RESIDENCIAS DE MAYORES Y ASISTENCIA SANITARIA EN MADRID. UNA REFLEXIÓN DE JOAQUIN APARICIO.

Hemos sabido por la prensa que las personas mayores con seguro privado enfermos de covid-19 sí fueron llevados de residencias a hospitales en Madrid. Es decir, que mientras la Comunidad de Madrid daba instrucciones claras para que ancianos en residencias y en domicilios fueran rechazados en la red pública de hospitales, dio vía libre a aquellos que se podían pagar una cobertura privada. Joaquín Aparicio ha escrito esta lúcida y crítica reflexión sobre el significado de este hecho y la valoración moral y política que le corresponde al gobierno autonómico que lo ha consentido.

SOBRE EL ESCÁNDALO, INDECENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Joaquín Aparicio Tovar

Cada día amanece con un motivo para la tristeza suministrado por la Comunidad de Madrid. Sobre el escándalo de los protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad que impedían enviar a los hospitales a personas ancianas, tanto si estaban internadas en residencias para la tercera edad como si permanecían en sus domicilios (lo que se ha traducido en una mortandad muy elevada), se ha sabido ahora que esta decisión solo se aplicaba a quienes no habían suscrito una póliza de seguro privado de asistencia sanitaria. Quienes si tenían tal póliza pudieron ser desviados a los hospitales de las respectivas compañías, tal y como ha sido difundido por informaciones solventes. Al actuar así, la política privatizadora de la sanidad en esta Comunidad ha llegado a un nivel de indecencia impropio de una sociedad democrática.

Junto con terribles dramas como las dos guerras mundiales que trajeron enormes devastaciones y pérdidas de vidas humanas, el siglo XX nos dejó la buena herencia de las realizaciones del Estado Social y Democrático de Derecho en muchos países de este rincón del mundo llamado Europa, y una de las más importantes fue la de crear sistemas de salud públicos, universales y de calidad para toda la población. Un avance de civilización porque después de la segunda guerra mundial ya la mayoría de la gente, en aquellos países que habían derrotado al nazi-fascismo, consideraba inaceptable desde todo punto de vista que la desigualdad llegase al cuidado de la salud. Nye Bevan, el ministro laborista que puso en marcha el National Health Service británico dijo que la sociedad será más saludable, más serena y espiritualmente más sana, si sus ciudadanos tienen en el fondo de su conciencia el convencimiento que no solo ellos, sino sus convecinos tienen acceso, cuando enferman, a las mejores técnicas médicas que se puedan proveer porque era inaceptable que hubiera una medicina para ricos y otra para pobres, como hasta 1946 había existido en aquel país.

Desde la promulgación de la Constitución en España se dio un gran paso adelante en la garantía de la protección de la salud por medio de un sistema público de calidad, mientras que subsistía un privado un tanto escuálido, cuyo mejor destino habría sido el de desaparecer para alcanzar mayores cotas de decencia social. Pero no ha sido esa la evolución desde finales del siglo, en especial en Comunidades Autónomas como Madrid y Cataluña, en donde la voracidad del ánimo de lucro ha llevado al estímulo de la privatización y al lento pero progresivo deterioro de la sanidad pública. En nombre de la libertad, la libertad del dinero, han ido ganando terreno compañías mercantiles para las que la salud es objeto de tráfico mercantil, pero la salud está unida a la vida por tanto están comerciando con la vida de las personas. Cada aumento del espacio de las compañías privadas es un fracaso social. Las formulas jurídicas para aumentar ese espacio han sido varias, pero llevan a un mismo resultado: para que prosperen los seguros privados es necesario deteriorar la asistencia pública, de otro modo, al igual que ocurre con los fondos de pensiones, quedarían como algo residual.

Esta pandemia ha sacado a la luz las graves carencias que la sanidad pública española tiene producto de los recortes y las ansias privatizadoras de los años pasados, y se ha visto con claridad que, además de las medidas de profilaxis, entre ellas el confinamiento, solamente con un sistema sanitario público potente, universal y de calidad nos podemos salvar todos, incluidos los que tienen más dinero. Pero las autoridades de la Comunidad de Madrid se han visto atrapadas en las redes de su ceguera ideológica. Con el estimulo de los seguros privados la ciudadanía más pudiente que puede suscribir esos contratos quiere desligarse de la suerte de los demás, quiere un trato distinto y así avanzan en el camino de la desigualdad que se ha revelado con todo dramatismo cuando a unas personas ancianas se les ha derivado a hospitales para ser atendidas (mejor o peor es otra cuestión), mientras que otras eran abandonadas en sus domicilios o en residencias de mayores, todo por no tener un seguro privado. El dinero ha sido el criterio de selección. Algo repugnante que indica las cotas de indecencia social a las que llevan las políticas privatizadoras por las que tendrán que responder las autoridades madrileñas que con sus políticas están llevando a una sociedad espiritualmente enferma.