40 AÑOS DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA. HABLA AMAYA OLIVAS

 

En 1983, dos años después del fallido golpe de estado del 23F y transcurrido menos de un año del triunfo por mayoría absoluta del PSOE, nació a la vida pública la asociación Jueces para la Democracia – una denominación que hoy amplía a las mujeres juezas y que se corresponde con el acrónimo JJPD. Es una asociación profesional porque la norma constitucional prohibió expresamente que quienes ostentan esa condición no puede afiliarse a sindicatos en tanto se encuentren en activo, configurando así el espacio asociativo como un lugar opara la composición de intereses exclusivamente profesionales, alejados – como cuerpo separado – de los intereses sociales y económicos que representan los sindicatos y que sin embargo si pueden ejercitar el resto de funcionarios del servicio público de la justicia. JJpD es la heredera de un movimiento sociopolítico fundamental en la transición, Justicia Democrática que puso las bases para una renovación ideológica de la judicatura, un sector sin embargo profundamente anclado en el pensamiento conservador y en la defensa de la dictadura franquista.

 

La vitalidad de JJpD, tras estos cuarenta años de existencia, se manifiesta principalmente en su capacidad para producir información y análisis relevante del sistema jurídico, en una perspectiva crítica y alternativa que entronca con el propósito central de esta asociación de extender y profundizar el sistema democrático. Generosamente nos han cedido la intervención de la magistrada Amaya Olivas, que actualmente codirige con Ramón Sáez la muy prestigiosa revista Jueces para la Democracia. Información y Debate, que impulsara en su día Perfecto Andrés Ibañez, en la que se resume la historia, los valores y los fines de la asociación evocados de nuevo ante el hecho feliz de su aniversario. ¡Larga vida a JJpD y esperemos que podamos celebrar en el 2033 su medio siglo de existencia!

 

En el 40 aniversario de JJPD

Solo el cumplimiento cotidiano por parte del juez de las funciones de garantía de los derechos para que la Constitución le inviste de poder, solo la ajenidad en la toma de decisión de todo aquello que no sea la ley, solo la convicción en la importancia de su papel, firme y desesperanzada, propia del que no espera nada a cambio, permite su afirmación

                                                                                                           Luigi FERRAJOLI

 

De dónde venimos

Madrid, 1983, es un excelente ensayo de Arturo Lezcano[i] que refiere el momento convulso que vivió España en la época de la postransición.

 Efectivamente, si echamos un ojo a las portadas de la prensa de aquella época, nos sorprenderá el cúmulo de noticias relacionadas con las luchas vecinales por la defensa de un nivel justo de salario en el contexto de una severa crisis económica, con las huelgas obreras que reaccionaban a las reconversiones industriales sin apenas alternativas, con las elevadísimas tasas de pobreza, donde miles de niños vivían solos en el centro de las ciudades, con los reiterados atentados terroristas o con las miles de muertes causadas por sobredosis de heroína. También, como no, con las reacciones ultraconservadoras de los poderosos sindicatos policiales ante la reforma Ledesma.

 En ese año, marcado efectivamente por un agudísimo conflicto político social, nace en el mes de mayo una corriente “roja” dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura, que, finalmente, se constituye en Jueces para la Democracia (JPD), como colectivo judicial independiente en 1984. ¿Cómo resumir el lema que unió a esos valientes juristas que procedían en buen número de la clandestina Justicia Democrática (JD)?  Quizás podría ser, el de los derechos en serio.

 JPD nace en una débil e incipiente democracia, muy unida a la inmensa labor realizada por los despachos de abogados laboralistas, consciente de la barbarie de la dictadura y decididamente enfrentada a oponer a la misma las razones del derecho. No en vano muchos de sus integrantes coincidieron en ambas experiencias.

 JPD, como fiel sucesora de JD, inicia así su andadura en medio de una realidad judicial hermética, funcional a la existencia de valores antidemocráticos, traducidos en la práctica en un general corporativismo pretendidamente apolítico y neutral, ciego a su servilismo al derecho natural del régimen del 18 de julio de 1936 y al amparo absoluto de los aparatos de control social del régimen franquista. 

