LA MODERNIZACIÓN Y LA REFORMA DEL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES

 

El pasado miércoles 17 de marzo se abrió la mesa del diálogo social en la que se abordaban algunas reformas de la legislación laboral largamente planteadas tanto por los sindicatos como por las fuerzas políticas que apoyaron la formación del gobierno progresista PSOE y Unidas Podemos. Tras las dificultades enormes que había encontrado el anterior acuerdo sobre los trabajadores de plataformas, se podía sospechar una resistencia enconada a este nuevo impulso reformista, porque en esta ocasión comparece con fuerza un elemento simbólico, la reversibilidad de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012 llevada a cabo por el Partido Popular y secundada con estusiasmo por la CEOE, que enterró el muy ventajoso Acuerdo cerrado con los sindicatos para adherirse a una reforma legal que incidía de lleno en la negociación colectiva, reforzando el desequilibrio de poder que este instrumento pretende nivelar.

La postura de la CEOE ante esta mesa de negociación pasa por desautorizar de lleno esta iniciativa. Para esta asociación, las reformas planteadas “impactarían negativamente sobre el empleo” y no daría “ninguna confianza” a las empresas españolas ni a los inversores. Una posición incomprensible, puesto que el núcleo central de las medidas adoptadas inciden sobre la negociación colectiva, la ultra actividad de los convenios y la preferencia aplicativa del convenio de empresa, y sobre los acuerdos de reorganización productiva, permitiendo la sindicalización de las comisiones que los negocian por parte de los trabajadores cuando no exista representación electiva en los centros de trabajo afectados, a lo que se une la remodelación de los esquemas que rigen la subcontratación en relación con las responsabilidades empresariales y adecuando la contratación de obra o servicio determinado a esta figura, como ha establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de diciembre de 2020, que con razón se ha definido por Eduardo Rojo como “la primera piedra” de la reforma del sistema de contratación temporal (http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/12/contratas-la-recuperacion-de-la-letra-y.html= )

Pero lo que llama poderosamente la atención en esta cuestión es el inmediato posicionamiento público en favor de las tesis de la CEOE de la ministra de economía y Vicepresidenta Segunda in pectore, Nadia Calviño, que, tras reivindicar su papel fundamental en el diálogo social presionando para “hacer más equilibradas” las reformas efectuadas, declaró a una emisora de radio que “la prioridad tiene que ser impulsar el crecimiento y la creación de empleo, recuperar a los trabajadores en ERTE y atajar el desempleo juvenil. Eso supone centrarnos en combatir la dualidad, reducir a tres los contratos –estable, temporal y de formación–, y un plan de choque de empleo juvenil”. Una desautorización por consiguiente de los objetivos perseguidos en la mesa de diálogo social, que considera despreciables frente a las políticas de empleo entendidas en clave de ajuste y creación de empleo. Y, con la prepotencia que caracteriza a este relevante miembro del ejecutivo, explicó que llevaba “desde el primer día”  tratando de dejar de “mirar al pasado y empezar a mirar al futuro”, insistiendo en la incorrección de un planteamiento que insistía en efectuar cambios en regulaciones “de hace diez años”.

De estas declaraciones llama la atención el alineamiento expreso con las tesis de la CEOE, del que podría deducirse la confirmación del papel que desempeña la Ministra y Vicepresidenta del Gobierno de agente político de los intereses económicos de las empresas. Es un hecho preocupante porque ningún miembro del poder público debe mostrar su parcialidad de forma tan evidente, más aún si se trata de los intereses económicos propios de las grandes empresas. Una conducta imprudente a la que nos tiene acostumbrada la Ministra Calviño posiblemente porque la considera algo connatural al sistema político, y que no tiene consecuencias negativas ni genera reacciones de rechazo por parte de otros miembros del Gobierno ni de los agentes sociales ni desde luego por los medios de comunicación y la opinión pública. El resultado es que se da por supuesto que los grandes empresarios sientan en el Consejo de Ministros a un poderoso representante que garantiza sus intereses en todo momento traduciéndolos en políticas públicas. Un hecho que subraya la consideración subalterna de las reivindicaciones sindicales consideradas siempre como “no prioritarias”.

