A nadie
se oculta la difícil situación política en la que se encuentra la Unión Europea
tras las elecciones del 9 de junio, Las posiciones de ultraderecha no han
conseguido imponerse a nivel global pero tiene una evidente capacidad de
condicionar las políticas de la Unión. En este contexto, es interesante conocer
las iniciativas que, como la que aquí se describe, buscan actuar de manera
contracíclica respecto de las tensiones en la UE contrarias a continuar el
desarrollo del Pilar Social Europeo y a impulsar una “agenda social” en los
próximos cinco años.
En efecto, en la reunión informal
de ministros de Empleo y Política Social (EPSCO) de la Unión Europea (UE), las
personas titulares de los gobiernos de Bélgica, Eslovenia, España y Rumanía han
formado un grupo que, partiendo de un hecho fundamental como el de afirmar que
la Europa Social ha de estar en el centro del proyecto europeo, pretenden
formar una coalición para definir propuestas específicas para una agenda social
europea renovada para el futuro inmediato, propuestas que pueden tener “un
impacto tangible” en la vida de los ciudadanos europeos, abordando sus
necesidades actuales y emergentes. El documento estratégico se denomina “Hacia
una Europa que avanza con nuevos derechos”, y en él, partiendo de la
importancia constitutiva del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la necesidad
de que éste se siga desarrollando – “el Pilar Social Europeo es nuestra brújula”,
afirman en el comunicado – se detalla un compromiso de acción sobre cuatro
grandes temas.
El primero apuesta por una Unión
Europea en la que los trabajadores disfruten de unas condiciones de vida y
de trabajo dignas y sean libres de disfrutar de su tiempo, creando nuevos
derechos laborales y evitando la precariedad, lo que implicaría:
o Adoptar rápidamente el paquete
propuesto para el marco de calidad de los períodos de prácticas con el objetivo
de lograr un alto nivel de protección y luchar eficazmente contra los períodos
de prácticas falsos.
o Reforzar la Autoridad Laboral
Europea para evitar la erosión de las normas laborales, garantizar la igualdad
de condiciones como marco adecuado para una movilidad laboral justa en la UE y
luchar eficazmente contra el fraude y el trabajo no declarado en toda la Unión.
o Garantizar la plena
transposición de la Directiva sobre salarios mínimos y desarrollar un marco de
referencia común para el seguimiento de la evolución de los salarios.
o Garantizar la plena aplicación
del Marco de Convergencia Social en el marco de un Semestre Europeo eficaz,
basado en el aumento de las capacidades para supervisar y corregir los
desequilibrios sociales.
o Continuar el trabajo sobre
inversión social con la creación de un Hub de conocimiento con el
objetivo de apoyar a los Estados miembros e incentivarlos a invertir en sus
sistemas de protección social.
El segundo se refiere al tema
central de las transiciones justas, digital y ecológica, en las que se garanticen
los derechos laborales, lo que supone:
o Adoptar rápidamente una
Directiva sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión para adaptar la
normativa de la UE y preservar los derechos de los trabajadores en la era
digital. Partiendo de una evaluación en profundidad de la legislación existente,
reflexionar sobre una iniciativa a nivel europeo sobre el tiempo de trabajo y
el uso del tiempo personal.
o Adoptar una iniciativa de la UE
que establezca los derechos de los trabajadores en relación con el uso de la
inteligencia artificial y los algoritmos en el trabajo, de modo que estén
sujetos al control humano, la transición digital sea justa y esté al servicio
de los trabajadores, respetando sus derechos individuales y colectivos.
o La experiencia positiva
adquirida con SURE podría servir de ejemplo para una nueva iniciativa durante
la nueva legislatura, por ejemplo, para garantizar que la doble transición sea
justa e inclusiva y también para preservar el empleo de las perturbaciones
económicas.
