UN OTOÑO MARCADO POR EL CONFLICTO SALARIAL

 

Cualquiera puede comprobar en el calendario que acaba agosto y por tanto se termina el período de las vacaciones de verano para la gran mayoría de las personas que trabajan. Es también el momento de recomenzar la rutina de las informaciones políticas, los sondeos de opinión y las encuestas electorales semanales en las que se reitera que la derecha con la ultraderecha ganan de calle las elecciones que tendrán lugar dentro de casi un año y medio, y se vuelve a poner en marcha el mecanismo abrumador que da refugio a una continua catarata de declaraciones que desacreditan, desautorizan y degradan cualquier posición tímidamente progresista que intente introducir criterios de igualdad y de nivelación social en la regulación de la existencia de las personas. Cada vez más algunas opiniones reconocidas se indignan ante esta situación que desgasta el debate público y amenaza la calidad democrática de la información, y hasta el presidente del Gobierno ha intervenido en una declaración veraniega pidiendo un poco de mesura en la veracidad informativa de los medios cada vez más excitados ante una posible hecatombe de las heterogéneas y abigarradas fuerzas del cambio progresista, a las que caracteriza por otra parte una cierta afasia política que dificulta la transmisión de lo que quiere decir y obstaculiza el conocimiento por la ciudadanía de lo que realmente está realizando.

El retorno a la normalidad institucional del otoño se abre a un escenario de lucha encarnizada entre la derecha y la ultraderecha al asalto de la legalidad democrática con todos los medios a su alcance, que son muchos y potentes, como es sabido. La resistencia del Partido Popular a cumplir el mandato constitucional de renovar el CGPJ se acrecienta ahora con la negativa a que este órgano nombre los dos candidatos para el Tribunal Constitucional. El flanco judicial es uno de los espacios en los que la estrategia de desgaste y de deslegitimación del gobierno progresista es más fértil y productiva. Oportunamente utilizadas las sentencias condenatorias con sus efectos directos e inducidos – pérdida de la condición de diputados, anulación de la condición de candidatos, dimisiones de cargos del gobierno y finalmente, cárcel para ex altos cargos autonómicos – permite hacer crecer el discurso de que todos los políticos son iguales y que la corrupción es universal, desde Vox hasta Podemos, impulsando una forma de pensar profundamente antidemocrática que se instala con facilidad en un discurso mantenido por todas las televisiones, púbicas y privadas, desde las tertulias matinales hasta los programas estelares de la noche y por los medios de comunicación en columnas de opinión y editoriales. Por si fuera poco, se profetizan con cierta verosimilitud terribles turbulencias económicas y hundimientos financieros en este país golpeado por una inflación irreductible en el marco de un clima belicista generado por la guerra permanente en la frontera este de Europa.

Un buen volteriano recomendaría que nos dedicáramos a cultivar nuestro jardín. O, traducido al lenguaje de este blog, que nos dediquemos a la información, discusión y propuestas sobre la regulación de las relaciones laborales y la ciudadanía social. Y realmente trabajo no falta en este aspecto. Uno de los ejes centrales de la discusión del otoño será – ya está señalado – el relativo a los salarios. No solo el salario mínimo, que durante estos dos años anteriores ha constituido un importante caballo de batalla dentro del propio gobierno, entre los partidarios de su contención para generar empleo y los que correctamente sostuvieron que su incremento garantizaba una mejora fundamental para la economía que compensaba situaciones de precariedad y de vulnerabilidad social, sino el de los salarios en general, amenazados de una nueva devaluación a través de la inflación de dos dígitos que padecemos. Hoy esta pelea entre economía y trabajo sobre la subida del salario mínimo es cosa del pasado y parece que se ha resuelto positivamente, si se cree a las declaraciones veraniegas de la Vicepresidenta primera, participante asidua e inusual de encuentros literarios y mítines políticos.

Pero en el otro tema, los salarios marcados por los convenios colectivos, se sabe que la CEOE no quiso llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre negociación colectiva antes del verano y que esa negativa ha propiciado  la declaración de conflictos por sectores y por empresas para lograr aumentos salariales que compensaran mínimamente este desgaste de la capacidad adquisitiva del salario carcomido por el alza de los precios de los productos de consumo y el coste de la energía. Una escalada de huelgas que ha ido cuajando a partir de junio con algunos éxitos muy relevantes en una especie de piel de leopardo todavía con pocas manchas.

