CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN EN LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EUROPEA

Organizadas por la Fundación alternativas y el Gobierno de Rio Grande do Sul (Brasil), con la cooperación de la Comisión Europea y la Universidad de Alcalá de Henares, se han celebrado en Madrid los días 4 y 5 de mayo unas jornadas sobre la crisis de la representación y los desafíos de la democracia en el siglo XXI.

 El diferente momento político y democrático que está viviendo Europa y América Latina, en especial el Estado brasileño, ha permitido un encuentro entre ambas regiones en el que se ha invertido una relación tradicional en estos debates en los que los europeos partían de un gran desarrollo económico unido a un marco estable de derechos y libertades ciudadanas, que de alguna manera ofrecían como modelo de exportación político frente al americano, de cuño claramente neoliberal. La relación es ahora la inversa. Europa azotada por la ofensiva del capital financiero que ha radicalizado sus estrategias de especulación en un intenso proceso de enriquecimiento sin trabajo que exige el empobrecimiento y la degradación del trabajo asalariado, América Latina en un proceso de crecimiento importante, con experiencias políticas progresistas de diferente orientación, y en concreto Brasil como una de las potencias emergentes que ha eliminado más los diferenciales de desigualdad y que se presenta como un laboratorio de experiencias de participación democrática. Algunas de estas experiencias, como el presupuesto participativo, los consejos de desarrollo o la democracia digital han sido analizadas de forma exhaustiva en grupos de trabajo específico en estas Jornadas.

En la primera sesión se manifestó claramente la situación diferente entre Europa y Brasil. Dos espacios político-democráticos que siguen trayectorias opuestas. El modelo de participación popular y ciudadana que acompaña a un poder público que mantiene resortes fuertes en materia económica y financiera – banca estatal, Petrobras – y que ha ido emprendiendo una cierta “vía prusiana” a la construcción democrática tras un largo período de gobiernos neoliberales y de endeudamiento extenso del país, se presenta como un ejemplo a analizar que genera ideas y realizaciones aplicables a la realidad europea en el contexto de un proyecto de reforma del marco económico, político y social de Europa. En el otro lado, la aproximación crítica a una situación como la que está viviendo la Europa de la austeridad, del equilibrio financiero y del desmoronamiento del modelo social, fue la tónica dominante, desde diversas perspectivas, de las diversas intervenciones del primer panel de la mañana.

La constatación de que la democracia en Europa se encuentra en una situación de crisis era el punto de partida de estos análisis. Y en la crisis de la democracia, la crisis de representación. Esta es una noción compleja, que exige explicar las posiciones de representante y representado en las que se descomponen las clásicas figuras en las que se expresa (la representación política fundamentalmente, pero también la representación sindical), además de precisar el enraizamiento de tales figuras (partidos políticos, sindicatos) en la sociedad como presencia consistente de las mismas, así como el despliegue de una acción que se proyecta sobre la realidad económica, social y cultural de un territorio determinado, fundamentalmente el Estado – Nación. Representar es en definitiva actuar para ordenar, regular, decidir sobre la realidad de las cosas y de las relaciones sociales y proceder a su administración y reforma, y esa acción se efectúa, en el tipo de representación democrática que interesa aquí, para dar voz y personificar a las clases subalternas con el objetivo de lograr su emancipación gradual transformando y regulando la economía, el mercado y la empresa.

Con independencia de otros enfoques, la crisis de la representación y de las figuras representativas en las democracias de final del siglo XX y en lo que inicia el presente siglo XXI es ante todo una crisis de los objetivos o fines que se asigna a las mismas, más allá de la obsolescencia de algunos mecanismos a través de los cuales se efectúa la función representativa. Es por tanto la incapacidad de imponer un nuevo modelo de sociedad más justa y solidaria, la dificultad de avanzar en un camino de emancipación social que incluso parece abandonado en algunos elementos esenciales, la causa profunda de la crisis de la representación, que es por tanto sofocada por una realidad injusta e inmodificable, por lo que carece de sentido o es fallida.

Estos fenómenos se desenvuelven en un marco más visible, el de la crisis de la democracia europea especialmente grave desde las turbulencias de los mercados financieros en agosto de 2008 y la crisis del euro a partir del 2010, que indujeron cambios muy decisivos en la vigencia de los principios democráticos en Europa.

Hay al menos cuatro manifestaciones muy claras de estos fenómenos.

