EL NO AL ESTADO DE ALARMA Y LA ELIMINACIÓN DEL “ESCUDO SOCIAL” EN LA CRISIS DEL COVID-19

La toma de posición de diferentes y convergentes fuerzas políticas a la prórroga del estado de alarma ha generado un amplio debate mediático y la estupefacción de una buena parte de ciudadanos que relacionaba, razonablemente, la situación de excepcionalidad, el confinamiento y los límites a la actividad económica, con la permanencia de la pandemia y la situación crítica de la asistencia sanitaria a los afectados por el virus, que cada día sigue cobrándose vidas. Los que en particular formamos parte de alguno de los grupos de riesgo en caso de contagio nos sentimos especialmente concernidos por esas declaraciones en las que coinciden tanto la ultraderecha y el Partido Popular como Junts x Cat, la CUP e incluso ERC, que había formado parte del grupo de partidos que sostuvo, con su abstención, la investidura del gobierno.

Parece que el voto negativo de ERC implica plegarse a la exigencia perentoria de JxCat de que el gobierno devuelva “las competencias” de Catalunya durante esta fase de “desescalada”, al entender que la “centralización” de las decisiones “ha sido un error”. El Partido Popular, por su parte, también mantiene, junto con Vox, una posición contraria a la prórroga sobre la base de que el Estado de alarma no es necesario porque impone restricciones a los derechos fundamentales inadmisibles y porque hay suficientes mecanismos en la Ley de Sanidad, la Ley de Salud Pública y en la Ley de Seguridad Nacional para controlar la situación sanitaria. Es decir, que para ellos es preferible que el Estado recurra a los instrumentos de excepción que le garantiza la normalidad que a que éste reconozca que estamos formalmente en una situación excepcional que requiere poderes extraordinarios. La CEOE, a través de su vicepresidente, ha hecho pública su opinión favorable a que sean las CCAA y los Ayuntamientos quienes gestionen la “desescalada”, no considerando imprescindible la prórroga del estado de alarma, para así acelerar la reanudación de la actividad productiva.

Si para el PP y Vox nada cambiaría con la negativa a la prórroga del Estado de alarma puesto que el Estado podría reclamar la competencia de vigilancia de la salud pública en la  gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma, o incluso de las “que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales”, como señala la Ley General de Salud Pública del 2011, y las distintas facciones del independentismo catalán interpretan esta vigilancia sin merma de la competencia de las “autoridades sanitarias” autonómicas que fija ante riesgo grave o inminente el art. 28 de la Ley General de Sanidad, la crisis sanitaria estaría de esta manera suficientemente atendida. Y si la finalización de la situación excepcional de alarma se debe transmutar en la situación de crisis en el sistema de Seguridad Nacional, como propone el PP, refiriéndose a la Ley de Seguridad Nacional del 2015, de manera que el gobierno coordine las “actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la Seguridad Nacional, facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios”, es evidente que eso supone acabar con las restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos dentro y fuera de las respectivas Comunidades Autónomas y con las restricciones a la actividad económica. Es decir, que el final abrupto del Estado de alarma impide cumplir eficazmente los requerimientos de salud pública, siendo insuficientes los poderes extraordinarios del gobierno previstos en la legislación ordinaria.

¿Cuál es entonces el objetivo consciente o inconscientemente perseguido de esta posición del no a la prórroga del estado de alarma? Pues los efectos más devastadores se volcarán sobre las materias laborales y sociales, cuya vigencia se encuentra directamente ligada a la duración del estado de alarma. Sucede así con los mecanismos de amortiguación social previstos en el RDL 8/2020, los ERTEs por fuerza mayor y por causas objetivas, junto con la exención de cuotas sociales para las empresas. La Disposición Adicional Primera del RDL 9/2020 lo dice taxativamente: “La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas.”. Es decir, que a partir de este momento, sin transición alguna, los trabajadores dejarán de cobrar el paro y las empresas las exenciones a la seguridad social. Una relación directa entre la vigencia de estas medidas y la duración del estado de alarma que está prevista asimismo para la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos. Sucede también lo mismo con el compromiso de mantenimiento de empleo del RDL 9/2020. Y la prórroga de las disposiciones sobre trabajo a distancia y sobre los programas de conciliación que efectúa por dos meses el RDL 15/2020 necesitaría ser convalidado – lo que todavía no se ha producido – también caducaría con la finalización del estado de alarma.

