SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS PIQUETES Y LA DEROGACIÓN DEL ART. 315.3 DEL CÓDIGO PENAL

 

Durante cuarenta años el franquismo mantuvo una hostilidad permanente frente al conflicto social y especialmente laboral. Era la expresión de su ADN político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el Dictador, y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y la emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la persecución contra el conflicto laboral y social, la huelga se reconoció como un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está conectado directamente con el compromiso del Estado Social y de los sujetos de relevancia constitucional como los sindicatos para promover la igualdad efectiva eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y cultural.

Así comenzaba un manifiesto de los profesionales del derecho contra la criminalización del derecho de huelga que se leyó en un acto público mulitutidinario, convocado por CCOO y UGT, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, el 19 de enero de 2016, hace casi cinco años. El acto entraba dentro de la campaña de movilización que ambos sindicatos estaban sosteniendo frente al juicio que se iba a celebrar el 9 de febrero contra los 8 de Airbus, miembros del Comité de empresa y para los que el fiscal solicitaba penas de cárcel por participar en un piquete a la puerta de la empresa, con ocasión de la huelga general contra la primera reforma laboral derivada de las políticas de austeridad del 2010. Como señalaba el Manifiesto, el ciclo de luchas desarrollado en España frente a estas políticas, especialmente entre 2010 y 2014, expresaba una fuerte resistencia ciudadana a tales medidas y era posiblemente la fase de mayor entidad y consistencia de movilizaciones sociales, por la cantidad y diversidad de figuras sociales comprometidas, desde la transición a la democracia, hace ya 40 años.

En esas luchas cobraron una relevancia extraordinaria las huelgas generales convocadas por los sindicatos en 2010 y 2012, que unieron protesta y propuesta alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema de derechos laborales, y frente a las cuales se desarrolló una estrategia de criminalización selectiva de los participantes. El Ministerio Fiscal instruyó causas criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase obrera que llegaron a procesar a  300 personas, entre dirigentes sindicales, miembros de los órganos de representación de los trabajadores y, en general, militantes sindicales, con condenas que podían oscilar entre dos y ocho años de cárcel, como las que se pedían para los 8 de Airbus, porque era el sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo principal de esta represión. El amedrentamiento y la represión inducida por el procesamiento penal, con la retirada de pasaporte y sometimiento al control policial, eran técnicas de disciplinamiento muy eficaces que además trasladaban al resto de los trabajadores la imagen muy neta del coste de participar en los piquetes de huelga y resistir a la ocupación por la policía del espacio de acción colectiva que se plasma en la extensión y la exigencia de solidaridad personal de la huelga.

La movilización dio sus frutos, y la propia OIT, en respuesta a la queja presentada por UGT y CCOO en julio de 2014, en donde se documentaban hasta 81 casos – muchos de ellos todavía entonces pendientes – en los que la petición fiscal superaba los tres años de prisión, expresó su preocupación por el uso del tipo penal como retorsión frente al ejercicio del derecho de huelga. Además, la absolución de los 8 de Airbus por la sentencia del Juzgado de Getafe de 16 de febrero de 2016 – tras un juicio en el que se comprobó el “método” policial de supuesta identificación de los autores y la clara intención de imputar a los dirigentes de la huelga, cuya descripción se puede comprobar en el comentario que Juan Terradillos efectuó en este mismo blog La Sentencia Airbus y la reflexión sobre los piquetes de huelga – inició un cambio de tendencia a través de decisiones judiciales que absolvían – casi cinco años después de haberse cometido los hechos por los que resultaban incriminados – a muchos de los imputados.

Es a partir de ese momento cuando se inician las propuestas de modificación de la legislación penal, pidiendo la derogación del art. 315.3 CP y el delito de coacciones laborales allí recogido, un precepto que proviene de 1976. Sin embargo, las peculiares circunstancias que llevaron a los fracasos de gobierno socialista, la defenestración de Sánchez y la posterior gobernanza en minoría del PP a través de Rajoy, seguido de las turbulencias electorales tras la moción de censura – es decir, la reformulación del marco electoral español entre las elecciones del 2015 y las de noviembre de 2019, con la formación del gobierno de coalición – han retrasado hasta este momento el impulso hacia la derogación de este precepto que sólo ha podido llevarse a cabo de manera precisa a partir de octubre de este mismo año.

