GARCIA JULIA, EL ASESINO DE ATOCHA, EN LIBERTAD TRAS 287 DIAS EN LA CARCEL.

 

(García Juliá, embarca en el aeropuerto internacional de Guarulhos (Brasil) cuando fue extraditado. (EFE)

No lo verán destacado en los periódicos, ni abrirá telediarios. Ningún medio de comunicación privado o público llevará a su portada esta noticia. La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha decidido hace escasos días que ¨se aprueba el licenciamiento definitivo del penado Carlos García Julia propuesto por el centro penitenciario para el próximo día 19/11/2020”. 287 días de prisión tras su captura tras quebrantar su condena han bastado para que se entienda que ha cumplido la pena por su participación en el asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977.

Carlos García Juliá tenía 24 años cuando participó en el asesinato de los cinco abogados de CCOO y de PCE en 1977. Los abogados laboralistas asesinados fueron Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. De todos ellos solo sobrevive hoy Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, actualmente Presidente de la Fundación Abogados de Atocha.

Junto a su compañero pistolero José Fernández Cerra, ambos fueron condenados por la Audiencia Nacional de España a 193 años de prisión como autores materiales de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. En 1994, tras haber cumplido 14 de los 193 años de la condena, escapó después de conseguir la prisión condicional y un permiso para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo, que sin embargo se le revocó días después por la Fiscalía. España solicitó su regreso inmediato para terminar de cumplir la pena pero García Juliá desapareció y ya no volvió. Dos años después, en mayo de 1996, fue detenido en Bolivia acusado de tráfico de drogas y de financiación de grupos paramilitares y volvió a la cárcel, esta vez a la prisión de alta seguridad de Palmasola, en La Paz. En 2001 España pidió su extradición, a petición de Izquierda Unida, pero se escapó durante otro permiso a Bolivia. En diciembre de 2018, con 65 años y tras 24 años huido, fue detenido en una residencia en Barra Funda, un barrio de la zona oeste de la Sao Paulo (Brasil). Durante todo este tiempo, estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.

Una vez de nuevo en prisión, la Justicia (?) recalculó la pena y en vez de los diez años que se estimaron le quedaban por cumplir hasta los 30 años máximo de pena, se le impusieron 287 días. Su abogado, Ignacio González-Valenzuela, hizo valer “los beneficios penitenciarios y la condena que ya estaba remitida con anterioridad a la extradición. Se le ha computado los cinco años que permaneció en libertad condicional, entre 1991 y 1996. En segundo lugar, se le ha abonado a la condena la redención ordinaria, que es por trabajos, como redención extraordinaria, por buen comportamiento y por estudios. Y lógicamente, se le ha computado los 429 días que estuvo en prisión preventiva en Brasil". La Audiencia Nacional se quitó de en medio de este asunto y lo remitió a Ciudad Real porque en el año 1981 se había producido una refundición de condena entre la impuesta por los asesinatos de Atocha, y la impuesta por quebrantamiento de condena en Ciudad Real,  de forma que a petición de la defensa, se admitió la conexión de estos hechos pese a la oposición  a la misma por tres veces del Ministerio Fiscal, pero este no llevó adelante el recurso de casación que procedía y ese auto quedo firme. Como diría la defensa, "No solo le hemos arrancado a la Audiencia Nacional la competencia para resolver la liquidación de la condena, sino que hemos ganado el recurso y la Audiencia Provincial ha establecido que le quedan 287 días".  En ningún caso tuvo conocimiento de este asunto la representación legal de las víctimas, que ostenta la abogada Cristina Almeida.

Cuando supieron de este asunto, la representación legal de la Fundación Abogados de Atocha inició un rosario de impugnaciones - todas desestimadas por la Audiencia Provincial -  sobre la base de que se le habían aplicado incorrectamente a Garcia Juliá todos los beneficios de redención de condena que en absoluto le correspondían al haber sido condenado en firme por quebrantamiento de condena, llegando incluso a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional ante la absoluta desprotección de las víctimas en todo este proceso. En él se pedía una medida cautelar para que se impidiera la salida de la cárcel, y de no ser posible se le comunicara la prohibición de salir del país, se le retuviera el pasaporte si lo tuviera o se dieran instrucciones al Ministerio del Interior para que no se le expidiera pasaporte alguno. 

De todo este proceso, la Audiencia Nacional se ha desentendido, aunque la representación de las víctimas ha presentado un escrito advirtiendo a este Tribunal de la situación creada que en definitiva es una modificación de la condena impuesta por aplicación de unos beneficios que no le corresponden y citándole dos importantes sentencias del TS y del TC que se aplican a estos hechos.

Sin embargo, todo hace suponer que se liberará a Garcia Juliá, para el que la fuga de España y el asesinato de los abogados de Atocha le ha reportado un beneficio penitenciario que jamás se habría acordado si el crimen hubiese sido calificado como acto terrorista. La significación política de la matanza de Atocha ha sido ignorada tanto por la Audiencia Nacional como por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en una serie de decisiones que han favorecido directamente la modificación a la baja de la condena de una persona que en ningún momento ha mostrado arrepentimiento por su crimen y que a través de su peripecia vital escapando de la cárcel, sigue plenamente instalado en la delincuencia y en el contacto con grupos de extrema derecha.

Cuando el 19 de noviembre Carlos Garcia Juliá sea liberado de la prisión, se cumplirá una nueva ofensa sobre la memoria de los luchadores por la libertad, despreciados por una serie de decisiones judiciales que ignoran la trascendencia del crimen de Atocha y favorecen la impunidad de sus asesinos. El cumplimiento íntegro de las sentencias en casos como el de la matanza de Atocha, que significó el intento despiadado de la ultraderecha franquista por impedir el tránsito a un sistema democrático y la perpetuación de la dictadura es completamente necesario, no solo por lo que significa cumplir el ciclo de la justicia sino porque, como señaló Manuela Carmena cuando fue arrestado y extraditado García Juliá en el 2018, hay que pensar en el dolor de las víctimas, un dolor "absolutamente insuperable que hizo que aquellos compañeros de despacho, todos jóvenes entonces, no hayan podido vivir, gracias a la acción criminal de García Juliá y de otras personas como él”. No lo olvidemos, y expliquemos a la opinión pública lo que esta liberación significa de ultraje a la memoria democrática y de olvido del sufrimiento personal y colectivo de quienes se significaron en la lucha por conseguir las libertades democráticas.