LAS LECCIONES DEL ACUERDO GOBIERNO-SINDICATOS SOBRE EL SALARIO MINIMO

 

Ha declarado el filósofo Alex Honneth al periódico Il manifesto que al inicio de la crisis estaba plenamente convencido de que la pandemia había dado a todos una lección, la de que de ahora en adelante habría que avanzar, de manera siempre más intensa, hacia una concepción social o comunicativa de la libertad individual, pero que planteándose la cuestión hoy en día, cree que ese optimismo inicial estaba equivocado. Declara así que “la crisis del COVID no se han extraído las consecuencias que se debían, es decir, reflexionar sobre cuán fuertemente dependen nuestro bienestar personal y nuestra libertad individual de la cooperación entre todos los miembros de nuestra sociedad” (https://ilmanifesto.it/axel-honneth-nellaperto-conflitto-per-il-riconoscimento/) Viene esto a cuento no sólo de la necesidad de incorporar al discurso político sobre la libertad un pensamiento más complejo que los exabruptos al uso, sino del cambio que se ha producido en el talante cooperativo de la CEOE-CEPYME en el marco del diálogo institucional entre los actores sociales que se ha manifestado estos últimos días con ocasión del incremento del salario mínimo.

En efecto, han sido diez los acuerdos sociales que, a partir de la irrupción de la crisis sanitaria y económica que motivó la declaración del estado de alarma, han realizado los sindicatos CCOO y UGT con las asociaciones empresariales CEOE-CEPYME y el Ministerio de Trabajo, pactos que no sólo han tenido como objetivo la regulación de las nuevas instituciones de administración de la crisis en el marco de las relaciones laborales sobre la base de la preservación de un principio de mantenimiento del empleo, sino que se han proyectado sobre nuevas categorías jurídico-laborales como el trabajo a distancia o la relación laboral de los trabajadores al servicio de plataformas en el sector de la entrega de mercancías y comidas. Los sujetos representativos de la polarización social han mantenido una estrategia cooperativa con el poder público que parecía inaugurar una práctica social que a su vez revestía indudables consecuencias políticas en orden a asegurar la legitimidad del contenido de la regulación adoptada. Es indudable que el buen fin del diálogo social fortalece la acción del gobierno en materia de relaciones laborales, pero también es evidente que el intercambio obtenido en la interlocución política con los actores sociales les sitúa en una posición de activa participación en las normas que disciplinan el marco institucional en esta materia y supone el reconocimiento por parte de los poderes públicos de sujetos plenamente representativos de los intereses económicos y sociales de empresarios y trabajadores del país.

Por otra parte, es el de las relaciones laborales el único ámbito en el que se ha proyectado esta metodología de gobierno, y de esta forma la legitimidad política de la acción reformista en este terreno es más transparente. Este ha sido posiblemente el origen del cambio que ha sufrido la estrategia de la asociación empresarial, claramente manifestada en la negociación del nuevo Salario mínimo para el año 2021. Como ya se ha recogido en este blog, la discusión entre las dos fuerzas que componen el gobierno sobre la necesidad de fijar el SMI para el año 2021, hizo que frente a la propuesta de la Ministra de Trabajo, prevaleciera la opinión de la de Economía y se pospusiera su aprobación hasta después del verano. Este triunfo era también el de la CEOE-CEPYME que hasta el momento seguía con una práctica muy arraigada de negociar en un doble nivel, el explícito que se desarrollaba en las mesas de diálogo social, y el informal o subterráneo que mantenía con el Ministerio de Economía, quien, a su vez, en la pugna interna del gobierno, ejercía una presión mucho más contundente que la que las asociaciones patronales podían manifestar en la mesa de negociación tripartita. En ese sentido hay que interpretar las continuas irrupciones públicas de la Vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre la fecha de inicio de los efectos de la norma, o, en la fase final de la negociación, reclamando para sí la facultad de convocar formalmente a los interlocutores sociales para fijar posiciones sobre el aumento del SMI.

