TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y DERECHOS LABORALES: LA CONDICIONALIDAD SOCIAL DE LA PAC

 

Cuando la Inspección de Trabajo entre los meses de mayo y junio de 2020, con el inicio de las campañas agrícolas, emitió una circular para vigilar y denunciar los casos de explotación laboral de los trabajadores agrícolas, mencionando la posibilidad de encontrar supuestos de “esclavitud” o de trabajo forzoso, las patronales agrarias ASAJA y COAG alzaron su voz indignada contra la Ministra de Trabajo sobre la base de que este tipo de iniciativas de la Inspección de Trabajo revelaban un “sectarismo ideológico” inconcebible y un “desconocimiento palmario de la realidad” del trabajo agrario. En este mismo blog hablamos de esta reacción desaforada de los empresarios agrícolas, que tenían mucho que ocultar en este sentido (https://baylos.blogspot.com/2020/05/el-caporalato-trata-de-personas-y.html) Sabemos a partir de ahí de una enorme cantidad de supuestos de maltrato personal, hacinamiento y malas condiciones laborales, que han sido descubiertas y sancionadas por la Inspección de  Trabajo, y hemos conocido la denuncia sindical de las condiciones laborales de los trabajadores agrarios manifestada en la lucha por sus convenios colectivos frente a una patronal enrocada en la defensa de salarios de miseria y de disposición flexible sin control de los tiempos y de las condiciones laborales.

No es solo una particularidad española. El trabajo agrario es, en toda Europa, un espacio en el que los derechos laborales individuales y colectivos se limitan y restringen, y en donde la connivencia con el trabajo informal, en buena medida efectuado por la inmigración irregular,  permitida y fomentada por los empresarios agrícolas, está muy extendida. Frente a ello, la Federación Sindical Europea de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT), ha iniciado una campaña para movilizar la idea de un condicionamiento político-democrático a la Política Agraria Europea, que no consiste sino en conectar los estímulos económicos que encauza la Política Agraria Común con una suerte de cláusula social en atención a la cual se condicionen éstos a la constatación de que se cumplen los estándares regulados por los convenios colectivos, la legislación laboral y eventualmente, los estándares provenientes de los Convenios de la OIT.

La campaña de la Federación Sindical Europea se inicia con una carta abierta que se traslada a los miembros de la comunidad académica para que apoyen el manifiesto y los objetivos que éste pretende, y que se ha hecho público ayer, 17 de febrero.

Este es el texto del llamamiento:

Pedimos su apoyo para lograr una reforma más equitativa y socialmente justa de la Política Agrícola Común (PAC). La nueva PAC debería contribuir a elevar los estándares laborales y mejorar las condiciones de vida de más de 10 millones de trabajadores agrícolas, muchos de los cuales están sujetos a explotación, salarios bajos, trabajo precario y condiciones de trabajo y vivienda inhumanas.

 Ante esta realidad, es inaceptable que los derechos humanos y laborales no desempeñen ningún papel en la asignación de los pagos directos de la PAC. El Parlamento Europeo ha adoptado recientemente una posición clara (ver https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_ES.html  y https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0288_ES.html)   exigiendo la inclusión de la condicionalidad social en la futura PAC: los pagos de la PAC deben estar condicionados al respeto de las condiciones laborales aplicables resultantes de los convenios colectivos de trabajo, las leyes nacionales y de la UE y los Convenios de la OIT.

Sin embargo, en las negociaciones con las otras instituciones, algunos Estados miembros ahora afirman que la condicionalidad social aumentaría la carga administrativa para los beneficiarios.

Es hora de enviar un mensaje sólido y unido a los responsables políticos: ¡los derechos de los trabajadores no son trámites burocráticos! La condicionalidad social debe formar parte del acuerdo final entre las instituciones de la UE. Ésta es la única forma de garantizar que una parte importante del presupuesto de la UE deje de contribuir al dumping social y ayude a proteger los derechos laborales en uno de los sectores más precarios de la economía de la UE.

 Esperamos que acepte unirse a este llamado a la justicia social en el sector agrícola de la UE mediante la firma de la carta abierta adjunta dirigida a los ministros de agricultura nacionales, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

La carta está promovida por EFFAT (Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo) y contará con el apoyo de varias ONG y otras organizaciones de la sociedad civil tanto a nivel nacional como de la UE. Se invita a las personalidades, incluida la comunidad académica, a unirse a esta convocatoria.

