El 2 de
mayo es la fiesta de la Comunidad de Madrid, que el que fuera presidente de la
Comunidad (CAM), Joaquin Leguina, instituyó en su día junto con la bandera
roja y sus siete estrellas y el himno que nadie conoce con letra de García
Calvo. Como antesala de esta festividad, y aprovechando el Primero de Mayo,
las autoridades de la región y del municipio se dieron cita en IFEMA para celebrar
el cierre del hospital de campaña que ha estado funcionando allí desde los
primeros momentos de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. La reunión fue
multitudinaria y desembocó en un gran acto institucional que congregó a más de
mil personas que naturalmente incumplieron las medidas de seguridad impuestas y
se apiñaron entre sí sin respetar la distancia personal a la que todos estamos
obligados.
Las consecuencias de este
incumplimiento de la normativa del estado de alarma no conducirán a nada,
puesto que quienes lo promovieron son las máximas autoridades de la región y
del municipio, y cualquier intento de sancionarles – como sin embargo sucedería
a cualquier ciudadano – se interpretará como una muestra de acoso político hacia
un gobierno regional como represalia por su posición crítica ante el gobierno
central. Por otra parte, tanto el alcalde Almeida – al que una buena parte
de la izquierda municipal y regional están insólitamente empeñados en configurarle
como un pequeño Churchill ante la pandemia – como la beligerante presidenta
Diaz Ayuso han pedido perdón por el “incidente”, sobre la base de que “nos
dejamos llevar por un momento único” y por consiguiente el tema se considerará
cerrado pese a que tímidamente la Delegación de gobierno haya abierto un
expediente al respecto. Somos los ciudadanos los que podremos comprobar el
diferente trato que se da a los que infringen la ley si son “autoridades” – más
si pertenecen al Partido Popular - y no necesitaremos
un tuit del Vicepresidente Segundo del gobierno para que lo recordemos.
Pero lo importante de este acto
es que se cerraba el hospital, festejado en multitud, y que lo que las
autoridades públicas madrileñas han denominado el “milagro Ifema”, llegaba a su
fin. U fin que coincidía con el de los contratos temporales del personal
sanitario expresamente asumidos por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para
poder hacer frente al desbordamiento del sistema sanitario de esa Comunidad. Son
más de 10.000 profesionales contratados para trabajar en hospitales, SUMMA 112
y Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la falta de personal
para poder hacer frente a la pandemia del COVID19. La prensa ha hablado de
8.620 contratos “de refuerzo”.
Pese a que todos los sindicatos
han pedido que se prorroguen todos los contratos que se hicieron desde el
inicio de la emergencia sanitaria, la Consejería de Sanidad se escuda en la
prórroga de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2019 y asegura que “no
hay posibilidad presupuestaria para mantener esos contratos más allá de la
fecha estipulada en cada uno de ellos”, teniendo en cuenta que algunos de esos
contratos vencieron el pasado 9 de abril. La decisión de la Consejería de sanidad
de la CAM está por consiguiente fundada en la negativa del consejero de Hacienda
de la región, Fernández – Lasquetty, antaño consejero él mismo de
sanidad que destacó por la privatización de la sanidad en Madrid y la reducción
de plantilla de los hospitales públicos.
La rescisión en cadena de los
contratos temporales de estas personas que han trabajado duramente durante
estos dos meses en Madrid haciendo posible la asistencia sanitaria a las
personas cuya salud se encontraba más deteriorada, contagiadas por el virus, es
un caso anómalo respecto de otras Comunidades Autónomas, como las de Andalucía
o la de Castilla La Mancha, que han decidido prorrogar hasta finales de junio. Un
fecha bastante razonable puesto que tras el fin del desbordamiento hospitalario
durante el periodo álgido de la epidemia, hay que atender los retrasos de
consultas, cirugías o pruebas diagnósticas que todos los servicios autonómicos
de salud deben afrontar, tras el parón de la actividad asistencial en pacientes
con otras patologías distintas al COVID19. En Madrid, esta reanudación complicada
del servicio de asistencia sanitaria recaerá sobre un plantilla reducida y
extenuada tras el esfuerzo realizado en estos dos últimos meses.
Las condiciones de empleo de este
personal al que ahora se les expulsa han sido verdaderamente impactantes. Muchos
de ellos han venido de otras comunidades autónomas y se les había ofrecido un
contrato hasta el 30 de junio, lo que evidentemente no ha sido así. En una
buena parte de las contrataciones, los contratos se han efectuado por una
duración de 15 días renovables, con la intención de que en el caso que fueran
infectados, se extinguiera el contrato y no tuvieran que pasar a una situación
de Incapacidad temporal por enfermedad. Este personal sanitario renovaba
quincenalmente su relación laboral, pese a que el objeto de la misma era el
refuerzo de las estructuras sanitarias durante toda la duración de la crisis
del Covid-19. Como se ha denunciado por todos los colectivos, han carecido además
de las medidas de seguridad que deberían haberles protegido en su desempeño
profesional, los PCR y test rápidos de anticuerpos. La propia situación de
urgencia sanitaria imposibilitaba a su vez que este colectivo de personas pueda
ejercitar una acción colectiva de defensa de sus intereses, forzando a la
Administración a l prórroga de sus contratos.