“Salarios o conflicto” ha sido el acertado slogan sindical que protagoniza la estrategia de CCOO y de UGT del otoño en la que intentarán concentrar por sectores las convocatorias de huelgas para obtener condiciones salariales ventajosas. En ese debate ha terciado la Ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta Segunda, Yolanda Diaz, recordando a la CEOE que tiene que cumplir una función institucional en la regulación del sistema de relaciones laborales y que no puede definirse únicamente como una asociación de sujetos económicos privados que buscan exclusivamente el propio beneficio corporativo. La obligación del asociacionismo empresarial en estos momentos en los que la recuperación está amenazada gravemente por la crisis energética y de abastecimiento de materiales a causa de las sanciones comerciales de la guerra de Ucrania es la de cooperar en la determinación de la paz social – ese bien que tantas veces reivindican como patrimonio propio -  a través de una redistribución de los extraordinarios beneficios que se han ido generando en estos últimos meses. La inflación tiene un fuerte componente derivado del traslado a los precios del beneficio empresarial y por tanto es muy razonable que el aumento salarial compense esta ganancia extraordinaria que repercute en el resultado final del IPC.

Por afirmar esta opinión los grandes medios empotrados en el poder económico han considerado que la Ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta Segunda del Gobierno venía a ser una suerte de activista radical anti sistema. Acostumbrados siempre a que las autoridades públicas adviertan a la población de la necesidad de sacrificios y desaconsejen la resistencia a la imposición de medidas lesivas de sus derechos laborales y sociales, puede parecer insólito que un miembro del Gobierno defienda la posición de los sindicatos de trabajadores y reproche a la patronal por “no estar a la altura” del momento histórico. Sin embargo, es justamente esa la misión de una autoridad de gobierno competente sobre la regulación de las relaciones laborales. Insistir en que el empresariado vuelva a la mesa de negociación con los sindicatos y llegue a un acuerdo sobre salarios no es una proclama revolucionaria, sino una declaración institucional. Decir que los sindicatos “"tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal" no es tampoco un acto de sublevación constitucional, es ofrecer al público un diagnóstico preciso sobre los defectos y las omisiones que el actor económico empresarial lleva a cabo en su negativa a colaborar en la construcción de un marco estable de negociación que ayude a la recuperación económica y prevenga la incidencia grave de la crisis en ciernes.

Pese a ello, y como no podía ser menos, todos los periódicos recogerían en sus titulares que “el PSOE se desmarca de las críticas de Díaz a la patronal y defiende su papel en la negociación colectiva” cuestión esta última que realmente reafirmaría la crítica de Díaz a la CEOE, puesto que implicaría que en este punto ha habido un cambio de postura de aceptar el diálogo y no levantarse de la mesa en las negociaciones tripartitas de los últimos dos años (14 acuerdos sociales) a romper la negociación e impedir cualquier pacto en materia de salarios que recorte o limite los beneficios patronales. Los empresarios, lógicamente, se defienden de la “arrogancia” del poder y denuncian sus “falsedades”, siempre según las palabras de la Vicepresidencia de la CEOE que transcriben sus voces mediáticas amigas. El líder del Partido Popular ha preferido resaltar la división de opiniones en el gobierno para expresar su disenso respecto de la manifestación pública de Yolanda Díaz.

Pero al margen del carnaval de las quejas y de las disculpas a una corporación que siempre se ha percibido como intocable desde el poder público, lo cierto es que la movilización sindical es una necesidad urgente en el próximo otoño en torno a los convenios colectivos. Para ello, es imprescindible la participación colectiva y extensa de los delegados sindicales y la implicación de los miembros de las representaciones electivas de las personas trabajadoras en los centros de trabajo. Asambleas de delegados y en grandes empresas, asambleas de todos los trabajadores, además de expresar a la ciudadanía el conflicto en la calle. Solo volcándose en el conflicto se podrá atraer a la CEOE a un acuerdo satisfactorio que facilite y encauce la negociación colectiva. La toma de posición del gobierno es muy importante, porque supone una legitimación fuerte a la actividad sindical, además de recordar que las mayorías políticas que sostienen la acción de gobierno están directamente relacionadas con las mayorías sociales que exigen seguridad en la existencia y mejores condiciones de trabajo. Pero sin la tensión de los trabajadores y de las trabajadoras organizadas sindicalmente hacia la movilización del conjunto de las personas que trabajan en demanda de un salario digno y suficiente, el objetivo no se cubrirá.

Empieza el curso académico y el curso político. Pero el otoño debe traer una fuerte corriente de aire fresco que empuje hacia la consecución de un salario mínimo al alza y un marco de referencia generalizado de salarios “adecuados”, como exige la proyectada Directiva europea y están empeñados los sindicatos de los principales países europeos, en especial los del sur que sufrieron la enorme devaluación salarial en la crisis del 2010-2013 de la que aun no se han recuperado.