El lunes
2 de febrero tuvo lugar la presentación en el Ministerio de trabajo y Economía
Social del Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto
nivel sobre la democracia en el trabajo que presidía la profesora Isabelle
Ferreras, (FNRS-University of Louvain/Center for Labor and a Just Economy,
Harvard University/ Institute for Ethics in Artificial Intelligence, Oxford
University) y en la que han participado doce expertos más tanto españoles como
extranjeros, de claro perfil académico y universitario. El informe lo presentó
la presidenta de la comisión y a continuación intervino la Vicepresidenta
segunda del gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, en
su calidad de mandante del estudio cuyo objetivo era el de desarrollar el art.
129.2 de la Constitución, según el cual, como es sabido, “Los poderes públicos
promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a
la propiedad de los medios de producción”. El acto fue retransmitido en streaming
– que logró una audiencia de más de 2.500 personas de varios países, además de
España - y al mismo asistieron presencialmente los miembros de la Comisión y la
práctica totalidad de los cargos del Ministerio, junto con sus asesores. Una
muy importante porción de los medios de comunicación ha dado cuenta de este
acto y de su contenido en sus páginas digitales y en las redes sociales, resaltando
a su vez alguna de las diferentes propuestas que contiene el Informe.
El Informe fue encargado el 21 de
febrero del 2025 a la Comisión de personas expertas a la que se ha aludido, que
han trabajado durante un año entero en sesiones alternas cada quince días con
participación en línea de intelectuales y académicos sobre puntos específicos de
la problemática estudiada, para en el mes de junio, dedicar una semana entera a
entrevistarse presencialmente con actores sociales, asociaciones interesadas,
fundaciones y empresas y analizar el resultado de estos encuentros. Y a
continuación comenzó la redacción del Informe con reuniones de todos los
miembros de la Comisión más espaciadas y otras de grupos de trabajo más
reducidos, especialmente las que se dedicaron a elaborar las propuestas de
reforma legislativa que implicaban el desarrollo del art. 129.2 CE, cuya
actividad fue más intensa y se localizó en los componentes españoles Vicente
Salas, Gema Fajardo, Francisca Ferrano, Edurne Terradillos y Antonio Baylos. Finalmente,
en el otoño, se puso fin a los borradores de los proyectos legislativos y se
culminó la primera versión del informe, que fue revisado por toda la comisión,
y se preparó la versión definitiva, con las traducciones a los dos idiomas en
los que el texto estaba escrito, que se entregó al Ministerio al terminar el
año, texto que fue embargado hasta su presentación pública el 2 de febrero. Todo
el largo proceso fue dirigido y organizado por Isabelle Ferreras, con
una capacidad de trabajo envidiable, y fue sostenido de manera indispensable, eficiente
y completa por el secretario de la Comisión, Leopoldo Moncada, de la
Universidad de Lovaina.
Se ha creado una página web que
contiene tanto la historia del Informe como la identificación de las personas
expertas que han participado en el mismo, los nombres y los temas de las
numerosas contribuciones que han dado al mismo los y las académicas que han
intervenido durante el proceso de escucha, junto con el texto completo del
mismo y están comenzando a insertar los eventos, actos y conferencias en los
que se comenta o discute las propuestas y el contenido del informe. La primera
de ellas, la que tendrá lugar el 4 de febrero en Harvard Law School, en el John
T. Dunlop Memorial Forum, en el que intervendrá Yolanda Díaz con la presentación
de Isabelle Ferreras, precisamente sobre el título que dio lugar a la presentación
de Madrid: “Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad”.
La extensión del Informe sobre
Democracia en el Trabajo es la adecuada al tiempo de reflexión y discusión de
los problemas abordados y las soluciones que se proponen. Tiene casi 500
páginas y se puede descargar en el enlace señalado (https://reportondemocracyatwork.org/es/el-informe-de-la-comision/)
o desde la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social (https://prensa.mites.gob.es/webPrensa/listado-noticia/noticia/4499)
.
El Informe tiene dos grandes
partes, en la primera se analiza la situación española y la incompleta y
parcial acogida legislativa de la participación de los trabajadores en la
empresa y se confronta con la necesidad de superar el escaso nivel del que
parte la situación actual de la democracia en la empresa para poder afrontar
con éxito lo que se denominan desafíos
de futuro económicos, sociales y políticos con especial atención a la
incidencia de la IA en este tema.
La parte segunda se dedica a
establecer los principales argumentos en pro de la democratización de las
empresas incorporando las mejores prácticas de la Unión Europea en esta materia
y proponiendo cambios legislativos ante
todo en el ordenamiento jurídico español a través de un proyecto de ley para la
participación de las personas trabajadoras en las empresas, la elaboración de
una nueva fiscalidad corporativa, la creación de fondos ciudadanos para apoyar
el acceso a la propiedad, incorporando asimismo el criterio de participación de
las personas trabajadoras en su doble acepción a la cláusula social de la
contratación pública y elaborando otras medidas de políticas públicas y
culturales. Pero también se propone el impulso para la creación de otro tipo de
instrumentos normativos a nivel Europeo, como un fondo soberano para abordar la
crisis de sucesión de pequeñas empresas y apoyar esta transferencia de propiedad,
además del desarrollo de normas ya existentes, como las Directivas de Comités
de Empresa Europeo, de diligencia debida en sostenibilidad, un mecanismo
europeo de incentivos, entre otras muchas cuestiones relevantes.
