La amable
audiencia del blog ya habrá comprendido que comienzan las vacaciones también
para el titular del blog. Un verano excepcionalmente duro, con subidas
escandalosas de temperaturas, de las que se libran el norte peninsular y las
islas Canarias. En este período estival, no cesan las noticias que alimentan
las mañanas del veraneante y también sus preocupaciones, conectándole a su
pesar con los problemas que desearía poner en sordina durante el mes de
descanso anual obligatorio.
Lectura de datos
Entre la turbamulta informativa,
hay noticias satisfactorias para el laboralista y lógicamente son éstas las que hacen que funcione un mecanismo de selección positiva. Se desprende claramente de los datos
estadísticos que se hacen públicos y cuya valoración en la esfera política electoral
cada día es más irrelevante para comprenderlos en su verdadero significado. La evidencia es indiscutible. En solo cuatro meses de aplicación de la reforma laboral a través
del RDL 32/2021, está variando la composición de la fuerza de trabajo en
nuestro país, donde la tasa de temporalidad está disminuyendo de forma
acelerada. Este cambio estructural se puede apreciar en que el número total de
contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.665.515, de los que
un 41,44% son de carácter indefinido, afianzando así la pauta ya observada en
meses precedentes. En términos acumulados, los contratos indefinidos celebrados
a tiempo completo en los primeros siete meses del año han alcanzado un total de
1.608.898, lo que supone un aumento de 909.417 (130,01%) con respecto al mismo
periodo de 2021. Un dato que se debe leer junto con los resultados del segundo
trimestre de la EPA, en los que se aprecia la caída de contratos temporales
(-241.300), algo inédito en España en épocas de crecimiento económico, y como
resultado de esta tendencia, la tasa de temporalidad baja al 22.3%. Desagregando
por edad, el 42% del total de contratos indefinidos firmados el mes de julio
han sido por menores de 30 años.
Debates y devotos
Los datos de julio sobre el empleo y el crecimiento del desempleo al subir en 3.230 personas y situarse en términos absolutos en 2.883.812 personas, la cifra más baja registrada en un mes de julio desde 2008 han borrado los magníficos resultados de la EPA del segundo semestre, lo que ha animado a la ya esperada irrupción de los exponentes de la derecha advirtiendo del inminente Armageddon que caracterizará la labor del gobierno en el hundimiento irreversible de la economía y del empleo por lo demás proclamada desde hace meses. Debates con devotos del neoliberalismo desmentidos por la realidad que además ha posibilitado un muy simpático cruce de mensajes entre el ministro Escrivá y un economista despechado y al parecer muy seguido en los medios en los que aquél explica que éste no sabe leer correctamente las explicaciones de los diagramas estadísticos. El debate no funciona con los devotos del dogma liberal, que sin embargo (o mejor, justo por ello) reproduce insistentemente la gran prensa empotrada en el poder económico marcando los temas y los ritmos de las informaciones también en la Televisión pública. Previsions y realidades que no evitan la preocupación por el futuro inmediato puesto que la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania marcan un escenario incierto y complicado, y el devenir de los acontecimientos no permite ser extremadamente optimistas.
Proyectos muy acabados para el
otoño
El impulso constante hacia la
remodelación del marco normativo laboral no se agota en una promesa de un nuevo
Estatuto del trabajo, como la que realizó la Ministra de Trabajo y Economía
social, Yolanda Diaz, el primero de mayo pasado. Se anuncian proyectos
muy acabados que los interlocutores sociales tendrán que debatir en el próximo
otoño, que irán consolidando nuevas modificaciones normativas en sectores que
revisten una importancia simbólica muy clara. El primero de ellos es el llamado
Estatuto del becario, que atiende a la
formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la
actividad formativa desarrollada en el marco de las practicas curriculares o
extracurriculares previstas en los estudios oficiales y que ha constituido
clásicamente un territorio abierto al trabajo prácticamente gratuito, sin
protección social, del que han hecho uso y abuso tanto empresas privadas como
entidades públicas, en especial las universidades. Evitar que con falsos
becarios se cubran actividades permanentes de estas entidades es el objetivo
central de la norma proyectada, que puede que sea acordada exclusivamente con
los sindicatos, sin el aval de la CEOE-CEPYME.
El segundo tema que debe
abordarse necesariamente tras la Sentencia del Tribunal de Justicia qe exigió
la equiparación de derechos entre las empleadas de hogar y el resto de las
personas trabajadoras, es la proyectada nueva regulación de la relación de trabajo
al servicio del hogar familiar, que debe incluir, como elemento más llamativo,
el reconocimiento de la prestación por desempleo de estas trabajadoras. No es
un terreno fácil para el acuerdo, en esta ocasión no tanto ni tan solo respecto
de la interlocución con la representación de los empresarios, sino en el propio
interior del Gobierno y de las distintas sensibilidades que conviven en su
interior, algunas de ellas muy reticentes a ampliar el gasto social que esta
prestación implica.
