CRISIS INSTITUCIONAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Todos los periódicos de hoy abren con grandes titulares. La prensa madrileña afín al bloque de la derecha extrema, con júbilo ante lo que supone un triunfo de la minoría parlamentaria de oposición que ha impedido que la mayoría apruebe una ley, evitando por tanto que los órganos donde teóricamente se deposita la soberanía popular funcionen según el principio de mayorías, que habían quedado claramente reflejadas en los 184 diputados que aprobaron el proyecto de ley en el Congreso. La prensa digital junto con medios de solvencia editorial e histórica como El País o La Vanguardia, junto con emisoras afines, como la SER, anuncian con preocupación una deriva antidemocrática que todos insisten en calificar como inédita y que causa gran preocupación. Televisión Española se supone que, fiel a su tradición, se mantendrá en equidistancia, favoreciendo la confusión y a fin de cuentas apoyando la versión oficial según la cual para preservar la democracia el Tribunal Constitucional ha tenido que romper las reglas del estado democrático.

No se necesita mucho trabajo para demostrar que el sonrojante proceso de decisión que ha impulsado y finalmente llevado a cabo la mayoría del Tribunal Constitucional, con dos de sus miembros técnicamente sustituidos por los dos magistrados nombrados por el Gobierno, expresa una posición estrictamente de partido que hace suya sin mediación alguna. No se  ha hecho ni siquiera el esfuerzo por aparentar una cierta imparcialidad en el razonamiento que avala tal decisión. El principio básico es que la mayoría de los magistrados – que se reúnen como grupo político, al margen de la estructura que vertebra la actuación del Tribunal, en Secciones y Pleno – tiene capacidad para imponer su voluntad en el marco de una estrategia definida y decidida por el Partido Popular. No se necesita razonar nada, porque hay seis votos sobre cinco y eso es suficiente. El resultado es grotesco, los dos recusados votan oponiéndose a su recusación, violentando la imparcialidad del proceso, y se aceptan las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para impedir que el Senado pueda efectuar la misión legislativa que la Constitución le impone.

Es el paralelismo con la propia doctrina del TC que le ha permitido intervenir en las asambleas legislativas a partir del procès lo que los medios empotrados en el poder económico y político de la derecha extrema alegan como justificación: El Tribunal puede intervenir en cualquier asamblea legislativa en medio del proceso de creación de normas porque detenta ese poder de excepción que se ha asignado unilateralmente, aunque ello suponga considerar la ilegitimidad del órgano legislativo que pretende actuar como la mayoría del Tribunal entiende que no puede hacerlo. La decisión del Tribunal Constitucional define el contenido y el alcance de la potestad normativa de los órganos legislativos en cualquier momento del procedimiento de creación de normas, impidiendo a voluntad la deliberación sobre la ley en trámite sin escuchar ni oír a las partes interesadas. La constitucionalidad de la ley no se enjuicia una vez que ésta ha sido promulgada, como exige la LOTC, sino que se examina a lo largo del proceso de creación, para que su cuestionamiento partidista en el Congreso adquiera ejecutividad plena, imponiéndose a las mayorías parlamentarias mediante la suspensión del proceso legiferante. Una intervención lesiva del principio de autonomía del parlamento que obedece directamente a la asunción por el TC de una estrategia de partido que congela el principio básico de las mayorías políticas como fundamento de la orientación de la norma legal.

A la postre, esta decisión, como el enrocamiento del Partido Popular en no proceder a la renovación del poder judicial, y de nuevo, a la desobediencia de la mayoría de los componentes del CGPJ a cumplir una norma legal que les daba un plazo perentorio – incumplido reiteradamente -para el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, produce una erosión profunda en la apreciación ciudadana por la institución. Nadie hoy puede pretender tomar en serio el CGPJ, reducto de una desobediencia contumaz de una serie de personas que ante toda la población son identificados como jueces y magistrados plenamente orientados al servicio de intereses personales – seguir en el cargo – y políticos – no permitir un cambio en su composición conforme a la nueva mayoría expresada en las elecciones de 2019 y en la formación de un gobierno de coalición progresista. Este mismo descrédito sacude ahora al Tribunal Constitucional, convertido en un espacio de actuación sectaria y partidista sostenido por una mayoría mecánica y caducada.

Quizá esta grave crisis institucional pueda leerse como una nueva manifestación del viejo esperpento grotesco de la España brutal, sectaria y reaccionaria a la que las personas de una cierta edad estábamos acostumbrados y que confiábamos había ya desaparecido de este país. No ha sido así. Una gran parte de la población sin embargo lo vivirá de este modo, confusa ante las explicaciones que se les da, sin tiempo ni ganas para atender a las reflexiones técnicas y políticas que demuestran lo extraordinariamente grave de la cuestión. No es una de las preocupaciones más acuciantes con las que la ciudadanía tiene que lidiar en su quehacer cotidiano. El desprestigio constante de las garantías democráticas funciona también como un eficaz instrumento de amortiguación de la insumisión y por tanto hay que ser inteligente en la respuesta para conseguir una mejor comprensión ciudadana de la captura institucional de elementos clave del poder judicial y del control de constitucionalidad que el sectarismo antidemocrático del Partido Popular está propiciando y controlando.

En estos días serán varias las asociaciones y organizaciones colectivas que tomen postura pública contra esta deriva que lesiona la institucionalidad del control de las decisiones políticas del poder legislativo, impidiendo la acomodación democrática de éstas que exige la propia Constitución. Sería también deseable alguna declaración de los órganos que expresan la voluntad popular de acuerdo a los resultados electorales, reivindicando la posición que les corresponde en la elaboración de las leyes. Pero lo importante es que se recupere pronto una normalidad democrática que haga realidad la renovación del CGPJ, y completar el nombramiento de los magistrados que corresponde al Tribunal Constitucional conforme a las reglas que se prevén legalmente y que el Partido Popular se obstina contumazmente en desobedecer desde hace ya demasiado tiempo.