UNA NUEVA VOZ EN LA BLOGOSFERA EN CASTELLANO QUE HABLA SOBRE EL TRABAJO Y SU REGULACIÓN: LA VIDA NO ERA ESTO

 

Colocar el trabajo en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía y extender las voces críticas sobre los marcos que institucionalizan la explotación laboral como una norma social que se instala sin contestación social y política en los marcos institucionales de las democracias tardías entre las que nos hallamos, es una tarea imprescindible en el contexto actual de un mundo en el que se sustituyen las reglas de civilización por las de la fuerza y la violencia despiadada. En Chile ha venciso en las elecciones presidenciales un candidato pinochetista y su programa social insiste en los mantras neoliberales que sitúan al trabajo en una pura condición de mercancía y privan a los sindicatos de cualquier posibilidad de reequilibrar posiciones de poder plenamente asimétricas y desiguales.

Camila Romero, que ha trabajado en la Dirección de Trabajo de Chile y que ha sido una alumna del Curso de Expertos en Relaciones laborales que se celebraba en Toledo bajo el impulso de Umberto Romagnoli – fallecido en diciembre del 2022- y de Pedro Guglielmetti, il nonno -  y las universidades de Bolonia y la UCLM, ha lanzado este nuevo blog que se puede consultar directamente en esta dirección: https://www.abogadasindical.cl/2026/02/19/la-vida-no-era-esto/ .

Camila es una gran amiga del blog y en esa condición abrimos nuestras páginas a su primera entrada, deseándole el mejor de los éxitos en un largo camino de reflexión abierta y crítica sobre la regulación del trabajo y la necesidad de cambios fundamentales en el marco de un proyecto político realmente emancipatorio.

 

LA VIDA NO ERA ESTO

¿Por qué trabajamos? La respuesta aparece de inmediato como una verdad evidente y definitiva: trabajamos para vivir. Para comer, para pagar el agua, la luz, el gas, el arriendo, la consulta médica. Si quedara algo: para darnos un gusto, que no es lujo sino respiro: un viaje, una cena, o cualquier espectáculo que compense la semana. La mayoría nos mantenemos a flote. Trabajamos para no hundirnos.

Me pregunto cómo fue ese mundo en que el trabajo no nos era ajeno. Qué buscaba el ser humano, qué consideraba valioso, qué significaba vivir.

Por ahora, alrededor del trabajo se estructura la vida, por eso no es un capricho académico reflexionar sobre este. El trabajo es una necesidad humana que determina cuánto tiempo tenemos para descansar, cuidar, estudiar, sentir, amar. Determina qué tan posible es vivir. Y si el trabajo ocupa casi todo el tiempo de casi toda nuestra vida, entonces sus preguntas se convierten inevitablemente en interrogantes por el sentido de la existencia: ¿por qué vivimos?, ¿qué buscamos?, ¿en qué consiste una vida buena? Cabe también resolver, derechamente, que la vida no tiene sentido.

Aún así, existe una verdad biológica e irrefutable: la vida exige subsistencia. Como los animales, vinimos al mundo con el instinto de supervivencia. El hambre no espera. La necesidad no se posterga. Esta dimensión del trabajo es innegable pero no basta, precisamente porque no somos animales.  

Los seres humanos proyectamos, planificamos, construimos en nuestra mente antes de hacer. El trabajo, para nosotros, es inteligencia aplicada. Trabajar entonces es —o debe ser— una forma de creación individual y colectiva.   

Desde el trabajo se organizan las jerarquías y la distribución del poder. Por el trabajo se producen las riquezas y se generan las desigualdades. Es el trabajo el que determina qué vidas son cómodas y cuáles agotadoras. Por eso, hablar de trabajo es hablar de política, y hablar de ella es hablar de Derecho. En particular, el Derecho del Trabajo no es sólo un conjunto de normas jurídicas. Es, concretamente, el lugar donde una sociedad decide —explícita o implícitamente— qué valor tiene la vida humana.

¿Y qué valor tiene la nuestra?

Según estudios y prensa reciente, el 47% de las y los trabajadores en Chile ha experimentado un aumento de estrés laboral en el último año. Sólo un tercio (33%) percibe oportunidades reales de crecimiento profesional en el empleo, y existe un 41% de personas tituladas que no trabaja en áreas relacionadas con su formación. Esto sugiere insatisfacción en el trabajo, una percepción de desgaste sin proyección, y una desconexión estructural entre expectativas y realidad laboral. En total, en Chile tendemos a vivir el trabajo más como obligación que como espacio de realización. Más como negación de la vida que como afirmación de ella.

Esto se llama alienación. Podemos llevar uno o diez años trabajando en una empresa haciendo informes, sosteniendo procesos y resultados, pero no sentirnos parte. Queremos construir algo propio, porque sentimos que nuestro esfuerzo se evapora en un sistema que nos devuelve fatiga, no dignidad. Como si la vida girara en una rueda de hámster, el tiempo se consume en jornadas largas, disponibilidad permanente y metas que se renuevan mes a mes.

El capitalismo contemporáneo en su versión neoliberal no necesita cadenas visibles. El miedo a quedar fuera organiza nuestras conductas y nos lleva a normalizar situaciones que no aceptaríamos en libertad. Porque parece absurdo pasar la mayor parte de la vida en un lugar que no garantiza nuestro desarrollo profesional, haciendo, muchas veces, tareas a las que no le encontramos sentido, para percibir ingresos que nos alcanzan solo para… seguir trabajando. Sí, trabajamos para vivir, pero también vivimos para trabajar.   

Lo que Chaplin retrató en Tiempos Modernos se ha sofisticado. La fábrica ya no es ni de acero ni de humo, sino digital. La explotación ya no se vive siempre como imposición, sino como autoexigencia: nos presionamos para rendir, para ser productivos en la cadena de montaje que hoy es un computador, un correo, una planilla; un sistema de control invisible que mide rendimiento y cumplimiento. La presión ya no se siente tan directamente en lo físico, sino en lo psicológico.  

Es una forma de dominación mucho más eficaz. Para Žižek, el capitalismo actual ya no sólo compra trabajo, sino subjetividad: si trabajamos más, seremos mejores; y tanto el éxito como el fracaso son méritos individuales. La imposición psicológica es reinventarnos, ser flexibles y sonreír. Si estamos agotados no nos sentimos explotados, sino insuficientes. Por eso, la precariedad dejó de percibirse como una injusticia social y se volvió un defecto de la persona. Un problema estructural pasó a ser un problema moral.

“Hay que agradecer el trabajo”, “los sindicatos son conflictivos”, “si no te gusta, renuncia”. Estos eslóganes no son neutros, sino ideológicos: forman parte de una cultura hegemónica que reemplaza el derecho a vivir dignamente como un privilegio que debe ganarse sin reclamos. El Poder no se mantiene únicamente por la fuerza sino también por la capacidad de instalar ideas como si fueran parte del sentido común.

