UNA UNIVERSIDAD CARA Y PRECARIZADA

Recientemente se han publicado en un diario digital informaciones muy relevantes sobre la situación de la Universidad española, que cuestionan la función constitucional del servicio público de educación superior. Son informaciones relativas a dos aspectos clave en la actividad de servicio educativo: la gratuidad /onerosidad de la enseñanza y la estabilidad y calidad del profesorado. En ambos casos la gestión de la crisis a partir del 2010 marcada por la hostilidad ante lo público y el recorte consiguiente del gasto en educación e investigación, ha generado un cuadro extremadamente preocupante ante el cual, paradójicamente, los actores sociales presentes en la Universidad – estudiantes, profesores y PAS – no han reaccionado, como tampoco desde luego las autoridades académicas que no cuestionan la degradación del modelo.

La información extraída de Estudiar en la Universidad se ha encarecido 12 veces sobre el aumento de salarios subraya que el coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios en el período 2011-2019. Por su parte, otro titular del mismo medio informaba que “las universidades tiran de profesores precarios: los asociados ya son más que los titulares” (La precarización de la Universidad). Es decir la precariedad laboral y salarial se instala en la mayoría del profesorado.

Los datos son muy claros. En 2011, los presupuestos de los campus de los 50 centros públicos que existen en España sumaban 9.900 millones de euros. Solo un año después se habían perdido casi 700 de esos millones de euros (y teniendo en cuenta el incremento de la recaudación por tasas de matrículas) para dejar el gasto universitario en 9.230 millones de euros, una caída del 6,8%. Hoy está en 8.939 millones de euros anuales, una caída del 9,8%. Y llegó a estar peor, con caídas de hasta el 13%. Una buena parte de estos ingresos se obtienen trasladando parte de la financiación de la universidad a las familias. Aunque a partir del curso 2015-2016, algunas regiones bajaron un poco los precios, en cifras absolutas, estudiar un curso completo de una carrera en España pasó de costar, de media, 816 euros en el curso 2011-12 a 1.050 euros este 2018-19, aunque ha habido cursos anteriores más caros.

En 2011, el año anterior a los recortes, había 1.572.617 universitarios en España. Y la cifra venía subiendo de años anteriores. El año siguiente se invirtió la tendencia y pasó a haber 1.548.534 (un 1,5% menos). Pero el principal grupo de personas en edad de ir a la matrícula, los que tienen entre 18 y 24 años, también eran menos (un 2,8%, en este caso). En conjunto, la universidad empezó a perder estudiantes el verano que se aplicaron las subidas de tasas y la tendencia continuó, en paralelo a un menor grupo de posibles 'clientes', hasta el curso 2015-16. En algunas regiones, como en Catalunya, hay una correlación entre altas tasas y desánimo estudiantil. En un estudio de Vera Sacristán publicado el año pasado se recordaba que “justo antes del cambio del sistema de precios, Catalunya era la quinta comunidad autónoma con más estudiantes universitarios como proporción de su población de 18 años de edad y se situaba 1,3 puntos porcentuales por encima de la media del conjunto de España. Tan solo seis años más tarde, ha caído a la novena posición y ahora se encuentra por debajo de la media española” (La subida de las tasas expulsa a los universitarios ).

En el mismo periodo en el que las universidades han subido su coste un 30%, los salarios se incrementaron un 2,5%. Las nóminas se mantuvieron básicamente planas en ese periodo: de 1.841 euros mensuales han pasado a 1.888 euros. Las consecuencias de la caída de la financiación se han dejado notar en las universidades. Sin fondos y con tremendas limitaciones para contratar por la prohibición sucesiva de Zapatero primero y Rajoy después de sustituir las bajas, sus plantillas docentes se han ido precarizando.

