DISCURSOS POLÍTICOS Y RESPETO DEMOCRÁTICO

 

“Hay una norma democrática no escrita, pero necesaria para la confianza básica, y es que quien gane unas elecciones exprese su voluntad de gobernar para todos. Es una declaración ritual, civilizatoria. Por el contrario, las intervenciones de Ayuso son propias del líder de una facción, por mayoritaria que sea. Tienen el sello de una excitación expulsiva. Los míos y los otros, los afectos y desafectos. Cada día va señalando un censo de enemigos. No solo adversarios políticos, sino aquellos que marque el “combate cultural”: feministas, ecologistas, ciclistas, veganos… ¡Luciérnagas! “ (Manuel Rivas,  Iberdrola por una luciérnaga, CTXT, 05.06.2022, https://ctxt.es/es/20220601/Firmas/39877/#.YpzIBp63Byg.twitter )

Hay una tendencia en el discurso político progresista que le impulsa a lograr convencer a sus seguidores y especialmente al cuerpo electoral del hecho que su análisis de la realidad y las propuestas programáticas para transformarla son creíbles, factibles y que ante todo forman parte de un proyecto de mejora de la existencia social de la mayoría de la población. De alguna manera se quiere conectar el programa reformista con la progresiva profundización de la democracia social y por consiguiente con un interés general que integra a la mayoría de la ciudadanía del país. En gran medida además, la referencia continua en este tipo de narrativa a la importancia de lo público como expresión organizativa de un interés común al funcionamiento eficiente de prestaciones y servicios de interés general, afianza esta idea de consenso sobre las grandes líneas de acción del programa reformista como proyecto de alcance general sobre la mayoría de la población.

Este relativo ecumenismo del discurso progresista se refuerza en relación con lo que se supone que son los elementos institucionales básicos que disciplinan las relaciones sociales y que normalmente toma como referencia el conjunto de derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y la estructura y forma de gobierno del Estado. Aunque esta segunda parte resulta más debatida y cuestionada en la actualidad, en general existe una conciencia muy desarrollada de que el cuadro de derechos y libertades fijados en la Constitución son un mínimo común denominador que vincula el debate político, a partir del cual el desarrollo y alcance de estos derechos forma parte del debate entre las fuerzas que se confrontan en el terreno electoral y en la  formación de la opinión pública, cada una de ellas con los respectivos programas de reforma y de delimitación del alcance y contenido de los mismos.

Durante un cierto tiempo histórico que se corresponde con el bipartidismo imperfecto de nuestro sistema de partidos desde la victoria del PSOE en 1982 con su primera mayoría absoluta parlamentaria, esta base común se ha mantenido, posiblemente también porque la iniciativa reformista que quería la profundización democrática carecía de recorrido material en las dos opciones de partido que se disputaban, con el auxilio puntual de los partidos nacionalistas catalán y vasco, la gobernanza del país. La cuestión cambió con la crisis del bipartidismo, la conventio ad excludendum de cualquier posibilidad de gobierno que fuera apoyado por – o resultara integrado en -  Podemos a IU entre 2015- 2017 y la moción de censura a Mariano Rajoy de hace cuatro años que anticipa la mayoría de progreso que, tras varias turbulencias electorales, se logra constituir en noviembre de 2019.

A partir de ahí hay una neta diferencia entre el discurso político de los progresistas y el que asumen de forma transversal las derechas del PP y Ciudadanos y la ultraderecha de VOX. Esla exaltación de una forma de presentar la acción política en términos de antagonismo radical que lleva a la deslegitimación democrática del gobierno y de la mayoría parlamentaria que le sostiene. Es una reivindicación del Πόλεμος, de la guerra civil, en la que el objetivo de la acción política es la eliminación del enemigo, la consideración de éste como un sujeto cuya viabilidad institucional no es aceptable y al que por tanto hay que eliminar. El llamado gobierno “social comunista” es ese enemigo a batir de cualquier manera.