No es necesario insistir mucho en
la ignominia de este sistema. Un trabajo que es esencial, fundamental en la
consecución del mantenimiento de la salud de los y las ciudadanas, ejecutado
con enorme esfuerzo y desgaste físico y emocional, que se considera inmediatamente
prescindible, aun a sabiendas que va a ser necesario inmediatamente para
recuperar la normalidad tras la disminución de los contagios del Covid-19 y la
reanudación de todas aquellas tareas que se habían suspendido ante la gravísima
crisis sanitaria sufrida. Un trabajador, una trabajadora, de usar y tirar como
un pañuelo de papel sucio. Una situación que no es coherente con el aplauso
sincero que cada tarde se da desde los balcones a este personal – junto con el
resto de las personas que llevan a cabo los trabajos esenciales durante el Estado
de alarma – y que ha constituido un signo de identificación y de pertenencia a
una comunidad ciudadana que defiende la función decisiva del Estado social.
Solo cabe una lectura crítica de
esta decisión, porque en efecto, demuestra la aberración del pensamiento político
que guía la actuación de la CAM, en una clara línea neoliberal que reduce el trabajo
a una pura mercancía con independencia de la calidad del mismo, solo atendible
en la cantidad con la que se le retribuye. El equipo de gobierno de la CAM no
cree en el servicio público ni en la gestión de los bienes comunes, confía en
la asignación de servicios a los capitales y empresas privados par sustituir la
gestión directa de servicios sociales y sanitarios. Respecto de las residencias
de mayores, que han atraído dramáticamente la atención del público durante
estos meses, los datos sobre la titularidad privada de las mismas, y su mayor oferta
respecto de las que exhibe la CAM, hablan claramente de la preferencia por el
mercado y de la importancia de la prestación de servicios por empresas privadas.
Pero la crítica política a la
privatización y a la visión puramente interesada y mercantilizada que conlleva
el uso que ha hecho la CAM de estas contrataciones, no debe hacer olvidar
que la consejería de Sanidad tiene esta conducta porque el marco legal se lo
permite, con independencia de que se trate de una administración pública que
debería estar guiada por los imperativos del interés general. La privatización de
servicios, especialmente socio sanitarios, ha posibilitado la conclusión de
contratos de obra o servicio por el tiempo de la duración de la contrata de
servicios; en el interior de los servicios de salud, el personal interino y de
duración determinada es extremadamente alto, y ello supone una regla que admite
pocas excepciones, puesto que está directamente relacionada con la del equilibrio
presupuestario y la regla de gasto que ha reducido cada año miles de empleos
públicos con tasa de reposición cero o estrictamente contenida. El término de los contratos temporales goza de
enorme libertad en su determinación, que a la postre es unilateral, sin que los
tribunales hayan actuado eficientemente atajando con un interpretación estricta
el fraude de ley en la contratación temporal; por el contrario, la
flexibilización judicial de las figuras de la temporalidad ha alentado la
cultura del gestor de empresas y de recursos humanos que prefigura la política
de personal y las nuevas contrataciones sobre la base de la conclusión de
contratos por tiempo determinado, bajos salarios y coste muy limitado en la
extinción, al calcularse la indemnización sobre el tiempo de antigüedad en la
empresa en todo caso. Con ello se fomenta la rotación y sustitución de
contratos temporales que se asienta sobre mujeres y jóvenes prioritariamente.
Ese cuadro normativo tiene como
resultado la degradación de los derechos de los que deben gozar todas las personas
que trabajan. No es posible seguir manteniendo esta cultura de la
temporalidad ni en el empleo público ni en el privado, mucho menos ante la intensidad de la crisis que se presenta en
los próximos meses. La idea de incorporar a los acuerdos de reconstrucción
nacional en su dimensión socio-económica un gran pacto contra la
temporalidad y por el empleo estable, que incluya también la restricción de
la contratación temporal en todas sus manifestaciones en las Administraciones
Públicas, es un compromiso al que
sindicatos, patronal y gobierno deberían llegar de manera inevitable.
Mientras tanto, la crítica política
ante el uso aberrante de la temporalidad por parte de la CAM es también
ineludible. No nos merecemos unos gobernantes que tratan a las personas que han
dado todo su esfuerzo para proteger la salud de tantos y tantos ciudadanos, el
trato de un artículo de comercio del que se puede uno desprender y dejarlo en la
basura en cuanto no le de satisfacción inmediata.
Esta es la noticia del 5 de mayo en Infolibre, de la agencia Europa Press:
ResponderEliminarAyuso renovará hasta diciembre a los 10.000 sanitarios que han trabajado en la crisis ante las fuertes críticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que renovará hasta diciembre a los 10.000 profesionales sanitarios que han trabajado en la crisis sanitaria del coronavirus. Así lo ha anunciado la dirigente regional en una entrevista en esRadio, recogidas en Europa Press. Además, la presidenta madrileña ha recordado que durante un tiempo Ifema se mantendrá "apagado" aunque "preparado" por si hay que activarlo por un repunte y que, desde su Gobierno, están buscando "alternativas" a este hospital provisional. Su objetivo para el futuro es poner en marcha "muchísimas nuevas medidas para estar prevenidos". Durante los últimos días, se había especulado con la idea que los contratos de esos profesionales de refuerzo no fueran renovados. Díaz Ayuso fue recibida en su polémica visita al Ifema de la semana pasada con gritos a favor de la sanidad pública