Mientras
en España parecen avanzar las negociaciones en la mesa del diálogo social sobre
una norma legal que establezca de manera definitiva el estatus jurídico de las
personas que prestan servicio a través de las plataformas digitales, ( cuyo
estado actual puede seguirse a partir de la entrada del blog de Eduardo Rojo
(http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/01/sexta-parte-camino-del-fin-siguen-los.html)
, en Europa sigue el debate sobre
el contenido que debe asumir esta regulación. Se trata de un debate en el que
se está condensando un discurso crítico sobre el intento de desconectar el concepto
de trabajador asalariado y sus garantías legislativas y colectivas en el trabajo, de las nuevos modelos de negocio,
presionando fuertemente para la conformación en su caso de un “tercer género”
de trabajadores entre las categorías por cuenta ajena y por cuenta propia, que
se incorpore al conjunto e formas híbridas de regulación del trabajo que
reducen significativamente el contenido de los derechos individuales y
colectivos a los que pueden acceder estas personas.
Francisco
Trillo, profesor Titular en la UCLM, participó
en un interesante debate / webinario que organizó el Grupo La Izquierda del
Parlamento europeo, coordinado por la diputada Leïla Chaïbi, autora de
un proyecto de Directiva sobre los trabajadores de plataformas digitales, el pasado
26 de enero, y ha hecho una crónica-resumen de lo allí discutido que sin duda
merece atención por lo relevante del debate y de las aportaciones allí
efectuadas.
¿QUÉ SOLUCIONES
LEGISLATIVAS NACIONALES Y EUROPEAS PARA LOS TRABAJADORES DE PLATAFORMAS?
Francisco Trillo,
UCLM
Las grandes corporaciones
empresariales continúan avanzando con paso firme en la capacidad de influir en
el espacio político global para conformar un mapa geopolítico jerarquizado en
función de sus propios intereses. La pugna abierta entre la Unión Europea y la
farmacéutica británica AstraZeneca permite asomarnos a esta idea. La decisión
de las empresas farmacéuticas sobre los países a los que hacer llegar en primer
lugar las vacunas contra la COVID-19 colocarán a estos países en una posición
muy ventajosa para la recuperación económica. Y viceversa, muchos países,
pobres y no tan pobres pueden verse perjudicados por las estrategias empresariales
(https://www.lavanguardia.com/politica/20210129/6206999/anarquia-viene.html).
No menos importante resulta el
poder de los lobbies económicos a la hora de condicionar la letra de la ley.
Conglomerados de alianzas estratégicas que se conforman, sin duda, por la
participación de actores provenientes del ámbito económico-empresarial, pero
también del espacio jurídico-laboral a través fundamentalmente de despachos de
abogados que asesoran al empresariado casi de forma militante. Este es el caso
del devenir de la regulación de los trabajadores que prestan sus servicios en
el seno de plataformas digitales en buena parte de las economías capitalistas,
también por supuesto en la Unión Europea. La disputa de la regulación de los
trabajadores en plataformas digitales es la del proyecto político que estos
lobbies económicos quieren imponer a la regulación de las relaciones laborales
con carácter global. El proceso de plataformización de (cualquier)
actividad económica está esperando su expansión colonizadora a que las
soluciones legislativas nacionales y supranacionales que se vayan adoptando en
las distintas partes del mundo resulten acordes a sus intereses. Incluso, allá
donde se adoptan regulaciones desfavorables, la actividad política de estos
lobbies consigue poner en cuestión avances señalados en la protección social de
estas personas trabajadoras (https://www.dissentmagazine.org/blog/a-blow-for-labor-rights-in-california,
cuya traducción en castellano se puede leer en https://nuso.org/articulo/un-golpe-los-derechos-de-los-trabajadores-en-california-chen/).
