ALGUNOS DATOS RECIENTES SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL EN EL 2023

 

Comienza el año nuevo y se vuelve a la normalidad productiva sin excesivos sobresaltos en nuestro país, y es conveniente cobrar conciencia de algunos datos que ayudan a enmarcar la situación actual del llamado mercado de trabajo, realmente la situación del empleo que, según el discurso económico al uso, condiciona directamente el alcance del derecho al trabajo y los derechos individuales y colectivos que están asociados al mismo. El cuadro actual muestra una mejoría continua de la relación entre ocupados y desocupados, un incremento de la población activa asalariada y una disminución progresiva de la contratación temporal, con un correlativo aumento de la estabilidad en el empleo. Son datos muy positivos que sin embargo han sido recibidos con desagrado y desconfianza por la derecha política – no así, como es natural, por los sectores empresariales – que han expresado en público su disgusto, como si un marco social de relativa estabilidad se confrontara con su proyecto político inmediato.

De manera esquemática, podemos exponer los siguientes elementos materiales.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación de trabajadores es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) reconoce la condición de incluida en el Sistema de Seguridad Social a la persona física que por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo. En definitiva denota la entrada de una persona en el ámbito de la prestación de actividad que se corresponde con alguno de los regímenes de protección del sistema, principalmente el Régimen General o el Régimen de Trabajadores Autónomos.

El gráfico que abre esta entrada es obra de Carlos Castedo y ofrece datos interesantes sobre la variación que ha tenido esta magnitud de la afiliación a la Seguridad Social desde el 2007 y la composición interna entre hombres y mujeres.

En el pasado mes de diciembre hubo más de veinte millones de personas afiliadas a la Seguridad Social (20.296.271). Eso supone el 2,4% más que en diciembre de 2021 (1,9% hombres y 2,9% mujeres) y un 4,8% más que en 2007, el año anterior al comienzo de la crisis financiera en el que España vivía en una burbuja de esplendor económico. Es importante señalar el incremento del empleo femenino en estos años. Las mujeres son ya el 47,1% de la afiliación y un 17% más que en 2007, un verdadero salto adelante muy importante.

El desempleo

Hay que recordar que el Paro Registrado está constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el SPEE, existentes el último día de cada mes. De estas demandas de empleo se excluyen aquellas personas que estén en alguna de las siguientes situaciones:

Demandantes que solicitan otro empleo compatible con el que ejercen (Pluriempleo).

Demandantes que, estando ocupados, solicitan un empleo para cambiarlo por el que tienen (Mejor empleo).

Demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que participan en trabajos de Colaboración Social (Colaboración Social).

Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años (Jubilados).

Demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a 3 meses (Empleo Coyuntural).

Demandantes que solicitan un trabajo con jornada inferior a 20 horas semanales (Jornada < 20 horas).

Demandantes que están cursando estudios de enseñanza oficial reglada siempre que sean menores de 25 años o que superando esta edad sean demandantes de primer empleo (Estudiantes).

Demandantes asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional, cuando sus horas lectivas superen las 20 a la semana, tengan una beca al menos de manutención y sean demandantes de primer empleo (Estudiantes).

Así también las demandas suspendidas, las que se encuentren en compatibilidad de prestaciones por realizar un trabajo a tiempo parcial, los trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, quienes hayan rechazado acciones de inserción laboral u otras causas.

El número de personas desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de diciembre, ha descendido en 43.727 personas (-1,52%) en relación con el mes anterior. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.837.653 alejándose más la barrera de los 2,9 millones de personas desempleadas. De ellas, el 62,46% (1.799.838) percibieron algún tipo de prestación, aunque la tasa de cobertura bruta, se calcula en un 66,27 %, según el informe de Alberto Pérez para noviembre de 2022, que contrasta con los valores de 2016, en donde se situaba en el nivel más bajo del 52,9 %.

Respecto a diciembre de 2021, el paro interanual ha descendido en 268.252 personas (-8,64%), un porcentaje aun mayor si se compara con la situación en diciembre de 2020, más de un millón de personas menos, un descenso del 27,04%. La tasa de paro se calcula que se encuentra en un 12,5% en el 4º trimestre del 2022, frente al 25,7% de la crisis en 2013 y al 18,6% de 2016, un año de “plena recuperación económica” según el gobierno del momento.

Contratos registrados

La reforma laboral del RDL 32/2021 ha producido efectos muy directos sobre la contratación laboral. Como ha señalado Joaquín Pérez Rey en la presentación de los datos de todo el año 2022, se ha producido en este aspecto “la gran transformación” de la fisonomía de la contratación laboral. Los contratos iniciales han disminuido, han aumentado exponencialmente los contratos indefinidos, ha disminuido la contratación a muy corto plazo – hasta siete días o un mes – y se subraya también por los comentaristas que ha disminuido la rotación de la contratación realizada en relación con la ocupación de las empresas. El informe de Alberto Pérez sobre los efectos de la reforma laboral en la contratación y en la ocupación (diciembre de 2022) hace notar que mientras que en el año 2019 el porcentaje de contratos iniciales suponía el 136,84% de los trabajadores ocupados por las empresas, de enero a noviembre de 2022 este porcentaje disminuía al 103, 3% de los ocupados.