Y en este marco es el sindicalismo el que disputa el sentido del trabajo en la sociedad, el que despliega una actuación civilizatoria cuando reivindica el reconocimiento del trabajo como una actividad para la vida decente, y no sólo como un mecanismo de extracción de la riqueza.

El Derecho del Trabajo es una conquista del sindicalismo que tuvo por base comprender que el mercado no es, por sí mismo, garante de justicia, y que la denominada libertad contractual entre personas empleadoras y trabajadoras no es tal cuando una de las partes depende del salario de la otra. Nace porque la relación laboral se encuentra, inequívocamente, atravesada por el poder. 

Por eso sus regulaciones no son sólo técnicas, sino éticas: ¿Cómo compensa la sociedad a quienes la sostienen con su trabajo?, ¿Qué condiciones mínimas hacen que el trabajo sea digno?, ¿Qué tipo de organización social, en cuyo núcleo está el trabajo, permite el florecimiento humano? Al hablar de la vida buena, Aristóteles se refería a la completa realización de las capacidades humanas, a la plenitud como fin.

Y difícilmente podemos imaginarnos esa plenitud en una sociedad que obliga a su gente a trabajar hasta el agotamiento, que normaliza los problemas de salud mental como forma de productividad, que nos infunde culpa en el descanso y lujo en el ocio. No porque el trabajo sea malo en sí mismo, sino porque la lógica que lo ha capturado no persigue la realización del ser humano sino sólo la acumulación de la riqueza.

Es curioso que celebremos el crecimiento de la economía cuando nuestra vida no mejora con él: porque cuando el capital crece más rápido que nuestros sueldos, la desigualdad se reproduce. Esto no es una desviación o defecto del modelo sino su condición de existencia: la única forma del capitalismo para sostenerse es a través de la acumulación. De esta manera, si no existen mecanismos fuertes de redistribución, regulación y justicia fiscal, entramos en un laberinto sin salida: se produce más, pero se vive igual o peor.

Entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué trabajamos?

Quizás porque ya naturalizamos al trabajo como un bien que se tranza en el mercado, al tiempo como un recurso explotable, y a la vida como lo que nos queda fuera de él. Y esto no cuadra. Trabajar esperando el fin de semana, esperando las vacaciones, esperando la jubilación, porque aquí está la vida y no allí, no es sostenible. La vida, entonces, está siempre en otra parte, y lo dramático es que, muchas veces, cuando llega, ya no hay fuerzas.

Tal vez la gran tarea de nuestro tiempo sea devolverle al trabajo su lugar en nuestra vida. Una actividad que debería permitirnos la realización profesional, social, afectiva, cultural y también espiritual. Un lugar del cual nos sentimos parte, donde podemos crear, participar y contribuir a la obra común de la sociedad. Pero esto exige condiciones: requiere derechos, instituciones laborales fuertes y en sintonía con nuestro tiempo. Negociación colectiva real, sindicalismo activo. Porque si el trabajo es el centro de nuestra sociedad, la forma en la que trabajamos revela qué sociedad somos.

Y si somos nosotros quienes levantamos el mundo todos los días: en la casa, en la calle, en la escuela, en el hospital, en la oficina, entonces hay una pregunta que no podemos seguir evitando: si nuestro trabajo crea todo: ¿por qué no crea, también, una vida que valga la pena vivir?

UNA BELLA MAÑANA DE SÁBADO

 

Fue el sábado 21 de febrero por la mañana, en la sala de columnas del Circulo de Bellas Arte de Madrid, donde tuvo lugar el acto “Un paso al frente” donde los partidos que sostienen el gobierno de coalición – el movimiento Sumar, Más Madrid, Los Comunes e Izquierda Unida – presentaban una coalición amplia de izquierdas para las elecciones generales en donde se insistía el carácter abierto y esperanzado de este proyecto que había sido preparado durante los últimos meses. El acto, que fue presentado por Rita Maestre, contó con la participación de Lara Hernández, Ernest Urtasun, Antonio Maillo y Mónica García, en un formato transversal, a través de cuatro intervenciones sin liderazgos que sobresalieran por encima de los otros.

El acto generó una gran expectación pública. A las 300 personas que asistimos a la presentación, se unieron casi 500 en la sala de cine y otra salón en donde se proyectaba el acto, y los más de 80.000 que lo siguieron por streaming. Y tres días antes, un conversatorio entre Rufián y Delgado sobre la necesidad de lograr la unidad de la izquierda cara a las elecciones generales, fue también seguido por más de 100.000 personas en su desarrollo.

Se trataba de que las fuerzas políticas que forman parte del gobierno actual y que apuestan por la continuidad de las políticas sociales que colocan el trabajo con derechos en el centro de la actuación política, como una forma de lograr la mejora de las condiciones de vida de la gente, se comprometan a buscar una convergencia real de personas y organizaciones sociales junto con las estructuras de los partidos en torno a un programa de cambio y de progreso que profundice el proyecto reformista que se ha ido llevando a cabo durante los últimos cinco años.

En el acto del 21 de febrero, apoyando ese “paso al frente” se encontraban personas muy relevantes dentro del ámbito de las gentes de la izquierda social y política, comenzando por los dos secretarios generales de UGT y CCOO, organizaciones fundamentales para sostener cualquier propuesta reformista que amplie y consolide los derechos individuales y colectivos de las personas que trabajan y de quienes forman parte de la más amplia ciudadanía social. Pero junto a Unai Sordo y Pepe Álvarez, también estaban presentes exponentes políticos bien conocidos y de evidente prestigio en el proceso de cambio social y político que tuvo su inicio en el ciclo reformista que da inicio a partir del triunfo de las candidaturas municipalistas en el 2015 – del que son exponentes señalados Ada Colau o Gerado Pisarello – y que se nucleó a nivel general con las coaliciones Unidas Podemos que llevó a la izquierda  autodenominada transformadora o alternativa al gobierno, como  Alberto Garzón, o Nacho Álvarez. La clásica entente que se ha forjado desde hace tanto tiempo en la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura era recordada por el Ministro de Cultura, y encontraba su reflejo en la presencia de Luis García Montero, siempre atento a promover iniciativas de encuentro de las izquierdas.

Los últimos tiempos que han precedido a un comienzo de año verdaderamente escalofriante que ha exhibido la violencia desencadenada de un autoritarismo mundial encarnado en la afirmación imperialista de Estados Unidos, y en donde el genocidio y los crímenes de guerra, como sigue sucediendo en Gaza, se integran en la normalidad de las comunicaciones y de las informaciones, han generado en el espacio de la izquierda toda una retahíla de intervenciones en las que la derrota de sus ideas parecía inevitable, junto con un amplio despliegue de reproches y de incomprensiones sobre la actuación de las fuerzas políticas que se reclaman de esta posición ideológica. Más aun, el porvenir que se diseñaba por los comentaristas y comentadores influyentes para estas formaciones políticas – y que una buena parte de sus protagonistas asumían en su discurso, ejercitando alguna de las múltiples variantes de la secular autocrítica – podía asemejarse al que el poeta vasco Gabriel Aresti pronosticaba en 1967 : “bronco sufrir, dolor continuo, llanto ronco y un, sin fin, desgarrador sollozo”[1].