 La existencia de jueces demócratas que pretendían legítimamente aplicar la Constitución de 1978 como la superior norma de nuestro ordenamiento jurídico no se limitó a una declaración de intenciones.

 Así, su entrada en los respectivos órganos judiciales supuso una transformación radical del estado de cosas: la desaparición de las astillas y diversas corruptelas, de la entrada en las prisiones para intentar dotarlas de humanidad y hacer efectiva la reinserción, de la puesta en contacto con todo tipo de asociaciones comprometidas con la justicia social, de la aplicación como norma procedimental del principio de la presunción de inocencia.

 Hablamos, muy sintéticamente, de jueces que se esforzaron en construir un servicio público al que la ciudadanía acudiera sin miedo en sus entrañas. Y no resulta fácil desmontar 40 años de servidumbre.

 Durante los 40 años de andadura que hemos realizado, nuestra asociación se ha esforzado en aprender y difundir lo que llamamos una cultura democrática de la jurisdicción: hemos debatido de forma incesante sobre los distintos modelos de juez, diferenciando como no puede ser de otra manera el burocrático napoleonista y pretendidamente técnico, de aquel que saca las patas al aire, a la manera acuñada por Zagrebelski, y que pretende aplicar de forma efectiva los derechos fundamentales y sociales, como el principio y fin más hermosos de nuestro oficio.

JPD ha sido, ha querido ser una formación que rompe la odiosa separación impuesta con la sociedad civil. Ha pretendido cuestionar las formas de elitismo histórico de la judicatura y aprender de otras disciplinas: la historia, la economía, la psiquiatría, la literatura, entre otras muchas.

 Esta labor de transversalidad la venimos practicando a través de numerosas jornadas y encuentros con mil y un colectivos, desde los migrantes, los menores no acompañados, las sindicalistas de la fresa, las trabajadoras sexuales, las víctimas de accidentes de trabajo, los trabajadores precarios, y tantos y tantas otras…

 Pero también, como no, con la innegable aportación de nuestras publicaciones: el Boletín para el que escribo, dirigido a toda la carrera, los editados por las Comisiones o nuestra querida revista Información y Debate, Jueces para la Democracia, que cumplió su número 100 en abril del 2021, con aportaciones valiosísimas de las personas asociadas e intelectuales que nos han acompañado y guiado en este difícil y nunca conseguido avance por el verdadero garantismo de los derechos.

  Valores

 Los apartados A y B del Art. 2 de nuestros Estatutos refieren:

  A)   Contribuir decididamente a la promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la defensa de los Derechos Humanos universalmente conocidos.

B)   Promover la satisfacción del derecho fundamental a la justicia que garantice a toda persona el derecho de protección jurídica y el acceso a los Tribunales de Justicia en condiciones de igualdad.

  Partiendo de ello, nuestras preocupaciones, en la práctica, siguen siendo, entre otras muchas: 

 ¿Por qué el acceso a la oposición a la judicatura sigue siendo caro y excluyente?

¿Por qué el sistema en sí, basado en la pura memoria acróbata, no incluye criterios de reflexión profunda y valoración del caso concreto, en relación con la realidad social?

 ¿De qué manera se hace efectiva la distinción entre autoridad y autoritarismo?

¿Por qué la tasa de jueces por habitante sigue siendo en el Estado español de las más bajas en la Unión Europea?

 ¿Somos jueces comprometidos en serio con la legalidad y la jurisprudencia internacional? 

 Aportaciones de JPD

Creo que resulta innegable el hecho de que el trabajo asociativo ha sido constante para dar respuesta a tales preguntas.

 Así, nuestra propuesta decidida por un sistema público de acceso a la judicatura se ha visto reflejada en nuestras constantes aportaciones ante los gobiernos del Estado, las consejerías de justicia de las Comunidades Autonómicas, el CGPJ y la sociedad civil.

