FRANCIA: DE LA CRISIS SOCIAL A LA CRISIS DEMOCRÁTICA

 

Los “acontecimientos” de marzo en Francia han ganado las portadas de los periódicos europeos, no sólo de la prensa francesa. Entre nosotros, además, la turbulencia francesa ha coincidido con la realización de un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos confederales en torno a la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, que ha sido volcado en el RDL 3/2023. Era un acuerdo difícil porque debía garantizar la estabilidad financiera del sistema y lo ha efectuado sin reducir las posibilidades de acceso a la pensión, aumentando los ingresos previstos mediante el destope de las cotizaciones y otro tipo de medidas interesantes que sin embargo han sido cuestionadas por la patronal española y por el principal partido de la oposición, el PP, que se ha dedicado a intentar revertir el acuerdo logrado por el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social con la Comisión Europea y a defender en público la reforma de las pensiones que se está llevando a cabo en Francia por el empeño personal del presidente Macron.

Esta apuesta del Partido Popular por la propuesta reformista francesa es extraordinariamente llamativa, porque abandona la defensa de la reforma llevada a cabo en solitario por el PP en el 2013, sin acuerdo social y contra lo dispuesto en los Pactos de Toledo, y se adentra en un terreno ambiguo puesto que la situación francesa tanto en gasto social – casi tres puntos superior al español en relación con el PIB – como en el aspecto concreto de la reforma – subir la edad de jubilación de 62 a 64 años, cuando en España, desde la ley del 2011 está fijada la edad pensionable en 67 años, no tiene nada que ver con el supuesto de hecho en el que nos movemos. El otro elemento que causa una cierta sorpresa es que el apoyo y la inspiración en la reforma Macron ha generado una contestación social sin precedentes en Francia, con una conflictividad extensa y continuada, de donde pareciera que el Partido Popular añora ese momento de conflicto social en el que el poder público puede imponer sus condiciones de gobernabilidad sin acuerdo social y contra la movilización ciudadana. Es decir, como si anhelara la exasperación del conflicto social como forma de afirmación de la corrección de los cambios normativos previstos. Es por tanto muy difícil no aislar esta opinión de la implícita propuesta de gobierno en alianza estrecha con la ultraderecha en el marco del reforzamiento de las pulsiones autoritarias de la actuación política del mismo.

Lo cierto es que en Francia se ha instalado una inmensa crisis social. La protesta sindical se ha extendido y se ha convertido en protesta ciudadana, y el eje de la misma es la reivindicación de un tiempo libre para vivir la vida aún a tiempo de gozarla sin necesidad de tener que depender del trabajo una vez entrada en la década de los sesenta. La revuelta frente a la ampliación de dos años de la edad pensionable va de la mano de la reivindicación del tiempo y de la tutela de la vejez como situación de necesidad, y ambas en el contexto de un Estado social que cuida de la seguridad de la existencia de los ciudadanos que lo componen.

La movilización ha ido creciendo conforme el gobierno resistía y mantenía su posición, y ha llegado a su culmen cuando éste ha decidido no someter el proyecto de ley a la votación de la Asamblea Nacional y lo ha presentado como Decreto-Ley, salvando ese procedimiento mediante la superación por apenas nueve votos de la moción de censura, una serie de convalidación compleja de la urgencia de la norma que ha evitado así su aprobación parlamentaria. Los sindicatos han actuado en unidad plena de acción – lo que en el caso francés es verdaderamente llamativo y para nada frecuente – y han convocado, con creciente éxito, hasta nueve huelgas generales y las correspondientes manifestaciones de cierre de estas huelgas. La progresiva acumulación de personas en estas manifestaciones ha llegado a su máximo el pasado 23 de marzo, con más de tres millones de francesas y franceses en las calles de las diversas capitales de Francia, con una espectacular concentración de cientos de miles de personas en Paris.

El conflicto social es también político, y lo capitaliza La Francia Insumisa de Mélenchon, con intervenciones fulgurantes de alto contenido retórico que fustiga de forma constante el autoritarismo y la insensibilidad del presidente Macron, que por otra parte ha debido suspender la primera visita del monarca inglés a Francia ante no poder garantizar su seguridad -qué buena imagen habríamos obtenido de una cena de gala en Versalles con el rey Carlos mientras los huelguistas toman Paris en sus plazas- y que defiende la diferencia entre el pueblo (el buen pueblo de los franceses honrados) y la multitud o muchedumbre (siempre fuera de si y alejada de la concordia y la estabilidad del orden) para presumir que la presidencia es sostenida por el pueblo aunque esté sacudida por la multitud  (soutenue par le peuple, secouée par la foule).