Romper esa dinámica de agresión, desmotivación y reproches era por consiguiente indispensable. Y en efecto, en esta tercera semana de febrero, se ha podido revertir por su contrario, la constatación de que existe una amplia base de personas que están motivadas para seguir impulsando un proceso de profundización en la democracia como la única forma de reactivar la pulsión a una sociedad solidaria y fraterna en donde se pueda ir reduciendo la desigualdad, conscientes por otra parte de que este es el único antídoto al avance del pensamiento negativo del individualismo, la deserción social y la acumulación del odio al diferente como clave para explicar el propio sufrimiento. Un trabajo con más derechos que asegure su presencia en la toma de decisiones de las empresas, una sociedad civil en la que la sanidad y la enseñanza, también la universitaria, se afirme como un espacio desmercantilizado que logre una nivelación social en el acceso a unos servicios públicos imprescindibles, la extensión de una cultura popular y libre de censuras, la activación permanente de políticas de cuidados y la extensión de los derechos reproductivos, la integración en un espacio de tolerancia y comprensión de razas y sujetos especialmente vulnerables, son algunos de los elementos centrales de una propuesta de gobierno que garantice la seguridad de la existencia de amplias capas de la población que se sitúan en una posición de subalternidad política, económica, social y cultural. Y en un contexto internacional en el que se denuncia el genocidio en Gaza y las acciones criminales de los gobiernos de Israel y de Estados Unidos, y se proclama expresamente  la solidaridad con el pueblo trabajador de la República argentina, frente a la reforma autoritaria y libertaria del gobierno de Milei.

No sobra nadie, era el leit motiv de las intervenciones del 21 de febrero, y se trata de un proceso de formación de voluntades y de consolidación de sujetos que requiere tiempo y a la vez audacia para su consolidación de nuevo. A efectos electorales, pero mucho más allá de ello. Todos los nombres, tanto los que nos han acompañado en estos tiempos como los que aún no han emergido y los que siempre permanecerán en un relativo anonimato. Pero todos son imprescindibles, dejando de lado los posibles cuestionamientos parciales de su actuación. Por eso en el acto referido se podía percibir una amplia fraternidad entre los diferentes miembros de diversas agrupaciones políticas y sociales, unas “ganas de unidad” que es el presupuesto de cualquier iniciativa de cambio.

Queda por recorrer camino, desde luego. No tanto sobre el programa – el qué se quiere obtener – sino el método – cómo articular la complejidad organizativa e ideológica de las formaciones y de los grupos concernidos – más importante que el quién – lo que se llama el liderazgo compartido de las diferentes fuerzas en liza. Pero todo comenzó bien. Y se abrió paso la esperanza y la confianza de poder articular una alternativa real de cambio social y de progreso.

Por eso fue una bella mañana de sábado, bien agradable, como recordarían luego los titulares de las diversas cabeceras de los medios de comunicación que hemos recogido.

Seguimos adelante. Y todos juntos.

La izquierda exhibe sintonía y activa la maquinaria electoral para intentar rearmarse de cara a las generales (El País)

El espacio de Sumar deja atrás la melancolía y se rearma: “El nuevo sentido común es la unidad”. Los partidos recuperan la ilusión y la autoestima para las generales con guiños a toda la izquierda: “Aquí no sobra nadie” (Info Libre)

“Los partidos de extrema izquierda asumen el discurso de Sumar: "No sobra nadie" (La COPE)

La izquierda presenta su alianza para 2027 con un mensaje de unidad: "Aquí no sobra nadie" (Demócrata)

Sumar llama a todas las fuerzas de izquierda a unirse y pide "dejar los egos a un lado" (RTVE)

Sumar refunda una alianza “no para resistir”, sino para “ganar, gobernar y transformar” (Deia)

La nueva confluencia llama a integrarse al resto de izquierdas y colectivos sociales: "Lo que nos exige el pueblo progresista es ganar" (Público)

La izquierda confederal abre una nueva etapa de unidad y “ambición” electoral: “Se acabó el derrotismo” (El diario)

 

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[1] Gabriel Aresti, “Primera vez, Nerea, ante el futuro” / “Lehendabiziz Nerea etorkizunaren aurrean”, de su libro de poemas Euskal Harria, en El ciclo de la piedra. Antología. (Edición de Jon Kortazar, Visor, Madrid, 2020.

A LA PATRONAL ESPAÑOLA NO LE INTERESA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. HABLA FRANCISCO TRILLO

 

El pasado diez de febrero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos confederales CCOO y UGT firmaron el Acuerdo de Mejora y Modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tras un largo período de negociación en el seno del diálogo social. La CEOE-CEPYME, que participó en estas reuniones al final, siguiendo una práctica ya relativamente asentada, negó su firma al Acuerdo. Sobre este tema y otros muchos colindantes Francisco Trillo, a que la audiencia del blog conoce perfectamente como una de las firmas invitadas más frecuentes y apreciadas, ha escrito este comentario.

Hace treinta años, el 8 de noviembre de 1995, se publicó la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Con ello se cumplían, con considerable retraso, los distintos compromisos jurídicos que tenía el Estado español, tanto a nivel europeo (trasposición de la Directiva 89/391/CEE), internacional (ratificación del Convenio OIT 155), como nacional (la puesta en marcha del mandato contenido en el art 40.2 de la Constitución para garantizar el derecho fundamental a la vida, integridad física y moral).

Realizar un balance sereno de los 30 años de vida de la LPRL exige en primer lugar destacar la inmensa relevancia del cambio cultural que ha supuesto anteponer la prevención de los riesgos laborales a la reparación de los daños sufridos por las personas trabajadoras con ocasión o como consecuencia de la realización del trabajo. El trabajo no puede, no debe, constituir una fuente de sufrimiento para las personas que trabajan, siendo la fórmula jurídica más adecuada para evitarlo la de situar a estas como referencia de medida cuantitativa y cualitativa de la prestación de trabajo teniendo en cuenta los sistemas concretos de organización de la producción.

La LPRL y su desarrollo normativo, con todas las críticas y mejoras que cabe realizar, ha entronizado la evitación del daño a las personas trabajadoras repudiando una intervención normativa basada exclusivamente en la reparación del daño padecido. En definitiva, ha contribuido a la democratización del espacio empresa, impugnando y repudiando la validez de una organización de la producción que resulte dañina para las personas trabajadoras. 