El número total de contratos registrados durante el mes de diciembre del 2022 ha sido de 1.189.917. De este total, 464.152 contratos de trabajo son de carácter indefinido y representan el 39% de todos los contratos. En términos absolutos son 290.368 contratos indefinidos más que en mismo mes de 2021.

Durante el año 2022 se firmaron un total de 18.310.343 contratos, 4.201.878 contratos menos (-18,7%) que en el mismo periodo de 2019, uno de los efectos esperados, en términos de estabilidad, tras la puesta en marcha de la Reforma Laboral. De este total, 7.027.160 son contratos por tiempo indefinido hasta diciembre de 2022, cifra que supone un ascenso de 4.913.819 sobre el mismo periodo del año 2021. El total de contratos temporales es de 11.283.183.

Hay que destacar que se han firmado cerca de cinco millones de contratos indefinidos más (4.867.726) y nueve millones de contratos temporales menos (9.069.604) que en el año 2019, el año previo a la pandemia. De estos, el contrato que más se ha incrementado ha sido el indefinido ordinario a jornada completa (1,7 millones más).

La polémica sobre la modalidad del fijo discontinuo en la que se obstinan los exponentes más señalados de la oposición al gobierno y una buena parte de sus sostenedores mediáticos no tiene mayor interés que el que provoca un ruido molesto, dada la consideración del fijo discontinuo como contrato indefinido desde la norma de 1985 que es conforme con la estadística europea al respecto. La reforma laboral justamente utilizó esta fórmula contractual, que puede también utilizar las ETTs, como figura que reconvirtiera a estacionalidad de tantas actividades económicas alejándola de la eventualidad o de la consideración a término de la contrata de servicios.

Prestaciones por Desempleo:

También en este punto se han disparado las críticas de la oposición política, por entender que hay un mayor gasto social de desempleo, desconectándolo de una mayor y mejor cobertura de las prestaciones que se prevén frente a este estado de necesidad.

Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 1.799.838, con un descenso respecto al mismo mes del año anterior del 1,2%. Los gastos totales de noviembre de 2022 ascendieron a 1.743,4 millones de euros. Como ya se ha dicho, la tasa de cobertura en el mes de noviembre fue del 66,3%, nueve puntos superior a la de noviembre de 2021.

La cuantía de la prestación por desempleo se ha mejorado tras las modificaciones últimas que ha recogido el art. 270.2 LGSS, modificado por la disposición final 25.8 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, Ley de Presupuestos.

Como se sabe, el importe de la prestación por desempleo se calcula según la base reguladora; esta es la media de las bases de cotización de los últimos 180 días de trabajo anteriores al cese. La cuantía de la prestación por desempleo durante los primeros 180 días será el 70 % de la base reguladora, a partir del día 181 será el 60 % de dicha base (no el 50% como se había establecido en el 2013).

Los importes resultantes de ese cálculo no pueden ser inferiores al tope mínimo ni superiores al tope máximo establecido en la Ley según el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) y según se tengan o no hijos o hijas a cargo.

Con la publicación de los Presupuestos Generales del Estado el pasado 24 de diciembre, Ley 31/2022, en el Boletín Oficial del Estado el IPREM mensual ha quedado establecido en 600 euros mensuales, culminando así una subida paulatina a partir de 2021 de 564,90 € a 579,02 € en 2022.

Eso significa que la cuantía mínima de prestaciones por desempleo para 2023 será de 560 euros (sin hijos) y de 749 para personas con hijos a su cargo, y la máxima de 1.225 euros para personas sin hijos, de 1.400 euros para personas con un hijo y de 1.575 euros para personas con más de un hijo a su cargo.

Conclusiones

La situación económica es complicada y la guerra de Ucrania plantea muchos interrogantes que fundamentalmente se concentran en el proceso inflacionario, la negativa de las asociaciones empresariales a realizar un acuerdo sobre la subida salarial en la negociación colectiva, los topes a los precios energéticos y a otros productos de primera necesidad, y la discusión sobre la necesidad de una intervención sobre aspectos sociales fundamentales, como la vivienda. Pero los datos relativos al empleo son en general positivos y denotan una situación de estabilidad sobre la que el cambio del marco institucional ha resultado extremadamente provechoso. Algo que no se debe olvidar y sobre el que lamentablemente no se insiste cómo se debiera por los agentes políticos y sociales.