QATAR: EL PARLAMENTO EUROPEO SOLICITA INDEMNIZAR A LOS TRABAJADORES FALLECIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

 

Ha sido una iniciativa de la diputada francesa Manon Aubry, de La France Insoumise la que ha conseguido que el Parlamento europeo adoptara una resolución fechada el 22 de noviembre pasado en la que se solicitaba al estado catarí  que “prevea una indemnización retroactiva para las familias de los miles de víctimas que han fallecido en el puesto de trabajo o debido a las condiciones laborales” en la construcción de las obras efectuadas para la celebración del mundial de fútbol que se está desarrollando en la actualidad. La noticia se minimiza en un contexto mediático en el que la atención está centrada en el desarrollo de los partidos retransmitidos tanto en privado como en abierto, pero tiene un indudable interés porque conecta con las protestas internacionales que han situado a la FIFA en el centro de una contestación global respecto de su posición consciente de situarse al margen de los esfuerzos internacionales por preservar los derechos humanos.

La resolución del Parlamento europeo es muy matizada, recuerda que ya hace ocho años la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó una denuncia contra Qatar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2014 en relación con el incumplimiento del Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930, y del Convenio sobre la inspección del trabajo, de 1947 respecto de la aplicación a las personas trabajadoras en este país, en su inmensa mayoría inmigrantes de Sri Lanka, Kerala, India, Pakistán, Sudán, Nepal, África y Filipinas, del sistema de  kafala o patrocinio utilizado en Qatar hasta diciembre de 2016, que consistía en el marco jurídico para definir la relación entre los trabajadores migrantes y sus empleadores que limitaba y obstaculizaba gravemente los derechos y la movilidad de los trabajadores y fue condenado como forma de trabajo forzoso por colectivos de defensa de los derechos laborales. Las condiciones de trabajo de estas personas eran lamentables, con frecuentes casos de malos tratos a los trabajadores, incluidas condiciones de trabajo inhumanas e inseguras. Una investigación independiente patrocinada por el periódico británico The Guardian, reveló que aproximadamente 6 500 trabajadores migrantes habían muerto desde 2010, muchos de ellos por causas relacionadas con el trabajo debido a las extremas condiciones laborales y que, independientemente de la causa de la muerte, el porcentaje de trabajadores jóvenes fallecidos era sustancialmente superior a la tasa media de mortalidad de su grupo de edad.

Las presiones internacionales generaron algunas reformas de importancia en el emirato. Abolió formalmente la kafala, acogió una oficina permanente de la OIT, llevó a cabo con algunos países que tenían empresas constructoras en el país una serie de acuerdos para la mejora de las condiciones de trabajo del personal de las mismas, e incluso creó un fondo de compensación para las familias de las víctimas de accidentes en el lugar de trabajo, si bien no tenía efectos retroactivos respecto de los accidentes ocurridos antes del 2018, y establecía un concepto muy restrictivo de lo que se debe entender por accidente laboral. En concreto, los producidos por el calor ante larga exposición al sol y a temperaturas extremas, aunque ante la presión internacional, el país ha legislado para evitar trabajos en obras de construcción desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre entre las 10.00 h y las 15.30 h, con un descenso de casi un 70% de hospitalizaciones respecto de lo qe sucedía antes de esta limitación horaria del trabajo en la construcción. También se abrió a reformas al permitir la presencia de los sindicatos en las empresas, antes prohibida.

Este es el contexto en el que organizaciones no gubernamentales y una buena parte de agentes políticos y sociales europeos y norteamericanos han propuesto que el estado catarí, que es una de las economías globales más boyantes, al disfrutar del producto interior bruto per cápita más elevado del mundo debido a que posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural y proporciona a la Unión Europea el 13 % de las importaciones de gas durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2022, establezca un fondo de reserva de 440 millones de dólares para la compensación de los accidentados en los últimos años de la construcción de las obras del Mundial. Una reivindicación que hace suya el Parlamento europeo, aunque sin concretar la cifra, al resolver que “insta a Qatar, el país más rico per cápita del mundo, a que prevea una indemnización retroactiva para las familias de los miles de víctimas que han fallecido en el puesto de trabajo o debido a las condiciones laborales” y a la vez urge a ese país “a que lleve a cabo una revisión exhaustiva de sus normas en materia de recopilación de datos y de investigación con el fin de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los casos de lesiones y muertes relacionadas con el trabajo, en coordinación con organizaciones internacionales como la OIT y la CSI”.