Se construye a través de una perorata insistente hecha de negaciones y falsedades acompañadas de hostigamientos e imputaciones que recaen no tanto sobre las fuerzas políticas consideradas antagonistas cuanto sobre quienes las personifican y sobre todo sobre los sectores sociales que se suponen identificados con el programa reformista combatido: inmigrantes, mujeres, ecologistas, sindicalistas, centrando en estos sujetos el combate al feminismo, la integración racial, el cambio climático o la preservación de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo defendidos por las organizaciones colectivas de las personas que trabajan. La irrupción de este antagonismo se expresa con extrema rudeza y brusquedad y esconde su indudable origen clasista de defensa de los privilegios económicos, culturales y sociales de los poderes privados con una combinación de la utilización del valor de la libertad como eje individual de apropiación de bienes de consumo y la reivindicación del inmovilismo como forma de combatir cualquier cambio social o económico como que perturba la cotidianeidad de las costumbres seculares.

Esta ya asentada forma de ejercer la acción política como guerra civil que busca la eliminación o la irrelevancia del enemigo lleva aparejada la ruptura del marco constitucional de referencia en materia de derechos y libertades, en una relectura de los mismos que hace desaparecer una buena parte de los mismos y disuelve cualquier ponderación equilibrada en los casos de conflicto entre ellos, procediendo a una redefinición regresiva del sistema de derechos en un proceso destituyente no reconocido explícitamente salvo a través del eco de este propósito en las sentencias firmadas por la mayoría del Tribunal Constitucional, como se ha podido observar últimamente con la demolición que este órgano ha llevado a cabo de todo el edificio de tutela y protección de la ciudadanía con ocasión de la gravísima crisis sanitaria y económica delCovid-19.

No necesita ningún esfuerzo argumentativo comprobar la ruptura del consenso constitucional en el discurso de parte / parcial del partido que forman la derecha  -PP y Ciudadanos-  y ultraderecha de Vox, que se unifican en el mismo objetivo. Claramente en lo que combaten, pero también en lo que mantienen, y especialmente en las prácticas que asumen como propias. La negativa a renovar el CGPJ después de tres años y medio y con ello el bloqueo añadido de la renovación del Tribunal Constitucional es de una gravedad inaudita que sin embargo sigue manteniéndose sin que se corrija de ninguna manera en un descarado ejercicio de secuestro del cambio democrático en los órganos constitucionales a los que estaba obligado a partir de las elecciones de noviembre de 2019.

Naturalmente, ça va sans dire, esta forma de expresión de la política antagonista es reduplicada, sostenida y conformada por los medios de comunicación más potentes, públicos y privados, incluida, paradójicamente, la RTVE como instrumento público de información a la ciudadanía. Las encuestas que se encargan y se efectúan semanalmente desde hace mucho tiempo ya parecen mostrar el éxito de este discurso que se retroalimenta con la victoria en los sondeos proclamada y confirmada continuamente, en especial ante cada convocatoria electoral que va jalonando el tiempo de descuento ante las elecciones generales de noviembre del 2023.

¿Deberían las fuerzas políticas de la mayoría social que representan centrar su argumentación en el campo de juego que les marca ese discurso hostil y virulento del partido unificado de la derecha y ultraderecha? No es este su terreno ni se debe responder de la misma manera. Por el contrario, hay que acentuar el alcance extensivo del proyecto del cambio, que tiene ya hoy en día suficientes elementos y señales de que está produciendo resultados en la vida cotidiana de las gentes. Defender el sistema de derechos ciudadanos, fortalecer la centralidad del trabajo en cualquier perspectiva de cambio social y exigir un fuerte impulso redistributivo de las rentas, nivelando las desigualdades gravísimas que se han ido agravando con las sucesivas crisis padecidas, es la vía por la que debe discurrir el contrato social que se tiene que afirmar ideológica y materialmente entre las fuerzas de progreso y el grueso de las personas que pertenecen a la comunidad estatal de España. Donde el discurso político manifiesta el respeto democrático y se confronta, en este terreno, con el discurso de parte, parcial y partidista, de las fuerzas que defienden el privilegio económico y la subordinación cultural y social de la mayoría de la población.