LA PERMANENTE DEL CGPJ "REPUDIA ENÉRGICAMENTE" LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SINDICAL

 

La campaña electoral que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid acapara una buena parte de la atención de todo el país, se ha convertido, por las especiales características de la misma, en una contienda a la que los medios de comunicación públicos y privados están prestando un seguimiento exorbitante, entre los cuales algunos además con una toma de partido muy evidente a favor de la fórmula de gobierno del Partido Popular con el apoyo de la extrema derecha de Vox. En el terreno de las organizaciones sociales, la importancia de las elecciones autonómicas ha sido considerada asimismo un hecho de la suficiente relevancia como para manifestar públicamente una opinión al respecto. Este ha sido el caso del Manifiesto Unitario del Mundo del Trabajo de la Comunidad de Madrid por el voto a la izquierda que han hecho público los sindicatos CCOO y UGT de esta Comunidad.

El manifiesto afirma que “necesitamos, y lograremos con nuestra movilización y voto, un Gobierno decente, progresista y feminista que proteja a las trabajadoras y trabajadores, que cree puestos de trabajo, que defienda el empleo estable con salarios dignos y con derechos; que desarrolle políticas sociales y refuerce los servicios públicos como derecho de la ciudadanía; que apueste por un modelo productivo que recupere peso industrial, que luche por la transformación social del cuidado basada en la corresponsabilidad social y en la justa valoración económica y social, cualifique el sector turístico y el de los servicios, apueste por la investigación y el desarrollo así como la sostenibilidad ecológica. Que reequilibre y cohesione social y territorialmente la región y apueste por la igualdad. Y que, para lograrlo, aproveche el impulso de reconstrucción después de la pandemia”. Entienden ambos sindicatos que “la clase trabajadora, ahora con el voto, vuelve a ser esencial para el cambio, como lo está siendo en la pandemia y como lo fue en la conquista de las libertades democráticas”, por lo que solicita redoblar todos los esfuerzos personales de hombres y mujeres que tengan derecho al voto en la CAM, para acudir a las urnas el día 4 de mayo a votar a la izquierda.

Se trata de una toma de posición que por otra parte es tradicional en las declaraciones sindicales en unidad de acción antes de cada proceso electoral, de manera que CCOO y UGT llaman siempre a la participación ciudadana en el voto, como derecho conquistado en el proceso de lucha contra la dictadura franquista que hoy integra un elemento central de la arquitectura constitucional democrática en torno al pluralismo político, orientando el voto de sus afiliados y de sus zonas de influencia hacia los partidos políticos que se reclaman de la izquierda política y social. En el caso actual, la confrontación con un programa de gobierno decididamente neoliberal de Díaz Ayuso, con las incrustaciones autoritarias, clasistas, xenófobas y antifeministas de Monasterio, refuerzan la urgencia de un posicionamiento democrático de los sindicatos, sujetos colectivos que organizan el pluralismo social y que, con los partidos políticos, forman parte de las instituciones fundamentales del sistema constitucional español.

Esta singular posición jurídica del sindicalismo más representativo, que lleva aparejado el respeto a sus facultades de acción colectiva, entre las que se encuentra la libre expresión de opiniones en el ámbito de sus intereses económicos y sociales, que irradia a todas las organizaciones que componen su estructura, no parece sin embargo que sea compartida por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a juzgar por un comunicado hecho público de su reunión del 28 de abril, en el que manifiesta su “enérgica repulsa” a un comunicado de la sección sindical de CCOO difundido por el correo corporativo de la institución.

La Comisión Permanente es el órgano real de gobierno del CGPJ, el que gestiona desde la cúpula los asuntos relevantes y decisivos, que llegan ya “predispuestos” a su abordaje en el Pleno. La forman 7 vocales, 4 representantes del turno judicial y tres del de juristas de reconocido prestigio. Presididos por Carlos Lesmes, forman parte de la Permanente por parte judicial, Rafael Mozo Muelas, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez y  José Antonio Ballestero Pascual, a los que se unen por el otro turno Álvaro Cuesta Martínez, Nuria Díaz Abad y Pilar Sepúlveda García de la Torre. La composición política de esta Comisión se entiende que son tres progresistas y cuatro conservadores, a la que se une el presidente del CGPJ, que salvo excepciones refuerza esta última corriente. Sin embargo, en la “dación de cuenta” que el secretario general del Consejo ha hecho del comunicado de la sección sindical de CCOO, la respuesta ha sido unánime, sin fisuras. La repulsa más enérgica.