Como era previsible, los medios
de comunicación han resaltado en sus crónicas los aspectos del informe que más
les ha llamado la atención, siendo de destacar la gran difusión que ha tenido
esta noticia en todos ellos, también en aquellos cuya línea de opinión es
especialmente reticente al objetivo que persigue este texto. En todo caso, la
responsable del Informe ha publicado un artículo en el diario “El País” el 3 de
febrero en el que sintetiza de manera clara y concisa las líneas fundamentales
del Informe, su contenido y su propósito y al que cabe remitirse en su
totalidad: https://elpais.com/opinion/2026-02-02/democratizar-la-empresa-es-completar-la-transicion-democratica.html
Anotar algunos aspectos tangenciales
al examen concreto del Informe Ferreras puede ser de utilidad. En primer
lugar, si desde Aristóteles se ha establecido una tripartición entre trabajo, acción
y pensamiento, es evidente que en torno a la elaboración de este texto se ha producido
una simbiosis positiva entre estas tres categorías, de manera que la forma de organizar
la elaboración del Informe y su desarrollo representa claramente un ejemplo
virtuoso de un trabajo intelectual serio y bien construido que da sentido a la
acción política que busca la reforma de las instituciones democráticas en un
sentido emancipatorio y de reequilibrio de la subalternidad económica, social,
cultural y política que socava el alcance de la noción de democracia. El
proceso de trabajo intelectual que se ha ido desplegando en la elaboración del
informe se ha materializado en la fabricación de dinámicas sociales y políticas
originales que sostienen nuevos sujetos o que permiten que los sujetos sociales
que pueblan el espacio económico – el mercado en el sistema de libre empresa - cobren una nueva dimensión política y adquieran
coherentemente la responsabilidad de actuar democráticamente en ese espacio
hasta el momento considerado inmune a la forma y al contenido democrático.
Este proceso de construcción se
ha efectuado a través de la acumulación y compactación de intervenciones,
enfoques y análisis de alta calidad y excelencia que han ido decantando el
contexto preciso en el que se desenvuelve la línea de conocimiento que va a
permitir y sostener la acción política. No hay más que consultar la lista de
quienes participaron en las “audiencias” ante la Comisión y los informes y
documentos emitidos por los académicos y expertos consultados para comprender
la amplitud del espacio de conocimiento abordado sobre esta cuestión y el
relevante esfuerzo por atender una perspectiva multidisciplinar y pluralista.
Aunque sea una expresión pedante,
hay en este método de actuación y su resultado una yuxtaposición de poiesis es
decir, de trabajo creativo, de pensamiento que construye realidad, y de praxis
en la que se interactúa con ésta con voluntad de transformarla, en una
acción política que en este caso se encuentra ya en el origen del encargo de la
realización del informe y que se continua no sólo en su previsible ingreso en
los circuitos de producción de normas mediante la previa negociación con los interlocutores
del diálogo social, sino que es capaz de proyectarse sobre el espacio del
debate público, como un componente relevante de un proyecto de cambio social
que necesita ser valorado y comprendido como centro de un debate democrático (y
sobre la democracia). En demasiadas ocasiones se ha desacreditado la praxis
política por la impotencia de la acción que debe llevarse a cabo para imponer
un cambio social de relieve.
Pero hoy es seguramente más
importante trabajar un discurso que politice la existencia de la ciudadanía en
democracia y que por tanto exija la transferencia de los elementos básicos del
poder de decisión al ámbito del poder privado que marca la empresa y su organización
productiva. Hay signos evidentes de deterioro de la democracia ante la codicia
corporativa de las grandes tecnológicas frente a los cuales la respuesta no
puede detenerse solo en una pretensión de reforzamiento de las formas clásicas
de la democracia liberal, que se detiene en la frontera del mercado ni de la
empresa, sino que se deben traspasar esos bordes y recuperar la democracia
colectiva en el espacio-empresa como forma de profundizar y extender las
defensas democráticas. Eso realza la importancia – y el interés – de un
discurso político que da centralidad a esta reivindicación como motor de un
cambio social que defiende y profundiza el sistema democrático.
La empresa es un sujeto político.
Este hecho evidente siempre negado por la representación del mundo que tiene su
origen en la modernidad capitalista basada en el mercado como espacio del
interés privado y del funcionamiento de la empresa como sujeto económico y en
la formalización del espacio público de las instituciones representativas democráticas
como un lugar cerrado en si mismo a la experiencia del trabajo como ámbito que
deforma la libertad de las personas, elimina la igualdad formal entre sujetos y
somete a estas a la explotación de un poder privado sin apenas contrapesos. Pero el carácter político de la forma-empresa,
que requiere incorporar a su organización y funcionamiento elementos potentes de
intervención en la adopción de decisiones estratégicas y en la arquitectura de la
organización de la empresa, debe ser explicado
a la ciudadanía y considerado el punto de partida de una acción política, de
una praxis que se sabe portadora de una posibilidad de cambios profundos en un
sentido igualitario y progresista.
El Informe sobre la democracia en
la empresa se inscribe por tanto en esas coordenadas y abre un campo de
discusión y de debate que tendría que ganar una presencia concluyente en el campo
teórico, en el diseño de las políticas del derecho y en la recepción mediática
de los problemas más relevantes que condicionan la acción política en la
actualidad. Seguiremos este tema de cerca, también a través de las propuestas
concretas que suponen las herramientas necesarias para ponerla en marcha.