los poderes públicos de retirar los símbolos del franquismo y la exaltación de la victoria del golpe militar. En el Valle de los Caídos, no «podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». No se sabe por qué esa prescripción no se cumple en lo que llevamos de año, sin que haya habido ninguna sanción ni actuación policial destinada a reprimir estos actos que están directamente prohibidos por la ley…desde el 2007. Esta inactividad de los poderes públicos que se concreta en la tolerancia plena de actos de exaltación de la Guerra Civil y de apología de la dictadura es el primero de los elementos que plantea cierta perplejidad al ciudadano democrático, y ello sin necesidad de comparar esta permisividad – amplificada por la audiencia que a la misma dan los medios de comunicación – con la vigilancia acentuada y la represión consiguiente de cualquier otra manifestación discrepante con el sistema democrático, sea en relación con la forma de Estado, con su estructuración territorial, o con la solidaridad y apoyo a grupos o colectivos violentos. Es como si la defensa de la dictadura franquista, llevada a cabo además en lugares donde está expresamente prohibida, no llevara aparejado ningún juicio de desvalor relativo a la violencia, el sufrimiento , la tortura y la muerte que este régimen impuso hasta su extinción.

Lo que dice la disposición adicional sexta de la Ley 52/2007, es que el Valle de los Caídos se consagra como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior. Por ello, el RDL 10/2018 puede afirmar que “la presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”. Por ello este texto legal   “pretende poner fin a esta situación, al establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra”, consagrando “de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas”. Se trata por tanto de imponer un mensaje de equiparación entre quienes se predican “victimas” de la contienda o de la represión posterior, sean producidas por los golpistas que se rebelaron militarmente contra la II República imponiendo una dictadura alineada con los nazifascismos europeos de la época y posteriormente potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, o bien por las tropas republicanas y los grupos políticos que sostenían el Frente Popular defendiendo la legalidad asaltada por la violencia fascista. La asimetría entre ambas situaciones es siempre negada por las normas de la Memoria Histórica, que a lo sumo llegan a reconocer una diferencia en la cantidad de víctimas, mucho mayor entre las de la Dictadura, tanto por la duración de la misma y de sus propósitos criminales, como por su mayor intensidad y crueldad, pero sin que esta diferencia cuantitativa impida la equiparación en el tratamiento de las mismas. La consideración “igualitaria” de las víctimas, quiere sin embargo reaccionar frente a lo que había constituido una constante en los discursos del post-franquismo, es decir, el de entender que las verdaderas víctimas eran las de los vencedores de la guerra civil, mientras que los vencidos eran tan sólo sujetos pasivos de decisiones judiciales y militares como consecuencia de lo que se denominaba rebelión frente a los rebeldes y sediciosos, lo que queda preservado por otra parte en la Ley 52/2007 al considerar actos jurídicos no revisables las condenas efectuadas bajo la dictadura con quebrantamiento claro no sólo de las normas de derechos humanos sino de las propias formas procesales de defensa de los encausados.

Desembarazarse de los restos de Franco como medida de profilaxis democrática fue también el objetivo de una proposición no de ley presentada por el PSOE y adoptada con 198 votos a favor, 140 abstenciones y un solo voto en contra ( de una diputada del PP, quien afirmó que se trató de un error) , por el Congreso de los Diputados, el 11 de mayo de 2017, para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, en donde se instaba al Gobierno de España – que en la época era el gobierno de  Mariano Rajoy -  a « resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos». No es necesario recordar que el gobierno de Rajoy no mostró mucho interés en seguir esta recomendación de las mayorías parlamentarias. Por eso la exposición de motivos del Real Decreto Ley recuerda que “el hecho de que una situación haya sido tolerada por largo tiempo debido a la inactividad del Gobierno y al desconocimiento de un deber de normación impuesto por las Cortes Generales no es óbice para que se haga frente a la misma por vía de la legislación de urgencia (STC 11/2002, FJ 7)”.

Sobre esta base, se modifica la Ley 52/2007, conocida como ley de la Memoria Histórica, añadiendo un apartado a su artículo 16, según el cual “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda», y se añade una disposición adicional para proceder a la exhumación de los restos del dictador por un procedimiento de oficio en el que se dará audiencia a los “interesados” y a los “familiares”, si bien ante la negativa o el desacuerdo de éstos, es el gobierno el que decidirá el destino final del lugar de la “sepultura digna” al que se dirigirán los despojos del general que fue conocido como Caudillo de España durante los cuarenta años de terrible dictadura.