o Adoptar una acción de la UE que
reconozca efectivamente el derecho a la formación en el trabajo y establezca un
marco general para el ejercicio y la garantía de este derecho (duración,
remuneración, papel del diálogo social). Aunque el derecho a la formación es el
primer principio del Pilar, no está regulado a escala de la UE. El derecho a la
formación a lo largo de la vida laboral es un derecho esencial destinado a
ayudar a todas las personas a desarrollarse en sus carreras profesionales y a
mejorar sus oportunidades de empleo.
o Promover la negociación
colectiva verde para una transición ecológica justa que cumpla los objetivos de
neutralidad climática.
o Promover la adaptación del
marco europeo de salud y seguridad a los nuevos riesgos derivados del cambio
climático, así como a la transición digital mediante la adopción de una
iniciativa sobre salud mental en el lugar de trabajo y una Directiva sobre riesgos
psicosociales en el trabajo.
En tercer lugar, llevar al
derecho de la UE la reivindicación de la democracia en el trabajo y el diálogo
social, con la finalidad de “contribuir al desarrollo sostenible de la UE y
a un modelo económico altamente competitivo que genere pleno empleo y progreso
social”. En este sentido, se propone:
+ Finalizar la revisión ambiciosa
de la Directiva sobre comités de empresa europeos que garantice que aborde
eficazmente las deficiencias en su aplicación y la mejora los derechos de
consulta y participación en las cuestiones transnacionales.
o Actualizar la Directiva
2002/14/CE sobre los derechos de información y consulta para centrarse en
medidas preventivas que permitan adaptarse a las transiciones y los cambios
sectoriales, en particular teniendo en cuenta el uso de la inteligencia artificial
y los algoritmos en la organización del trabajo y garantizando órganos de
representación adecuados para las nuevas formas de organización empresarial.
o Adoptar un marco europeo para
la participación de los trabajadores en los órganos de administración,
dirección o supervisión de las empresas basado en los modelos existentes en la
UE para garantizar una gestión más democrática de las decisiones empresariales.
o Apoyar el diálogo social
europeo y la adopción de acuerdos interprofesionales para la mejora de las
condiciones de trabajo por parte de los interlocutores sociales europeos,
respetando su autonomía.
o Destacar el papel de los
sindicatos en la negociación colectiva, la condicionalidad social y garantizar
un lugar de trabajo justo e igual para todos.
o Garantizar un seguimiento
ambicioso de la Declaración de Val Duchesse de enero de 2024 sobre el refuerzo
del diálogo social.
Finalmente, una mención especial
se realiza a la economía social, de la que se quieren explotar todas sus
potencialidades. Y así, se pretende
o Aplicar plenamente todas las
iniciativas incluidas en el Plan de Acción para la Economía Social para
promover la economía social como modelo de desarrollo social y económico capaz
de ofrecer actividades económicas de alto rendimiento, inclusivas y sostenibles
que sirvan al interés colectivo.
o Seguir desarrollando
condiciones marco comunes para la economía social, ofreciendo seguridad
jurídica y acceso a una financiación adecuada para las entidades de la economía
social a lo largo de todo su ciclo de vida.
Como señaló Yolanda Diaz en
la presentación de este documento estratégico, “nuestro compromiso es claro:
seguimos necesitando una agenda social europea reforzada que amplíe derechos en
este nuevo ciclo”, en un contexto en el que las reformas llevadas a cabo en
España han funcionado bien y avances
como la reducción de la tasa de temporalidad y desempleo, gracias a medidas
como la reforma laboral, las subidas regulares del salario mínimo
interprofesional (SMI), la protección de las trabajadoras del hogar, personas
LGTBIQ+ o con discapacidad se han valorado positivamente en el Semestre europeo
por la Comisión Europea.
Considerar por tanto que en esta nueva legislatura no hay condiciones para avanzar en el desarrollo de derechos sociales es un error, aun que el equilibrio de posiciones políticas sea más precario en la Unión tras los resultados electorales. A fin de cuentas, una situación semejante es la que se experimenta en España desde las elecciones del 23 de julio, y es evidente que solo avanzando en el desarrollo de derechos laborales y sociales se puede mantener un proyecto de cambio y de progreso. Aunque no todos en el Gobierno de coalición entiendan que ese es el único camino.
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