No es previsible que el emirato acoja esta reivindicación, salvo que las presiones diplomáticas fueran muy insistentes. Hay que recordar su posición privilegiada en el suministro de gas a Europa justamente en medio de la crisis energética y la ruptura de relaciones con Rusia tras la invasión de Ucrania y el desarrollo de la guerra en aquel territorio. La resolución del Parlamento europeo sin embargo tiene mucho valor por algunas otras cuestiones que subraya. La primera, la responsabilidad de las empresas que han cooperado con su acción a la vulneración de derechos humanos básicos. El Parlamento “lamenta profundamente que muchas empresas, incluidas empresas europeas, hayan incumplido sus obligaciones en materia de conducta empresarial responsable”, pero anuncia que es posible que las víctimas puedan exigir responsabilidades a las empresas europeas que hayan cooperado al establecimiento de esas condiciones de trabajo inhumanas e inseguras. Textualmente, la Resolución hace hincapié en que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos deben disponer de vías legales para solicitar justicia y exigir responsabilidades a las empresas con sede en la Unión en virtud de la legislación vigente en materia de diligencia debida en algunos Estados miembros; acoge con satisfacción el trabajo en curso a escala de la Unión en relación con la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que ampliará aún más estas vías legales; considera que las empresas en cuestión han incumplido las obligaciones que les incumben en virtud de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, así como las derivadas de convenios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente”. Una llamada de atención muy prometedora sobre la posible exigencia de responsabilidad en el país de la empresa matriz que ha emprendido los trabajos en Qatar por sus actos vulneradores de los derechos humanos en ese país.

El Parlamento europeo dice aún cosas más tremendas. Efectúa una crítica directa a la prohibición de la homosexualidad y a la sumisión de las mujeres en el país, en términos nada diplomáticos. “Ningún derecho de una persona a la libertad de creencias de acuerdo a una cultura puede utilizarse para justificar la discriminación o el maltrato hacia otras personas” – afirma taxativamente la Resolución – de manera que sobre la base de la tendencia mundial hacia la despenalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, pide a Qatar que derogue el artículo 285 de su Código Penal y todas las demás leyes conexas, y condena la detención arbitraria y los malos tratos de personas LGBTIQ, y, en los términos más enérgicos, los casos denunciados de agresión sexual durante la custodia. De manera más suave, pero también con firmeza, “insta a Qatar a abolir la tutela de las mujeres - las mujeres cataríes siguen bajo la tutela del marido o de los parientes masculinos- , pues se trata de un sistema fundamentalmente erróneo que perjudica el desarrollo del país”. El argumento economicista es un tanto estrambótico, posiblemente por entender que una llamada a un principio de no discriminación sería entendida como un comentario demasiado hostil ante la estructura patriarcal catarí.

El Parlamento europeo tiene también palabras muy duras para la FIFA, valorando negativamente su postura ante la celebración del Mundial. Tras advertir en las consideraciones preliminares que “según funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y fiscales suizos que abrieron una investigación penal por denuncias de corrupción, es posible que algunos funcionarios de la FIFA hayan sido sobornados para comprar sus votos y que concedieran derechos de organización de la Copa Mundial a Rusia y a Qatar; que dos de los veinticuatro miembros del comité ejecutivo de la FIFA fueron suspendidos temporalmente por la FIFA en octubre de 2010”, a lo que une en el mismo párrafo la circunstancia de que “Arabia Saudí ha anunciado su candidatura para organizar la Copa Mundial de 2030”, la resolución afirma que “lamenta la falta de transparencia en la adjudicación de la Copa Mundial de la FIFA a Qatar en 2010; condena la ausencia clara de una evaluación de riesgos responsable por parte de la FIFA a la hora de evaluar la idoneidad de Qatar para albergar un gran acontecimiento deportivo internacional” y “recuerda su opinión, mantenida desde hace tiempo, de que la corrupción en el seno de la FIFA es rampante y sistémica y está profundamente arraigada, y sigue creyendo que la organización ha dañado gravemente la imagen y la integridad del fútbol mundial”.

La denuncia de la corrupción – “rampante y sistémica” – de la FIFA por parte del Parlamento europeo es un hecho de extraordinario relieve, que sin duda tiene que generar movimientos posteriores que saquen conclusiones en la organización mundial del futbol sobre este tema. Pero ese hecho, que incide en el desprestigio del torneo mundial, no debe desviarnos de lo que supone el eje central de esta resolución política del Parlamento de la UE: Condenar las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes en Qatar por parte de las autoridades cataríes, así como por las empresas que ejecutaron las obras de la Copa Mundial 2022, acompañado de un llamamiento a que todos los Estados miembros de la UE para que ratifiquen la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (Resolución 45/158 de la Asamblea General de la ONU, de 18 de diciembre de 1990). Una llamada de atención que tendrá lamentablemente mucha menor repercusión que el comentario en los medios de comunicación y en las redes sociales del resultado de los partidos que se celebran en Qatar cada día.