Sin embargo, la normativa específica de prevención de riesgos laborales no es capaz por sí sola de asegurar la protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Resulta decisiva igualmente una normativa laboral que priorice la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo. La mejor o peor evolución de la prevención de riesgos laborales en cada momento depende de cómo esta configura las relaciones laborales. Con demasiada frecuencia se ha asistido a un choque de culturas en el trabajo producido entre la normativa laboral que regula condiciones de trabajo y empleo y la normativa laboral finalizada a proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Mientras la normativa de prevención de riesgos laborales exige la adaptación del trabajo a las características de las personas trabajadoras, aquella relacionada con la regulación de las condiciones de trabajo y empleo ha transitado y exigido a las personas trabajadoras que se adapten a las cambiantes necesidades de las empresas (flexibilidad laboral). Los equilibrios entre ambas culturas constituyen uno de los factores que mejor explican la evolución de la siniestralidad laboral en nuestro país.

En este sentido, se puede afirmar la existencia de tendencias cambiantes relacionadas con situaciones de crisis económicas y reformas laborales. Mientras el inicio del siglo XXI coincidió con el arranque de una década de reducción del número de accidentes de trabajo, en la que la siniestralidad laboral descendió de manera profunda y en todos los sectores de la producción y lo hizo tanto en el periodo de fuerte crecimiento económico previo al estallido de la crisis económica en 2008, como en el periodo posterior de recesión y de aumento del desempleo; 2012 fue el último ejercicio de ese ciclo de reducción de la siniestralidad en España y a partir de ese momento se inició un periodo de crecimiento del número de AATT que se mantuvo hasta 2018. Entre 2012 y 2018 se acumuló un incremento del índice de incidencia de los AATT con baja en jornada del 15,6% y del 12,5% en los AATT mortales en jornada. Este incremento de la siniestralidad durante un periodo continuado de 6 años tuvo una relación directa con un cambio de paradigma en el sistema de relaciones laborales en nuestro país asociado a la extensión de la precariedad en la mayoría de los sectores.

A partir de 2019 se inició una etapa de cambios, tanto a nivel estadístico como socioeconómico, que ha tenido como consecuencia un comportamiento irregular de las tendencias. En 2019 los índices de incidencia de los AATT con baja experimentaron un importante descenso: -11,4% en jornada y -12,8% in itinere, sin embargo, esta reducción se explica fundamentalmente por el efecto estadístico asociado a la incorporación de 2,5 millones de trabajadores autónomos en la población de referencia. La pandemia de COVID-19 impactó en 2020 y tuvo importantes consecuencias en el ámbito laboral en forma de confinamiento, frenazo de la actividad de la mayoría de los sectores de la producción, ERTEs o extensión del teletrabajo, que tuvieron como consecuencia un acusado descenso del número de AATT, especialmente en sectores donde tradicionalmente se producía una alta siniestralidad como la construcción y la industria, alcanzándose los niveles más bajos de incidencia de la serie histórica. La recuperación de la actividad productiva en los años 2021 y 2022 corrió pareja a un incremento de los índices de incidencia de los AATT en ambos años, aunque sin llegar al nivel de incidencia alcanzado en 2019, con anterioridad al inicio de la pandemia.   

En 2024 se han producido un total de 1.181.202 AATT, de los cuales 552.902 son sin baja y 628.300 con baja. De los accidentes con baja, 4.796 son graves y 796 mortales. El avance de estadísticas de AATT de enero-diciembre de 2024 muestra un aumento del número de accidentes con baja del 0,5% respecto al año anterior, correspondiendo unos aumentos del 0,1% en jornada de trabajo y del 3,1% in itinere. El aumento de los accidentes graves es del 1,9% y del 10,4% en el caso de los mortales. En términos de siniestralidad relativa, el índice de incidencia del conjunto los AATT con baja en jornada ha registrado un descenso de -2,3%, que se une al descenso del 4,7% de este indicador en el año 2023. La incidencia de AATT con baja en jornada se sitúa en un nivel más bajo que en 2019.

Entre las explicaciones más plausibles de esta mejora de la evolución de la siniestralidad laboral se destaca la creación más empleo y de mejor calidad, concentrada en ocupaciones cualificadas y en sectores de conocimiento y de mayor valor añadido.

El balance de 30 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos muestra cómo las bondades de esta normativa constituyen precisamente sus principales retos y desafíos, poniendo de manifiesto la necesidad de su mejora y modernización. Es por ello por lo que, con ocasión de la celebración de este hito normativo, el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal han firmado un acuerdo cuyo objetivo reside precisamente en la mejora y modernización de aquella.

La siniestralidad grave y mortal, los riesgos psicosociales, la igualdad entre mujeres y hombres, el envejecimiento de la población activa, el subregistro de enfermedades profesionales, los riesgos emergentes derivados de la transformación digital, el cambio climático, la protección de la salud mental constituyen los principales motivos que los firmantes del Acuerdo han detectado para modificar la normativa de prevención de riesgos laborales.

La consecución de una acción preventiva acorde con los desafíos que hoy están presente en las relaciones laborales exige al menos una serie de acciones que pasan por: i) integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales para acoger una vigilancia y seguimiento de la salud acorde a las diferencias entre mujeres y hombres; ii) integrar la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva; iii) visibilizar los riesgos cuya incidencia se ha visto incrementada sensiblemente en los últimos años, en especial aquellos psicosociales, derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, así como de aquellos derivados del cambio climático; iv) promover una mejor detección de los riesgos laborales mejorando la gestión de la prevención de riesgos laborales a través de una mayor presencia de las personas trabajadoras con funciones preventivas en la empresa; v) aumentar la protección de las personas trabajadoras autónomas, en especial cuando estas desarrollan su actividad con otras empresas o personas trabajadoras autónomas. 

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, el Acuerdo contiene una serie de acciones a llevar a cabo que, principalmente, se localizan en aprobar un reglamento sobre la protección de la salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales, así como contra los efectos del cambio climático. Del mismo modo, se entiende oportuno actualizar el RD 171/20024, de coordinación e actividades empresariales y actualizar la Orden TIN/2504/2010, de cara a mejorar la acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención.

En breve, el texto normativo, tramitado como anteproyecto de ley, estará en fase de consulta pública, por lo que se deberá estar atento a su contenido concreto. Más aún, ante la ausencia de la patronal española en la firma de este decisivo Acuerdo, quien parece no estar interesada en profundizar y asumir la cultura preventiva como elemento irrenunciable que ha de presidir las relaciones laborales. Con ello, de forma implícita, la patronal parece abogar por una reverberación de la cultura de las relaciones laborales basada en la precariedad y la indiferencia frente al sufrimiento de las personas trabajadoras, recuperando las peores experiencias de nuestro pasado más reciente. Resulta sorprendente comprobar que, tras muchos meses de negociación tripartita, la patronal no haya estado presente en la firma del Acuerdo. Los motivos escapan a la comprensión de la mejora de las relaciones laborales para adentrase en el posicionamiento ideológico y político de aquel viejo y autoritario modelo de regulación que parece estar proponiéndose como alternativa de producirse un cambio de gobierno. La banalización de la salud y seguridad de las personas trabajadoras como consecuencia del desprecio hacia el diálogo social como fórmula de gobernanza de las relaciones laborales.          

