EL DEBATE SOBRE EL SALARIO MINIMO PARA 2021 DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA

 

(En la foto, el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en el laberinto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, antes de la reunión de ayer sobre el SMI)

“El papel del salario mínimo es aún más importante durante las recesiones económicas. La crisis de la COVID-19 ha afectado especialmente a sectores con una mayor proporción de trabajadores con salarios bajos, como el comercio minorista y el turismo, y ha tenido un mayor impacto en los grupos de población desfavorecidos. Es esencial garantizar que los trabajadores de la Unión tengan acceso a oportunidades laborales y a salarios mínimos adecuados para respaldar una recuperación económica sostenible e integradora”.

No son los sindicatos quienes han pronunciado esta frase sino la propia Comisión Europea, en la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea de 28 de octubre de 2010 (COM(2020) 682 final) y con ello se resume el punto de vista con el que se debería abordar esta cuestión también en nuestro país. Añade esta propuesta: “Si los salarios mínimos se fijan en cuantías adecuadas, su protección garantiza una vida digna a los trabajadores, contribuye a sostener la demanda interna, refuerza los incentivos al trabajo y reduce tanto la pobreza de los ocupados como la desigualdad en el tramo inferior de la distribución salarial. La protección del salario mínimo también contribuye a la igualdad de género, ya que más mujeres que hombres perciben sueldos que se encuentran en torno al salario mínimo”. Argumentos poderosos que refuerzan la necesidad de utilizar en modo virtuoso esta institución con efectos económicos y sociales positivos.

Por un lado – sigue diciendo la Unión Europea – los salarios mínimos legales  de los diferentes ordenamientos nacionales no pueden ser “demasiado bajos” para proporcionar una vida digna o en comparación con otros salarios, “por mucho que hayan aumentado en los últimos años”, lo que se cifra en el objetivo, marcado por el Consejo de Europa, la Carta Social Europea y el CEDS, del 60 % de la mediana del salario bruto o al 50 % del salario medio bruto, al que no llegan la mayoría de los Estados miembros. Además, el salario mínimo debe ponerse en relación con la tasa de cobertura de la negociación colectiva y con la evolución de ésta, puesto que hay una correlación entre los salarios de convenio y los porcentajes de la población asalariada con baja remuneración, puesto que la negociación colectiva también tiene un fuerte efecto sobre la adecuación del salario mínimo. “Al afectar a la evolución general de los salarios, la negociación colectiva garantiza que estos sean superiores al nivel mínimo establecido por ley y también induce mejoras en este nivel mínimo, además de impulsar el aumento de la productividad”. La correlación existente entre el compromiso del IV AENC de obtener a finales del 2020 un salario mínimo  de convenio de 14.000 euros anuales está relacionado con el ascenso progresivo del SMI primero a 900 y luego a 950 € en enero de este año.

Este enfoque se corresponde asimismo con la declaración de derechos fundamentales de la Unión, el art. 31.1 CDFUE sobre unas condiciones de trabajo justas y equitativas, que estipula que «todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad», y el art. 23 de dicho texto, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que esta medida contribuye a reducir la brecha salarial por razón de género.

Esta es la posición de la Comisión Europea, y por consiguiente no cabe en este aspecto, como se viene alegando en otras situaciones, entender que una medida social en España puede colisionar con la política económica europea, o que condiciona la entrega de los Fondos europeos de ayuda ante la crisis del Covid. De hecho, son muchos los países de la Unión Europea que suben el salario mínimo en plena pandemia. Según los datos del diario Expansión, en Alemania, un 11,8% acumulado para 2022, en Luxemburgo, pese a la oposición de la patronal, el salario mínimo alcanzará a partir del 1 de enero de 2021 los 2.201 euros brutos y será de unos 2.642 euros para los empleados cualificados. En Holanda, el salario mínimo bruto legal para empleados de 21 años o más será de 1.684,80 euros al mes desde enero, mientras que en Portugal, el Gobierno y los agentes sociales se encuentran negociando una subida del 4,7% de su salario mínimo, por la que su SMI pasaría de los 635 euros mensuales actuales a los 665 euros. Por otro lado, en Francia se prevé un aumento cercano al 1%, y en Reino Unido, el Gobierno ha aprobado un aumento del 2% salario mínimo nacional en abril de 2021 y para los jóvenes de entre 21 y 22 años, un 1,7% para los jóvenes de entre 18 y 20 años y un 1,5% para los menores de 18 años. Desde el 1 de enero de 2021, el SMI subirá un 1% en Irlanda, un 6,6% en Bulgaria, se incrementará un 4,61% el salario mínimo neto promedio en Croacia y un 4,1% en República Checa. Eslovaquia ha propuesto un aumento del 7,4%, hasta los 623 euros, y en Letonia se plantea una subida del 16,3%, hasta los 500 euros. Igualmente, en Lituania, la subida será del 5,8%, hasta los 642 euros; en Polonia, del 7,7%, hasta los 630 euros desde los 585 euros actuales, y en Malta, se ha aprobado una subida del 1% en el SMI de mayores de 18 años. (SMI 201 en Europa)