 Más allá, ha sido gracias a nuestro esfuerzo el conseguir la aprobación de un sistema de becas por el Ministerio de Justicia, así como la actualización de nuestro sistema gratuito de preparación para las oposiciones.

 Por otro lado, ha sido igualmente grande la impronta que los profesores de la Escuela Judicial ha dejado en el bagaje teórico-práctico en las personas que tuvimos la fortuna de aprender con ellos. Partiendo del método del caso, integramos cuestiones esenciales como la motivación de las sentencias o la correcta construcción de los hechos probados, que nos han permitido desempeñar la labor judicial con la corrección técnica exigible a un modelo constitucional de jueces demócratas.

 En el mismo sentido, la transmisión de valores intergeneracional y la apertura honesta a las voces de la sociedad más activa nos ha permitido desprendernos de los pésimos hábitos asociados al rancio autoritarismo. Con la reflexión acerca de la ética judicial, hemos constatado el tremendo efecto nocivo que causa el modelo de juez que desprecia al servicio público, con todo lo que ello conlleva. Hemos defendido y practicado, por el contrario, un modelo de justicia amable, cercana, y que da fundada respuesta a los problemas planteados. Practicando en serio la igualdad, la cercanía y la educación como normas básicas de actuación en sala.

 Hemos insistido, siguiendo el hilo planteado, que los medios de la administración de  justicia son manifiestamente mejorables, desde la propia estructura, con demasiados rasgos decimonónicos que no se corresponden con la actual organización del Estado y de las Comunidades Autonómicas, hasta la situación lamentable de muchas sedes judiciales y la imposibilidad de dar a cada asunto el tiempo de calidad que merece, por el excesivo volumen de entrada.

 Creo honesto poner de manifiesto la labor generosa de todas y cada una de las Comisiones de la Asociación, destacando su calidad técnica, atenta a las novedades legislativas y jurisprudenciales, efectuando interpretaciones que hacen lo más efectivo posible el contenido esencial de cada derecho.

 Asimismo, las propuestas de cursos en el plano de la formación inicial y continuada demuestran la plasmación práctica de nuestras señas de identidad: garantizar la independencia judicial como un derecho de la ciudadanía, no como privilegio, el respeto del principio cognoscitivo, la batalla por el fin de la impunidad de crímenes como la tortura, la defensa de la memoria democrática, y tantas otras.

 A nivel europeo, podemos estar igualmente orgullosos de los avances realizados tras la interposición de diversas cuestiones prejudiciales en los distintos órdenes, que han obligado al Estado a corregir prácticas contrarias al Derecho de la Unión.  

 Y a nivel internacional, nuestra presencia activa en organizaciones como MEDEL o la Red Iberoamericana garantiza la defensa de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras.

  Por qué afiliarse a JJPD

 Creo que ninguna asociación judicial como la nuestra cumple con el mandato de que el  poder judicial debe comprometerse a hacer efectiva la función de garantizar los derechos y la cláusula de igualdad material del Art. 9. 2 CE como un imperativo de su existencia: preservar los servicios sociales y proteger a la población vulnerable.

 Desde los primeros destinos, el acompañamiento de las nuevas promociones es constante. Permite así que desde la soledad o el lógico miedo a la toma de decisiones sea mitigado por la experiencia de compañeros con más antigüedad.

 La vida asociativa, encarnada en los múltiples encuentros de las Secciones Territoriales y Comisiones, Jornadas temáticas con colectivos sociales, el Comité Permanente o los Congresos anuales, permiten el intercambio de ideas y criterios y el conocimiento de compañeros que devienen en amistades imprescindibles.

 La brillantez profesional pero sobre todo humana de las personas asociadas hacen posible el proyecto. En estos tiempos amenazados por la pérdida de libertades y conquistas sociales, JJPD es hoy más necesaria que nunca.

 

[i] Lezcano, Arturo. 1983. Ed. Libros del K. O. , 1ª Ed. Septiembre del 2021