El tema sin embargo estaba relativamente encarrilado de forma previa a partir del compromiso formal expresado por el gobierno respecto de alcanzar, siguiendo las directivas de la Carta Social Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales, el 60% del salario medio, una cuestión que había a su vez sido abordada con enorme claridad y precisión por la Comisión Asesora del Gobierno para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, cuyas conclusiones fueron presentadas antes del verano por su presidenta, Inmaculada Cebrián, junto a la Ministra Yolanda Díaz. (https://baylos.blogspot.com/2021/09/comienzo-de-curso-no-solo-academico.html ). La CEOE-CEPYME sin embargo, acudía a la negociación con la pretensión de congelar el SMI durante el año 2021, y esa propuesta no la modificó a lo largo de las diferentes reuniones. Era evidente que con ello se autoexcluía del proceso y tampoco ayudaba por tanto a que la presión de Economía fuera eficiente, al tratarse de una postura rígida que impedía moverse sobre las cantidades de incremento que se estaban manejando sobre la base del informe de los expertos.

Se ha especulado sobre si este cambio de posición de la CEOE iba a marcar el final de la fase colaborativa que ha mantenido durante toda la crisis derivada de la pandemia, y cuáles pueden ser su motivos. La presión que sufrió Garamendi  por parte del líder de la oposición y, sobre todo, el aviso que lanzó el ex presidente Aznar sobre la necesidad de recordar claramente quién apoyó al PP en su estrategia de deslegitimación radical del Gobierno de coalición y quién por el contrario cooperó a su permanencia, explican desde luego algunas fuertes presiones que se han podido trasladar al interior de su organización, tal como recoge el diario El País en un artículo publicado en su sección económica (https://elpais.com/economia/2021-09-19/la-encrucijada-de-garamendi.html) pero es posible que el enroque de la patronal buscara experimentar sobre los efectos que pueden producirse  sobre la arquitectura del diálogo social y sus resultados ante la retirada explícita de la CEOE del proceso rechazando el propio objeto de la negociación. No se trataba tanto de la pretensión de veto unilateral del contenido negocial, sino más bien de comprobar si con su simple oposición manifestada en el rechazo a entrar en propuestas de negociación se podía obtener un resultado igualmente favorable. En este caso, que se sustituyera el marco del acuerdo por el de la determinación unilateral del SMI por el gobierno, dejando fuera por tanto no solo a la patronal sino también a los sindicatos, y que el incremento se situara en el mínimo de los que el informe de los expertos había planteado. De esta manera se podía presentar ante el interior de la organización como un resultado muy positivo, además de poder configurar este método como el último recurso en las próximas negociaciones sobre la reforma laboral a la que el Estado español está obligado ante Europa.

Los sindicatos, aunque consideraban insuficiente el aumento propuesto por el Ministerio, no podían dejar de llegar a un acuerdo sobre este asunto, aunque solo fuera por demostrar que es factible un acuerdo bilateral gobierno-sindicatos en un asunto de trascendencia general frente a la posición irreductible de la patronal. Han logrado a su vez un compromiso genérico de incremento del SMI para 2022 y 2023, lo que en definitiva asegura el cumplimiento del compromiso que constituye su objetivo fundamental. El acuerdo es además un respaldo de la actuación del Ministerio de Trabajo frente a quienes, en el interior del gobierno, han manifestado su oposición al mismo, y demuestra que la legitimidad de este tipo de decisiones no puede ponerse en duda por el rechazo a negociar de uno de los actores sociales. Posiblemente, la constatación de que era posible un acuerdo con los sindicatos más representativos demuestra una capacidad de interlocución del Ministerio – y de la Vicepresidenta Segunda – que ha tenido mucho peso en la aprobación final por el consejo de Ministros de este aumento.

De esta manera, el 16 de septiembre se anunció que mediante un pacto bilateral entre el MTES y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, se había acordado “subir el Salario Mínimo Interprofesional en 15 euros”, comprometiéndose a cumplir “el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023” (https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4022). Más allá por tanto del significado muy positivo de este incremento, que desautorizan tanto las propuestas de congelación del mismo como las de aquellos organismos, como el Banco de España, que suelen intervenir en clave alarmista siguiendo los mantras de la economía liberal nunca verificados en la realidad de las cosas, la lección que se desprende de este proceso de negociación es la de la importancia de focalizar en el método de cooperación y de participación la acción reformista del sistema de relaciones laborales en marcha, sin que por consiguiente el rechazo del mismo pueda detener o impedir el desarrollo de los cambios.