LA AIREF PONE BAJO SOSPECHA DERECHOS BÁSICOS DE LA CIUDADANÍA SOCIAL

 

Aunque no se ponga el énfasis sobre ello, la fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal lleva a ignorar cualquier elemento que afecte a la organización de la empresa y su dirección unilateral en manos del titular de la misma que no se pueda traducir en un coste económico de la producción de bienes y servicios para su realización en el mercado y por tanto como un incremento de costes que pueden lastrar la obtención del beneficio o lucro de la actividad empresarial. Desde esta perspectiva, la contemplación de medidas que protegen la salud o que quieren reducir la pobreza, vengan de la norma legal o convencional, supone un obstáculo al progreso de las operaciones mercantiles. Este es el eje ideológico sobre el que se desliza la CEOE, la representación institucional del empresariado español, que ha rechazado la modernización del instrumento legal que protege la salud en el trabajo y previene los riesgos laborales, que sin embargo ha reunido a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo en un acuerdo del que se hablará en estas páginas del blog próximamente. Pero también este enfoque es compartido por una buena parte de técnicos y operadores públicos, tanto en la Unión Europea como en el área económico del gobierno de coalición y en alguna de sus instituciones más relevantes.

Este es el caso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) , en un reciente informe sobre la evaluación del gasto público social – ese que en el programa de VOX se denomina “gasto público no productivo” y del que se exige importantes recortes – en el que somete a escrutinio tanto el gasto en incapacidad temporal como en el ingreso mínimo vital. La óptica con la que se ha analizado esta cuestión se inscribe en el marco ideológico que ignora el elemento político y democrático que sostiene la acción pública y el sistema de protección social. Nuestros compañeros de la prestigiosa revista digital NET21 (Net21.org) han publicado un contundente artículo, firmado por el directorio de la misma, en el que analizan y critican este informe de AIReF y recuerdan el compromiso de los poderes públicos en garantizar los derechos fundamentalue construyen la noción de la ciudadanía social.

El directorio de NET21 nos ha permitido amablemente la reproducción de este artículo en esta entrada del blog, lo que agradecemos  enormemente, seguros de que también lo apreciará la amable audiencia de este blog.

DERECHOS BAJO SOSPECHA

H. ALVAREZ, J. CABEZA, F. FERRANDO, C. GRAU Y F. TRILLO

NET21 NÚMERO 29, FEBRERO 2026

 

 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó la semana pasada tres estudios que forman parte de la segunda fase del Spending Review 2022-2026, en los que evalúa el gasto público en materia de incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo vital.

En la primera fase, la AIReF realizó un estudio sobre los instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos y el mutualismo. Culminará el ciclo de evaluación del gasto público con el encargo de la tercera fase, en la que evaluará el marco financiero plurianual 2014-2020, las políticas de empleo y las dos líneas de avales-COVID articuladas a través del ICO.

En la segunda fase objeto del interés de esta editorial, la AIReF centra su análisis en las tres materia antedichas, si bien los medios de comunicación se hacen eco, principalmente, de dos de las tres señaladas, a saber, la incapacidad temporal  y el ingreso mínimo vital, por este orden de interés. A modo de adelanto, la evaluación de gasto público en sendas materias se hace yendo más allá del examen técnico propio que le compete y preñando su informe de consideraciones, soslayadas o directas, de corte ideológico.

 

Derechos bajo sospecha (I): enfermar

Bajo la apariencia de neutralidad estadística, la AIReF revisita una narrativa peligrosa según la cual cuando los derechos sociales se ejercen de forma efectiva, dejan de ser derechos y pasan a convertirse en un problema que hay que vigilar. En realidad, las cifras sirven de coartada. Más bajas médicas, más duración media, más gasto.

El diagnóstico se presenta como incontestable y la conclusión como inevitable. Es preciso endurecer la supervisión de los procesos de incapacidad temporal. Pero lo que no se dice -o se dice solo de pasada- es que detrás de esos números hay personas que enferman en un mercado de trabajo cada vez más exigente, en una sociedad cada vez más envejecida y un sistema sanitario público sometido a una tensión cronificada por la falta de recursos.

La AIReF identifica como una de las causas del aumento de la incapacidad temporal un marco normativo “progresivamente más garantista”, esto es, que protege a más personas trabajadoras, lo que, in fine, sale más caro. Que las personas que trabajan en el sector público vuelvan a cobrar el 100 % durante una baja o que la reforma laboral haya reducido la temporalidad aparece, en esta lectura, no como un avance social, sino como un incentivo perverso.

La estabilidad laboral, la seguridad económica y el acceso real a la sanidad se reinterpretan como factores de riesgo. La precariedad, en cambio, no preocupa. No enfermar porque no se puede, retrasar diagnósticos por miedo a perder el empleo o seguir trabajando enfermo no computa como disfunción del sistema.

Pero si hay un elemento especialmente inquietante en el informe es el sesgo de género que atraviesa su análisis. Que las mujeres tengan mayor probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal no activa ninguna reflexión estructural. No se habla de la feminización de sectores más desgastantes, de la sobrecarga de cuidados, de los riesgos psicosociales, ni de una atención sanitaria históricamente sesgada. El dato se lanza y se deja caer, alimentando una sospecha que apunta, una vez más, hacia quien ejerce derechos.

El informe propone más control, más seguimiento, más intervención temprana del INSS y lo hace asegurando que no se altera el marco de derechos, pero requiriendo un reforzamiento de la vigilancia como respuesta. Cuando el problema no es el sistema, sino las personas, conviene tener presente que, lo que en realidad se postula, es el desplazamiento de la responsabilidad desde las políticas públicas hacia las personas cuyos cuerpos y mentes enferman.

Las listas de espera del sistema nacional de salud aparecen en el informe casi como un elemento accesorio, cuando son en realidad el núcleo del problema. No es la incapacidad temporal la que se desborda, sino un sistema sanitario debilitado que alarga innecesariamente las bajas y cronifica procesos evitables. Esa asistencia sanitaria que, aún debilitada por la falta de inversión para afrontar con solvencia los retos que han de afrontarse, continua siendo valorada de forma positiva por la ciudadanía consciente de la situación de necesidad que atraviesa.

Por obvio que parezca, conviene recordar que la incapacidad temporal no es una anomalía ni una desviación. Es una prestación esencial del sistema de protección social, diseñada para garantizar la recuperación de la salud. Su devengo económico creciente en el tiempo responde precisamente a la lógica –contraria a la seguida en la protección por desempleo- según la cual cuanto más se prolonga la enfermedad, mayor debe ser la protección.

