martes, 7 de marzo de 2023

LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES Y EL PARTIDO POPULAR, UNA OPINIÓN DE ENRIQUE LILLO Y ANTONIO BAYLOS

 


Las noticias sobre el caso Kitchen, es decir la operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular y que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político, se ha ido extendiendo y ramificando , de manera que ya se conoce que se utilizaron medios y efectivos de la seguridad del Estado para difundir noticias falsas con la intención de perjudicar directamente a los que se consideraban enemigos políticos del Partido Popular, entre ellos a dirigentes de Podemos y a ciertos líderes independentistas catalanes. El caso ofrece además otros ribetes oscuros en lo que se refiere a la relación con miembros del aparato judicial. Este es el aspecto que hemos abordado conjuntamente Enrique Lillo y el titular de este blog y que en una versión más reducida se ha publicado hoy mismo en el digital Público.es. (https://blogs.publico.es/otrasmiradas/69512/la-imparcialidad-de-los-jueces-y-el-caso-kitchen/) La que se publica ahora es la versión extendida del artículo.

Es frecuente escuchar que los aparatos judiciales no son neutrales. Pero se confunden imparcialidad y neutralidad de los jueces. Los juristas sabemos que el juez debe ser imparcial, pero no neutral[1], porque su actividad tiene que estar necesariamente orientada a la defensa de los valores recogidos en la constitución que conforman el estado social de derecho y en donde cobra una importancia decisiva la igualdad – formal y material o efectiva – junto con la libertad, el primado de la ley y la seguridad con los que los jueces deben estar directamente involucrados. La imparcialidad es una característica esencial de la función judicial, conforme a la cual el órgano judicial no puede comprometerse con alguna de las partes del proceso, ni contaminarse con su defensa, y va más allá de la serie de incompatibilidades y prohibiciones que marca la ley. La imparcialidad de quienes ejercen la función judicial debe cohonestarse con la independencia de los jueces frente a los poderes públicos y privados, así como con otros cánones de conducta como la integridad, la corrección, la competencia y la diligencia, según los principios de Bangalore establecidos por las Naciones Unidas.

Estos lugares comunes sobre la conducta y la posición institucional de las personas que imparten justicia, formando parte en consecuencia del servicio público esencial que realiza el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva, están siendo ampliamente cuestionados en la práctica mediante la apropiación por parte del Partido Popular del espacio de la justicia no solo como elemento clave de su estrategia de deslegitimación política de sus adversarios, en especial del gobierno de coalición, sino como verdadero proyecto de acción para conseguir la parcialidad de los órganos judiciales en defensa de operaciones ilícitas planteadas como forma de financiación del partido o como medida de desprestigio y desautorización de quienes considera sus enemigos políticos.

Esta operación de captura de la parcialidad de los tribunales se acompaña de una campaña de defensa de la independencia judicial oportunamente jaleada por todos los medios de comunicación afines – que son muchos y poderosos, en especial en la prensa de Madrid y en las televisiones privadas – que ha llevado a plantear en Europa supuestas injerencias del gobierno en el ámbito de la justicia, invirtiendo así el hecho evidente del obstruccionismo inconstitucional que ha ido realizando el PP negándose a renovar el CGPJ durante ya más de cuatro años desde la fecha en la que debiera haberlo hecho, o activando todos los mecanismos posibles para evitar la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque esta maniobra haya sido frustrada recientemente. Sin embargo, e incomprensiblemente, todavía se mantiene el caducado CGPJ sin que se estén arbitrando medidas urgentes para combatir la resistencia inconstitucional del Partido Popular a llegar a un acuerdo de renovación del mismo negándose a aceptar su conformación de acuerdo a las mayorías parlamentarias que vencieron en las elecciones de noviembre de 2019.

En los últimos días hemos conocido una muestra muy clara que cómo la parcialidad de algunos jueces está integrada en el modo de actuar de los dirigentes del Partido Popular. Nos referimos al intercambio de mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro, y el entonces secretario de estado de seguridad, Francisco Martínez, que se han incorporado al sumario de la operación Kitchen, que desvela una gigantesca operación de acoso y desprestigio basado en informes falsos de los adversarios políticos del partido mediante la utilización de la estructura gubernamental del ministerio del Interior. En estos mensajes, el presidente de la Audiencia Nacional aconsejaba al número 2 de Interior del PP en plena investigación de la operación Kitchen, en clara vulneración del principio de imparcialidad del juez. Para los medios de comunicación empotrados en el área de poder económico y político que domina el Partido Popular, estos mensajes son inocuos, o, como ha señalado uno de sus autores, demuestran simplemente un trato de piedad ante una persona “desvalida”.