Pero no es esto lo más relevante, sino la insistencia en considerar una “cuestión del pasado” la reforma de la legislación del 2012, por entender que lo que ahora conviene es centrarse en las exigencias de redefinir una política de empleo. Mirar hacia adelante, como “desde el inicio” – aunque el término temporal de este inicio permanece incierto en su discurso – dice haber mantenido la Ministra y Vicepresidenta, implica necesariamente contemplar el espacio de la negociación colectiva como un eje fundamental de modernización de las relaciones laborales en nuestro país, lo que parece habérsele escapado a Calviño. Derogar y sustituir determinadas reglas que atenazan la articulación flexible del sistema de negociación, introduciendo normas rígidas como la de impedir normativamente que los sindicatos y los empresarios modulen la estructura de la negociación colectiva, afirmando de manera imperativa que en todo momento una empresa pueda pactar a la baja un convenio de empresa con condiciones menos favorables que las regulados en convenios de ámbito superior, o que las partes no puedan seguir negociando tras un año después de denunciado el convenio, decayendo en este caso todo el contenido normativo del mismo, o en fin, que sean los sindicatos representativos quienes puedan ocupar el espacio vacío de la representación en los centros de trabajo en procesos de reorganización productiva, garantizando la bilateralidad de intereses que la propia norma intenta garantizar en los mismos, no son en absoluto aspectos del pasado remoto que es mejor olvidar. Se trata de elementos centrales en la revitalización de la negociación colectiva que la Unión Europea está promoviendo de manera muy potente, especialmente a través de la propuesta de directiva sobre salario mínimo europeo y fomento de la negociación colectiva.

Modernizar las relaciones laborales es un objetivo al que se deben someter las políticas de nuestro país en el marco del plan de recuperación y resiliencia derivado de la crisis del Covid. La negociación colectiva de una parte, y la racionalización de las estructuras empresariales que organizan la externalización de actividades, son elementos muy importantes en este proceso. Abordarlos justo en este momento, antes de que comience, ojalá en junio, sin que la que se prevé como cuarta ola de la pandemia produzca excesivos daños, la recuperación económica, es oportuno e inteligente, porque prepara la negociación colectiva para afrontar en mejores condiciones los retos que se le presentan en la recuperación proyectada y facilita la seguridad en la determinación de las responsabilidades empresariales y garantías de empleo en los supuestos de descentralización productiva. Se trata de ir afianzando elementos importantes del sistema de relaciones laborales que vayan preparando la transición hacia un nuevo modelo de futuro que regule el conjunto de nuestras relaciones laborales, el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que naturalmente supone mirar hacia adelante, pero modificando el pasado. Un pasado legislativo por cierto especialmente negativo para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que expresa un claro desequilibrio de las posiciones de poder entre empresarios y trabajadores.

Este es el elemento simbólico que la CEOE pretende preservar, aunque ello suponga mantener un diseño claramente disfuncional a unas estructuras económicas y sociales dinámicas, en donde la centralidad de la negociación colectiva, administrada por los propios sujetos colectivos que crean sus reglas, sea un elemento decisivo del nuevo marco regulador. Y donde se incorporen normas que faciliten el funcionamiento del sistema dotándole de garantías eficientes. Las políticas de empleo no pueden priorizarse como si fueran algo independiente de la regulación de las responsabilidades empresariales por su dominio de la organización de sus estructuras empresariales y la necesaria conectividad de éstas con un principio básico, afirmado durante todos estos tiempos  -¿”desde el inicio”? – de mantenimiento del empleo. La recuperación económica no puede fundarse en un empresariado asistido.

Por eso también es disfuncional a un proyecto de modernización de las relaciones laborales que un personaje tan importante como la Ministra de Economía y vicepresidenta segunda in pectore considere inconveniente proceder a regular aspectos muy fructíferos para el funcionamiento del sistema de negociación colectiva y de la organización empresarial. Debería saber y asumir como propias las instrucciones de la UE sobre este particular, y no mostrar un pensamiento reductivista según el cual sólo las políticas de incentivación pública a las empresas para la creación de empleo constituyen la clave de una “nueva normalidad” que por el contrario debe estar basada en la modernización de las estructuras productivas y del sistema de relaciones laborales en donde los agentes sociales desempeñen un papel muy relevante.

Eso sin mencionar que con su posicionamiento, la Ministra Calviño no considera prioritario cumplir con un compromiso del programa de gobierno en el que se integra, un acuerdo que por cierto ocupó un espacio muy importante en el compromiso de los dos partidos que lo componen con la ciudadanía de este país y que seguramente influyó decisivamente en el triunfo electoral de noviembre de 2019. Quizá el compromiso democrático que sustenta la acción del gobierno le resulte también subsidiario a la Ministra, pero esto merecería otra reflexión que no es oportuno explicitar aquí y ahora.