COMIENZO DE CURSO (NO SÓLO) ACADÉMICO

 

Septiembre es el mes del reinicio, y, frente a lo que dice la canción, el verano nunca dura demasiado ni el tiempo va tan despacio (1) como querríamos quienes gozamos de las vacaciones escolares de agosto, pero seguramente tampoco como desearían quienes se dedican a los asuntos públicos en un clima político como el español extraordinariamente enrarecido y viciado. En todo caso, volver a empezar supone también afrontar novedades y reencontrar viejos problemas que adoptan al pasar el tiempo nuevos contornos.

El personal docente y de investigación de la universidad nos hemos encontrado en este septiembre con el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentado el 31 de agosto en el Consejo de Ministros, del que habrá tiempo para hablar y conocer, dado que su texto no ha sido consultado con los sindicatos ni por consiguiente debatido en el seno de una parte de la comunidad universitaria. Los laboralistas, por nuestra parte, tanto universitarios como profesionales, hemos podido compartir dos muy buenos datos en este inicio de mes: El primero es la caída histórica del paro registrado en agosto, que desciende en 82.583 personas, lo que implica una excepción a las series históricas al menos desde el 2001, y que se suma a los seis meses de descenso consecutivo, acumulando una reducción del desempleo en 675.000 personas.

El descenso del paro en agosto de este año afecta a jóvenes y a mujeres, colectivos clásicamente golpeados por su vulnerabilidad ante el empleo, y baja en todos los sectores menos en el de la construcción. A nivel territorial, el paro desciende en 13 Comunidades Autónomas, de forma destacada en Andalucía (-32.102 personas), Canarias (-19.844 personas) y Cataluña (-17.186 personas). Sin embargo, sube en la Comunidad Valenciana (6.606 personas), la Comunidad de Madrid (3.526 personas) y el País Vasco (3.058 personas) y en Castilla y León (956 personas). En cuanto a los datos de contratación, el empleo sigue instalado en la temporalidad, porque aunque se da el dato positivo de que la contratación acumulada en los ocho primeros meses de 2021 ha alcanzado la cifra de 11.864.833, lo que supone 1.910.570 contratos más (19,19%) que en igual periodo del año anterior, los contratos indefinidos celebrados en agosto representan el 8,45% del total, y, pese a que en magnitudes acumuladas, se han realizado 1.241.392 contratos indefinidos desde enero y que ello representa un incremento de 251.321 (25,38%) sobre el mismo periodo del año 2020, es evidente que se requiere una reforma en profundidad de la contratación laboral para corregir esta característica muy negativa del empleo en nuestro país, que integra ya la cultura empresarial e institucional de una amplia mayoría de empresas y de gestores de recursos humanos.

La segunda noticia positiva ha sido el arranque del período de consultas sobre la subida del salario mínimo, una decisión que finalmente parece ineludible por parte del gobierno, tras los rifirrafes habidos sobre el particular con la Ministra de Economía y vicepresidenta Primera antes del verano y la movilización sindical de julio. La oposición política ha salido en tromba a defender la congelación del salario mínimo durante este año, apoyando en esta ocasión a la CEOE que mantiene una actitud contraria al mismo. El discurso oficial de la derecha política lo da el ABC en su editorial del 1 de septiembre: “Antes que rendirse a la presión de sus socios comunistas, Pedro Sánchez debería calibrar los efectos de imponer una subida del salario mínimo no solo a los empresarios, sino a la capacidad productiva del país en su conjunto. Está en juego el diálogo social, que es un diálogo, no un monólogo a golpe de decreto-ley”. Es decir, sin abandonar la (des)calificación política de Unidas Podemos como “comunistas” – en la línea de las intervenciones de la Diputada de Vox que no deja de incluir ese adjetivo en sus interpelaciones a Yolanda Díaz – reivindica ahora la necesidad del acuerdo social – el mismo que era irrelevante frente a la soberanía popular que residía en el Parlamento, y que Pablo Casado equiparaba a la interlocución con su club de tenis o con el Padre Ángel – como condición de procedibilidad para la adopción de decisiones en el campo de lo económico y social, en donde el veto de la patronal debería impedir cualquier resolución del poder público, incluida la que establece el art. 27 del Estatuto de los trabajadores. Y ello por no hablar del concepto dialógico que tenía el ejecutivo de Rajoy con la reforma laboral del 2012, un ejemplo acabado del cesarismo político.

