¿LAS EMPRESAS NO ENCUENTRAN GENTE DISPUESTA A TRABAJAR? UN INFORME DEL GABINETE ECONÓMICO DE CCOO

 

“Es una lata el trabajar / todos los días te tienes que levantar”, cantaba Luis Aguilé en una pieza de éxito cuya evocación descubre la provecta edad del titular de este blog. Pero esta mirada esquiva sobre el trabajo parece que ahora se imputa a las personas jóvenes que rehúsan ocupar puestos que hasta el momento habían desempeñado sin excesivos problemas. Se habla de una “crisis de reclutamiento” e incluso de “la gran deserción laboral”. En Estados Unidos se ha popularizado la expresión “la gran dimisión” y este hecho se relaciona inmediatamente con lo que está sucediendo en España. ¿Qué hay de real en esto?

Como de costumbre, la noticia que se lleva a la opinión pública por todos los canales mediáticos habituales no se corresponde con la realidad, pero eso ya sabemos que no es óbice para que se expanda y se reitere para darle carta de naturaleza. No se trata de que entre la clase trabajadora se haya extendido un rechazo al trabajo asalariado y la necesidad por tanto de un desapego laboral que permita descubrir la vida y su expresión libre fuera de la disciplina de la empresa. Se trata de algo más prosaico, la dificultad para las empresas de encontrar fuerza de trabajo en el momento requerido, en el just in time.

Lo importante en estos casos es la explicación que se ofrece para dar un sentido a esa carencia de personal. Y estas justificaciones son de varios tipos. La primera, la debida al cambio legislativo. Es la reforma laboral, que ha alterado la regla de la precariedad imponiendo un principio de estabilidad, la culpable de que no se pueda contratar con la flexibilidad de antes. Algunos sujetos entrevistados que afirman ser empresarios (cuestión dudosa donde las haya a tenor de lo que afirman) llegan a defender su tesis sobre la base de entender que ahora la ley impone también restricciones horarias imposibles de cumplir: no se puede contratar a una persona por media jornada, es decir, 12 horas.

La siguiente aclaración pertenece más al recetario clásico neoliberal. Es la culpa del ingreso mínimo vital y lo que en las redes sociales hegemonizada por la extrema derecha se denomina “la paguita”, que hace que una serie de personas prefieran instalarse cómodamente en la pobreza y recibir la prestación mínima correspondiente – para 2022 639,12 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos. 786,61 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos – que acudir a un trabajo formal remunerado por el que se cotiza a la Seguridad Social. Es un argumento bastante universal, que sostiene las pretensiones políticas de quienes entienden que la renta de subsistencia tiene que ser extraordinariamente baja para evitar que el pobre o excluido social no elija percibir el subsidio antes que acudir a trabajar, y que se extiende también al desempleo subsidiado, en donde se ha transformado el período de desocupación en un espacio de culpabilidad social que el parado tiene que expiar mediante la realización continua de cursos de formación y prácticas que demuestren su actitud positiva – activa – en ese momento en el que ha perdido el empleo y no encuentra otro y el Estado le proporciona una renta de sustitución como prestación por desempleo. Un discurso que exalta la necesidad como el motor de la economía y de la obtención del beneficio y que debería confrontarse con el marco constitucional que garantiza el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio y la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco de un panorama económico y social en el que la desigualdad sustancial se ha incrementado exponencialmente como consecuencia de las crisis en cadena que se han ido sufriendo en Europa a partir de la primera década del presente siglo.

El caso es que tanto espacio mediático ha ganado esta afirmación sobre la incapacidad del mercado de trabajo de suministrar mano de obra a empresarios que la requieren en los momentos de la recuperación económica aun amenazada por la guerra de Ucrania y las medidas económicas adoptadas durante la misma, que el Gabinete Económico de CCOO dependiente de la Secretaría Confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, ha publicado un informe denominado “Análisis de las vacantes laborales en España” que niega, con datos fehacientes, este tipo de relatos que acompañan a las noticias sobre la escasez de mano de obra o la falta de voluntad de la juventud en ocupar estos puestos de trabajo.

