ESCLAVITUD MODERNA: FURUKAWA Y OTRAS PESADILLAS COTIDIANAS. HABLA ADORACIÓN GUAMÁN.

Adoración Guamán es una jurista del trabajo bien conocida. Lleva mucho tiempo debatiendo y luchando por la consecución de un Tratado internacional vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Es una de las más reputadas especialistas en el derecho del trabajo transnacional. En esta temporada se encuentra en Quito (Ecuador), como docente e investigadora en FLACSO aunque son frecuentes sus desplazamientos a este lado del océano. Ha escrito para la Revista CRISIS una reflexión bien interesante sobre el trabajo esclavo moderno. Simultáneamente con este trabajo, en la Universidad de Valencia se va a celebrar el 5 de marzo un seminario en el que este será el tema monográfico y en donde, tras una presentación a cargo de Cayetano Nuñez  intervendrá Adoración Guamán junto a otras colegas, Lorena Sales y Chiara Marullo. Este blog se honra en acoger este texto que insiste en una de las realidades terribles de este mundo que son encubiertas y de las que no se habla.

John Doe fue un niño esclavo. Raptado de Mali cuando era muy pequeño, fue forzado a trabajar durante años, 14 horas diarias, seis días a la semana, a cambio de un poco de comida. Era golpeado y azotado habitualmente, forzado a ver las torturas que infringían sus guardianes a quien intentaba escapar de aquella plantación. John Doe recogía cacao en Costa de Marfil, con ayuda de una ONG pudo fugarse y, con 5 compañeros, llegó a denunciar a las empresas que lo esclavizaron, entre otras Nestlé, ante un tribunal estadounidense en el año 2005. No ha sido el único caso que ha salpicado a la poderosa Nestlé. En 2015, forzada por las campañas ciudadanas y los medios de comunicación, la propia empresa transnacional encargó una investigación a Verité (ONG de Derechos Humanos) para analizar las condiciones de trabajo en seis de los centros de su cadena de producción radicados en Tailandia. El informe consideró probada la existencia de trabajo esclavo y tráfico infantil en la cadena de producción de la comida para gatos (Whiskas) que comercializa Nestlé.

La existencia de trabajo esclavo que mancha de sangre los alimentos nos comemos o la comida que le damos a nuestros gatos puede parecer una realidad lejana. Son situaciones que en nuestro imaginario se ubican geográfica e incluso temporalmente lejos. La palabra esclavitud evoca tiempos pasados, situaciones “abolidas” o propias de otros lugares. Evidentemente la forma clásica de esclavitud, representada por personas con grilletes y cadenas ya (casi) no existe, sin embargo, la realidad nos demuestra que la esclavitud está en nuestra puerta, concretamente y no solo, en Santo Domingo de los Tsáchilas, en las haciendas de la empresa Furukawa.

La empresa Furukawa, de capital japonés, comenzó a operar en Ecuador hace 55 años, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, extendiéndose posteriormente a las provincias de los Ríos y Esmeraldas. Hoy cuenta con 32 haciendas que ocupan una superficie de 2.300 hectáreas. La empresa se dedica a la exportación y producción de fibra de abacá. Aunque solo tiene formalmente en nómina a 198 empleados, son más de 400 mujeres, hombres, niñas y niños los esclavizados por Furukawa. Estas personas trabajan sin contrato de trabajo, sin seguro, sin medidas de salud y seguridad, sin derecho a la sindicación o negociación colectiva. Las y los trabajadores y sus familias viven en las plantaciones, algunas personas no han conocido otro lugar más allá de las haciendas, donde han nacido y crecido. No han ido a la escuela o fueron brevemente y comenzaron a trabajar en la plantación a edades muy tempranas, algunas a los ocho años. Su vida, su espacio, su tiempo, gira en torno al abacá y se desarrolla entre las plantaciones y los campamentos donde viven, sin luz, sin agua, sin saneamiento, sin atención sanitaria ni escuelas cercanas.