Pero realmente lo que aparece de la literalidad de este intercambio de whatsapp es una relación de confianza entre el presidente de la Audiencia Nacional y el entonces secretario de estado que se proyecta sobre la necesidad de obtener información sobre el proceso de investigación en marcha y obtener la inmunidad en el mismo, una relación por cierto que se cierra con la promesa de una cena conjunta bien regada con un vino de lujo por el que ambos compiten en invitar, una cena que según informaciones periodísticas, se celebró en efecto un poco más tarde de lo previsyo, de manera que el tema de la contaminación del juez por la defensa de la posición del investigado aparece de forma clara de estos hechos.

Dejando de lado el eje central de Kitchen, el empleo de los medios personales y materiales del Estado en la vulneración de la legalidad, divulgando noticias falsas y cometiendo una larga serie de ilícitos penales en beneficio del partido político, lo que se desprende de esta operación es que no se limita al espacio gubernamental comprometido, sino que ha alcanzado también a sectores clave del aparato judicial en una clara conducta que no puede definirse sino como parcialidad en el ejercicio de sus funciones. La obstinada negativa a la imputación de Maria Dolores de Cospedal, que los audios de Villarejo colocan en el centro impulsor de estas tramas, es una muestra evidente de lo que mantenemos.

Y por tanto no es de extrañar que la percepción de una buena parte de la ciudadanía discurra por normalizar la parcialidad de la actuación de los órganos judiciales, un hecho muy preocupante. No es necesario hablar de lawfare como se hace últimamente para recordar casos evidentes que denotan una parcialidad clara de los jueces que en la opinión pública se percibe como “natural”: entre ellos, la reciente vicisitud del caso de Isa Serra, no solo en lo referido a su condena por agredir a policías en un desahucio con el único testimonio de los policías implicados, sino en lo que respecta a la negativa del TSJ de fijar el término a partir del cual finaliza su inhabilitación política, la conformación del grupo de cinco vocales del CGPJ que vehiculan una estrategia de choque institucional desde este órgano de gobierno caducado contra las iniciativas de reforma del gobierno, o el caso emblemático del procesamiento y posterior absolución de los concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Torrijos y Jose Manuel García, en donde Torrijos durante 13 años fue sometido a cuatro procedimientos judiciales que acabaron todos ellos mediante sobreseimiento o absolución, a instancias de la jueza Alaya, que le persiguió sistemáticamente. Y se puede ir más allá en las querellas contra Ada Colau, la imputación de Mónica Oltra, el proceso que incrimina a Griñán y a Chaves, o en general la persecución contra Podemos y sus dirigentes, que cuenta con más de veinte querellas e investigaciones todas ellas archivadas o sobreseídas y que en la operación Kitchen son el objetivo principal, junto con algunos líderes independentistas, de la persecución policial y la difusión de noticias falsas. Sin olvidar que en todos ellos el uso mediático de la imputación judicial resulta fundamental en la estrategia de deslegitimación de las figuras políticas consideradas enemigas del Partido Popular, y que estos medios continúan en su estrategia de acoso y derribo de cualquier iniciativa de reforma progresista, conspirando y manipulando a la opinión pública con toda la fuerza de sus importantes recursos materiales que les suministra una audiencia extraordinariamente amplia.

Es necesario un esfuerzo colectivo por devolver a la judicatura una imagen de imparcialidad y de compromiso con los valores constitucionales como mecanismo de garantía de la tutela efectiva de los derechos ciudadanos (entre ellos el de la inviolabilidad de la persona, el derecho a la defensa y a un tribunal independiente e imparcial). No puede aceptarse que estas conductas se consideren normales por la opinión pública. La apropiación partidista por el Partido Popular de estos órganos judiciales debe denunciarse y perseguirse por pura higiene democrática. Nos va mucho en ello.

 



[1] Lo explicaron perfectamente Joaquin Aparicio y Jesus Rentero respecto del juez laboral: “El juez laboral, imparcial , pero no neutral”, Revista de derecho Social 4 (1999).


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