Frustraciones y tentativas
Otros intentos de regulación parecen
más lejanos. Es el caso del anteproyecto de ley sobre diligencia debida de las
empresas transnacionales que fijara la responsabilidad de éstas ante la violación de
derechos humanos en los lugares en los que se implanten, sobre la que un reciente artículo de Adoración Guamán llamaba
la atención, señalando su importancia y la necesidad de su tramitación (https://blogs.publico.es/otrasmiradas/62442/frente-a-la-irresponsabilidad-razones-para-aprobar-una-ley-de-derechos-humanos-empresas-y-diligencia-debida/)
pero que el cambio producido en el Ministerio de Derechos Sociales en la
Secretaría de Estado para la Agenda 2030 puede que condene a la frustración. Otros proyectos parecen mejor orientados, como a ley de formación o la ley de empleo, pero siempre se requeire más tiempo para proceder a consolidar una arquitectura normativa completa.
Y, de manera más general, la
necesidad de abordar una reforma en profundidad del sistema fiscal que elimine
la enorme disparidad entre particulares y empresas, y la práctica
irresponsabilidad fiscal de las sociedades, cuyo impuesto requiere una urgente
revisión que mejore su capacidad recaudatoria. No hay más que tener en cuenta
que desde la crisis de 2008 el impuesto de sociedades ha perdido un 40% de
recaudación, un hecho significativo y gravísimo. A cambio parece que si puede
salir adelante el impuesto específico a las empresas energéticas y a la banca
por los beneficios extraordinarios obtenidos en esta época de crisis acentuada
por la guerra de Ucrania. Las palabras de Antonio Guterres, secretario
general de la ONU, son extraordinariamente efectivas: “Los beneficios combinados de las mayores
empresas energéticas en el primer trimestre de este año se acercan a los
100.000 millones de dólares. Esta grotesca avaricia de la industria de los
combustibles fósiles y sus financiadores está castigando a los más pobres y
vulnerables, mientras destruye nuestro único hogar”. Y añade: “Es inmoral que
las empresas petroleras y de gas obtengan beneficios récord de la actual crisis
energética a costa de los más pobres, con un coste enorme para el clima. Insto
a todos los gobiernos a que graven estos beneficios excesivos y utilicen los
fondos para apoyar a las personas más vulnerables”. Una cita de autoridad que
es ciertamente irrebatible.
Salarios o conflicto y la inflación, un terreno
problemático en entredicho.
Mientras tanto, la inflación sigue
castigando la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, y los salarios ven
reducido su poder de compra, devaluándose cada mes. Se traslada ahora la
disputa al terreno de la negociación colectiva, sin que se haya conseguido un
acuerdo interprofesional que diera un enfoque general a los procesos de
negociación sobre la base de las cláusulas de revisión salarial. CCOO y UGT han
elaborado un buen eslogan, salarios o conflicto, que se está materializando en huelgas
y movilizaciones en el marco de la negociación de convenios colectivos, en
general con resultados exitosos. Pero queda aun una gran parte de convenios
colectivos sin resolver, y en este asunto es clave la participación de los
delegados y representantes de los trabajadores en las empresas como condición
necesaria de materialización de esta lucha sindical por un salario que resista
a la erosión inflacionista. El salario vuelve por tanto a la primera plana de
la reivindicación sindical, y en el otoño de manera paralela se deberá iniciar
las consultas sobre el aumento del salario mínimo con la vista puesta en la
próxima aprobación de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados y
el refuerzo de la negociación colectiva.
Disfruta el verano, el otoño acecha
No todo se dilucida dentro de nuestras fronteras. El panorama internacional en el
que nos movemos es cada vez más intrincado, y la autonomía estratégica de la
Unión Europea aparece cada vez más reducida frente a la imposición plena del
programa que lleva a cabo la presidencia Biden en este dominio. Un muy
reciente artículo de Pablo Bustinduy es esclarecedor al respecto y conviene
leerlo para comprender la magnitud del problema: https://blogs.publico.es/dominiopublico/47267/por-que-es-tan-peligroso-el-viaje-de-nancy-pelosi-a-taiwan/
Aunque no seamos muy conscientes,
las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre Europa se harán especialmente notar al
terminar el verano. La inestabilidad política en Italia, que se resolverá en
septiembre, es otro motivo de preocupación en el contexto general cada vez más
complicado que puede restar a la Europa del sur un protagonista decisivo.
Asi que como es natural, Europa y
la guerra como problemas acuciantes. Una situación inestable. Pero mientras tanto,
no miremos arriba. Disfrutemos del verano y cultivemos nuestro jardín. Nos lo tenemos merecido.
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