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Las
noticias sobre el caso Kitchen, es decir la operación del Ministerio del
Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular y
que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político, se ha ido
extendiendo y ramificando , de manera que ya se conoce que se utilizaron medios
y efectivos de la seguridad del Estado para difundir noticias falsas con la
intención de perjudicar directamente a los que se consideraban enemigos
políticos del Partido Popular, entre ellos a dirigentes de Podemos y a ciertos
líderes independentistas catalanes. El caso ofrece además otros ribetes oscuros
en lo que se refiere a la relación con miembros del aparato judicial. Este es
el aspecto que hemos abordado conjuntamente Enrique Lillo y el titular
de este blog y que en una versión más reducida se ha publicado hoy mismo en el
digital Público.es. (https://blogs.publico.es/otrasmiradas/69512/la-imparcialidad-de-los-jueces-y-el-caso-kitchen/) La que se publica ahora es la versión extendida del artículo.
Es frecuente escuchar que los aparatos judiciales no son neutrales. Pero se confunden imparcialidad y
neutralidad de los jueces. Los juristas sabemos que el juez debe ser imparcial,
pero no neutral[1], porque
su actividad tiene que estar necesariamente orientada a la defensa de los
valores recogidos en la constitución que conforman el estado social de derecho
y en donde cobra una importancia decisiva la igualdad – formal y material o
efectiva – junto con la libertad, el primado de la ley y la seguridad con los
que los jueces deben estar directamente involucrados. La imparcialidad es una característica
esencial de la función judicial, conforme a la cual el órgano judicial no puede
comprometerse con alguna de las partes del proceso, ni contaminarse con su
defensa, y va más allá de la serie de incompatibilidades y prohibiciones que
marca la ley. La imparcialidad de quienes ejercen la función judicial debe
cohonestarse con la independencia de los jueces frente a los poderes públicos y
privados, así como con otros cánones de conducta como la integridad, la
corrección, la competencia y la diligencia, según los principios de Bangalore
establecidos por las Naciones Unidas.
Estos lugares comunes sobre la
conducta y la posición institucional de las personas que imparten justicia,
formando parte en consecuencia del servicio público esencial que realiza el
derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva, están siendo
ampliamente cuestionados en la práctica mediante la apropiación por parte del
Partido Popular del espacio de la justicia no solo como elemento clave de su
estrategia de deslegitimación política de sus adversarios, en especial del
gobierno de coalición, sino como verdadero proyecto de acción para conseguir la
parcialidad de los órganos judiciales en defensa de operaciones ilícitas
planteadas como forma de financiación del partido o como medida de desprestigio
y desautorización de quienes considera sus enemigos políticos.
Esta operación de captura de la
parcialidad de los tribunales se acompaña de una campaña de defensa de la
independencia judicial oportunamente jaleada por todos los medios de
comunicación afines – que son muchos y poderosos, en especial en la prensa de
Madrid y en las televisiones privadas – que ha llevado a plantear en Europa
supuestas injerencias del gobierno en el ámbito de la justicia, invirtiendo así
el hecho evidente del obstruccionismo inconstitucional que ha ido realizando el
PP negándose a renovar el CGPJ durante ya más de cuatro años desde la fecha en
la que debiera haberlo hecho, o activando todos los mecanismos posibles para
evitar la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque esta
maniobra haya sido frustrada recientemente. Sin embargo, e incomprensiblemente,
todavía se mantiene el caducado CGPJ sin que se estén arbitrando medidas
urgentes para combatir la resistencia inconstitucional del Partido Popular a
llegar a un acuerdo de renovación del mismo negándose a aceptar su conformación
de acuerdo a las mayorías parlamentarias que vencieron en las elecciones de
noviembre de 2019.
En los últimos días hemos
conocido una muestra muy clara que cómo la parcialidad de algunos jueces está
integrada en el modo de actuar de los dirigentes del Partido Popular. Nos
referimos al intercambio de mensajes entre el presidente de la Audiencia
Nacional, Jose Ramón Navarro, y el entonces secretario de estado de
seguridad, Francisco Martínez, que se han incorporado al sumario de la
operación Kitchen, que desvela una gigantesca operación de acoso y desprestigio
basado en informes falsos de los adversarios políticos del partido mediante la
utilización de la estructura gubernamental del ministerio del Interior. En
estos mensajes, el presidente de la Audiencia Nacional aconsejaba al número 2
de Interior del PP en plena investigación de la operación Kitchen, en clara
vulneración del principio de imparcialidad del juez. Para los medios de
comunicación empotrados en el área de poder económico y político que domina el
Partido Popular, estos mensajes son inocuos, o, como ha señalado uno de sus
autores, demuestran simplemente un trato de piedad ante una persona
“desvalida”.