En definitiva, cuando el acceso efectivo a derechos laborales y sociales se convierte en un factor sospechoso, el problema ya no es presupuestario sino democrático. Evaluar políticas públicas desde la desconfianza y la lógica del control puede cuadrar cuentas a corto plazo, pero erosiona la legitimidad del Estado social. La salud forjada como pilar fundamental del Estado de Bienestar, concebida no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social, garantizado como derecho universal, no es un coste a contener, sino una inversión colectiva cada vez más necesaria en un contexto social de envejecimiento de la población a la par que de cambio de paradigma en las relaciones laborales, entre otras circunstancias.

Si el sistema falla, no es porque demasiadas personas se cojan la baja, sino porque demasiadas personas enferman sin que se les permita recuperarse a tiempo. Convertir ese fracaso en una narrativa de sospecha, como hace la AIReF, no solo es injusto, sino profundamente irresponsable.

 

Derechos bajo sospecha (II): sobrevivir

Algo mejor parado sale el ingreso mínimo vital (IMV) en el informe de la AIReF. Siendo la más polémica de las tres informadas la anterior, el IMV ha pasado casi de puntillas en el debate público, quizá porque sus conclusiones resultan incómodas. No para quienes viven en la pobreza, sino para quienes siguen defendiendo que el problema de las políticas sociales en España es su ineficiencia y no su insuficiencia estructural.

Los datos son claros en el informe de la AIReF. A pesar de que el IMV nació en 2020 con el objetivo de homogeneizar y racionalizar el sistema de rentas mínimas y prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas y reforzar la protección frente a tal riesgo social, la prestación solo alcanza al 20% de los hogares. Sin embargo, según el propio diseño normativo, podría llegar a más del 50%. No estamos, por tanto, ante una política fallida por falta de impacto, sino ante una política infrautilizada, cuyo potencial se queda irresponsablemente, por incompetencia, a medio camino.

El IMV ha logrado reducir en un 30% la brecha de pobreza -la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral que la mide-, pero su impacto es mucho más modesto. Y no porque la prestación sea irrelevante, sino porque no llega a quienes debería y así lo reconoce AIReF sin ambages, diciendo que, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial, la cobertura alcanzaría al 58% de los hogares en pobreza y la reducción de la tasa se situaría en el 16,2%.

Cabe preguntarse entonces por qué ocurre esto. Y cabe concluir que porque más de la mitad de la población potencialmente beneficiaria queda fuera. Este fenómeno se mide mediante las tasas de no solicitud o no percepción (non take-up) que alcanzan el 55% en 2024, un porcentaje significativamente superior al de otros países de nuestro entorno y que apenas ha variado desde la implantación de la prestación. No se trata de desconocimiento puntual ni de desajustes técnicos menores, sino de un efecto expulsión estructural provocado por unos requisitos de acceso complejos, restrictivos y mal adaptados a la realidad de la pobreza.

El propio informe identifica con precisión varias de estas debilidades. Entre las principales, la definición de la renta computable, la configuración de la unidad de convivencia o la falta de interoperabilidad real entre administraciones. Todos ellos elementos que, lejos de ser neutros, funcionan como filtros que excluyen sistemáticamente a quienes viven en situaciones más inestables, con ingresos irregulares, hogares cambiantes o trayectorias administrativas fragmentadas.

Las propuestas de la AIReF parecen apuntar en la dirección correcta, dado que plantean objetivos claros y evaluables, exigen la verificación automática de requisitos y la reformulación del incentivo al empleo, así como datos homogéneos sobre rentas autonómicas y el refuerzo del acompañamiento individualizado. Pero incluso aquí asoma de soslayo una limitación de fondo. Y es que se sigue tratando el acceso al IMV como un problema de eficiencia administrativa, cuando en realidad es una cuestión de voluntad política y de enfoque de derechos.

En nuestra opinión, una prestación económica rogada como esta, concebida para combatir la pobreza, no puede descansar sobre la lógica de la solicitud individual, la prueba diabólica del merecimiento y la navegación, más bien naufragio, en laberintos burocráticos que exigen de cierto grado de pericia. Cada requisito adicional, cada cruce de datos fallido, cada silencio administrativo no es un error neutro, sino una barrera insalvable para aquellas personas a las que excluye por ser, precisamente, quienes menos capacidad tienen para sortearla.

El IMV no fracasa porque sea demasiado generoso, sino porque sigue operando bajo una desconfianza estructural hacia las personas pobres. Se presume el error, el fraude o la dependencia antes que la necesidad. Por eso, interesa decir alto y claro que mientras el debate público siga girando en torno a cuánto cuesta la prestación y no a cuánto cuesta no desplegarla plenamente, seguiremos haciéndonos trampas al solitario. Si el IMV quiere ser realmente un pilar del Estado social y no un mero instrumento estadístico, debe asumir que combatir la pobreza requiere simplificar, automatizar, confiar y, sobre todo, asumir que garantizar ingresos no es una concesión, sino una obligación pública.

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DEL TIEMPO DE TRABAJO 27 DE FEBRERO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

Ya se ha dado cuenta en este blog del seminario sobre la reforma del tiempo de trabajo que, bajo la dirección de Francisco Trillo y Antonio Baylos, se estaba llevando a cabo en el seno de la Fundación 1º de Mayo (https://baylos.blogspot.com/2025/02/a-vueltas-con-el-tiempo-de-trabajo-un.html).  El objeto de estudio se correspondía parcialmente con una medida fundamental del proyecto reformista llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que se plasmó, tras un largo e incierto sucederse de desencuentros en el marco del diálogo social, en el Acuerdo entre CCOO y UGT con el Gobierno sobre la reducción de la jornada de trabajo a 37,5 horas semanales, que se recogió en un proyecto de ley que, como todo el mundo conoce, fue devuelto al gobierno gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts, una derrota política y sindical que planteaba la necesidad de elaborar una respuesta contundente, como se defendía también en este blog en una entrada relativamente reciente (https://baylos.blogspot.com/2025/09/el-dia-despues-de-la-devolucion-del.html) que fue luego reproducida en varios medios digitales.

 El seminario pretendía organizar el estudio del tiempo de trabajo desde su regulación legal, teniendo en cuenta asimismo tanto las tendencias presentes en la negociación colectiva como la interpretación judicial de esta disciplina, en la idea de elaborar un diagnóstico de la situación de cada uno de los temas y subtemas que concretemos y diseñar una propuesta de reforma de los mismos con especial hincapié en la reforma de la normativa legal, que en esta materia proviene fundamentalmente de la reforma de 1994 y la entronización de una flexibilización unilateral de este componente básico del intercambio contractual.

El seminario estudia tanto la problemática estrictamente jurídica de la regulación actual del tiempo de trabajo como la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida - Conciliación laboral: permisos, licencias, reducción de jornada, pluriempleo, pluriactividad, absentismo, intensificación del trabajo – y las nuevas formas de trabajar con especial atención al entorno digital y el tiempo de trabajo, así como la relación entre tiempo de trabajo y sostenibilidad, para finalizar con las jornadas especiales del RD 1561/1995 y su revisión, junto con la contemplación de otro tipo de jornadas especiales o ampliaciones o limitaciones ordenación y duración jornadas.

