VUELVE EL CALOR Y HASTA LAS NOTICIAS QUEMAN. (SUICIDIOS Y EXCEDENTES DE EMPRESA)

Que la amable audiencia del blog no tome demasiado en serio estas reflexiones. Al fin y al cabo siempre se habla de noticias del verano a propósito de aquellas que no tienen excesivo interés porque en el periodo estival nunca sucede nada demasiado importante. A algunas gentes el calor les aplana, a otras por el contrario el calor les produce un cambio de estado, algo parecido al tránsito de lo líquido a lo gaseoso. Otros simplemente arden y se queman.

Las noticias se hacen cargo de estas transformaciones. En Francia, por ejemplo, la jurisdicción penal ha declarado visto para sentencia un juicio contra los directivos de France Telecom sobre el suicidio de 19 empleados, 12 intentos de suicidio y 8 cuadros de depresión severa. El relato es conocido, pero conviene refrescarlo. Se trata de la privatización de una importante empresa pública francesa cuyos empleados tenían un cierto blindaje legal que impedía a los nuevos ejecutivos de la empresa despedirles sin excesivo coste. De esta manera, la estrategia de los cargos directivos fue la de presionar a estos trabajadores para que abandonaran la empresa “voluntariamente” como una baja incentivada. Una estrategia que impulsaba los excedentes de mano de obra con todos los medios a su alcance, inclusive a través del acoso moral sobre éstos, fundamentalmente capas medias y altas de técnicos de la empresa. El responsable de personal de la empresa fue profético al afirmar que lograría su objetivo de suprimir 22.000 empleos de cualquier manera, “saldrán por la puerta o por la ventana”. Expresión bien gráfica, ciertamente, que anunciaba lo que luego vendría. Inmolación, ahorcamiento, ingestión de cócteles y lanzamiento por la ventana de tantos trabajadores presionados para que dejaran su trabajo. Los jueces franceses no han considerado sin embargo que los directivos de la empresa hayan cometido homicidio involuntario ni puesta en peligro de la vida de las víctimas, sino que se han centrado en lo que también en nuestro sistema penal se criminaliza como acoso moral.

En efecto, el art. 173  de nuestro Código Penal establece que cometen el delito quienes” en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”. Los actos criminales de estos dirigentes de empresa sucedieron entre el 2007 y el 2010, lo que da una buena idea de la lentitud de la justicia, y se han solventado en condenas de un año de prisión a cada uno de los siete ejecutivos imputados, una multa de 15.000 € a cada uno de ellos y una de 75.000 a la empresa, que ahora es Orange. Los condenados no entrarán en prisión y 15.000 € para cada uno de ellos posiblemente no llegue a la cantidad que cobran mensualmente. Por tanto su acción criminal se ha castigado con la pérdida de menos de un mes de sueldo. Es de esperar que en el bonus anual compensarán esa pérdida. La empresa Orange por su parte se ve castigada con 75.000 €. Excusemos el comentario sobre la capacidad disuasoria que estas sanciones económicas tienen para la gran multinacional.

Para lo que puede servir este ejemplo francés es sencillamente para recordar que el imperativo neoliberal del rendimiento de la productividad que culmina en extinciones de puestos de trabajo en masa con ocasión de la privatización de un servicio público, no conoce límites en cuanto a la expresión de su violencia. Una violencia y una brutalidad que no se ejercita sólo a distancia, dando las órdenes desde un despacho decorado con la sobriedad postmoderna de los ejecutivos de las sociedades cotizadas, sino que se proyecta de manera precisa y concreta sobre hombres y mujeres personalizadas, presionando y forzando la voluntad de los sujetos, sometiendo a un cerco su vida laboral y destruyendo su equilibrio psíquico y la relación con su esfera privada de vida. Una violencia y brutalidad que se enmascara como un ejercicio contable que implica la racionalidad de las opciones de la administración de la empresa. Una actuación criminal que se fundamenta en la exclusiva consideración de la persona que trabaja como una mercancía desechable.

En la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, se ha aprobado el Convenio nº 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Es un texto muy importante que sitúa este problema en el centro de la regulación internacional, una posición de destaque que hasta el momento no ocupaba. El preámbulo de la norma parte de la constatación evidente de que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social”, pero estas conductas también afectan “a la calidad de los servicios públicos y privados, y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente”. De manera específica, recuerda que “la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad”. Una norma internacional que se ha visto con razón como un paso adelante en el diseño de un espacio global de derechos caracterizado por el trabajo decente. A partir de ese enfoque, el convenio 190 ha sido saludado con alegría por los representantes de los trabajadores en la OIT y su importancia es evidente.

Pero no conviene olvidar que en el sustrato de las relaciones de poder en la empresa, en la relación que liga al trabajador con el empresario hay cada vez mayor presencia de amplias dosis de arbitrariedad y de imposición unilateral de condiciones de trabajo y de existencia no queridas ni aceptadas por las personas que las padecen. La situación laboral generada por la post-crisis conoce este reverdecimiento del autoritarismo laboral. En el despliegue obsceno del incremento ostentoso de las ganancias de las grandes corporaciones y las entidades financieras, la mercantilización del trabajo fundamenta la violencia del poder privado que rompe y aplasta trayectorias de vida y proyectos personales. Y que es la legislación de cada uno de nuestros países los que no ofrece mecanismos potentes desde la dimensión público-estatal para hacer efectivos los derechos de los y las trabajadoras.

Por eso cuando una ministra del gobierno del Partido Socialista español insiste en negarse a revisar las disposiciones legales que introdujeron un conjunto de medidas degradatorias del derecho al trabajo y las garantías del empleo que han propiciado una profunda devaluación salarial, la pérdida de cientos de millares de empleos, y el incremento terrible de la desigualdad social, porque revertir la reforma laboral, como exigen los sindicatos y las formaciones de la izquierda, “no solventa nuestros problemas”, la noticia quema las manos y provoca un cambio de estado en el lector. Un lector que ante las palabras de la ministra Calviño está que arde. Como el tiempo en esta canícula de julio. Confiemos eso sí que no acabe reduciéndose a cenizas (el lector, no la ministra, claro, que tiene otros problemas)