La primera es la deslegitimación de la política como un espacio público en el que se desarrollan proyectos de regulación de la sociedad y se adoptan las decisiones de ordenación de las relaciones económicas, sociales y culturales de la misma. La nitidez de estos modelos de sociedad puestos en juego en el espacio político había sido ya difuminada desde hace tiempo en Europa, tras el colapso del llamado socialismo real y el redireccionamiento de la socialdemocracia hacia la aceptación de postulados económicos y culturales liberales. Pero la uniformidad político-económica de las principales opciones de partidos europeos y el conformismo intelectual resultante ha sido superado por un movimiento más preocupante hacia el vaciamiento de contenido de la política como espacio de debate público y de toma de decisiones generales. En efecto, las llamadas “crisis de las deudas” de los países europeos han generado respuestas uniformes no decididas en el ámbito de la política, sino fuera de los lugares y de los procedimientos de legitimación democrática de la toma de decisiones generales. Eso ha producido, además, la opacidad y la pérdida de control interna de las mismas y el desarrollo de una amplio proceso de excepcionalidad en las formas de producción de las normas, alejadas del debate entre las fuerzas políticas del parlamento. Las decisiones fundamentales sobre la economía, la sociedad y el trabajo se presentan como hechos externos, concluyentes e inmodificables, impidiendo no sólo los mecanismos de interlocución o de negociación política o social, sino cualquier tipo de participación ciudadana, sea esta una iniciativa legislativa popular, sea la convocatoria de un referéndum.

Estos procesos conducen a la despotenciación de la idea política de Europa. Se pierde el horizonte político y social que ha acompañado a la construcción europea para resumirse en las nociones de política monetaria, crediticia y económica. Europa se percibe como el recipiente de una inmensa especulación financiera para cuyo apoyo y promoción se imponen políticas severísimas de rigor y de austeridad a la gran mayoría de la población trabajadora de los distintos países que la conforman. A la vez, los órganos de dirección europeos se cancelan en la práctica ante una renacionalización fortísima que avala una dirección hegemónica de los procesos sobre la base de preservar el interés nacional de la nación más fuerte económica y financieramente, Alemania. Y, segunda cancelación, los órganos de dirección política de Europa aunque deficitarios democráticamente, son sustituidos por centros de dirección real sin ningún control ni legitimación democráticos. El Banco Central, los think tanks económicos, el FMI. Una dirección centralizada cuya característica más acentuada es su hostilidad al modelo social europeo.

Se produce en ese contexto, una ofensiva muy potente sobre los derechos laborales y sociales. Se persigue, en el marco de “reformas estructurales”, un proceso generalizado de reducción y restricción de derechos individuales de los trabajadores y de protección social de la ciudadanía, que lleva aparejado el debilitamiento de los sindicatos y de sus facultades de acción. El objetivo de estas medidas no es atajar la crisis, sino reducir y desmoronar el estado social. Con ello se ignora la existencia de una constitución social y laboral en todos los países democráticos y los derechos derivados del principio de solidaridad reconocidos como fundamentales para todos los ciudadanos europeos a partir del Tratado de Lisboa de 2007, y la vigencia ilimitada de las libertades económicas fundamentales como única referencia de valor político que guía las decisiones generales en Europa.

El reforzamiento del músculo autoritario del Estado y el tratamiento de problemas sociales como problemas de orden público, es otra de las manifestaciones de la crisis de la democracia. La criminalización de la resistencia social es algo más que un proyecto. En paralelo a la erosión de los derechos laborales, se va produciendo una corrosión de las libertades públicas. Libertades clave como las de información y expresión se van convirtiendo en funciones dependientes de grandes grupos económicos que construyen la información a su medida y manipulan la opinión pública conforme a sus intereses. El espacio informativo se retrae y se privatiza, sin que los medios públicos puedan nivelar esta asimetría.

En definitiva todas estas tendencias hacen que cobre actualidad un viejo debate que parecía resuelto, el de la incompatibilidad entre el capitalismo y la democracia. El pacto social que incorpora el trabajo a las constituciones europeas de la segunda posguerra mundial parecía un punto de no retorno en el que el sistema económico podía ser controlado y regulado desde el ámbito de la política y el estado social enmarcaba un sistema de desmercantilización de las prestaciones sociales fundamentales. Por el contrario este panorama se transforma con la crisis. Para el capitalismo financiero global, el principio democrático se ofrece como si fuera un producto liofilizado, limitándolo al momento electoral, muy influido mediáticamente por los medios de comunicación y los creadores de opinión y definido en la práctica a partir de un tipo de tecnicidad electoral no pluralista. El modelo de democracia social no tiene aquí sentido.

La renovación por tanto de una “agenda” democrática plantea a su vez el debate sobre el proyecto que reivindica la igualdad en materia social y económica entre la ciudadanía de este país. El debate sobre la democracia es también un debate sobre la construcción democrática de un proyecto socialista. Pero esto ya es otra historia sobre la que se volverá lo antes posible.