El grupo de estudio está compuesto por 25 profesores de las Universidades de Castilla La Mancha, Córdoba, Oviedo, Vigo, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Sevilla, León y Pais Vasco, junto con abogados laboralistas del gabinete técnico de CCOO y dirigentes sindicales de acción sindical.

Ahora ha llegado el momento de presentar públicamente las conclusiones de este estudio, junto con una discusión y debate especialmente enfocado sobre las propuestas de reforma que se vienen a plantear.  Como ha sucedido con un trabajo anterior sobre la reforma del despido también realizado en el seno de la Fundación 1º de Mayo (  https://baylos.blogspot.com/2024/10/la-reforma-del-despido.html) sobre la base de estas conclusiones, se efectuará un trabajo posterior de edición de un libro que se prevé para después del verano de 2026.

Este es el objetivo de la jornada que la Fundación 1º de Mayo celebrará el próximo 27 de febrero de 2026 en el Congreso de los Diputados (Sala Ernest Lluch), presentar las conclusiones del Seminario sobre la Reforma del Tiempo de Trabajo, poniendo el valor que se trata del resultado de un espacio de reflexión desarrollado a lo largo de un año que ha reunido a especialistas del ámbito universitario, jurídico y sindical.

A su vez, para la presentación de estas conclusiones, la Fundación 1º de Mayo ha diseñado un acto de relieve en el que se quiere incorporar a la propuesta colectiva un referente potente sindical y político, en consonancia con la relevancia decisiva que tiene el tiempo de trabajo tanto en el discurso sindical como en el eje de reformas que plantea el gobierno de coalición y más en concreto el Ministerio de trabajo y Economía Social.

En efecto, el acto será inaugurado por Aina Vidal, presidenta de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y por Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1º de Mayo. A continuación, Antonio Baylos y Francisco Trillo, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y directores del Seminario, contextualizarán los objetivos y el enfoque del trabajo realizado.

La sesión central estará dedicada a la exposición de las principales conclusiones, que abordan la necesidad de reformar el marco del tiempo de trabajo para adaptarlo a las transformaciones productivas, tecnológicas y sociales, prestando especial atención a la conciliación de la vida laboral y personal, la reducción de jornada, las jornadas especiales y el impacto de las nuevas formas de organización del trabajo. En este bloque intervendrán Juana Serrano (Universidad Castilla-La Mancha)  Diego Álvarez (Universidad de Oviedo) y Jaime Cabeza (Universidad de Vigo).

La jornada será clausurada por Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, y Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, poniendo el acento en el papel del diálogo social y la negociación colectiva para avanzar hacia un reparto más justo y sostenible del tiempo de trabajo y en la respuesta del gobierno ante el rechazo del proyecto de ley de reducción de jornada.

El programa en concreto se puede descargar en este enlace:

https://1mayo.ccoo.es/7eb205c2fe7b77264d24a46f14179c4b000001.pdf

La asistencia es libre, pero al tratarse del Congreso por motivos de seguridad es imprescindible  inscribirse en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebxdNYC3H_cdc2wuQcGXTyQs9F2xXoFzDFNfhrnw5Q1P7n_A/viewform

 

EL INFORME DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS EXPERTAS SOBRE LA DEMOCRACIA EN EL TRABAJO

 

El lunes 2 de febrero tuvo lugar la presentación en el Ministerio de trabajo y Economía Social del Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo que presidía la profesora Isabelle Ferreras, (FNRS-University of Louvain/Center for Labor and a Just Economy, Harvard University/ Institute for Ethics in Artificial Intelligence, Oxford University) y en la que han participado doce expertos más tanto españoles como extranjeros, de claro perfil académico y universitario. El informe lo presentó la presidenta de la comisión y a continuación intervino la Vicepresidenta segunda del gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, en su calidad de mandante del estudio cuyo objetivo era el de desarrollar el art. 129.2 de la Constitución, según el cual, como es sabido, “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. El acto fue retransmitido en streaming – que logró una audiencia de más de 2.500 personas de varios países, además de España - y al mismo asistieron presencialmente los miembros de la Comisión y la práctica totalidad de los cargos del Ministerio, junto con sus asesores. Una muy importante porción de los medios de comunicación ha dado cuenta de este acto y de su contenido en sus páginas digitales y en las redes sociales, resaltando a su vez alguna de las diferentes propuestas que contiene el Informe.

El Informe fue encargado el 21 de febrero del 2025 a la Comisión de personas expertas a la que se ha aludido, que han trabajado durante un año entero en sesiones alternas cada quince días con participación en línea de intelectuales y académicos sobre puntos específicos de la problemática estudiada, para en el mes de junio, dedicar una semana entera a entrevistarse presencialmente con actores sociales, asociaciones interesadas, fundaciones y empresas y analizar el resultado de estos encuentros. Y a continuación comenzó la redacción del Informe con reuniones de todos los miembros de la Comisión más espaciadas y otras de grupos de trabajo más reducidos, especialmente las que se dedicaron a elaborar las propuestas de reforma legislativa que implicaban el desarrollo del art. 129.2 CE, cuya actividad fue más intensa y se localizó en los componentes españoles Vicente Salas, Gema Fajardo, Francisca Ferrano, Edurne Terradillos y Antonio Baylos. Finalmente, en el otoño, se puso fin a los borradores de los proyectos legislativos y se culminó la primera versión del informe, que fue revisado por toda la comisión, y se preparó la versión definitiva, con las traducciones a los dos idiomas en los que el texto estaba escrito, que se entregó al Ministerio al terminar el año, texto que fue embargado hasta su presentación pública el 2 de febrero. Todo el largo proceso fue dirigido y organizado por Isabelle Ferreras, con una capacidad de trabajo envidiable, y fue sostenido de manera indispensable, eficiente y completa por el secretario de la Comisión, Leopoldo Moncada, de la Universidad de Lovaina.

Se ha creado una página web que contiene tanto la historia del Informe como la identificación de las personas expertas que han participado en el mismo, los nombres y los temas de las numerosas contribuciones que han dado al mismo los y las académicas que han intervenido durante el proceso de escucha, junto con el texto completo del mismo y están comenzando a insertar los eventos, actos y conferencias en los que se comenta o discute las propuestas y el contenido del informe. La primera de ellas, la que tendrá lugar el 4 de febrero en Harvard Law School, en el John T. Dunlop Memorial Forum, en el que intervendrá Yolanda Díaz con la presentación de Isabelle Ferreras, precisamente sobre el título que dio lugar a la presentación de Madrid: “Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad”.