CARTA ABIERTA

• A la atención de los Ministros de Agricultura de los Estados miembros

• A la atención del Comisario Wojciechowski - Agricultura

• A la atención del Comisionado Schmit - Empleo y derechos sociales

• A la atención del vicepresidente ejecutivo Timmermans - Green Deal

• A la atención de los miembros del equipo de negociación del Parlamento Europeo

LA NUEVA PAC NECESITA CONDICIONALIDAD SOCIAL

FINALIZAR LA EXPLOTACIÓN Y AUMENTAR LOS ESTÁNDARES LABORALES EN LA AGRICULTURA EUROPEA

Al menos diez millones de personas están empleadas en la agricultura europea, principalmente como trabajadores estacionales, jornaleros o en otras situaciones inseguras. A pesar de ser definido como esencial por las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales cuando golpeó el COVID-19, la experiencia vivida de muchos de estos trabajadores sigue siendo de lucha, privación y violaciones de los derechos humanos. Las condiciones de trabajo inhumanas, los salarios bajos, las largas jornadas de trabajo, una alta proporción de trabajo no declarado y una vivienda deficiente son solo algunas de las dificultades diarias que enfrentan los trabajadores agrícolas en Europa. Los trabajadores suelen ser víctimas de una explotación generalizada, incluidas las prácticas de pandilleros y otras formas de esclavitud moderna.

Aunque su difícil situación sigue siendo en gran medida invisible, los trabajadores agrícolas, ya sean ciudadanos de la UE o ciudadanos de fuera de la UE, migrantes o refugiados, que trabajan en el norte, sur, oeste o este de Europa, están unidos para exigir derechos, justicia social y dignidad en el trabajo.

Sorprendentemente, los trabajadores nunca han figurado en la Política Agrícola Común (PAC), una política emblemática de la UE, que ahora representa alrededor de un tercio del presupuesto de la UE (desde máximos de hasta el 73%). Si bien las subvenciones de la PAC están ahora condicionadas con razón al respeto de las normas medioambientales básicas, la salud pública y el bienestar animal, el cumplimiento de los derechos humanos y laborales no desempeña absolutamente ningún papel en la asignación de los pagos directos. Esta es la razón por la que, como era de esperar, la PAC hasta ahora no ha logrado mejorar en gran medida las condiciones de los trabajadores agrícolas.

Sin embargo, se vislumbra una solución concreta y de fácil aplicación. El Parlamento Europeo ha adoptado una posición clara: los pagos directos de la PAC deben estar condicionados al respeto de las condiciones laborales y de empleo aplicables en virtud de los convenios colectivos pertinentes, la legislación nacional y de la UE, así como los convenios de la OIT.

La condicionalidad abarcaría diversas áreas como el empleo legal, la igualdad de trato, la remuneración, el tiempo de trabajo, la salud y la seguridad, la vivienda, la igualdad de género, la seguridad social y las condiciones justas para todos los trabajadores empleados en la agricultura, incluidos los trabajadores móviles y migrantes.

Sin embargo, este es solo un primer paso en la dirección correcta.

Las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la nueva PAC están en curso y ahora es crucial que la condicionalidad social se convierta en parte del acuerdo final entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La posición del Parlamento Europeo debe confirmarse y fortalecerse aún más. El caso que se debe defender no es solo ético: esta es la única manera de evitar el dumping social, asegurando que la PAC pueda proteger a todos los agricultores que respetan los derechos de los trabajadores, pero sufren competencia desleal de aquellos que no lo hacen. Y con la condicionalidad social, una parte importante del presupuesto de la UE, financiada por los contribuyentes de la UE, contribuirá finalmente a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en uno de los sectores más difíciles y precarios de la economía de la UE.

La pandemia de COVID-19 presenta a la UE una oportunidad única: reformar la agricultura europea para hacerla verdaderamente sostenible y socialmente justa. La PAC debe contribuir a este objetivo, cumpliendo ambiciosos objetivos medioambientales al tiempo que defiende el respeto de los derechos de los trabajadores agrícolas, que nunca pueden considerarse trámites burocráticos.

Nosotros, los signatarios abajo firmantes, hacemos un llamado a su sentido de responsabilidad como legisladores y ciudadanos de la UE. Los trabajadores agrícolas soportan un calor abrasador y un frío helado, lesiones, dolores y amenazas, sobreviven con unas pocas horas de sueño y comidas rápidas y frugales, viven en chozas o contenedores, pero demuestran una dedicación asombrosa a sus trabajos. Es gracias a ellos que, incluso en una pandemia mundial, hay comida en nuestras mesas.

Los trabajadores agrícolas esperan ahora una respuesta clara de la UE.

La justicia social y la equidad deben prevalecer: la nueva PAC necesita condicionalidad social.

El texto y sus firmantes (organizaciones sindicales y sociales y académicos europeos) se puede encontrar aquí https://effat.org/