UN 1º DE MAYO SIN HABITAR LAS CALLES Y LAS PLAZAS. ANTE LOS ENORMES RETOS DE LA CRISIS DEL COVID-19

El estado de alarma y la prevención del contagio y transmisión del virus ha impedido la celebración de la manifestación del Primero de Mayo y que las plazas y las calles de las principales ciudades españolas se llenaran de personas reivindicando los derechos derivados de su trabajo. Este año tendría que haber sido una fiesta en la que se exigiera la reversibilidad de la reforma laboral en sus aspectos más directamente lesivos de la negociación colectiva y de las situaciones de desigualdad salarial generadas en los procesos de descentralización productiva, pero la irrupción del Covid-19 se ha llevado por delante este proyecto reformista, colocando a todo el país y desde luego al sindicalismo confederal ante la necesidad de afrontar una crisis económica sin precedentes.

Este Primero de Mayo resalta un hecho no por bien conocido, menos determinante: los cuidados médicos y asistenciales que han combatido los efectos nocivos sobre la salud de miles de ciudadanos y ciudadanas, la limpieza y seguridad de las personas y de las cosas, la producción de los bienes y servicios que permitían vivir y mantenerse en el confinamiento a millones de personas, toda la vida en suma de la nación depende del trabajo que la sostiene. Un trabajo que ha sido infravalorado, devaluado y precarizado, en el marco de la degradación continua de la sanidad pública y de la privatización de los servicios sociales, de la limpieza y de la seguridad. Estos son datos de realidad incontestables, que quieren sin embargo ser silenciados en el discurso de los agentes económicos que pone el acento en la recuperación de la actividad empresarial y la importancia de movilizar el mercado interno y las exportaciones aún a riesgo de debilitar el efecto sanitario de las medidas de confinamiento, y que de manera muy extrema es combatido directamente por la línea argumental de una derecha política obsesionada con impedir la gobernabilidad democrática de este país y que insiste en la enumeración de los muertos y en la culpabilidad del gobierno central en este resultado.

Sin embargo, la crisis del Covid-19 ha permitido comprobar la necesidad de fortalecer y defender las estructuras fundamentales del Estado social, revirtiendo la visión considerada hasta el momento incuestionable del neoliberalismo, de las instituciones financieras globales y la gobernanza económica europea, que consideraban decisivo el progresivo desmoronamiento de los servicios públicos y el ingreso en el mercado de la totalidad de los bienes comunes como mercancías. Entre nosotros, la investigación periodística que ha llevado a cabo Infolibre sobre la propiedad de las residencias de ancianos, indica claramente la visión mercantilista y cruel sobre la que reposa esta ideología que domina el pensamiento económico y político global. En este Primero de Mayo, los sindicatos confederales parten de esta constatación y exigen un cambio en el modelo económico y social del país que tendrá que realizarse a través de procesos de transición dirigidos por las instancias públicas acompañadas necesariamente de la participación de los agentes sociales. Una reivindicación que quiere señalar la dirección que tiene que adoptar el “Pacto de Reconstrucción” que defiende el gobierno progresista que previsiblemente tendrá un mayor recorrido socio-económico que político, ante la estrategia desestabilizadora del gobierno que pretenden las fuerzas de la gran derecha de este país.

Pero ante todo este Primero de Mayo supone reconocer el valor del trabajo y su centralidad política. Del trabajo en general, pero en particular de los servicios esenciales que han sostenido la vida de todo el país y han garantizado la asistencia sanitaria y social a toda la población. Se trata en su gran mayoría de trabajadores y trabajadoras invisibles y prescindibles, para los que este Primero de Mayo quiere recuperar su centralidad y su protagonismo democrático. Invisibles porque nadie hablará de su importancia en el mantenimiento del bienestar de la sociedad, y prescindibles porque en estos sectores se ceba la temporalidad y la precariedad. Lo hemos visto con el cese en la Comunidad de Madrid – que acumula casi la mitad de los casos de contagio por Covid-19, de los contratos de personal sanitario que efectuó para atender hospitales, SUMMA 112 y Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

