EL DEBATE DEMOCRÁTICO SOBRE LA REGULACIÓN DEL TRABAJO Y LA FORMACIÓN DE GOBIERNO EN ESPAÑA. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY

Es conocido que estamos en una situación política insegura, pendientes e inquietos por la definitiva (o no) investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno el 23 de septiembre, y con un insólito discurrir de la vida política entre un abigarrado y compacto reforzamiento de las derechas en los gobiernos municipales y autonómicos en los que han podido cuajar una mayoría sin importarles programa ni trayectorias sospechosas y conscientes de corrupción, y la imposibilidad no muy bien explicada ni comprensible de acuerdos mínimos entre PSOE y UP y la desidia en alcanzarlos en el seno de la izquierda, pese a que la fórmula para obtener un gobierno estable es conocida y es la única posible a salvo de la decisión suicida para la izquierda (pese a las encuestas que parecen aconsejar al PSOE esta decisión autolesionista que posiblemente dañaría también de forma muy importante la densidad representativa de UP) de volver a convocar nuevas elecciones en noviembre.

En ese contexto de incertidumbre, Joaquín Pérez Rey ha publicado un texto bien comprometido y sugerente en el diario Público sobre la centralidad que debería tener el trabajo en un proyecto de cambio social como el que sin duda debe llevar a cabo el nuevo gobierno y la ignorancia de este tema en la dinámica de las negociaciones emprendidas. El autor ha generosamente cedido a este blog su intervención para que la reproduzcamos como una entrada del mismo, conscientes de que no podremos rivalizar en audiencia con el digital de referencia, pero si al menos hacer llegar esta reflexión crítica bien interesante a la fiel audiencia del blog, que está acostumbrada a paladear productos intelectualmente exigentes y críticos con la realidad de las cosas y la razón pragmática de la política que la conduce a una situación de la que queremos salir a toda costa.

A continuación por tanto el texto señalado, para deleite y alimento del mejor espíritu de quienes lo lean.

El trabajo en la investidura o los límites del debate democrático laboral

Joaquín Pérez Rey @jperezrey

Profesor de Derecho del Trabajo UCLM

Si buscamos en Wikipedia la biografía del fichaje estrella de la patronal española, la exministra Fátima Bánez, nos toparemos con dos grandes hitos. Fue la primera mujer que ocupó la cartera que en su día ejerció Largo Caballero y es la que durante más tiempo la ha desempeñado, mucho más de lo que lo hizo el viejo socialista de la UGT.

O quizá la Wikipedia se equivoque porque la señora Bánez no fue en realidad ministra de trabajo, sino de empleo y por tanto estuvo al frente de un ministerio inédito que comenzó por prescindir del nombre que lo había definido desde su creación en 1920. La ministra no solo borró el trabajo de los membretes y del metacrilato de las fachadas, sino que se esforzó con ahínco en desdibujarlo más allá de los papeles oficiales patrocinando la gran reforma laboral de inspiración neoliberal que además trasladaba la política de empleo hacia el fomento del «emprendimiento». Transformar el trabajo en una mercancía, que es en lo que se empeñaba la reforma, es el camino más rápido para invisibilizarlo y convertir a los parados en «emprendedores fracasados» es una operación ideológica para externalizar la responsabilidad por el desempleo practicando una suerte de autoinculpación.

Dejar de nombrar el trabajo, concibiendo una sociedad de emprendedores que elimine la conciencia de subalternidad y que ponga el énfasis en la responsabilidad individual de cada uno, es un sueño neoliberal que afortunadamente ofrece resistencias y resulta inaccesible a la izquierda por más que esta esté desdibujada. Aceptar este paradigma es tanto como decretar el fin de la historia y por eso el debate de la investidura fallida que tanta frustración produce entre los progresistas de nuestro país podría, sin embargo, tener algo positivo que merece destacarse.

Del trabajo normalmente no se habla y la investidura fue una sonora excepción. Con ella pareció volver al primer plano de la actualidad y por lo que parece el reparto de las responsabilidades políticas, el ministerio de trabajo en concreto, sobre esta materia han tenido un papel decisivo en la falta de acuerdo. Y ello por paradójico que resulte es una buena noticia que confirma lo esperado: la centralidad del trabajo en las preocupaciones sociales, económicas y políticas por más que se haya insistido en diluirlo (disfrazarlo incluso) en la política de empleo como categoría residual de la política económica.

