EL CGPJ NO PUEDE ELEGIRSE COMO EL CONSEJO DIRECTIVO DE UN CLUB DE PETANCA

 

Resuelta la incógnita que planteaba la permanencia en la presidencia del gobierno tras la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, las manifestaciones del 1º de mayo 2024 han sido amplias y se ha recuperado la tensión en la calle, con una amplia movilización popular a la que también se sumaron miembros del gobierno y partidos políticos. Como resumían los medios de comunicación, los lemas de la manifestación sindical de CCOO y UGT exigían una "política industrial de Estado que cree empleo digno, estable y de calidad para garantizar un futuro laboral sostenible" para así "proteger el contrato de trabajo, repartir márgenes empresariales, seguir mejorando empleo y salarios, reducir jornada y cuidar a la clase trabajadora". El tema estrella era tanto la reducción de la jornada y la reordenación del tiempo de trabajo como la reforma del despido, en el que ambos secretarios generales habían insistido en una entrevista conjunta al diario El País. Pero junto a ello, las centrales sindicales planteaban la necesidad de una regeneración democrática como condición imprescindible para desarrollar un programa de reformas sociales.

Pepe Álvarez anotó en este sentido que "no se puede maltratar, perseguir, a las organizaciones sindicales decentes de este país, como se ha estado haciendo los últimos años" ni se puede "crear una Policía fascista para controlar a los partidos políticos", aunque éstos sean independentistas. Y, siguiendo con el análisis de la degeneración del clima democrático en nuestro país y la compatibilidad de la agenda social con la profundización democrática Unai Sordo  abordó el tema de la renovación del CGPJ: “Lo voy a decir por derecho, la justicia es, ante todo, un servicio público de la ciudadanía y el poder judicial es un poder del Estado y, por tanto, se tiene que resolver su renovación en términos democráticos”, añadiendo a continuación: “El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una asociación de petanca y su renovación no puede corresponder en exclusiva a los jueces (..). Hay que reformar el Poder Judicial, que tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas de nuestro país”

Esta referencia ha sentado especialmente mal a los comentaristas afines al Partido Popular y a su estrategia de deslegitimación democrática que llevan adelante en una sintonía cada vez más amenazadora con la ultraderecha y su exponente parlamentario Vox, que marca el discurso público en los medios y en la discusión política, ocultando de esta manera cualquier debate sobre los temas centrales que afectan a las condiciones de existencia de las personas y a sus maneras de vivir. A estos medios  no ha gustado  nada que el dirigente del primer sindicato del país haya tenido la osadía de denunciar la parálisis obstinada del CGPJ y la vulneración consiguiente del mandato constitucional de su renovación, exigiendo poner fin a la misma en una dirección inequívocamente democrática.

Según un periódico digital denominado El periodista digital “en su programa ‘Más de uno’, (02.05.2024) su director, Carlos Alsina ha reflexionado sobre varios temas de actualidad y ha puesto la lupa sobre un hecho al que “no se le ha dado la suficiente relevancia: el Secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, despotricando contra el Poder Judicial y la separación de poderes. Vamos, despreciando el fundamento básico de la democracia”, y, para que los lectores lo entendieran mejor, “ el dirigente sindical básicamente pide un golpe de Estado desde el propio Ejecutivo”. Según este digital, dijo Carlos Alsina: “la democracia ha de ser como diga yo y no como digas tú. Y eso incluye sentenciar cuál es la forma democrática de elegir vocales del CGPJ y cuál no. Papel estelar para el Secretario General, Unai Sordo. Quien defienda que jueces elijan vocales directamente es bobo. Respeto a la discrepancia. Pues, ocurre que la ‘bobada’ emana del artículo de la Constitución que Yolanda Díaz no termina de aprenderse. Es ahí donde se discrimina entre jueces, magistrados, abogados y otros juristas”.

Y al día siguiente, en su columna del diario El Debate, Gabriel Albiac – ay! el autor de “Louis Althusser, cuestiones de leninismo”, “De la añoranza del poder o la consolación de la filosofía” y “La sinagoga vacía”, qué mal envejecen algunos – sentía un “escalofrío” al escuchar a Unai Sordo una “fórmula demoledora”, inimaginable “en ningún sindicalismo democrático europeo”. Tras recomendar al sindicalista que estudiara – siempre la superioridad del tribuno debe recordar la ignorancia del representante de los trabajadores – entiende que su propuesta de mantener la legitimación democrática del órgano de gobierno del poder judicial se corresponde con un artículo de la República Popular de la Albania de Enver Hoxha en el que se concluye que “El Tribunal Supremo es elegido por la sesión inaugural de la Asamblea Popular. Los demás tribunales populares son elegidos por el pueblo”. Ese “disparate” que proviene de la “alucinada Albania” habría hecho morir de vergüenza a los dirigentes veteranos que fundaron CCOO con los que Albiac colaboró, generoso, compartiendo su tiempo, “en la primera mitad de los años setenta”.