La norma ha sido contestada por fuerzas políticas que deberían estar comprometidas por el mandato legal contenido en la Ley 52/2007, como el Partido Popular y Ciudadanos, y que sin embargo no consideran vinculante en su argumentario ni en su discurso, porque de hecho rechazan “la retirada de símbolos y monumentos de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura”, al pretextar que “no es urgente”, como si la afirmación de la democracia y el rechazo de la dictadura pudiera aplazarse, o, peor aún, al entender que con ello de reabren “viejas heridas”, en el entendimiento que la figura del dictador no debe ser cuestionada por un sistema democrático que ha reconocido finalmente – en el 2007 – los derechos a la memoria de quienes padecieron persecución y violencias durante la dictadura. Ciudadanos ha cambiado así el sentido de su voto del 2017, uniéndose a la abstención que ha anunciado el Partido Popular. Una grave decisión para ambos partidos, que con ello se colocan fuera de la ley que recuerda la repulsa general de todo el país a un sistema político de negación de derechos y de ejercicio de violencias contra una gran parte de la población del mismo.

Ese posicionamiento político se acompaña de un gran despliegue mediático que ha dado grandes espacios de comunicación a toda clase de individuos que exaltan la dictadura, humillan a las víctimas de la misma, y mienten descaradamente sobre el terror y la represión del franquismo. La exhumación de Franco se ha acompañado así de toda una serie de intervenciones que exaltan sin disimulo la figura odiosa de un dictador traidor a la República, aliado del nazismo y del fascismo, que se empeñó fundamentalmente en la persecución y desarticulación de la clase trabajadora organizada, a la par que procedía a un vasto plan de desposesión de propiedades y de bienes que generó una casta dirigente que no puede permitir la memoria histórica de su enriquecimiento sin cuestionar su indiscutida honorabilidad.

La norma que se comenta abre a su vez otros interrogantes, esta vez desde la conveniencia de proceder a una reforma en profundidad de la Ley de Memoria Histórica. Por un lado es inaplazable proceder a dotar de los fondos necesarios para reanudar los trabajos de localización y exhumación de fosas comunes y la creación de un banco de ADN que permita el cotejo y la identificación de restos. En la propia Proposición no de Ley aludida figuraba la creación de un censo de infraestructuras construidas por personas condenadas a trabajos forzosos durante el franquismo, y la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura. La creación de un Museo de la Memoria, según las últimas declaraciones del Presidente Sánchez, no se localizará en el Valle de los Caídos, sino en otro lugar. Pero el tema central, de mayor calado, es el de estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales franquistas contra quienes defendieron la legalidad de la República, una reivindicación muy sentida en la izquierda, tanto en el Grupo confederal de Unidos Podemos como en el de ERC. Avanzar por esta vía es importante.

Es claro que la decisión del gobierno ha tenido una amplia repercusión fuera de nuestras fronteras, y en especial en Latinoamérica, coincidiendo con el viaje oficial de Sánchez. Allí la exhumación de Franco se traduce en la memoria de las dictaduras recientes del Cono sur, la consideración de los actos de éstos regímenes militares – en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil – como crímenes contra la humanidad y la revisión por tanto de aquellas normas que preveían la impunidad de los criminales. No todos los comentarios sin embargo son positivos. En este momento hay un ascenso claro de posiciones ideológicas extremadamente sectarias que reaccionan con violencia frente a posiciones de progreso social y de respeto de los derechos humanos. El diario argentino La Nación puede ser el ejemplo más perfecto de esta tendencia. En un editorial publicado el 28 de agosto, titulado “¿Qué se puede hacer con los restos de Franco?”, incorpora todos los argumentos que se conocen sobre el “apuro” para remover el cuerpo del Caudillo (sic), habla de una “España sonrojada” ante la propuesta del “minoritario gobierno socialista”, insiste en que es la Iglesia quien debe tener la última palabra en este aspecto - coincidiendo con la última opinión de Pablo Casado - y, finalmente, añade un último párrafo en el que se resume el juicio de valor que este periódico tiene respecto de las dictaduras, y que copio en su integridad por la brutalidad del mismo: “El gobierno de Franco constituyó una dictadura, como lo fue también la del gobierno militar argentino de 1976. ¿Pero habría sido mejor para España un gobierno dominado por los comunistas y en la Argentina otro, con los cabecillas de organizaciones terroristas y de la llamada "juventud maravillosa" en el poder? Son preguntas sensibles e incómodas, pero alumbran lo difícil que resulta acompañar movimientos fundamentalistas, criticables por definición, y en algunos casos por históricamente inoportunos”. No son preguntas sensibles, ni tampoco incómodas, sino que definen claramente la infamia del sujeto que las formula. Es difícil encontrar mejor expresado el pensamiento terrible de la oligarquía argentina, para la que es siempre preferible una dictadura genocida a un gobierno de unidad popular. Lamentablemente en nuestro país posiblemente este mismo razonamiento subyace a tantas opiniones que se vuelcan en estos momentos a propósito de la exhumación del dictador.