En esa misma línea se han situado no sólo los sindicatos CCOO y UGT, con argumentos importantes derivados de datos incuestionables, señalados por el responsable del Gabinete Económico de CCOO, Carlos Martín Urriza, como que los precios de los alimentos están disparados, han crecido un 2,6% de media durante  la pandemia, agravando la situación de los más vulnerables, los hogares pobres han aumentado en 34.000, a pesar de que ya se partía de niveles que superaban en 174.000 hogares a los que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria; y que el ingreso mínimo vital sólo ha llegado a 136.000 hogares de los 850.000 estimados debido a trabas burocráticas, las mismas que el gobierno quiere eliminar para empresas.  Además el incremento de los salarios de los convenios y de las pensiones  hacen que sea dificilmente sostenible no aumentar la cantidad  de aquellos que menos tienen. Pero también el responsable de Empleo en la ejecutiva confederal del PSOE y senador por el partido socialista, Toni Ferrer, entendía que el aumento del suelo legal de los salarios es fundamental para “la recuperación económica del país” porque es necesario impulsar la demanda y para ello es fundamental que suban los salarios. (El senador Toni Ferrer defiende la subida del SMI )

Sin embargo, entre nosotros la fijación del salario mínimo para el 2021 ha sido objeto de debate, según lo que dicen las noticias, en el seno del Gobierno, donde había opiniones encontradas al respecto, partidarias de congelar el SMI (Sanchez-se-inclina-por-congelar-el-smi-como-defiende-Calviño). Un debate que no se trasladaba a la esfera de la política, más preocupada por otros temas institucionales que por la determinación de las políticas laborales y sociales, lo que por otra parte parece constituir ya un hábito de los actores y partidos que la pueblan, junto con el estilo bronco y descalificatorio del que vienen haciendo gala los grupos de la derecha como forma de expresar no tanto sus propuestas como de afirmar su descalificación ante la acción del Gobierno.

Frente a esta desconexión de las derechas políticas con la problemática laboral y social, contrasta la inteligente posición de la CEOE y de su presidente, Garamendi, que está manteniendo una estrategia inteligente y exitosa en este ámbito. Aceptando la realidad del cambio de mayorías políticas que ahora conforman el gobierno de coalición, se ha incorporado al proceso de producción de normas a través del diálogo social, interviniendo en la determinación de los mecanismos de amortiguación social de los ERTEs, en la conformación de la norma del trabajo a distancia, y sólo de forma esporádica no prestó su firma a los decretos que desarrollaban los principios de igualdad retributiva y de fortalecimiento de los planes de igualdad porque éstos incorporaban una reforma del mecanismo de consulta y negociación en los centros de trabajo donde no existiera representación legal de los trabajadores que podía prefigurar una reforma general del mismo en el Estatuto de los Trabajadores que no quería avalar anticipadamente. Aunque se muestra dividida en el tema de la regulación del trabajo en plataformas digitales, donde una parte de su organización no ve con malos ojos la regulación laboral de estos trabajadores, donde centra actualmente su posición de oposición es en la reforma de la negociación colectiva y de la subcontratación que los sindicatos han exigido con urgencia y, últimamente, en su oposición al incremento del salario mínimo.

La CEOE es consciente de que el proceso de reformas es inevitable, pero su estrategia es la de alterar el ritmo y el orden del mismo y, en la medida de lo posible, mantener el grueso de las posiciones de poder que consolidó la reforma del 2012 en la gestión de la organización del trabajo y en la negociación colectiva. Para ello la alegación de la crisis profunda en la que está sumida la economía española tras la crisis sanitaria del Covid 19 sirve para justificar que no es el momento de emprender los cambios prometidos en el programa del gobierno progresista que los sindicatos reivindican, ni incrementar el salario mínimo en tiempos de crisis. La asociación empresarial juega para ello en dos mesas de negociación simultáneas. En una, la que visibiliza el diálogo social, con los sindicatos y los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, en otra, oculta a la opinión pública, en una relación directa con el área económica del gobierno, de la que arranca concesiones importantes a un discurso mucho más exigente que culmina con la reivindicación de un derecho de veto que imposibilite cualquier reforma sin su consentimiento. Es una estrategia inteligente, porque hace entrar en el campo a esta área de gobierno, en especial a la Ministra de Economía que asume este papel a través de declaraciones un tanto imprudentes, y traslada por consiguiente al espacio del gobierno la defensa de sus posiciones que luego reduplica en el ámbito del diálogo social ya directamente como CEOE.

Frente a ello, los sindicatos no pueden acceder a este doble nivel de interlocución, y desarrollan sus propuestas en el marco del diálogo social tripartito. Para el Ministerio de Trabajo, por su parte, el retraso lleva a que mantenga abiertos una serie de temas que, si no son capaces de cerrar mediante acuerdo, se amontonaran sin salida, ante la inminente renegociación a finales de enero de los ERTES prometida en el RDL 30/2020.

Por eso en la reunión de ayer con los actores sociales, el secretario de estado Joaquin Pérez Rey  anunció que en ningún caso va a congelar el SMI en 2021. Los porcentajes entre los que se puede mover la subida van desde el 0,9% de incremento de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos (en donde también hubo un gran debate, en el que se llegó a calificar de “injustificable” el aumento de sus retribuciones Una medida injustificalbe aumentar las retribuciones de los empleados públicos) al incremento medio de los convenios colectivos, en torno al 1,85% o, al 5% que solicita la UGT. En cualquier supuesto, se trata de incrementos moderados, en línea con lo que ha defendido la ministra de Hacienda y portavoz del ejecutivo, Maria Jesus Montero, lo que sin embargo se ha presentado por los medios de opinión como un pulso entre los ministerios de Trabajo y Economía, lo que a fin de cuentas demuestra la torpeza de este último al presentarse de manera imprudente como radical defensor de la congelación salarial, asumiendo como propias las indicaciones del asociaciónismo empresarial y volviendo la espalda a las indicaciones que provienen de la Unión Europea sobre el particular. Algo que se debería corregir en las siguientes rondas de negociaciones pendientes.