Sacar al trabajo del ostracismo neoliberal es una operación imprescindible para que nuestro mercado de trabajo no continúe por la senda de la precariedad en la que corre el riesgo de autocombustión. Lo reclaman con insistencia los sindicatos de clase y un número elevado de conocedores de las relaciones laborales, sin que falten toques de atención por parte de organismos internacionales. Pero no es un camino de fácil tránsito, el trabajo, sobre todo cuando se trata de corregir tendencias manifiestamente favorables a determinados tipos de empresa -no necesariamente las más eficientes o las menos especulativas- también genera resistencias especialmente visibles en eso que se da en llamar las élites. Provoca hilaridad comprobar, por ejemplo, como la prensa conservadora resucita a los comunistas que se comen a los niños para advertir el peligro que se correría si una diputada de UP, con una enorme experiencia en temas laborales a sus espaldas dicho sea de paso, ocupara el cargo de ministra de Trabajo.

Y he aquí el dilema ¿por qué el trabajo no ha permitido un acuerdo de gobierno que diera luz verde a la investidura de Pedro Sánchez?

En verdad en este terreno hay ya mucho camino recorrido. Si se leen las propuestas consensuadas por PSOE y UP en el acuerdo de presupuestos se observa sin dificultad un programa laboral que se erige sobre dos ejes principales: uno a largo plazo, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, y otro para el mientras tanto, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, sin perjuicio de los ajustes en materia de pensiones y Seguridad Social. No es un consenso aislado porque existen también compromisos con los sindicatos más representativos del Estado que permiten incluso descifrar qué es eso de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y que, de forma muy comedida, se han hecho coincidir con la desnaturalización de la negociación colectiva y la necesidad de volver a equilibrarla recuperando la ultraactividad indefinida de los convenios, eliminando la prioridad no negociada de los convenios de empresa o garantizando de forma más eficaz los derechos de los trabajadores subcontratados. Medidas imprescindibles para acabar con los lamentables abusos que han dado lugar a fenómenos como las kelys y que nadie en su sano juicio podría considerar deseables.

Sin embargo, y sin negar la importancia de algunas de las medidas incorporadas a los decretos de los «viernes sociales» (el subsidio para mayores de 52 años o el registro de jornada por no hablar de las medidas de conciliación), lo cierto es que la pasada legislatura concluyó sin mover una coma de la reforma laboral del PP. Son varias las razones que lo explican, pero no se puede negar que el PSOE ha encontrado fuertes resistencias internas. La predisposición de la Ministra de Trabajo se ha topado reiteradamente con la reticencia de la de Hacienda y la sensación general es que de la consigna «derogar la reforma laboral» se ha pasado al lábil y enrevesado compromiso de «analizar la conveniencia de aprobar modificar» los aspectos más lesivos de dicha reforma. Incluso las apelaciones a un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI parecen haberse convertido en un trampantojo para no abordar el mientras tanto: la insoportable precariedad que nos asola. De las distintas almas que habitan en el PSOE parece imponerse la que comparte los elementos esenciales del discurso laboral neoliberal y por eso, para defenderse de sí mismo, queda muy lejos de suponer una ocurrencia que el ministerio de trabajo recaiga en una fuerza política capaz de representar el sentir que en el terreno laboral comparten seguramente la mayoría de los votantes socialistas. Con ello no se entrega la regulación del trabajo a insensatos comunistas, sino que se sientan las bases para la remodelación imprescindible del mercado de trabajo que, se insiste, cuanta con consensos sindicales y políticos suficientes para resultar identificable sin suponer ni siquiera una amputación completa del modelo laboral que definió el PP en 2012.

Si en verdad el trabajo fue el escollo principal para impedir un acuerdo es muy difícil comprender por qué. Si no hay acuerdo en lo laboral la única razón convincente es que intereses ajenos a los que con sus votos dieron su oportunidad a un gobierno de cambio estén condicionando el debate. Sin duda sería extraño, casi cándido, que esos intereses vinculados al poder económico no pugnaran por mantener el status quo laboral, pero si lo consiguieran no cabe más que concluir con una fatalidad: no hay espacio para un debate democrático alrededor del trabajo, sus designios están marcados de antemano y se sitúan al margen del debate político. Y ello justo en el momento en el que la legión de trabajadores pobres que produce el actual ordenamiento necesita justo lo contrario, la «repolitización» del trabajo, por robarle la expresión a uno de los mejores laboralistas españoles.