En efecto, el 27 de octubre de 2020 una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista inició su tramitación en el Congreso, siendo aprobada en el pleno. Esta proposición no obstante sufrió sendas enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, una manteniendo el texto legal vigente y la otra endureciendo las penas. Estas enmiendas fueron discutidas y derrotadas por una amplia mayoría – 195 votos en contra -, en el Pleno de 17 de diciembre de 2020, por lo que el texto normativo sigue su tramitación ordinaria ante la Comisión de Justicia del Congreso. La derogación lleva consigo la anulación de las sentencias emitidas con base a dicho precepto.

UGT y CCOO en un comunicado conjunto, se han felicitado por esta votación en el Parlamento, que inicia el procedimiento para eliminar “una normativa antidemocrática, desproporcionada e injusta que criminaliza a las personas que ejercen un derecho fundamental recogido por la Constitución Española”. Esta es la idea que sostiene también la doctrina penal más autorizada, que defiende la inconstitucionalidad de este precepto (Últimamente, Rosario de Vicente, Derecho Penal del Trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 448-450, con citas doctrinales en esa misma dirección).

Por el contrario, la prensa empotrada en la defensa de los grupos de derecha y extrema derecha han equiparado la eliminación de este artículo con la exaltación de la violencia a través de la acción de los piquetes, ignorando que son un instrumento de extensión e información de la huelga que para el Tribunal Constitucional forman parte del contenido esencial del derecho de huelga e insisten en insertarlos en la iconografía orientada de los medios que los identifica con actos de violencia callejera. No hay más que leer este tipo de prensa: Expansión (17.12.2020): “Sánchez y sus socios eximen de la cárcel a los piquetes violentos”, afirmación que se ilustra por el hecho de que ”liquida el derecho a no hacer huelga al promover la supresión en el Código Penal de las penas de hasta tres años de prisión para las acciones violentas de piquetes en las huelgas”, una idea reiterada casi textualmente en El Mundo  (17.12.2020) por el periodista César Urritia.

Con esta iniciativa legislativa se acoge una sentida reivindicación sindical – la huelga no es delito – y se elimina por consiguiente la criminalización específica de los piquetes de huelga que fue utilizada como retorsión antisindical en las huelgas generales contra las políticas de austeridad. Pero hay que  tener en cuenta que lo esencial en el mecanismo de imputación penal que llevaron a cabo los Fiscales con el auxilio de la declaración policial era justamente una práctica “según la cual el protagonismo sindical de algunos trabajadores, ya sea como dirigentes sindicales, ya como integrantes significados de los piquetes de extensión de la huelga, ya como eventuales responsables  de otros delitos como pueden ser los de atentado, se venía tomando como indicio suficiente de criminalidad en la que fundamentar la aplicación del art. 315.3 CP”, tal como recordaba Juan Terradillos en la entrada antes citada. Esta es una apreciación que se debe tener en cuenta ante la posibilidad, que ha señalado el diputado Legarda del PNV, que este tipo de conductas se remitieran, tras la derogación del art. 315.3, al tipo general de coacciones del art. 172 CP, de forma que se debe asegurar que el tipo penal requiera la precisa identificación del autor y de la víctima de las coacciones, desvinculándose de un contexto de la huelga que se consideraría idóneo para producir este tipo de conductas delictivas.

Las personas que resultaron encausadas y sometidas a procesos penales por la defensa de los derechos laborales en el marco de una huelga general, que sufrieron la represión policial y penal por haber luchado por mantener un derecho fundamental, ven ahora el comienzo de una reparación simbólica por parte de la sociedad. Todas ellas hoy deben estar orgullosas de su sacrificio y su compromiso, que han hecho posible que ese mismo tipo penal que sufrieron no se les vaya a aplicar más a las compañeras y compañeros que a partir de ahora formen parte de los piquetes de extensión e información de la huelga. Y permítanme los lectores del blog que mencione especialmente a un hombre íntegro que mantuvo la fuerza y la responsabilidad de la resistencia a la represión, José Alcázar, hoy jubilado, en ese pulso al poder que mantuvo al frente de los 8 de Airbus. Un gran compañero, un gran luchador, que puso rostro a la dignidad de la clase que lucha por sus derechos.