Pero no sólo son estos supuestos muy llamativos. Se han conocido hace pocos días los datos de la EPA sobre el primer trimestre del año, y aunque no refleja bien los datos reales de destrucción de empleo, como señala el propio Ministerio de Trabajo en la nota informativa en la que presenta y comenta tales resultados. Según la EPA, de los 286.000 empleos asalariados perdidos en el trimestre, 30.800 (-0,25%) corresponden a personas asalariadas con contratos indefinidos y 255.300 (-5,8%) a personas asalariadas con contratos temporales (el 89% del empleo perdido). Es decir, la pérdida de empleo se concentra de manera abrumadora sobre los contratados temporales. Y, en los datos que hizo públicos la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso el 21 de abril pasado, utilizando los datos de afiliación a la Seguridad Social, de las 731.075 personas trabajadoras asalariadas, que causaron baja en la afiliación a la Seguridad Social, un total de 592.254 tenían un contrato temporal, es decir, el 81% de todo el empleo destruido en marzo era temporal. Lo que, contemplado desde otro punto de vista, arroja la siguiente conclusión, que en el mes de marzo, de cada 100 personas que tienen un contrato temporal 14 han perdido su empleo. Mientras que, de cada 100 personas que tienen un contrato indefinido, poco más de 1 ha perdido su empleo. La precariedad laboral está, por tanto, en la base de la destrucción del empleo. La destrucción de empleo se concentra fundamentalmente en las personas más jóvenes. Son también las que tienen las relaciones laborales más precarias. El 34% de todo el empleo perdido se concentra entre las personas menores de 30 años.

La precariedad es el rasgo distintivo de lo que se viene a llamar el mercado de trabajo en España, que sin duda está ligado a la debilidad de la estructura productiva, una cuestión que se pone de manifiesto de modo dramático ante la desindustrialización agravada con la anterior crisis y la irrupción del cambio tecnológico de la digitalización. Siempre con los datos de marzo manejados por la Ministra de Trabajo en su comparecencia parlamentaria, el 65% de todo el empleo perdido en marzo 2020 se concentra en cuatro ramas de actividad: la hostelería, la construcción, el comercio y las actividades auxiliares, fundamentalmente en las ETTs. Ya ha devenido un hábito cultural, favorecido por las agencias mediadoras y de consulta empresarial, como las gestorías y otros asesores, la rescisión de los contratos temporales de manera automática ante cualquier posible amenaza o inseguridad provocada por las fluctuaciones del mercado o por cualquier otra amenaza a la reducción de beneficios. El modelo de actuación se completa con la preferencia por el tiempo parcial como oferta de trabajo impuesto (no voluntario), junto con el de la temporalidad de ésta. Una contratación que favorece además de la rotación – es impresionante constatar la cantidad de contratos temporales que se conciertan, y la duración ínfima de más de un cuarto de los mismos – la devaluación salarial, la escasa formación y la volatilidad de su inserción laboral.

Todo ello coloca en primer plano la urgencia de un cambio del marco institucional que ampara estas desviaciones del mercado que inciden directamente en la calidad del empleo y en la propia conformación del derecho al trabajo reconocido constitucionalmente. Hay que vincular la salida de la actual crisis a la eliminación de esta “anomalía laboral” de nuestro país, un efecto aberrante del paradigma neoliberal de la flexibilización del trabajo y la consideración de los derechos laborales exclusivamente en términos de coste económico. Un “pacto contra la temporalidad” que forme parte de la “reconstrucción” que se tiene que llevar a cabo en el terreno social y económico.

Se avecinan nuevos cambios normativos que sigan adaptando nuestro sistema de normas a las exigencias derivadas de esta crisis sanitaria y económica. Entre ellos, el reto fundamental de mantenimiento del empleo pese al brutal descenso del PIB y la paralización económica exigirá decisiones importantes de continuidad y de modificación de los instrumentos que hasta el momento se han ido poniendo en marcha. En ese nuevo paradigma que se denomina “nueva normalidad” la modificación de la regulación normativa de los contratos temporales es esencial, en el marco de un cambio del modelo productivo y del fortalecimiento de los instrumentos de garantía que ofrece el Estado Social.

Ese es el contexto en el que se produce este anómalo Primero de Mayo. Recuperar la centralidad del trabajo, hacer visibles a quienes están en la sombra y sin embargo son imprescindibles para garantizar la existencia social de la mayoría de la población, impulsar reformas profundas que busquen eliminar la cultura de la temporalidad y arrojar fuera de la normalidad social la precariedad como condición de vida de tantas personas, mujeres y jóvenes principalmente. La fuerza organizada del trabajo encuentra en esta jornada un momento idóneo para identificar sus objetivos y hacerlos públicos a un ciudadanía que encuentra en los sindicatos una enorme capacidad para explicar la desigualdad radical que se da en la realidad social, resistir su carácter opresivo e ir construyendo, articulada y autónomamente, los mecanismos para su contención y eliminación.

¡Viva el primero de Mayo!