La extensión del Informe sobre Democracia en el Trabajo es la adecuada al tiempo de reflexión y discusión de los problemas abordados y las soluciones que se proponen. Tiene casi 500 páginas y se puede descargar en el enlace señalado (https://reportondemocracyatwork.org/es/el-informe-de-la-comision/) o desde la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social (https://prensa.mites.gob.es/webPrensa/listado-noticia/noticia/4499) .

El Informe tiene dos grandes partes, en la primera se analiza la situación española y la incompleta y parcial acogida legislativa de la participación de los trabajadores en la empresa y se confronta con la necesidad de superar el escaso nivel del que parte la situación actual de la democracia en la empresa para poder afrontar con éxito  lo que se denominan desafíos de futuro económicos, sociales y políticos con especial atención a la incidencia de la IA en este tema.

La parte segunda se dedica a establecer los principales argumentos en pro de la democratización de las empresas incorporando las mejores prácticas de la Unión Europea en esta materia y proponiendo cambios legislativos  ante todo en el ordenamiento jurídico español a través de un proyecto de ley para la participación de las personas trabajadoras en las empresas, la elaboración de una nueva fiscalidad corporativa, la creación de fondos ciudadanos para apoyar el acceso a la propiedad, incorporando asimismo el criterio de participación de las personas trabajadoras en su doble acepción a la cláusula social de la contratación pública y elaborando otras medidas de políticas públicas y culturales. Pero también se propone el impulso para la creación de otro tipo de instrumentos normativos a nivel Europeo, como un fondo soberano para abordar la crisis de sucesión de pequeñas empresas y apoyar esta transferencia de propiedad, además del desarrollo de normas ya existentes, como las Directivas de Comités de Empresa Europeo, de diligencia debida en sostenibilidad, un mecanismo europeo de incentivos, entre otras muchas cuestiones relevantes.

Como era previsible, los medios de comunicación han resaltado en sus crónicas los aspectos del informe que más les ha llamado la atención, siendo de destacar la gran difusión que ha tenido esta noticia en todos ellos, también en aquellos cuya línea de opinión es especialmente reticente al objetivo que persigue este texto. En todo caso, la responsable del Informe ha publicado un artículo en el diario “El País” el 3 de febrero en el que sintetiza de manera clara y concisa las líneas fundamentales del Informe, su contenido y su propósito y al que cabe remitirse en su totalidad: https://elpais.com/opinion/2026-02-02/democratizar-la-empresa-es-completar-la-transicion-democratica.html

Anotar algunos aspectos tangenciales al examen concreto del Informe Ferreras puede ser de utilidad. En primer lugar, si desde Aristóteles se ha establecido una tripartición entre trabajo, acción y pensamiento, es evidente que en torno a la elaboración de este texto se ha producido una simbiosis positiva entre estas tres categorías, de manera que la forma de organizar la elaboración del Informe y su desarrollo representa claramente un ejemplo virtuoso de un trabajo intelectual serio y bien construido que da sentido a la acción política que busca la reforma de las instituciones democráticas en un sentido emancipatorio y de reequilibrio de la subalternidad económica, social, cultural y política que socava el alcance de la noción de democracia. El proceso de trabajo intelectual que se ha ido desplegando en la elaboración del informe se ha materializado en la fabricación de dinámicas sociales y políticas originales que sostienen nuevos sujetos o que permiten que los sujetos sociales que pueblan el espacio económico – el mercado en el sistema de libre empresa -  cobren una nueva dimensión política y adquieran coherentemente la responsabilidad de actuar democráticamente en ese espacio hasta el momento considerado inmune a la forma y al contenido democrático.

Este proceso de construcción se ha efectuado a través de la acumulación y compactación de intervenciones, enfoques y análisis de alta calidad y excelencia que han ido decantando el contexto preciso en el que se desenvuelve la línea de conocimiento que va a permitir y sostener la acción política. No hay más que consultar la lista de quienes participaron en las “audiencias” ante la Comisión y los informes y documentos emitidos por los académicos y expertos consultados para comprender la amplitud del espacio de conocimiento abordado sobre esta cuestión y el relevante esfuerzo por atender una perspectiva multidisciplinar y pluralista.

Aunque sea una expresión pedante, hay en este método de actuación y su resultado una yuxtaposición de poiesis es decir, de trabajo creativo, de pensamiento que construye realidad, y de praxis en la que se interactúa con ésta con voluntad de transformarla, en una acción política que en este caso se encuentra ya en el origen del encargo de la realización del informe y que se continua no sólo en su previsible ingreso en los circuitos de producción de normas mediante la previa negociación con los interlocutores del diálogo social, sino que es capaz de proyectarse sobre el espacio del debate público, como un componente relevante de un proyecto de cambio social que necesita ser valorado y comprendido como centro de un debate democrático (y sobre la democracia). En demasiadas ocasiones se ha desacreditado la praxis política por la impotencia de la acción que debe llevarse a cabo para imponer un cambio social de relieve.

Pero hoy es seguramente más importante trabajar un discurso que politice la existencia de la ciudadanía en democracia y que por tanto exija la transferencia de los elementos básicos del poder de decisión al ámbito del poder privado que marca la empresa y su organización productiva. Hay signos evidentes de deterioro de la democracia ante la codicia corporativa de las grandes tecnológicas frente a los cuales la respuesta no puede detenerse solo en una pretensión de reforzamiento de las formas clásicas de la democracia liberal, que se detiene en la frontera del mercado en donde se desenvuelven los sujetos económicos que actúan en él, sino que se deben traspasar esos bordes y recuperar la democracia colectiva en el espacio-empresa como forma de profundizar y extender las defensas democráticas. Eso realza la importancia – y el interés – de un discurso político que da centralidad a esta reivindicación como motor de un cambio social que defiende y profundiza el sistema democrático.

La empresa es un sujeto político. Este hecho evidente siempre negado por la representación del mundo que tiene su origen en la modernidad capitalista basada en el mercado como espacio del interés privado y del funcionamiento de la empresa como sujeto económico y en la formalización del espacio público de las instituciones representativas democráticas como un lugar cerrado en si mismo a la experiencia del trabajo como ámbito que deforma la libertad de las personas, elimina la igualdad formal entre sujetos y somete a estas a la explotación de un poder privado sin apenas contrapesos.  Pero el carácter político de la forma-empresa, que requiere incorporar a su organización y funcionamiento elementos potentes de intervención en la adopción de decisiones estratégicas y en la arquitectura de la organización de la empresa, debe  ser explicado a la ciudadanía y considerado el punto de partida de una acción política, de una praxis que se sabe portadora de una posibilidad de cambios profundos en un sentido igualitario y progresista.

El Informe sobre la democracia en la empresa se inscribe por tanto en esas coordenadas y abre un campo de discusión y de debate que tendría que ganar una presencia concluyente en el campo teórico, en el diseño de las políticas del derecho y en la recepción mediática de los problemas más relevantes que condicionan la acción política en la actualidad. Seguiremos este tema de cerca, también a través de las propuestas concretas que suponen las herramientas necesarias para ponerla en marcha.