EL GRUPO DE PUEBLA DENUNCIA EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

En julio de este año se constituyó en la ciudad de Puebla, en México, el llamado Grupo de Puebla, formado por dirigentes políticos de todo el continente suramericano (al sur de Rio Grande) de inequívoco cariz progresista dentro de un evidente pluralismo político. Por España forma parte de este grupo Jose Luis Rodriguez Zapatero y en él se encuentran también amigos y amigas de este blog, como Carol Proner (Brasil) o Carlos Tomada (Argentina).

El Grupo, que se denomina Grupo Progresista Latinoamericano, se configura como un espacio de reflexión y de intercambio político en Latinoamérica. “Un espacio que, respetando las preferencias partidarias de cada participante, tiene como objetivo analizar los desafíos comunes y de trazar iniciativas conjuntas, en pos del desarrollo integral de nuestros pueblos”.  La finalidad del Grupo es la de invitar a toas las personas progresistas en el continente a  “construir un nuevo proyecto común que, aprendiendo de nuestros errores y recuperando nuestra vocación de mayorías y de gobierno, nos permita devolverles a nuestros pueblos la esperanza de una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria. Proponemos diseñar una nueva mirada, que se ajuste a los nuevos tiempos y convoque a todos los sectores de la sociedad a cuestionar el orden imperante, denunciando los intereses de la derecha, laboralizando la política a través de nuevos vínculos entre el mundo del trabajo y nuestros debates, y promoviendo las nuevas expresiones de organización social y ciudadana, que buscan la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente, la inclusión y respeto de las diversidades, una mayor transparencia y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”.

Una de sus primeras decisiones ha sido la de crear un Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), con la finalidad de “estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región”. La razón de esta iniciativa es muy clara, y tiene que ver con las estrategias de las fuerzas del privilegio económico de lawfare contra los gobiernos democráticos. En palabras del CLAJUD, “la región está experimentando una ofensiva desde poderes fácticos que, entre otros subterfugios, utiliza el sistema de justicia con el propósito político de atacar las experiencias progresistas de los gobiernos, sus partidos y líderes. De este modo, grupos comunicacionales, conglomerados económicos, gremios empresariales, organizaciones internacionales, agencias de calificación de riesgos, están haciendo política sin haber ganado un voto, y por tanto, sin responsabilidad pública y usando, como estrategia, la judicialización de la política”. Para ello este grupo, en el que se integran por España Baltasar Garzón y que cuenta con la presencia de una amiga y colaboradora de este blog, Adoración Guamán, en su doble condición ecuatoriana y española, pretende así “analizar los desafíos comunes con respecto al sistema de justicia de los diferentes países miembros, así como la búsqueda de iniciativas conjuntas para promover la justicia social y el estado de derecho democrático, en un permanente compromiso con la soberanía popular y la igualdad de derechos”.

Como resulta previsible, el Grupo de Puebla ha suscitado la enemistad manifiesta de las fuerzas reaccionarias en América Latina y sus apoyos mediáticos y el silencio pleno entre los medios de comunicación españoles, que mantienen con los procesos de emancipación en el continente americano una actitud de seguidismo pleno respecto de la política atlantista y subordinada que caracteriza a la Unión Europea y sus gobiernos, sin apostar por un espacio propio y progresista en la descripción de los procesos políticos y sociales que se están produciendo en América. La reacción frente a la movilización presente en Ecuador y la represión terrible del gobierno de Lenin Moreno, o la impresionante capacidad de subversión y revuelta que ha manifestado el pueblo chileno, afrontando igualmente una terrible respuesta represiva del Presidente Piñera, son ejemplos más que suficientes para comprender hasta qué punto los medios de comunicación españoles se encuentran capturados por la comprensión neoliberal y neocolonialista que les marca la soberanía financiera de los mercados. Hay que acudir a las noticias que se han podido infiltrar a través de las redes sociales o al altavoz que han ofrecido los sindicatos o algunos partidos de izquierda para poder tener acceso a la impresionante movilización ciudadana y a los espeluznantes casos de represión que todavía se están produciendo.

El último de estos temas se ha dado con Bolivia, en donde la reacción política y mediática ha consistido en negar la existencia de un golpe de Estado y naturalizar el acceso de la derecha radical y parafascista al poder con el apoyo del Ejército y la Policía. El discurso racista de los nuevos gobernantes y la imposibilidad de ocultar la terrible represión sobre los indígenas así como la norma de exención de cualquier responsabilidad penal para los miembros del Ejército y de la Policía en la comisión de delitos contra el pueblo, ha hecho que los medios de comunicación españoles tuvieran que matizar su primera apuesta positiva por el gobierno ilegítimo y golpista de Bolivia.