En el ámbito de la Unión Europea,
ha de recordarse el impulso político que a partir del año 2016 dio la Comisión
Europea a la entonces denominada economía colaborativa, como estrategia
de relegitimación económica y política de un proyecto europeo bajo mínimos como
consecuencia de los devastadores efectos que produjeron -y continúan
produciendo- las políticas de austeridad. La esperanza de la recuperación
económica cifrada en estos nuevos modelos de negocio cuya organización
productiva se realiza a través de las infinitas posibilidades que otorgan las
tecnologías digitales, morales e inmorales, escondía como contrapartida, hoy no
se discute lo contrario, estrategias empresariales basadas en la competencia
desleal y en el ninguneo de los derechos laborales. Desde la fecha
anteriormente citada, se han sucedido una serie de sucesos tan negativos para
las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras en plataformas digitales
que han dado lugar, a través de la acción colectiva sindical y de la
intervención inspectora de las normas laborales, a una serie de
pronunciamientos judiciales que han terminado por desenmascarar la verdadera
naturaleza de los nuevos modelos de negocio. De este modo, el debate más
actual en la Unión Europea resulta halagüeño, aunque con mucha prudencia, y sin
dudas girará en torno a la propuesta de Directiva comunitaria impulsada por
Leïla Chaibit, europarlamentaria del grupo GUE-NGL, La izquierda en el
Parlamento Europeo (el texto de la proposición se puede consultar aquí: https://leilachaibi.fr/wp-content/uploads/2021/01/GNU_GNL-DirectivaTrabajadoresPlateformas_ES_070121.pdf).
El trabajo político de la europarlamentaria está sirviendo, además, de
catalizador para impulsar el debate en Francia, que discurre por la
calificación de la naturaleza jurídica de la relación de trabajo que tiene
lugar en el seno de las plataformas digitales que cuentan con implantación en
la actividad económica de este país. Todo ello, envuelto entre los velos que
permite interponer el instituto denominado portage salarial.
Con el objetivo de ofrecer soluciones
legislativas en el plano estatal y supranacional para regular la relación de
trabajo de las personas trabajadoras en plataformas digitales, tuvo lugar el
pasado 26 de enero la celebración de un interesante Webinario que precisamente
llevaba por título Trabajadores en Plataformas, ¿qué soluciones legislativas
nacionales y europeas? En éste participaron, además de Leïla Chaibi,
Jean-Yves Frouin (Coordinador del gobierno francés en materia de
trabajadores de plataformas), Sylvie Brunet (Rapporteur para la
iniciativa del informe sobre trabajadores de plataformas para el Parlamento
Europeo), Francisco Trillo (Profesor DTSS UCLM), Danièle Obono
(La France Insoumise), Barbara Gomes (Doctora en Derecho Privado), Arthur
Hay (Repartidor y sindicalista) y Maria de Paz Campos Lima (Doctora
en Sociología y experta en plataformas digitales).
La mayoría de las intervenciones
se refirieron a la situación del ordenamiento jurídico francés en la materia
que, como se recordaba, discurre por analizar el correcto uso y las
implicaciones del portage salarial. Un instituto jurídico también usado
en Portugal, como explicó con claridad la profesora Maria Paz Campos Lima,
que consiste en una forma de empleo en la que existe una relación tripartita
entre un trabajador autónomo, un cliente y una empresa de portage salarial que
contrata trabajadores asalariados para desarrollar la prestación del servicio.
Este parece ser el encuadre jurídico que está predominando en Francia y que
está despertando numerosas críticas por su uso creativo. Las diferentes
exposiciones de las y los relatores franceses mostraron la polarización del
debate sobre la calificación jurídica de la relación de trabajo en plataformas
digitales, oscilando entre el trabajo autónomo (Frouin y Brunet)
y el trabajo por cuenta ajena (Gomes y Obono), acompañadas del
relato escalofriante de un repartidor y sindicalista del sector sobre sus
condiciones de trabajo (Hay).
La intervención sobre las
experiencias portuguesa y española sirvieron de aderezo para el debate que se
localizó en la propuesta de regulación que se encuentra hoy en la Mesa de
Diálogo Social. La identificación de la empresa empleadora y la calificación
jurídica de las personas que prestan su trabajo en plataformas digitales, junto
al reconocimiento de derechos de información y consulta atrajeron el interés de
los países representados en el webinario, proyectándolo hacia la necesaria
regulación comunitaria, con base en la propuesta de Directiva, que tiene como
horizonte posible el año 2021.
La disputa de la regulación del
trabajo en plataformas resulta de mucha enjundia jurídica, pero sobre todo
política. Detrás de ella se atrincheran posiciones ideológicas sobre la
ordenación de la sociedad que entroncan directamente con las políticas
derivadas, hoy todavía vigentes, de la crisis de la austeridad. Superar
el modelo de la austeridad depende de una regulación que supere los intentos
desaforados de los lobbies económicos que se sitúan en derredor por la completa
desregulación de las relaciones laborales en plataformas y fuera de ellas.
Quizá ese sea el sentido último, con objetivos distintos, de las movilizaciones
de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales anunciadas para el
próximo día 11 de febrero.
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