Pero realmente lo que aparece de
la literalidad de este intercambio de whatsapp es una relación de confianza
entre el presidente de la Audiencia Nacional y el entonces secretario de estado
que se proyecta sobre la necesidad de obtener información sobre el proceso de
investigación en marcha y obtener la inmunidad en el mismo, una relación por
cierto que se cierra con la promesa de una cena conjunta bien regada con un
vino de lujo por el que ambos compiten en invitar, una cena que según
informaciones periodísticas, se celebró en efecto un poco más tarde de lo
previsyo, de manera que el tema de la contaminación del juez por la defensa de
la posición del investigado aparece de forma clara de estos hechos.
Dejando de lado el eje central de
Kitchen, el empleo de los medios personales y materiales del Estado en la
vulneración de la legalidad, divulgando noticias falsas y cometiendo una larga
serie de ilícitos penales en beneficio del partido político, lo que se
desprende de esta operación es que no se limita al espacio gubernamental
comprometido, sino que ha alcanzado también a sectores clave del aparato
judicial en una clara conducta que no puede definirse sino como parcialidad en
el ejercicio de sus funciones. La obstinada negativa a la imputación de Maria
Dolores de Cospedal, que los audios de Villarejo colocan en el centro
impulsor de estas tramas, es una muestra evidente de lo que mantenemos.
Y por tanto no es de extrañar que
la percepción de una buena parte de la ciudadanía discurra por normalizar la
parcialidad de la actuación de los órganos judiciales, un hecho muy preocupante.
No es necesario hablar de lawfare como se hace últimamente para recordar
casos evidentes que denotan una parcialidad clara de los jueces que en la
opinión pública se percibe como “natural”: entre ellos, la reciente vicisitud
del caso de Isa Serra, no solo en lo referido a su condena por agredir a
policías en un desahucio con el único testimonio de los policías implicados,
sino en lo que respecta a la negativa del TSJ de fijar el término a partir del
cual finaliza su inhabilitación política, la conformación del grupo de cinco
vocales del CGPJ que vehiculan una estrategia de choque institucional desde
este órgano de gobierno caducado contra las iniciativas de reforma del
gobierno, o el caso emblemático del procesamiento y posterior absolución de los
concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Torrijos y Jose Manuel
García, en donde Torrijos durante 13 años fue sometido a cuatro procedimientos
judiciales que acabaron todos ellos mediante sobreseimiento o absolución, a
instancias de la jueza Alaya, que le persiguió sistemáticamente. Y se puede ir
más allá en las querellas contra Ada Colau, la imputación de Mónica Oltra, el
proceso que incrimina a Griñán y a Chaves, o en general la persecución contra
Podemos y sus dirigentes, que cuenta con más de veinte querellas e
investigaciones todas ellas archivadas o sobreseídas y que en la operación
Kitchen son el objetivo principal, junto con algunos líderes independentistas,
de la persecución policial y la difusión de noticias falsas. Sin olvidar que en
todos ellos el uso mediático de la imputación judicial resulta fundamental en
la estrategia de deslegitimación de las figuras políticas consideradas enemigas
del Partido Popular, y que estos medios continúan en su estrategia de acoso y
derribo de cualquier iniciativa de reforma progresista, conspirando y
manipulando a la opinión pública con toda la fuerza de sus importantes recursos
materiales que les suministra una audiencia extraordinariamente amplia.
Es necesario un esfuerzo
colectivo por devolver a la judicatura una imagen de imparcialidad y de
compromiso con los valores constitucionales como mecanismo de garantía de la
tutela efectiva de los derechos ciudadanos (entre ellos el de la inviolabilidad
de la persona, el derecho a la defensa y a un tribunal independiente e
imparcial). No puede aceptarse que estas conductas se consideren normales por
la opinión pública. La apropiación partidista por el Partido Popular de estos
órganos judiciales debe denunciarse y perseguirse por pura higiene democrática.
Nos va mucho en ello.
[1]
Lo explicaron perfectamente Joaquin Aparicio y Jesus Rentero respecto del juez
laboral: “El juez laboral, imparcial , pero no neutral”, Revista de derecho
Social 4 (1999).
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