La consecuencia por tanto es desastrosa para este tipo de medidas laborales, que terminarían abruptamente sin poder dar lugar a una transición ordenada como se pretende, acompasando el progresivo retorno a la actividad económica normal. El estado de alarma reacciona frente a la crisis sanitaria y frente a la crisis económica que la pandemia provoca, y por tanto es un instrumento para prevenir no sólo la morbilidad de la población, con especial incidencia en los sectores más vulnerables, sino para intentar que los efectos terribles de esta sobre las condiciones de existencia de los ciudadanos se aminoren con medidas de protección social. Dentro de ellas, cobran especial importancia las que priorizan el mantenimiento del empleo y los mecanismos de amortiguación social que se dirigen a la contención de los efectos de la crisis económica y que naturalmente tienen que prolongarse más allá de la vigencia del estado de alarma. Ya conocemos por sus protagonistas que está avanzado el diálogo social respecto de la prolongación de los ERTEs y su tránsito de la fuerza mayor a las causas objetivas después de terminada la situación de excepción, y es evidente que nos encontraremos con un derecho del trabajo de la crisis derivado de la situación de “emergencia extraordinaria” que ha provocado la pandemia en el que sobrevivirán y se adaptarán a la nueva situación de recuperación de la actividad económica instituciones e instrumentos de amortiguación social nacidos durante el estado de alarma.

Lo que pretenden el PP y Vox es sabotear la pauta temporal y el proceso de transición que el gobierno ha ido diseñando para logar una cierta recuperación de la actividad de producción de bienes y servicios. Aun a costa de que este sabotaje se lleve por delante la protección de los trabajadores autónomos, ese colectivo que tanto Vox como el PP destacan como objeto preferente de atención en sus plataformas electorales, y pese a que una larga serie de pequeñas y medias empresas no puedan reanudar su actividad y se queden sin cobertura protectora. Es obvio que para las grandes empresas los ERTEs no son muy relevantes, pero si para la gran masa de empresarios que conforman el tejido industrial medio de este país. La destrucción de empleo consiguiente pareciera que es algo deseable para estos grupos, como también el riesgo del incremento de contagiados y de hospitalizados, con el lógico aumento de fallecimientos. Al contrario, ese parece ser un buen objetivo político de las agrupaciones de derecha extrema, que sin rubor endosan a la responsabilidad, cuando no a la autoría directa, del gobierno central. Sucedería lo mismo, reduplicado, con la destrucción de empleo.

Que JxCat y la CUP converjan en esos objetivos, solo es comprensible desde un estrategia insolidaria y a la postre suicida de un proyecto que debería reconducir a un acuerdo sobre la nueva estructura del Estado con respecto a Catalunya, que llega al extremo para estos grupos de preferir un gobierno de derecha extrema a uno de progreso con el que se puedan entablar relaciones en términos de normalidad democrática. Más difícil de asumir es que esta posición la comparta ERC, que ha sostenido el proyecto de gobierno de progreso a nivel estatal. Y más aun que decida unir sus votos al no al estado de alarma, derrotando políticamente en unión de la ultraderecha la propuesta de ese gobierno progresista, cuando recientemente ha visto los presupuestos de la Generalitat aprobados gracias a la abstención de En Comú Podem, garantizando asi un espacio de autogobierno que de lo contrario habría sido imposible. ERC sabe que si vota no, sabotea el escudo social del gobierno y destruye las expectativas de empleo en todo el Estado español, también en Catalunya. No sólo por tanto se pone en entredicho su confiabilidad como fuerza política de apoyo de una acción política de progreso, sino que destruye su proclamado objetivo de solidaridad con la ciudadanía social en todo el Estado español, impidiendo que actúen los mecanismos de protección previstos.

Hay que confiar en una negociación de última hora, ciertamente. Pero también ser conscientes de lo que está en juego, la desestabilización de un programa de gobierno de apoyo a las clases populares en estas circunstancias excepcionales y la posibilidad de recuperar una política de privilegios que creciente la desigualdad y el sufrimiento en la mayoría de la población. Quien coopere a ese objetivo no saldrá indemne del juicio popular y ciudadano. Y la respuesta social y política no se demoraría. Que nadie piense que quien vote contra el “escudo social” no va a sufrir un coste importante en términos de legitimidad social y de desgaste político.