EL MINISTERIO DE TRABAJO CUMPLE 100 AÑOS

El 8 de mayo de 1920 se constituía el Ministerio de Trabajo en España, bajo el gobierno de Eduardo Dato. Significaba, de manera explícita, la institucionalización del reformismo social, puesto que heredaba la obra formidable de la Comisión de Reformas Sociales primero y el Instituto de Reformas Sociales después, que construyeron los materiales legislativos y los informes sobre la situación de la clase obrera y la industria en la España de la Restauración.

El Ministerio de Trabajo conoció posiblemente su mayor esplendor durante la II República, puesto que fue el organismo del gobierno en torno al cual se articularon las propuestas legislativas más importantes que conformaron el marco de regulación laboral que puede por vez primera en nuestra historia ser conocido como Derecho del Trabajo. El compromiso del Estado republicano, afirmado de manera contundente en los arts. 1 y 46 de la Constitución, con la protección del trabajo a través de las leyes, que debían asegurar “las condiciones de una existencia digna a cada trabajador”, dio un protagonismo indudable a este Ministerio durante el bienio republicano-socialista, con Francisco Largo Caballero al frente del mismo. La regulación cotidiana de las relaciones laborales a través de las bases de trabajo emanadas por los Jurados Mixtos, expresión del tripartismo promovido por la OIT, y la red de delegaciones del Ministerio a lo largo de todo el país, junto con la reestructuración provincial de la Inspección de Trabajo, fueron todos ellos elementos fundamentales para construir una Administración del Trabajo  eficaz y activa. La rebelión militar contra la democracia republicana pondría fin a esa experiencia de reforma y progreso social.

Bajo la dictadura, el Ministerio de Trabajo tuvo también un papel decisivo no tanto en la labor de propaganda y loa del Régimen, sino en la organización concreta de las relaciones de dominación en el trabajo. Al suprimir y criminalizar a los sindicatos y sus medios de acción, el Ministerio de Trabajo, y en especial la Dirección General de Trabajo, elaboró las Reglamentaciones por ramas de actividad y puso toda la fuerza del Estado en asegurar la posición de supremacía empresarial en la regulación del trabajo. Mientras que la Delegación Nacional de sindicatos y luego la OSE no pasaron nunca de ser unos entes para - administrativos encargados del control social e ideológico sobre la clase obrera vencida militar y políticamente, y de administrar obras sociales para propiciar clientelismos y corruptelas, el Ministerio de Trabajo construyó eficazmente las estructuras fundamentales del autoritarismo social sobre las que el franquismo se basaba. Con el desarrollismo, el Ministerio tuvo una posición muy activa en la modernización reaccionaria del sistema, en especial a través de la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo y la creación y alimentación del Tribunal Central de Trabajo como órgano de dirección de las líneas de interpretación que debían seguir las Magistraturas de Trabajo, y asumió un papel extraordinariamente relevante en aplicar las líneas maestras de las políticas económicas de los sucesivos planes de desarrollo – en especial los topes salariales – aunque en gran medida acabó desbordado por la presión colectiva de un movimiento obrero reconstituido y extraordinariamente activo pese a la represión feroz del Régimen que no cesó ni con la muerte del dictador en 1975.

En la transición política, la gestión del proyecto del nuevo marco democrático de relaciones laborales se delegó en el Instituto de Estudios Sociales, un órgano dependiente del Ministerio que tuvo un protagonismo indudable en el diseño del Estatuto de los Trabajadores. El Ministerio de Trabajo en toda la década de los ochenta, y especialmente a partir de la victoria del PSOE en 1982, incidió en un modelo de concertación social asimétrica que permitió insertar en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de intercambio entre la institucionalización sindical y l flexibilización – en principio colectiva – de las relaciones laborales. Ya a partir de final de siglo, acompañando la nueva conformación de la interlocución política con los agentes sociales, ya en la unidad de acción sindical  partir de 1988, progresivamente el Ministerio de Trabajo compatibiliza su función de administrar la cotidianeidad de las relaciones laborales con sus responsabilidades en lo referente al empleo y la Seguridad Social, en especial las pensiones, de manera que ya en el nuevo siglo, se convierte ante todo en el rostro del gobierno que da cuenta de las fluctuaciones del empleo y que sostiene la necesidad de mantener el equilibrio financiero que garantiza el sistema de pensiones. Pero en el contexto de los equilibrios internos de poder en el seno del gobierno, su peso específico va progresivamente disminuyendo, en relación con los llamados Ministerios Económicos, que son quienes imponen las pautas de regulación generales sobre las relaciones de trabajo, consideradas fundamentalmente en relación con su incidencia sobre el empleo.

La crisis financiera seguida de la de la deuda soberana devaluó la posición del Ministerio de Trabajo que hasta perdió su nombre y se convirtió en Ministerio de Empleo, explicitando así el significado económico de su función reguladora del trabajo, considerado exclusivamente en cuanto integrante del mercado de factores de producción que arroja como resultante un nivel de empleo determinado. En paralelo, la sostenibilidad de las pensiones dio lugar a la visión negativa de la suficiencia de las mismas, garantizada constitucionalmente, como un elemento contraproducente para la recuperación económica, que exigiría reducir severamente el crecimiento del gasto público.

A partir de la moción de censura que expulsó al gobierno Rajoy, el Ministerio de Trabajo – que recuperó su nombre - se vio envuelto en el debate decisivo sobre la reversibilidad de la reforma laboral de la crisis, en un tira y afloja que no llevó a cuajar en una resolución definitiva que no gustaba al ala económica, y que resultó víctima de la propia provisionalidad política del gobierno socialista de aquel momento, sometido además  un presión insoportable ante la judicialización de la cuestión catalana.

Con el gobierno de coalición progresista, el Ministerio de Trabajo se separó de la Seguridad Social fruto de un compromiso político entre las dos fuerzas que componían la coalición, y la nominación de Yolanda Díaz vino a inaugurar una nueva etapa en el gobierno del organismo que debía poner en práctica los aspectos laborales del Gobierno de Progreso. En el centro de este programa se encuentra desde luego la reversibilidad de la reforma laboral adelantando la actuación sobre algunos puntos especialmente sensibles y el compromiso de un nuevo Estatuto de las personas trabajadoras para el siglo XXI, todo ello optando por un principio de diálogo social como método de gobierno. Sobre los primeros pasos de esta acción de gobierno – alguno de los cuales muy conocidos, como el acuerdo sobre salario mínimo o la derogación de la causa de despido objetivo por absentismo – ha irrumpido la crisis del Covid-19 y la urgencia de ir arbitrando medidas que conforman el “escudo social” durante esta crisis.

La atención prioritaria al Covid-19 ha impedido que el Ministerio celebre como debía este centenario de su nacimiento. Es evidente que se pospondrán los actos clásicos que acompañan a tales efemérides, pero la importancia del hecho a festejar aconseja que en cualquier caso, una vez finalizado, tras el verano, este (¿primer?) período de excepción, se debería recuperar como una forma de afirmación de la relevancia del momento político y de la forma de gobernanza con la que se ha conducido esta grave crisis. Y naturalmente para recuperar el horizonte de bienestar, trabajo decente y progreso humano que era una exigencia colectiva en aquel lejano 8 de mayo de 1920, que sigue reclamando su espacio en la acción de gobierno que orienta la actuación del equipo del actual Ministerio de Trabajo. En donde además se integran tantas personas con las que nos liga un estrecha relación de amistad y de compañerismo, que deben tomar este centenario como un homenaje a su  propia dedicación y entrega