NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: ANTE LA JORNADA MUNDIAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Mañana 15 de marzo, decenas de colectivos de jóvenes españoles se han agrupado bajo el nombre 'Juventud por el clima' para secundar la huelga estudiantil internacional contra el cambio climático que este viernes apoyarán jóvenes de más de 1.000 ciudades de 89 países. Se han convocado concentraciones en 30 ciudades españolas entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Badajoz o Palma. La jornada se inspira en la activista juvenil sueca Greta Thunberg, que ha protagonizado esta convocatoria global. Los sindicatos CCOO y UGT no convocan la huelga en los centros educativos, pero sí apoyan la jornada de concentraciones.

La lucha contra el cambio climático se presenta como una actuación esencialmente pública de los respectivos gobiernos de los estados nacionales, fundamentalmente los más desarrollados o en crecimiento. Es decir que entre la actividad económica que ignora la sostenibilidad y el poder público no parece haber mediaciones ni espacios de actuación que no sean los que orienten desde la protesta y la regulación, la actividad del poder político. Sin embargo, el espacio de la producción está anclado en las relaciones salariales y allí actúan sujetos colectivos como los sindicatos y la regulación de esas relaciones se establecen a través de la negociación colectiva. Un libro reciente ha venido a incidir en este aspecto frecuentemente descuidado, analizando la posible incidencia de la negociación colectiva en favor de la sostenibilidad medioambiental.

La ecologización de nuestras economías tendrá sin duda un efecto directo sobre el empleo, “en la medida en que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias”, subraya el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo Trabajar para un futuro más prometedor, y eso plantea la necesidad de un cambio de modelo productivo en muchas economías nacionales, como la española, y el abordaje de transiciones hacia otro tipo de sectores de producción, lo que es especialmente evidente en lo relativo a la energía y sectores extractivos.

La economía sostenible, pese a haber dado nombre a una de las iniciativas legislativas durante la primera parte de la crisis financiera y económica que inauguró el crack del 2008, sin embargo no ha tenido acogida alguna en la conformación de la noción de empresa en las sucesivas fases de las políticas de austeridad con el punto de inflexión de la reforma de la Constitución de 2011 y las posteriores normas que giraron sobre el emprendimiento como forma de “resiliencia corporativa” a través de la devastación de derechos sociales y la conservación del mismo modelo de negocio que antes de la crisis, tal como ha explicado Marta Olmo en un texto muy clarificador sobre el modelo empresarial promovido durante la fase intensa de reformas estructurales[1]. La influencia por tanto de la crisis financiera en los ordenamientos internos de los países sobre endeudados como el español ha conllevado la cancelación de iniciativas que reorientaban sectores de actividad y programas de producción hacia objetivos de sostenibilidad y energías renovables, reforzando por el contrario a aquellos sectores con mayor peso corporativo y dependencia financiera directa, como la construcción y los sectores de la energía, clásicamente dominantes e influyentes en la política, junto con la apuesta por renovar el empleo a partir de las actividades intensivas en mano de obra, como la hostelería y el turismo de una parte y servicios con trabajo de escasa cualificación. A ello se une un cambio de ciclo político global con la presidencia de Trump en Estados Unidos y su decidida animadversión hacia los esfuerzos globales en favor de contrarrestar el cambio climático y su política proteccionista de la producción y la industria norteamericana que abre conflictos importantes en la geoestrategia global con especial repercusión en la Unión Europea.

La desestabilización de la economía sostenible durante la crisis a la vez que la ineludible necesidad de construir un marco institucional que la fomente, amparando las transiciones ambientales y energéticas imprescindibles parece conducir a un marco de regulación fundamentalmente público en interlocución directa con la empresa y el poder de las grandes corporaciones. Es sin embargo menos evidente la relación que existe – y que el debate promovido para el centenario de la OIT pone de manifiesto – entre este cuadro normativo y sus repercusiones sobre el empleo y el trabajo. Esta suerte de incomunicabilidad que conduce a la postergación del espacio de las relaciones laborales como un elemento definitorio de las propias políticas económicas sobre sostenibilidad ambiental implica ignorar el rol importante que en este tema están desempeñando los sujetos colectivos que representan los intereses del trabajo en la determinación, a través de la negociación colectiva y del diálogo social sobre este mismo tema.

La obra de la profesora Chacartegui, profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se dedica precisamente a desmentir esta impresión acerca de la impotencia o el desentendimiento por parte de la negociación colectiva sobre estos asuntos. En efecto, el libro comentado, tras afirmar la relevancia de la negociación colectiva en el marco de los procesos de “desformalización” que caracterizan el trend de la formación de reglas en la globalización y la consideración multiescalar de las mismas, selecciona el ámbito material de la negociación colectiva centrado en la sostenibilidad medioambiental como objeto de su estudio. Sin embargo, el trabajo no discurre por la capacidad de incorporar estos compromisos a través de la negociación colectiva entre empresas transnacionales mediante los Acuerdos Marco Globales, sino que de manera más precisa escoge el ámbito europeo como objeto prioritario de su análisis para en un segundo término, centrarse en la situación de la negociación colectiva española.