La verdad es que para criticar el hecho de que los miembros de los juzgados y tribunales sean elegidos por “el pueblo”, es decir por votación popular, se podía haber recurrido a un sistema político más duradero y de inequívoca reputación democrática, como el de los Estados Unidos de América. En aquel país, y como conocemos por películas y series de televisión, la mayoría de los jueces son elegidos por voto popular en elecciones generales o son nombrados por el gobernador del Estado por un período inicial y mantienen sus cargos mediante el voto popular en elecciones generales. Y ello es también la regla para la elección de los jueces de las Cortes Supremas Estatales. En este caso, dieciocho Estados eligen las vacantes por nominación directa del gobernador, veintiocho por medio de designación del gobernador con asistencia de una comisión de nombramientos, dos Estados (Carolina del Sur y Virginia) a través de elecciones legislativas, y entre los supuestos más especiales están Luisiana, que configura el nombramiento a través de una elección especial, e Illinois, que lo hace por medio de un sistema híbrido. El nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo como es sabido procede de la propuesta del Presidente, confirmada por el Senado, y su función tiene carácter vitalicio.

Pero el problema es que el secretario general de CCOO no se refirió a la forma de nombramiento de los jueces y tribunales en España, sino a la propuesta esgrimida por el Partido Popular de reformar la LOPJ para lograr que “los jueces elijan a los jueces”. Unai Sordo quería afirmar por el contrario la competencia radical y fundamental del Congreso de los Diputados en el nombramiento de los componentes de este órgano. Una concepción que no viene de Albania – ni de la gran democracia norteamericana - sino de ese art. 122.3 de nuestra Constitución que parece que los comentaristas y tertulianos “no terminan de aprenderse”.

El discurso de la derecha es monotemático : para evitar la “parasitación de la justicia por el poder político”, hay que hacer que el CGPJ sea elegido por los propios miembros del cuerpo judicial. Insistiendo en que eso es consecuencia de la llamada “separación de poderes”, legislativo, ejecutivo y judicial, como si cada uno de ellos tuviera reglas autónomas de conformación y no estuvieran todos ellos sometidos a un principio democrático de legitimación. El argumentario del PP quiere confundir la función de la institución o del poder del Estado con la legitimación del mismo, ocultando que ésta tiene que ser por definición democrática. El juez es un funcionario que ejerce su función jurisdiccional con independencia y sumisión a la Constitución, como el parlamento legisla y el gobierno administra. Pero la legitimación que permite que todos estos poderes del Estado tengan sentido en un estado social y democrático de derecho es su inserción en la lógica de las mayorías que señala el escrutinio popular a través de las elecciones generales. Este es el sentido de que el órgano de gobierno y disciplina de los jueces se deba someter a esa regla general, como por otra parte indica la Constitución. Y que se ha estado negando en España desde hace más de cinco años.

Es decir, el órgano de gobierno y disciplina de los integrantes del servicio público de la administración de justicia, que administra nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, no está al margen de la legitimidad que le da el pueblo en cuyo nombre se administra justicia. No es una asociación privada ni una corporación, sino una institución sometida a las reglas de la democracia, no a la autorregulación corporativa, y no puede regularse como una corporación desconectada de esta, como un "cuerpo separado" de la sociedad y del sistema democrático que esta se ha dado. No puede en efecto someterse a las reglas que sigue un club de petanca para nombrar a su junta directiva. La imagen es correcta y contundente.

Ante el clamoroso incumplimiento de la Constitución gracias a la oposición del Partido Popular que ha incentivado la permanencia del CGPJ caducado ya más del doble de tiempo para el que resultó elegido, y el fracaso de los intentos de llegar a un acuerdo, incluida la excéntrica mediación del Comisario de Justicia de la Unión Europea, lo que el secretario general del primer sindicato del país ha dicho en el mitin del 1º de mayo no ha ido más allá de una idea muy sencilla: el momento actual no permite más tentativas de deslegitimación del sistema democrático, y en este momento, es importante que se acabe este estado de excepcionalidad respecto del CGPJ cuando conta la voluntad durante más de cinco años de no renovar sus vocales con las implicaciones profundamente antidemocráticas que conlleva, además de las disfunciones en el funcionamiento ante la imposibilidad de que el Consejo en funciones siguiera designando magistrados del Tribunal Supremo y las presidencias de Sala de la Audiencia Nacional y de los TSJ, con lo que ello supone en el deterioro de la acción de la justicia.

El sindicato de CCOO, que siempre se precia de saber leer e interpretar el tiempo histórico en el que se mueve, ha acertado en expresar esta exigencia. Que no es extemporánea ni desafortunada. Es una propuesta de regeneración del espacio público imprescindible que reivindica la radical democraticidad que está en la base de todos los poderes del Estado que ningún partido político puede omitir en su discurso.