DIÁLOGO SOCIAL Y REFORMA LABORAL

Siguiendo una arraigada tradición mediática, el mundo del trabajo permanece oculto a las primeras páginas de los periódicos y al prime time de las radios y televisiones, pero en ese espacio generalmente escondido a la opinión pública se están produciendo movimientos muy significativos.

Por un lado, a partir del verano se puede detectar un incremento importante de la actividad sindical en formas variadas que van desde la denuncia y seguimiento de actividades empresariales contrarias a la legalidad hasta la convocatoria y sostenimiento de numerosos conflictos en el marco de la negociación colectiva de condiciones de trabajo. En efecto, se está pudiendo comprobar una amplia actividad sindical que busca la regularización de las condiciones laborales de determinados colectivos especialmente vulnerables así como la declaración de laboralidad para supuestos emblemáticos, como el caso de las falsas cooperativas y los falsos autónomos en el sector cárnico y la cesión ilegal de trabajadores correspondiente, a través de una acción combinada con la denuncia a la Inspección de Trabajo y la consecución de acuerdos en las principales empresas del sector de incorporación a la plantilla como trabajadores de falsos autónomos. Un proceso que se continúa con la acción de la Inspección de Trabajo en otros supuestos que si gozan felizmente de un cierto seguimiento en la prensa como el caso de las nuevas identidades derivadas del trabajo a través de plataformas.

Es patente el incremento de conflictos y huelgas en todos los sectores que han perdido el carácter defensivo que había caracterizado el período de conflictividad de la crisis y que se caracterizan ahora en su mayoría – con excepciones debidas a la permanente intensidad de los cierres de empresas y la deslocalización de las empresas transnacionales como el caso de Alcoa – por un empuje ofensivo en torno al aumento salarial que compense la devaluación sufrida durante el quinquenio de la crisis y que ha cuajado en un significativo número de convenios colectivos en sectores que tradicionalmente se caracterizaban por bajos salarios y por una importante precarización. La consecución de estos acuerdos en muchas ocasiones han sido el fruto de huelgas mayoritariamente seguidas por las y los trabajadores del sector. A su vez el conflicto se ha desarrollado en empresas clave, como Amazon, expandiendo el radio de la acción colectiva más allá de las fronteras del Estado español, y el espacio de la empresa transnacional se va paulatinamente llenando de una representación sindical coordinada.

Todos esos movimientos se desplazan a su vez al terreno de las elecciones de representantes de los trabajadores en los centros de trabajo, las llamadas elecciones sindicales, concebidas como una forma de afirmación de la organización de los sindicatos en las empresas y en los lugares de trabajo. La fragmentación empresarial y la segmentación laboral han devaluado en muchos supuestos la efectividad de estas estructuras representativas, pero a través de este mecanismo no sólo se determina la audiencia de los sindicatos, sino que se afianza la organización de los trabajadores y trabajadoras, en un esfuerzo de reunificar a través del sindicato lo que estaba fragmentado y segmentado.

El impulso sindical requiere para consolidar su eficacia, una actuación en el plano general de las relaciones laborales. No sólo respecto del aumento del salario mínimo, cuya efectiva puesta en práctica tras el acuerdo político para la aprobación de los Presupuestos es plenamente funcional al compromiso alcanzado en el IV AENC respecto del salario mínimo de convenio en 14.000 € anuales, sino respecto de la reversión de partes centrales de la reforma laboral del 2012. Separando por tanto lo que supondrá una reforma total de la legislación laboral a partir de la discusión de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”, tanto el gobierno en el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos y en el marco de su posición como interlocutor en las mesas de diálogo social, como muy especialmente los sindicatos CCOO y UGT, han fijado con claridad los aspectos que deben ser removidos del cuadro normativo vigente, en el entendimiento que estos puntos son imprescindibles para poder desarrollar la acción sindical y cumplir con las expectativas que prometía el IV AENC. Salario mínimo, devolución a la autonomía colectiva de la capacidad de articular su estructura y las relaciones entre convenios, ampliación de derechos en las cadenas de la descentralización productiva, registro de jornada y recuperación del subsidio para mayores de 52 años eran los ejes de la propuesta sindical que repetidamente se había formulado y sobre la que el poder público parecía estar de acuerdo.

Sin embargo, la prolongación de las en las mesas del diálogo social hacía pensar que estos compromisos ya muy avanzados se iban demorando y postergando sine die. La presión sindical era muy fuerte, por lo que a nadie extrañó que CCOO anunciase el 12 de diciembre que se había alcanzado un preacuerdo con el Gobierno  en el que se incluía la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos,  la prevalencia aplicativa del convenio sectorial frente al de empresa, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y la regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, con la finalidad de garantizar derechos a los trabajadores dentro de actividades externalizadas.

Este anuncio agitó las hasta el momento tranquilas aguas del diálogo social. El ministerio de Trabajo desmintió haber alcanzado un preacuerdo, remitiéndose a la voluntad del poder público de llegar a un consenso entre todas las partes sociales, aunque reconociendo que hay más acuerdo con los sindicatos que con los empresarios, y el presidente de CEOE-CEPYME puso el grito en el cielo al decir que se le había excluido del preacuerdo que ignoraba, y opuso posteriormente la vía del diálogo social a la de la reforma laboral “en el Congreso”, oponiéndose por tanto a calificar de concertación el preacuerdo entre Gobierno y sindicatos. Dentro de las reacciones políticas, el PP por boca de su locuaz secretario general, consideró este preacuerdo “un suicidio” – sin precisar la víctima aunque se suponía que se refería al Gobierno – y se manifestó dispuesto a evitar la demolición de un marco normativo que ha permitido el segundo milagro económico de la etapa democrática española, sin que precisara tampoco cual fue el primero, aunque se supone que corresponde a la época del gobierno de Aznar. No ha habido reacciones significativas de otros partidos políticos al anuncio sindical del preacuerdo, posiblemente porque el eje del debate actual en la política española siga escorado hacia la “cuestión catalana”, la apropiación consiguiente de la Constitución entendida como unidad nacional y forma monárquica por las fuerzas políticas que se consideran excluyentemente constitucionalistas y la presencia ubicua de la ultraderecha en todos los programas y opiniones que pueden construir una opinión pública sobre el tema y promover la movilización del electorado esencialmente franquista que no se veía reflejado en la política del gobierno Rajoy.

