Chile ha conocido una
enorme movilización social a partir de octubre del 2019 que había convergido en la convocatoria de un
plebiscito sobre una nueva Constitución, la presión por abrir un proceso constituyente, con un extenso rechazo del Presidente Piñera y una brutal
represión frente a la cual la impresionante resistencia popular demostraba su
capacidad de insurrección pacífica. En ese proceso ha incidido la llegada del
Covid-19. Daniela Marzi, catedrática de Derecho del trabajo en la
Universidad de Valparaiso, jurista feminista y amiga querida, frecuentadora
asidua de este blog, ha enviado un texto en el que describe con lucidez y claridad,
las ambivalencias de esta irrupción de la epidemia en Chile. Es un enorme honor
y placer para este blog poder contar con su participación en el mismo.
Crónica de cuarentena: el marzo
chileno que fue y que no fue
Daniela Marzi
Mucha gente en febrero, desde sus
vacaciones, se preparaba para un marzo particularmente difícil. Esta vez no
habría vuelta a rutina alguna y las fuerzas para sobrellevarlo dependerían de
la opinión que cada cual se hubiera hecho de la revuelta social del 18 de
octubre y del estado en que se encontraba. Durante los meses de enero y febrero
nunca se produjo una calma total en el país y con la vuelta a clases de
secundarios y universitarios sólo podía esperarse una segunda fase muy intensa
y más politizada. Dos de los eventos más tradicionales de este país habían sido
fuertemente golpeados: no hubo Teletón y el Festival de Viña fue combatido,
provocando una gran rebelión en la llamada “Ciudad Jardín”, Viña del Mar.
Durante ese período, una clase
política paralizada, todavía esperando que algo pasara sin tener que ceder los
anillos para no perder los dedos, se movía confundida entre dos carriles. Uno
es el de la llamada “agenda social inmediata”, en que me detendré en un ejemplo
ilustrativo del nivel del debate legislativo tras tres meses de estallido
social. Se trata del proyecto de ley que se publicitó en medios de comunicación
como “subida del ingreso” pero que, en rigor, no planteaba en lo absoluto que
el ingreso subiera como un esfuerzo del país para elevar un salario mínimo
objetivamente bajo (en ese entonces $301.000 equivalente a 322 euros) sino que
diseñaba la entrega de un subsidio que ayudara a los empleadores a pagar las
remuneraciones de sus trabajadores (que podía llegar a la suma de $59.000, esto
es, 63 euros). A partir de eso se discutió, entonces, si este beneficio debía
alcanzar a cualquier empleador o solo a los de menor tamaño. Se trataba de un
debate artificioso porque el sentido común nos diría que el Estado no debe
ayudar a la gran empresa sino solo a la pequeña. Sin embargo, establecido así
implicaba un desincentivo a subir el nivel salarial ya que de parte de la
pequeña empresa se incorporaría una ortopedia estatal y no constituiría un
esfuerzo del empleador, y de parte de la empresa de mayor tamaño, no se vería
obligada a subir el nivel remuneracional porque no se veía obligada a cumplir con
este mínimo. Este era todo el debate en plena crisis[1]y
en ese ambiente, como puede resultar obvio, mencionar la posibilidad de cambios
sistémicos como negociación colectiva ramal habría sido una verdadera herejía.
Al mismo tiempo y con gran respaldo político transversal, el 30 de enero de
2020 se aprobaba la “agenda represiva” conocida como “Ley antisaqueo”, que
sanciona con penas de cárcel conductas como lanzamiento de objetos,
levantamiento de barricadas, además de los saqueos.
Sin embargo, antes de siquiera
tomarle la temperatura a ese marzo, había que esperar a la movilización del 8M,
que todos suponíamos sería el inicio de las protestas de 2020. El 8M realmente
fue una marcha multitudinaria en todo el país, que desde la mañana mostró un despliegue
de mujeres de todas las edades, clases sociales, pertenencias a grupos, a las
que seguramente muchas cosas no nos unen y que eso es muy bueno: las mujeres
“no somos una cultura”,
pero había razones más que imperativas para juntarnos. Cualquier mujer podía sumarse ese
día porque las cifras y la violencia de los femicidios en ese momento y más en
este preciso instante constituyen una verdadera pandemia y existe un sentido
común en que es el momento de enfrentarla, controlarla y permitirnos avanzar
como sociedad, para luego de ello poder seguir discutiendo y conciliando
nuestras legítimas diferencias. Por ejemplo, las colectivas feministas que
coordinaron las convocatorias decidieron que ese día salían solo mujeres y,
estando de acuerdo o no, las millones de mujeres que estuvieron protestando ese
día aceptaron la regla y el 8M terminó con una imagen incuestionable de triunfo
del movimiento feminista. Con eso, ya se instalaban ciertos elementos en la
escena pública: una verdadera protesta reivindicativa, no se trató de una
marcha particularmente inclinada a cuestiones más de carnaval y espectáculo, y
que recibió de vuelta una fuerte represión. Ya estábamos en el marzo que tanto
anunciábamos pero que finalmente no tendría nada que ver con lo que esperábamos.
