jueves, 24 de enero de 2019

42 ANIVERSARIO DE LA MATANZA DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA: ACCION JURIDICA Y SINDICALISMO DE CLASE




Hoy, 24 de enero, se cumplen 42 años del asesinato de los abogados del PCE y de CCOO de la calle de Atocha. Sus nombres no deben perderse en el olvido y todos los años se reiteran en el homenaje recitados por el último de los supervivientes de aquel acto de barbarie, Alejandro Ruiz Huerta. Como consecuencia del atentado de Atocha resultaron muertos los abogados laboralistas: Enrique Valdevira Ibáñez; Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz.

Todos los 24 de enero la Fundación Abogados de Atocha que creo CCOO de Madrid celebra un acto central en Madrid en el que otorga dos premios, nacional e internacional. El premio internacional de este año decidido por el Patronato de la Fundación ha recaído por unanimidad en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de México, entidad constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la República mexicana. Su objetivo central es monitorear y exigir rendición de cuentas a las instituciones a cargo de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y el feminicidio. En el ámbito nacional, el Patronato de la Fundación ha decidido homenajear y reconocer a los cantautores que lucharon por la libertad en la dictadura franquista y en la transición española.

Los asesinos de los abogados de Atocha eran pistoleros y militantes fascistas de grupos de extrema derecha, pero detrás de ellos había fuerzas importantes que jamás fueron investigadas, ni en los cuerpos de seguridad del Estado ni en los poderes económicos más ligados al mantenimiento del franquismo – el llamado bunker – que contaba con decisivos consensos en el ejército y en la judicatura. El crimen fue condenado naturalmente por el gobierno de UCD y la impresionante manifestación de duelo en el entierro de los abogados de Atocha fue el detonante de la legalización del PCE y el decisivo encarrilamiento de la transición política hacia las elecciones generales que construirían un nuevo sistema democrático y generarían una Constitución acorde con él. Es por tanto un crimen que pretendía impedir la democracia, castigando precisamente a quienes defendían a los trabajadores frente a la dictadura, y señalando a las dos organizaciones que se habían destacado en la lucha antifranquista, las Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Algo que conviene recordar frente a alguna narrativa que sigue discutiendo sobre la transición política como un tiempo de desfallecimiento de la izquierda que permitió la continuidad de aspectos importantes del franquismo. Pero ese discurso no tiene mucho recorrido actualmente.

El aniversario de la matanza de Atocha debería servir para recordar el papel crucial del sindicalismo y los abogados laboralistas en los años de plomo de la Transición. Sería muy interesante ir reconstruyendo las historias de los diferentes despachos que a partir de 1966/67 se fueron progresivamente desplegando por la geografía española a partir de la incorporación de jóvenes mujeres y hombres a un movimiento obrero que era el principal enemigo del franquismo y el único que podía (y que pudo) confrontarse con el régimen, desgastarlo e impedir el desarrollo de su proyecto de mantenimiento y pervivencia. Y por cierto serviría para reparar en la importancia de las mujeres como responsables de estos agregados colectivos de militancia que construyeron el campo de lo jurídico como una posibilidad de garantía de derechos laborales y simultáneamente de subversión del marco legal existente. Maria Luisa Suárez, Manuela Carmena, Paquita Sauquillo, Cristina Almeida, Aurora León, Montserrat Avilés, Ascensión Soler, como ejes de la resistencia y de la política del derecho en los tribunales.

Revalorizar este aspecto implica asimismo entender la relevancia de una acción jurídica anclada en la acción sindical e incentiva una reflexión sobre el origen histórico de la centralidad de la garantía judicial de los derechos laborales que hunde sus raíces en una forma de crear el derecho privilegiando el aspecto interpretativo del mismo, y revaloriza el papel de los llamados “operadores jurídicos” como agentes reales de creación del derecho y de realización de la justicia. Un aspecto que además coloca al sindicato como sujeto coordinador e impulsor de esta acción compleja en el campo de lo jurídico y le da un papel central en el gobierno de las relaciones laborales a partir de una estrategia de defensa y creación de derechos individuales y colectivos en el trabajo. Una vertiente muy decisiva en la consideración por parte de los y las trabajadoras de la eficacia de la acción sindical.


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