La acción de CCOO poniendo sobre la mesa la existencia de un preacuerdo es una opción inteligente que busca presionar al gobierno para que éste cumpla finalmente lo prometido en sucesivos acuerdos políticos y en concreto en el marco del debate desarrollado en el diálogo social. El objetivo es por tanto incidir en el permanente tira y afloja en el interior del Gobierno No es un secreto que la ministra de economía, Nadia Calviño, es partidaria de la reforma laboral del PP y consiguientemente contraria a revertir ese marco normativo que ha sido a su entender enormemente beneficioso para la economía española salvo “algunos ajustes” de la misma, y que esa posición se corresponde con una parte significativa de dirigentes del PSOE que además se sienten respaldado por la Comisión Europea y el Banco Central. Por el contrario, para otro sector del gobierno, en el que se sitúa la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la legitimación social que el PSOE puede obtener con esta reversión parcial de la reforma laboral es importante y puede además convertirse en un arma electoral en la hipótesis, nada despreciable, de unas próximas elecciones.

Para la patronal, este escenario es nefasto porque cuestiona un hecho notorio: las reformas de la legislación laboral pueden hacerse excluyendo a los sindicatos y contrariando sus propuestas – como ha sucedido principalmente a partir de 1994 y muy señaladamente en las reformas del 2010 y del 2012 – pero nunca sin el aval de las asociaciones empresariales. Que los sindicatos confederales tengan la suficiente fuerza como para imponer un acuerdo bilateral era un hecho absolutamente fuera de lo común para Garamendi, el presidente de CEOE-CEPYME, que había asistido de forma pasiva a todas las reuniones de las mesas de diálogo social sin intentar acercar posiciones, seguro de que nadie se atrevería a cuestionar su presencia en un acuerdo final que ciertamente no deseaba ni amparaba. Por eso en sus primeras declaraciones arguyó que había sido excluido del acuerdo, porque para el empresariado la situación era realmente anómica, al informar CCOO públicamente de la existencia de un principio de acuerdo que no contenía su aprobación puesto que se trataba de un compromiso bilateral entre el poder público y los sindicatos más representativos. Había que remontarse a la negociación de la Propuesta sindical Prioritaria tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988 para encontrar ejemplos de esa bilateralidad sindicatos / gobierno, que desde 1994 no se ha vuelto a producir.

No es posible plantear por tanto una suerte de condicionalidad absoluta de la acción de gobierno a través del diálogo social a que exista un acuerdo con el empresariado. Es un hecho implícito que dice mucho de la consideración de la política como un espacio colonizado plenamente por los intereses de la gran empresa y las instituciones financieras al punto de no poder aceptar reformas que reviertan posiciones claramente antisindicales que desmoronan el poder ordenador de la negociación colectiva en aras del unilateralismo empresarial. Este hecho implícito es antidemocrático y por consiguiente no puede ser mantenido.

Pero el anuncio del preacuerdo tiene también otro efecto, y es el de hacer explícito el carácter negociado de esa reversibilidad parcial de la reforma laboral del 2012 en aspectos fundamentales, que tiene que condensarse en una norma que abarque todas las materias sobre las que se incide, como expresión evidente de un contenido que ha sido adoptado bilateralmente en el seno de un proceso de intercambio social y político entre el poder público y el sindicalismo confederal. Es decir, debe aparecer como el fruto del diálogo social, aunque sin el acuerdo de los empresarios, de manera que pueda comprenderse bien la trascendencia de la subjetividad política y social de las partes del mismo. De esta manera además se evita la tentación en la que puede caer el gobierno de ir administrando los contenidos del acuerdo en función de sus tiempos cortos de la acción política diaria, devaluando el carácter sustancial de un pacto que permite vislumbrar un cambio real en las relaciones laborales respecto del panorama ominoso creado por las normas de la crisis en especial en el período 2012-2015.

Ahora queda cumplir el principio de acuerdo alcanzado. El gobierno tiene que optar por mantener ante la opinión pública su perfil de instrumento para el cambio y diferenciarse así, en un aspecto tan decisivo, no sólo del gobierno Rajoy, sino del bloque tripartito que se ha fraguado en la defensa del neoliberalismo como eje de regulación de las relaciones de trabajo. La autonomía de lo político obligaría al gobierno Sánchez a situar la interlocución privilegiada con los sindicatos como un rasgo inequívoco de una actuación pública orientada a reequilibrar los sacrificios y a reparar parcialmente los daños causados a una gran parte de la población durante la crisis. Sin duda sería una señal que se podría utilizar electoralmente, pero ante todo una decisión inteligente que compromete una forma de hacer política mirando a la gente común, demasiado acostumbrada a resultar excluida y maltratada por las decisiones de un poder público que hace suyos los intereses de los poderes privados, su codicia corporativa y su necesidad de ganancia a costa de la igualdad y la libertad de la mayoría de los ciudadanos.