El informe se puede descargar en este enlace: https://www.ccoo.es/0d7d40c3380f7de912195ebe3f643c8f000001.pdf y el propio Gabinete Económico ha hecho un resumen ejecutivo de sus conclusiones, que son las siguientes:

El análisis realizado por el gabinete económico en relación a las vacantes laborales en España demuestra que, según la estadística oficial, no existe problema con ellas, pues en el primer trimestre de 2022 el porcentaje de vacantes se situó en el 0,9% frente a un 2,9% de media en la UE, siendo el más bajo de la Unión junto al de Grecia. Pese a esta realidad, en los últimos meses ha habido frecuentes llamadas de atención de distintas empresas y sectores planteando que no eran capaces de encontrar los trabajadores que necesitaban. Esta situación tiene dos explicaciones posibles.

 Por un lado, en el caso de las empresas y actividades que requieren trabajadores poco cualificados, como la hostelería, agricultura y transporte, la explicación está en las malas condiciones laborales. Estos sectores ofrecen a los posibles trabajadores bajos salarios, largas jornadas laborales y, hasta ahora, trabajos temporales. Como resultado las personas que pueden encontrar algo mejor o tienen apoyo familiar optan por no trabajar en ellos. Si estas empresas quieren dejar de tener problemas para encontrar trabajadores lo que tienen que hacer es mejorar sus condiciones laborales. A esto hay que sumarle la dificultad añadida del precio de la vivienda, que hace que haya trabajos como los de la hostelería, en la que se cobran 14.561,75 euros de media al año, en los que el salario apenas da para pagar el alquiler en algunas zonas.

 Por otro lado, en el caso de los sectores que requieren trabajadores cualificados, la explicación fundamental se encuentra en la ruptura de los procesos de formación orgánicos dentro de las empresas. La inestabilidad y la subcontratación para abaratar costes ha destruido los procesos de formación en muchas empresas y disuadido la inversión en formación. Este ha sido el caso de la construcción que ahora protesta por la falta de trabajadores cualificados que, precisamente, su modelo de negocio -basado en la temporalidad y la subcontratación en cascada- ha generado. La solución a los problemas de vacantes en estos sectores pasa por que las empresas apuesten por carreras laborales estables en las que la formación de los trabajadores tenga un papel central. Para ello, tienen a su disposición el dinero público destinado a formación en las empresas que, paradójicamente, todos los años se queda sin gastar, así como las nuevas ofertas de formación flexibles que se han facilitado con la reforma y promoción de la Formación Profesional.

En España no hay un problema de vacantes, sino un tejido empresarial infra desarrollado incapaz de generar empleo suficiente a la altura de las cualificaciones de las personas trabajadoras. En efecto, un 29,2% de los asalariados del sector privado tiene una cualificación superior a la requerida para el correcto desempeño de las tareas exigidas por su puesto de trabajo. Las personas trabajadoras acumulan muchos estudios para defenderse del alto paro ante la incapacidad de las empresas de acercarse al pleno empleo incluso durante los ciclos de bonanza largos. Este fenómeno de infradesarrollo del aparato productivo se explica, entre otros motivos, por el bajo nivel de formación de los empresarios españoles cuando se comparan con los europeos, lo que dificulta la innovación y el crecimiento de las empresas. También por los modelos de negocio que basan su beneficio en la alta temporalidad contractual y la subcontratación para abaratar costes y que han florecido en España gracias a una regulación laboral que los ha fomentado. Todo esto supone un importante despilfarro de recursos y desaprovechamiento del potencial de desarrollo de la economía y la sociedad española.

 En conclusión, las empresas no pueden circunscribir sus propuestas a que las Administraciones les resuelvan sus supuestos problemas de vacantes, sino que deben hacerlo ellas ofreciendo buenas condiciones de trabajo, definiendo carreras profesionales estables e invirtiendo en formación. Junto al papel central de las empresas, la Formación Profesional reglada y el SEPE tienen también un importante papel complementario que cumplir en la actualización de conocimientos profesionales.

Como siempre sucede, la realidad enseña más y mejor que el discurso que la manipula. Buena lectura, como diría nuestro colega Eduardo Rojo en su blog de culto, de este análisis completo y bien fundamentado sobre la falta de personas que quieran trabajar en nuestro país.