El caso es que la crisis social se ha convertido en una crisis de sistema, del sistema democrático. El tránsito ha sido progresivo, partiendo de la base de que el 70% de la ciudadanía y el 90% de la población activa entienden que se trata de una reforma injusta. La movilización se ha ido extendiendo a lo largo de diez días y ha asumido todas las formas posibles de la protesta: peticiones, manifestaciones, huelgas, bloqueos. Queda todavía el recurso a acciones legales, como el reenvío de la norma al Consejo Constitucional y la petición de un referéndum de iniciativa compartida, creado por una ley de 2008 y que permite que se someta a referéndum, a iniciativa de un número de parlamentarios y el consenso posterior de al menos el 10% de los electores, para derogar la norma.

Pero junto a esta reivindicación primera contra el aumento de la edad pensionable a 64 años, se ha introducido el debate sobre la reducción de la jornada a cuatro días laborables, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras precarias, la necesaria regulación más protectora de los algoritmos como empleadores, no sólo en relación con las plataformas de entrega de comida o mercancías. Además la inflación ha golpeado masivamente a la población, y pese al sistema electoral francés , prácticamente mayoritario, la composición de la Asamblea Nacional es mucho más plural ( y conflictiva) que hace cuatro años, lo que posibilita que éste órgano sirva de caja de resonancia del conflicto. Un conjunto de materias que descansan en la centralidad del trabajo como elemento vertebrador de la sociedad y que ha desbordado el espacio de lo laboral/social para situarse en un terreno de confrontación general, política, denunciando que la respuesta de los poderes públicos de desprecio ante esta fuerza inmensa del conflicto social denota una componente autoritaria que pone en peligro el propio sistema democrático.

Es decir que el “asalto” a los derechos no sólo hace que sea la clase trabajadora y los sindicatos de clase los grandes dinamizadores de la protesta, sino que también el movimiento estudiantil, los movimientos vecinales, las ONGs, el movimiento feminista y LGTBI, han participado activamente en la misma, incluyendo sus reivindicaciones específicas. El recurso al art. 49.3 de la Constitución que ha permitido al gobierno no someter a votación la reforma, sino prevalerse del mecanismo de la moción de censura, ha permitido vislumbrar que éste se quiere liberar de los condicionantes de la discusión parlamentaria, imponiendo un acto que se define por LFI y Mélenchon como una muestra clara de autoritarismo. La extrema derecha por lo demás, no ha tenido una voz propia ni relevante en este proceso de conflictividad abierta, que se ha centrado en las subjetividades organizadas del mundo del trabajo, la intersindical convocante de las acciones de masas.

La crisis social ha devenido así crisis democrática, y la situación dista de haberse terminado. El martes 28 de marzo se ha convocado una nueva huelga general, de forma que los transportes estarán bloqueados y el personal de las refinerías en huelga ha tenido que ser “requisado” como forma de garantizar el suministro de combustible. La discusión sobre el sentido de la violencia y su expresión a lo largo del conflicto sigue también su camino en el discurso mediático pero la respuesta de los colectivos en lucha no deja muchas dudas sobre la aceptación de medidas de acción contundentes como forma de acompañar la resistencia ante una reforma que se estima injusta y dañina.

El caso francés  - les événements de mars - deberá seguirse de cerca no tanto ni tan solo por verificar las evoluciones y consecuencias de la reforma emprendida, sino por las repercusiones que puede tener sobre la gobernabilidad democrática de Francia y, por ende, sus efectos sobre la delicada composición de equilibrios en la Unión Europea en un momento central de revisión de las reglas sobre el pacto de estabilidad en esta situación de policrisis en la que nos movemos. Frente a ello, en España ya hemos visto que el Partido Popular añora volver al poder para poder enfrentarse a un amplio conflicto social como la prueba evidente de que su programa político va por buen camino; una añoranza del caos regido con mano de hierro en el que también parecerían sentirse a gusto algunos nostálgicos desde la izquierda supuestamente radical que prefieren siempre acertar en su pronóstico sobre la imposibilidad de cambiar las cosas si no se cambia todo de raíz. Ambas opciones felizmente están lejos de realizarse por el momento.