Tras la
irrupción de la pandemia, hay elementos importantes del globalismo neoliberal cuya
legitimidad ha desaparecido y cuya viabilidad se cuestiona seriamente. Las
instituciones financieras mundiales, empezando por el Fondo Monetario
Internacional, han ido introduciendo cambios en su discurso, y se extiende en
muchos ámbitos la idea de la suspensión temporal ante una situación excepcional
de una serie de políticas y de instrumentos de disciplina de los países endeudados,
manteniendo un razonamiento según el cual, una vez lograda la recuperación económica
mediante políticas de incremento del gasto público y medidas contra cíclicas. Esta
ha sido también la tónica en la Unión Europea, aunque se halla en disputa la
conformación de un nuevo marco institucional de la gobernanza económica que
sustituya definitivamente a las políticas de austeridad y el extraordinario
ajuste económico y social que plantearon como forma de administrar la crisis
financiera y la de la deuda soberana en el ciclo 2010-2014.
Ahora le ha tocado el turno al
Informe Doing Business elaborado por el Banco Mundial que, según se puede
leer en su página web, “proporciona una medición objetiva de las regulaciones
para hacer negocios y su aplicación en 190 economías” del globo. En realidad,
desde su nacimiento, hace 18 años, este informe se basa en considerar como un
elemento extremadamente favorable para las empresas y los inversores globales
la carencia de regulación legal en materia laboral y fiscal en los países – “economías”
en la jerga empleada – en los que se pueden localizar las empresas
transnacionales o situar las inversiones financieras. Para el informe, cuanto
menos derechos laborales, individuales o colectivos gozaban las personas que
trabajaban en estos países, cuanto menos derechos sociales o menor fuera la
protección social y, coherentemente, menor fuera la presión fiscal, más recomendado
resultaba ese país por el Banco Mundial en sus indicaciones a los inversores
globales.
Se trataba por tanto de un texto
que contaba con el aval de esta importante institución financiera internacional,
en el que se producía un efecto llamada a los capitales globales sobre los estados
nacionales que se situaban al margen de la normativa internacional del trabajo concretada
en los Convenios y recomendaciones de la OIT, o que basaban una parte de su
posición competitiva en los mercados de inversión en una estrategia de dumping
fiscal respecto de otros países que si mantenían un sistema fiscal
relativamente progresivo y redistributivo. Doing Business establecía una
lista que clasificaba a las naciones en función del grado de regulación pública
o colectiva sobre el trabajo, la protección social o la presión impositiva,
situando en los primeros lugares a aquellas que sobresalían por la inexistencia
o pérdida de derechos laborales y por la limitada acción de los impuestos. Coherentemente
con esa visión, el informe criticaba a aquellos países que introducían medidas sociales
o ampliaban los derechos laborales, por entender que estos procesos de
reconocimiento de derechos llevaban aparejado una obstaculización de las “economías
libres”. Por ejemplo, la inexistencia (o derogación) del salario mínimo o la
reducción de derechos de protección social son para este informe elementos que
hay que valorar muy positivamente “para hacer negocios”.
Pues bien, el último informe Doing
Business es el del año 2020, con datos de 2019. Sin embargo, no se efectuará
el de este año. El Banco Mundial ha declarado que, ante “errores” en la
elaboración de los informes del 2018 y del 2019, la Administración del Banco
Mundial ha suspendido la elaboración de la edición siguiente e iniciado ”una
serie de revisiones y auditorías del informe y su metodología”.
No es de extrañar que el
sindicalismo internacional haya saludado esta paralización del informe como un
paso en la buena dirección. Para la ITUC-CSI, el informe estaba plenamente
desprestigiado y debería haber desaparecido hace tiempo, como una manifestación
evidente de una fuerte implantación de una construcción ideológica en el seno
de las instituciones financieras globales a partir de la cual se elaboraba una
clasificación de países que pretendía ser un mecanismo aplicativo de la
distribución de las inversiones a nivel global que evitara cualquier “contaminación”
derivada de la importancia del reconocimiento de derechos democráticos básicos
como los derechos laborales y de seguridad social.
La secretaria general de la
Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, ha afirmado sobre
el particular: “Aunque tardía, celebramos la desaparición de este informe de
inspiración ideológica. El Banco Mundial debe centrar sus esfuerzos en apoyar
un entorno empresarial basado en el respeto de las normas internacionales del
trabajo, la diligencia debida en las cadenas de suministro y la sostenibilidad”
“Las empresas responsables
reconocen cada vez en mayor medida que garantizar los derechos y la dignidad de
sus trabajadores y trabajadoras, proporcionar una mayor seguridad y garantizar
el cumplimiento por parte de sus proveedores en las cadenas de valor mundiales
redunda en beneficio de las empresas.
“La CSI espera entablar un
diálogo constructivo con el Banco Mundial para conseguirlo y superar el legado
destructivo de casi dos décadas del informe Doing Business, el cual fue
utilizado para socavar el desarrollo e impulsar la desregulación del mercado
laboral a cualquier costo”.
De esta manera, es una buena
noticia que se deje de elaborar este informe, aunque la excusa para ello sea la
irregularidad de los datos recabados y se comprometa a una serie
de revisiones y auditorías de éste y de su metodología. Cualquier nueva
versión del mismo debe necesariamente que valorar en positivo la recepción en
el ordenamiento jurídico de cada país de los elementos que confirman un marco
institucional de relaciones laborales que respete y garantice la noción de
trabajo decente acuñada por la OIT, y que articule un sistema impositivo amplio
y progresivo, que produzca el efecto redistributivo que le es propio. La
Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas por el desarrollo sostenible, y los
objetivos que se asocian a la misma (ODS) contradicen directamente la intención
y la función del informe que ahora se dejará de elaborar. Todo por tanto hace
que esta suspensión de Doing Business pueda ser definitiva.
Una nueva señal de que se están
produciendo movimientos y señales de cambio de un sistema de valores que
insiste en la despolitización fundamental del dominio económico y la
reivindicación de la desregulación como forma inequívoca de combatir el “aprisionamiento
de los mercados” por una legitimidad democrática fundada en la garantía de los
derechos sociales que el neoliberalismo considera su enemigo más íntimo.
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