La gran solución que han encontrado las Universidades a la tasa de reposición – que en principio impedía sustituir a los profesores fallecidos o jubilados en un porcentaje determinado, hoy ya extendido al 100%, pero sin que por consiguiente se pueda hacer crecer la plantilla con personal estable – ha sido la de contratar profesores asociados, es decir profesores a tiempo parcial que supuestamente deben tener otra ocupación permanente fuera de la universidad, dedicándose por tanto de manera complementaria y a tiempo parcial a las labores universitarias. Casi uno de cada cuatro profesores en las universidades españolas públicas tiene un contrato de asociado (22.871 de un total de 102.297) por el que gana 300 euros al mes si da tres horas de clase semanales o el doble por el doble de horas. Si se suman los 8.679 asociados de Ciencias de la Salud, que aparecen diferenciados en el informe del Ministerio, el total supera los 30.000.

En el curso 2016-2017 había casi 59.000 profesores contratados en las universidades públicas – sumando por tanto todas las categorías de ayudantes, ayudantes doctores y contratados doctores, frente a 43.300 funcionarios, titulares y catedráticos de universidad. La Ley de Universidades establece que esta composición no puede mantenerse, pero es un precepto que, como tantos otros, las autoridades académicas ignoran conscientemente con tal de conseguir cumplir con la tarea docente – cada vez más relevante – mediante un personal barato y del que se puedan desprender fácilmente. De esta manera ha surgido la figura, muy frecuente, del “falso asociado”, es decir un profesor realmente dedicado a tiempo completo a la universidad, pero cuya inserción contractual es a tiempo parcial y de bajo salario. En estos casos los falsos asociados tienen que darse de alta como trabajadores autónomos en el RETA para poder concursar y obtener así esta plaza. En ese fraude de ley colaboran todas las instancias académicas, ante todo los y las interesadas, puesto que es la única forma de encontrar una inserción universitaria, a la espera, en la medida de lo posible, de lograr una plaza de ayudante o de ayudante doctor en función del margen derivado de la capacidad financiera que los gobiernos autonómicos conceden a sus Universidades públicas. Los repertorios de jurisprudencia se están llenando de sentencias que abordan el problema de los falsos asociados y de la indemnización derivada de la extinción de su contrato, pero el problema persiste de manera estructural.

Entre otras cuestiones, las políticas de austeridad que nacieron al calor de la crisis financiera y de sobre endeudamiento del Estado español, ha conducido a una universidad pública más cara y más precaria. Una universidad en la que es difícil investigar, porque ni las empresas del sector privado están interesadas en la financiación de estas actividades, ni el poder público promueve este decisivo sector que constituye otro de los ejes de la actividad universitaria. Las actividades docentes, mediante una planificación no muy razonable para los alumnos y profesores que viven en este país, se prolongan durante todo el mes de julio, al haber programado el mes de septiembre como un período pleno de actividad universitaria. La multiplicación de las tareas burocráticas para el PDI, en un contexto en el que la plantilla de administración y servicios se encuentra también reducida y completada en muchas actividades con becarios y otras figuras manifiestamente irregulares y desprotegidas socialmente – los Rectores recientemente protestaron ante la obligación de cotizar por los becarios que se encargan de una buena parte de las tareas de biblioteca y de servicios – agrava ese cuadro que marca un declive extraordinario de las universidades públicas, progresivamente abandonada del imaginario político de las reformas.

No aparece como urgente la reversión de esta situación, que está conduciendo a la presencia cada vez mayor de las universidades privadas expide-títulos, a la consolidación de universidades ricas y pobres, de primera y de segunda clase, que concentran y acumulan la “excelencia” y el poder en torno a selectos y costosos “masters” oficiales mientras que el resto debe dedicarse a cubrir una oferta de grados en una amplia medida devaluados en su reconocimiento social y económico por un mercado de nuevo escindido en función del prestigio que da el mayor precio de las enseñanzas cursadas. Y sin embargo la Universidad española tiene que romper esa parálisis derivada de la congelación del gasto público. Que debe crecer exponencialmente, so pena de situar nuestros estudios universitarios en la periferia de la enseñanza europea.