El 3 de marzo de 2020 se confirma el
primer caso de Coronavirus y a la semana siguiente ya se podían entender, en
parte y tristemente por la difusión del caso italiano, que la medida más
efectiva para evitar el contagio era la orden de cuarentena. El colegio médico
liderado por su presidenta Izchia Siches se lanzó a una fuerte campaña para
solicitarla al Gobierno. En Chile todos los años de produce un colapso del
sistema en invierno por enfermedades como la influenza, de hecho, como
relatáramos en un texto anterior, el día antes del estallido social del 18 de
octubre de 2019, la región de Valparaíso vivía una histórica paralización de la
salud pública y con una importante vocería de los médicos reclamando por
mejores condiciones para lo que los funcionarios de la salud exigían como
mínimos para poder realizar la entrega de su servicio con dignidad para el
paciente. En consecuencia, el colegio médico marcaba el punto porque sabía con
certeza que el sistema de salud chileno no contaba ni con las camas ni mucho
menos con los ventiladores (por ejemplo, 30 para la ciudad de Valparaíso a
destinar entre todo tipo de enfermedades) y que en este escenario solo nos
cabía esperar un destino como el de Italia o España. Por otra parte, explicaban
que si bien todos nos contagiaríamos, la cuarentena permite que no lo hagamos
al mismo tiempo y de esta manera juega a favor el que el virus no es de una
letalidad tan alta si es que es tratado.
El Gobierno se fue decantando por la
adopción de medidas graduales, probablemente en la lógica de que una economía
paralizada también mata, sobre todo en países como el nuestro, y que no por
algunos miles de muertos se va a decidir por dar opción de salvar todas las
vidas sin distinción de edades o condiciones de vulnerabilidad, pero también,
porque una cuarentena estricta tan extendida efectivamente resulta difícil de
acatar. Estas son suposiciones más bien tomadas de lo planteado por algunos
epidemiólogos porque, en realidad, nunca nadie ha dicho abierta y públicamente
que esta lógica se basa en el sacrificio de algunas vidas que parecen menos
valiosas que otras.
Hasta este preciso instante, 3 de
abril de 2020, al Gobierno Piñera no le ha ido mal: 3737 casos detectados de
contagio, 22 personas fallecidas y 420 recuperadas. En algo influyen las
primeras comparaciones con el vecindario: los muertos en la calle de Ecuador o
un presidente de Brasil negando la existencia del virus. En medio de estos
extremos el mandatario chileno de golpe salió de una aprobación que se decía
estaba en el ámbito del “error estadístico”: de 6% subió a un 21%, como si un
respirador artificial le hubiese insuflado algo de vida.
Cierro con algunas apreciaciones, ya
que realmente no se sabe qué va a pasar y algo distinto es que en este contexto
no se puede menos que desear que las medidas y sus tiempos estén siendo
correctos. Existen legítimas dudas en torno a la información oficial que se
entrega, como explica el medio de información independiente Interferencia “Lo
cierto es que muy pocos confían en los datos de salud que entrega la autoridad.
Lo cierto es que nuestro ministro de Salud fue suspendido por el Colegio Médico
hace algunos años por graves faltas a la ética. Lo cierto es que Jaime Mañalich
le mintió al país hace algunos años cuando dijo que las listas de espera se
habían terminado, tal como lo constató la Contraloría. Lo cierto es que el
Presidente Sebastián Piñera mintió al país en una reciente entrevista a Chilevisión cuando
afirmó que Chile había comenzado a adquirir aparatos de respiración en enero de
este año, adelantándose a casi todo el mundo”. ¿Qué se puede afirmar ante
tantas cuestiones que están por verse? que hay una señal política clara en este
momento. La gente aprueba una primera fase de conducción política que se
presenta como eficiente en una crisis que es un monstruo de dos cabezas:
sanitaria y económica, y que se proyecta en un verdadero terror social. Eso
significa que la oposición deberá elegir bien sus batallas y, sobre todo, donde
contribuirá para generar los acuerdos de una situación como la actual, porque
la derecha tiene una oportunidad insólita, inesperada y que se conforma de
hechos que todavía son muy difíciles de asimilar mentalmente.
Pero todo cuanto especulo hasta aquí
puede reducirse a nada si es que pasamos a seguir los ciclos que han
experimentado países como Italia y España, que tenían cifras similares a las
chilenas comparadas las fases de avance del virus. Sin embargo, la necesidad de
conducción política del Estado es lo que valorará la sociedad chilena, desdibujando aún más lo que se comprende como posturas de izquierda y derecha.
El plebiscito por una nueva Constitución se postergó hasta octubre. La esperada
discusión sobre el marco político para el futuro de Chile ya tiene dos
fracturas expuestas por dónde empezar: salud pública neoliberalizada y trabajo
precarizado. Hoy existe conciencia plena y compartida de lo que vale el Estado
en estas materias. Un flanco abierto es cuanta libertad personal las personas
estarán dispuestas a ceder por protección estatal, el autoritarismo también
tiene una oportunidad: en situaciones de miedo, el sentido común tiende a
confundirse. Es entonces en la lucha contra el autoritarismo donde
probablemente podremos probar dónde están los idearios políticos, capaces de
jugarse incluso en aquello que puede no ser popular.
[1] Que terminó llamándose con mayor exactitud “Subsidio para alcanzar
un ingreso mínimo garantizado” y que beneficia a las remuneraciones más bajas
sin considerar el tamaño de la empresa, promulgada el 2 de abril de 2020.
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