El caso es que en este tema el dictamen de la Comisión Asesora del Gobierno para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, cuya presidenta, Inmaculada Cebrián, presentó sus conclusiones antes del verano junto a la Ministra Yolanda Díaz, ha marcado ya una propuesta concreta entre el 1,6 y el 2%, para el año 2021 que se ha reflejado en la propuesta del gobierno a los agentes sociales que en principio han rechazado, por razones opuestas, obviamente, este objetivo. Según la prensa, CCOO y UGT consideran “insuficiente” la subida del salario mínimo en 15 euros para 2021 que dicen ha propuesto el Ejecutivo aunque el Gobierno asegura que no ha dado una cifra concreta, porque lo que se trata es de abrir un proceso de consulta y negociación sobre la misma. Para los sindicatos, es imprescindible que el salario mínimo se relacione con el mantenimiento del poder adquisitivo, por lo que piden una subida en el entorno de la inflación, que roza el 3% (el IPC subió este julio un 2,9% interanual). Hay que tener en cuenta que siempre según las informaciones de prensa, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto alcanzar un acuerdo a tres años (hasta el final de la legislatura), con unos incrementos del salario mínimo interprofesional de 15 euros para este año y de 31 euros para 2022 y 2023. La reunión de ayer miércoles acabó sin acuerdo, pero se volverán a reunir las partes el próximo lunes para intentar alcanzar un resultado satisfactorio. Lo que sin embargo parece claro es que, tanto con acuerdo como sin él, el Gobierno hará uso de la facultad prevista en el art. 27 ET y determinará el incremento del salario mínimo para el año 2021.

Dos noticias positivas y muy importantes que sin embargo en el relato predominante se difuminan y aparecen sustituidas por el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, comprometida en una carrera cada vez más desenfrenada hacia el trumpismo descarado, de hacer desaparecer los impuestos autonómicos en la Comunidad de Madrid, que se convertiría así en un elogiado territorio libre de impuestos (autonómicos), una suerte de No more Tax Land que parece ser el sueño dorado de la dirección ideológica de la derecha española. Realmente la promesa, propalada urbi et orbe, resulta ser un embuste, como todas las que efectúa la presidenta de la CAM, porque la supresión anunciada de impuestos lo que implica es una  bonificación autonómica del 100% del impuesto sobre la riqueza que lleva a la región a no recaudar ni un euro pese a tener los declarantes más adinerados del país, de manera que lo que se presenta como una condonación de las pesadas cargas tributarias para la ciudadanía madrileña realmente se concreta en el perdón de 990 millones por Patrimonio a 19.090 contribuyentes con una media de 10,1 millones por cabeza, como ha destacado Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/09/02/la_comunidad_madrid_perdona_990_millones_por_impuesto_patrimonio_pese_tener_los_contribuyentes_mas_ricos_del_pais_124047_1011.html) . Pero este detalle de solidaridad del poder con la riqueza propietaria de la Comunidad no será descubierta por el impresionante despliegue laudatorio de la gran prensa y la televisión empotrada en los grandes poderes económicos que hegemonizan la información en el país.

Hay otras noticias más que novedosas, permanentes, pero por lo mismo igualmente preocupantes. La subida del recibo de la luz y la aparente renuncia del gobierno, a través de las palabras de su Vicepresidenta Tercera, a incidir en la regulación del precio de la luz, sustituyéndola por una exhortación a la “empatía” de las grandes empresas eléctricas, no deja de provocar una cierta estupefacción, acrecentada ante la relevancia social de este hecho, junto con la hipócrita atención que el Partido Popular dedica a este asunto como si no hubiera tenido parte en la conformación del sistema que ahora enriquece a las empresas del sector de la energía y dificulta a extremos insospechables la vida de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas. Replegada por el momento la problemática de la vivienda de las preocupaciones mediáticas, la escalada del precio de la luz es ahora el elemento más potente de deslegitimación de la acción del gobierno, en la que trabajan la oposición de derechas, los medios de comunicación encuadrados y posiblemente las propias compañías. La respuesta gubernamental, pese a las muchas propuestas en liza, sigue siendo nula, en una confesión de impotencia que resulta plenamente autolesionista.

Mientras tanto, las encuestas dicen a los ciudadanos que el Partido Popular sigue ascendiendo en la apreciación de lo que se llama la opinión pública al punto que podría gobernar sin demasiados problemas con la ultraderecha de Vox, ante la práctica desaparición de la opción que un día fue competitiva en el espacio conservador y que hoy se derrite como un azucarillo. El sistema electoral posibilitaría la inanidad de las posiciones de la izquierda y de la periferia política. Sólo concebir esa posibilidad genera un estado de ansiedad tal en el titular de este blog que la vuelta al trabajo ya no le causa ese estado de ánimo un tanto abatido por haber dejado atrás treinta días de libertad en los que la subordinación laboral, los ritmos de trabajo y los compromisos de actividad se han escondido debajo de la almohada o entre la toalla con la arena de la playa. Queda tiempo sin embargo para que estas pésimas expectativas políticas no se cumplan, pero sería muy útil para ello que el programa de reformas pactado en el gobierno de coalición se desplegara por completo y fuera realizándose en los términos pactados para hacer comprender que la política puede cambiar las existencias colectivas y mejorarlas. Ojalá todo vaya adelante como debe. Estaremos atentos a este desarrollo.

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[1] (September song)

Summer lasted too long
Time moves so slowly