El problema del golpe de Estado lo ha explicado con toda claridad Alvaro García Linera, uno de los intelectuales americanos más respetados del continente, vicepresidente depuesto de la república: Se trata de la reacción frente al desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial, que se basaba en la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. “El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada”.

Presionar para abrir un espacio de negociación que permita una salida democrática aceptada por la comunidad internacional que ponga fin al golpe de Estado y restaure un sistema acorde con la Constitución boliviana, es un empeño importante que deben asumir todas las partes implicadas y, muy especialmente, el Gobierno español que está vocacionalmente interesado en promover la normalización democrática de la Región. En esa dirección, la voz autorizada y de gran peso político del Grupo de Puebla denuncia el golpe de estado y urge una solución democrática. Este es el comunicado:

DECLARACION DEL GRUPO DE PUEBLA SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

Noviembre 17, 2019

Condenamos el golpe de estado en Bolivia que condujo al exilio forzado del presidente legítimo de ese país, Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García-Linera, y desconocemos la autoridad de la Sra. Jeanine Añez, quien se proclamó presidenta de Bolivia, en violación de la Constitución boliviana y en un proceso fraudulento, ya que los representantes del MAS, que constituyen la mayoría del Senado y la Cámara, fueron excluidos de asistir a la reunión de autoproclamación.

Asimismo, repudiamos la violencia de las milicias “Macho” Camacho y la policía regular boliviana, lo que ha resultado en denuncias de ataques muy graves a los derechos humanos en Bolivia, como el secuestro de políticos y autoridades del MAS, ataques incendiarios en casas y edificios de organismos oficiales, humillación pública de líderes y personas muertas. Observamos con especial preocupación la norma expedida por la Señora Áñez y su gabinete exonerando a las fuerzas armadas de su país a cualquier responsabilidad penal, lo cual constituye una auto-amnistía previa por las graves violaciones a los derechos humanos que a su amparo se están cometiendo.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha contabilizado, tan solo en los últimos 6 días, 14 personas muertas producto de la violencia de Estado del Gobierno ilegítimo en su represión a las fuerzas políticas que se oponen al golpe. Al mismo tiempo, la Sra. Bachelet denuncia la exacerbación de la violencia, y cuenta en más de 600 a las personas que han sido detenidas desde el 21 de octubre, e insta a las autoridades a entregar información formal, precisa y acabada de las personas arrestadas, heridas y fallecidas, al mismo tiempo que a la realización de investigaciones prontas, imparciales y transparentes, sobre estos crímenes.

Al mismo tiempo, denunciamos la brutalidad con la que el gobierno ilegítimo de la Sra. Añez maneja su relación con la prensa, persiguiendo al periodismo opositor boliviano, a la prensa internacional, y al mismo tiempo, ocultando información y montando noticias que intentan legitimar y ganar la sintonía de las audiencias a su asonada.

Es extremadamente preocupante que la persecución en Bolivia no es solamente política, sino también racista, con discursos que exacerban la discriminación por el color de piel o la condición social de sus víctimas, en un claro intento de borrar la historia política y cultural del país y los logros en cuanto a inclusión e igualdad alcanzados por el Estado Plurinacional de Bolivia.

En una actitud responsable y conciliadora, el presidente Evo Morales se ha puesto a disposición de llevar a cabo un gran diálogo nacional que pacifique a Bolivia y evite más violencia.

En este sentido, desde el Grupo de Puebla

Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas responsables en Bolivia para que cesen todos los actos de violencia e inicien un proceso de diálogo dirigido a resolver la crisis política en el marco de la democracia y la constitución de Bolivia.

Sugerimos la creación de una Mesa de Diálogo de Partidos y Movimientos sociales para definir un calendario electoral inmediato que incluya una renovación del Tribunal Nacional Electoral.

Proponemos la creación de una Comisión de Acompañamiento Internacional organizada por Naciones Unidas con participación de países y personas de alta credibilidad que incluya además un delegado del Papa Francisco, y que en su seno se cree una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos recientes de violencia y sus responsables.

Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, a enviar a la mayor brevedad posible una misión para atender las serias denuncias de violación de los derechos humanos en Bolivia.

Finalmente, le solicitamos a la comunidad internacional y a todos los organismos internacionales a aunar esfuerzos para velar por la paz y por la protección irrestricta de los derechos humanos.

Firmado, 17 de noviembre de 2019

Celso Amorim

Karol Cariola

Rafael Correa

Julián Domínguez

Marco Enríquez-Ominami

Camilo Lagos

Guillaume Long

Clara López Obregón

Fernando Lugo

Daniel Martínez

Verónika Mendoza

Aloizio Mercadante

Ernesto Samper

Carol Proner

Dilma Rousseff

Jorge Taiana

Carlos Tomada