De esta manera, tras examinar las normas que conforman la  “gobernanza verde” europea en relación con los derechos laborales, y en especial el hecho de que la Directiva 2009/28/CE integre por primera vez la necesidad de cumplimiento de estándares mínimos de derechos sociales materializados en la Declaración de principios y derechos fundamentales de la OIT de 1998, el texto se concentra en la descripción del diálogo social sectorial europeo orientado a la construcción de un modelo ecológicamente sostenible. A lo largo de casi treinta páginas la autora va desgranando las prácticas de los principales interlocutores sociales europeos, tanto sindicales como empresariales, y sus resultados a través de una larga serie de lo que ella denomina “acuerdos autónomos” (p. 56)  en materia medioambiental que afectan a la minería e industria extractiva, al sector de la industria química, a la industria del acero – muy afectada últimamente por la política proteccionista de Estados Unidos - , a la madera y el papel, el sector pesquero, el medio marítimo, el sector de la electricidad y hasta los servicios postales, el transporte o el sector alimentario. Normalmente efectuados en el marco de los Comités de Diálogo Social Sectorial, cuya producción ha sido analizada en su conjunto por la monografía pionera de Antonio Garcia-Muñoz[2], estos acuerdos normalmente adoptan la forma de opiniones conjuntas o declaraciones, cuyos contenidos temáticos tanto en lo relativo a los compromisos como los principios rectores resultan analizados en ese capítulo de manera exhaustiva.

Tras este repaso a la producción de reglas procedentes de la autonomía colectiva europea, el texto se adentra en el análisis de la gobernanza medioambiental en el marco de la negociación colectiva española, y lo hace sobre la base de una muestra de cien convenios colectivos entre 2011 y 2018, la mitad de ellos de ámbito estatal y la otra mitad de comunidad autónoma y provinciales, que coinciden con los sectores sobre los que la autonomía colectiva europea había llegado a declaraciones u opiniones conjuntas (p. 86) para verificar el “efecto irradiación” que se ha producido entre el nivel europeo y los respectivos niveles en los que se articula la negociación colectiva española. El examen pormenorizado de las reglas colectivas españolas permite obtener una serie de apreciaciones muy interesantes, tanto en lo que se refiere a la mayoritaria inclusión de esta problemática entre los contenidos relativos a la salud laboral, que de esta forma se amplía cada vez más hacia una consideración más amplia, comprensiva del medio ambiente – aunque fundamentalmente calificado y limitado por el adjetivo “laboral” – como en lo que respecta a la importancia de los denominados “compromisos ambientales” que se adoptan en más de la mitad de los convenios analizados. Además de eso, es relevante señalar la importancia que tiene la relación que la negociación colectiva establece entre estas materias y la formación, o la repercusión sobre los cambios en la clasificación profesional y el sistema de ocupaciones. Particular interés suscita el desplazamiento de esta temática al ámbito de la responsabilidad social empresarial en un número significativo de los convenios colectivos estudiados, en línea con un discurso que define a la empresa desde la sostenibilidad social. En fin, la autora subraya la escasa previsión en los convenios analizados de mecanismos de evaluación, seguimiento o monitoreo de los compromisos adoptados.

La obra concluye afirmando que a través de la negociación colectiva se está intensificando la sensibilización de las empresas y trabajadores en la lucha contra el cambio climático desde una perspectiva que integra solidaridad intergeneracional y justicia social, iniciando por tanto un “cambio de cultura empresarial orientado a la asunción de responsabilidades medioambientales basadas en la iniciativa negocial” (p. 107). Lo que si es seguro es que como obra de estudio, el libro comentado es importante porque abre de forma razonada y sobre la base de un material muy sólido una línea de investigación de las funciones de la negociación colectiva en una perspectiva de ampliación de derechos y de asunción de un proyecto alternativo y emancipador. Es por tanto una obra especialmente recomendada para juristas del trabajo y para la formación de cuadros y dirigentes sindicales, que podrán extraer de la misma un conjunto de ideas y de experiencias útiles para la práctica cotidiana.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL. UN COMPROMISO SOCIAL Y ECOLÓGICO

Consuelo Chacártegui Jávega. Editorial Bomarzo, Albacete, 2018. ISBN 978-84-17310-43-1. 114 páginas. 14 €

Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental Precio: 14 € ISBN: 978-84-17310-43-1 1. Formas de organización empresarial sostenibles ante los nuevos retos medioambientales y sociales. 2. El papel de la negociación colectiva ante los nuevos retos de la globalización. 3. Derechos laborales en el marco de la sostenibilidad: más allá de los green jobs. 4. Derecho social europeo y gobernanza verde. 5. La función transformadora del diálogo social europeo hacia un modelo ecológicamente sostenible. 6. Gobernanza medioambiental en el marco de la negociación colectiva española. 7. Conclusiones. Anexo. Acuerdos europeos medioambientales negociados por los agentes sociales europeos (1990-2018).

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[1] M. Olmo Gascón, “De empresarios a emprendedores: la resiliencia corporativa a través de la devastación de los derechos laborales”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos : recursos humanos, Nº. 381, 2014, págs. 13-56

[2] A. Garcia Muñoz Alhambra, La negociación colectiva europea de sector, Editorial Bomarzo, Albacete, 2017, especialmente pags. 165- 184.