El supuesto que ha motivado la aprobación de este acuerdo de la Permanente ha sido la distribución, a través del correo corporativo interno de la institución, de un comunicado en el que se contenían nada menos que las siguientes afirmaciones (tal como aparecen recogidas y entrecomilladas en el texto): "En las elecciones del próximo día 4 de mayo están en juego cuestiones trascendentales como, por ejemplo, los servicios públicos, los derechos y libertades básicos para los trabajadores y trabajadoras, el fomento del empleo, la defensa de una transición ecológica y energética… Para ello es vital la mayor movilización y nuestro voto a opciones progresistas de izquierda, feministas, defensoras de lo público y que incluyan en sus programas la defensa y ampliación de los derechos individuales y colectivos." Una opinión que suscita el rechazo del órgano “con especial fuerza” ante “el contenido del mensaje, ajeno no sólo a las normas de referencia, sino también al deber de neutralidad de los poderes públicos establecido por la Constitución, que el Consejo General del Poder Judicial, como órgano constitucional, debe observar en todo momento y especialmente en periodo electoral”.

La Comisión Permanente del CGPJ confunde su posición con respecto a los sindicatos que representan a los trabajadores y empleados públicos de la institución – frente a los cuales el CGPJ funciona como la empleadora de los mismos – e ignora el contenido de los derechos de información, avalados por una amplia jurisprudencia constitucional, que forman parte de la libertad sindical. La sección sindical de CC.OO. no es un órgano del Estado ni tiene que preservar la neutralidad “en todo momento y especialmente en período electoral”. La organización sindical en la empresa tiene todo el derecho a manifestar su opinión y a trasladar a la afiliación y al resto de los empleados del CGPJ su toma de posición frente al proceso electoral en curso, haciendo partícipes a éstos de las directrices que las estructuras territoriales de la Comunidad Autónoma habían hecho públicas.

Pero además, la sección sindical tiene el derecho a utilizar el correo electrónico en la cuenta que de manera ordinaria le sirve para comunicarse con todos los trabajadores y trabajadoras del CGPJ, y a trasladar a este colectivo las informaciones que juzguen relevantes o importantes para la acción sindical. Para el Tribunal Constitucional, la libertad de información constituye un “elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical”, porque “el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales”. Hay una larga serie de estudios sobre este tema que posiblemente habrían ayudado a la Comisión Permanente a no adoptar una postura contraria a las libertades democráticas. Yo recomendaría la monografía que recientemente ha publicado la profesora Gratiela Moraru sobre el particular ( “Los derechos de comunicación de los representantes de los trabajadores: nuevas dimensiones a la luz de las TIC”, Editorial Bomarzo, 2020), que contiene una amplia descripción del contenido de este derecho de comunicación, que permite que la voz del sujeto que representa el sindicato en los lugares de trabajo se comunique, en una dinámica de interlocución, con los individuos que componen la plantilla de la empresa o del ente administrativo, usando claro está, los medios de transmisión de comunicaciones que emplea la empresa con los empleados a su servicio.

Ha dicho Joan Coscubiela, comentando esta noticia, que no sabe si es peor si que el CGPJ en su condición de empresario pretenda limitar la libertad sindical de la sección sindical o que en su condición de juristas los miembros de la Permanente desconozcan la jurisprudencia sobre el particular. Y tiene mucha razón. Pero lo que aparece debajo de esta “enérgica repulsa” es un posicionamiento ideológico claro. Una forma de expresar que dentro de la institución que dominan con mano firme – y ya con más de dos años de prórroga sobre su mandato original – los magistrados y juristas dirigidos por Lesmes, nadie puede hacer oír una voz discordante o simplemente diversa de la que expresa el ente de gobierno en materia social y política. Un ente que puede combatir y cuestionar las decisiones del Gobierno, de cuya constitucionalidad dudan explícitamente, y que mantiene una firme defensa corporativa de jueces y magistrados ante cualquier crítica política que siempre juzgan un ataque a la independencia judicial, pero que no resiste que un sindicato tome partido por los servicios públicos, el fomento del empleo, las políticas feministas o el desarrollo de los derechos y libertades ciudadanas.

Confundir la subjetividad sindical con la institucionalidad del Consejo para anular su autonomía, intentar enmudecer la voz de los trabajadores organizados colectivamente, denostar cualquier posicionamiento progresista. ¿De verdad entiende el Consejo General del Poder Judicial que cumple y hace cumplir la constitución democrática para sus empleados? No respondan ahora, háganlo después de la publicidad. De Diaz Ayuso, naturalmente.