Furukawa, con un ejercicio de extremo cinismo, se desentiende de ellas y ellos porque afirma que no existe relación laboral. De hecho, para intentar evitarla (y evadir sus obligaciones con el seguro social) la empresa ha arrendado porciones de sus tierras a algunos trabajadores, haciéndoles firmar contratos de predios rústicos que en ocasiones ni tan siquiera entendieron. Desde la firma, la empresa afirmó que estos “arrendatarios” debían organizar el trabajo del resto, terciarizando así la producción e incumpliendo un buen conjunto de normas fundamentales. Cada uno de estos supuestos arrendatarios deben pagar a la empresa una cantidad por hectárea y por gastos y le venden la totalidad del abacá por una cantidad ínfima, que deben repartir entre el conjunto de los trabajadores. El resultado son salarios de miseria que apenas cubren las necesidades vitales y que no permiten vislumbrar otro futuro fuera de las plantaciones.

En términos jurídicos, esta situación puede encuadrarse dentro del fenómeno de la esclavitud moderna, en una de las llamadas “formas análogas a la esclavitud” o “servidumbre de la gleba”. Vayamos por partes porque no es fácil definir el concepto de “esclavitud moderna”. Es bien sabido que, en su acepción tradicional, la esclavitud se define como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. En la actualidad y sin leyes que permitan que un ser humano detente formalmente la propiedad de otro, la esclavitud moderna puede definirse por la concurrencia de tres elementos: involuntariedad, es decir, la persona que encuentra en situación de esclavitud queda bajo el control de quien le explota sin posibilidad de liberarse, algo que ocurre tanto con la retención física como con el control de los pasaportes o la imposibilidad de facto de volver al país sin el salario prometido, entre otras muchas situaciones); el impago o pago de salarios que solo permiten cubrir la subsistencia (podríamos incluir aquí la retención de los salarios o el intercambio de los mismos por sexo forzado) y violencia física y psicológica o amenaza de la misma. La Fundación Walk Free por su parte define esclavitud moderna como las situaciones de explotación que una persona no puede abandonar por las amenazas, coacciones, violencia o abuso de poder.

Dentro de estas situaciones de abuso de poder se incluyen entre otras y según la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud de 1956, las relaciones de servidumbre, tanto la servidumbre por deudas, como la servidumbre de la gleba. En particular, esta última se refiere a la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición. Como puede observarse, la realidad de la empresa Furukawa encaja a la perfección en esta última definición.

Evidentemente, estas situaciones están prohibidas por un buen número de Convenciones Internacionales, son incompatibles con la Constitución  de la República de Ecuador y están proscritas en el COIP, entre otras normas como el Código del Trabajo ecuatoriano que trata específicamente la explotación de niñas y niños. Aun así, Furukawa ha esclavizado a centenares de personas durante décadas, con conocimiento de las autoridades y, hasta el momento, tan solo ha recibido una sanción económica irrisoria y una suspensión de su actividad por 60 días. Ni que decir tiene que esta actuación “sancionatoria” del Ministerio de Trabajo ecuatoriano se produjo in extremis, cuando la denuncia bien elaborada y contundente de la Defensoría del Pueblo no le dejó otra solución. Una vez confirmada la existencia clara de una situación de esclavitud, en su faceta de servidumbre, constatada su ilegalidad y la inacción vergonzosa del gobierno (no se puede llamar respuesta a la maniobra gatopardista del MdT) la mirada crítica debe ir más allá para preguntarnos por el origen de este fenómeno y de la impunidad con la que se produce.

Para ello es útil recordar que las personas en situación de esclavitud plantan, recolectan o fabrican bienes cuyo comercio asciende a un valor de 354 mil millones de dólares. Siguiendo los datos recopilados por la Confederación Sindical Internacional, es posible afirmar que, en el año 2018, la mayor parte del beneficio del trabajo esclavo estuvo vinculado a las grandes empresas transnacionales de ropa, alimentación y servicios consumidos en el mundo entero, siendo las personas migrantes y los pueblos indígenas particularmente vulnerables a la explotación, que, sin duda, tiene rostro de mujer. El uso del trabajo esclavo, o extremadamente precarizado es funcional, o es un requisito fundamental para la “competitividad” de estas redes empresariales y para el desmedido aumento de su tasa de ganancia. Pero los culpables de la esclavitud no son solo los esclavistas directos. En muchas ocasiones, los gobiernos o autoridades son cómplices directos de estas situaciones, bien rebajando las normas laborales o ambientales, bien a través del impulso de tratados de comercio o de políticas de atracción de la inversión extranjera, o bien aceptando el sempiterno chantaje del FMI y sus exigencias de precarización.  Tomen nota de este conjunto de culpables y beneficiarios de la esclavitud apunten tema para posteriores entregas, Furukawa es solo la punta del iceberg.