AUTONOMÍA Y AUTOSUFICIENCIA DEL SINDICATO DE CCOO: 2000- 2004. (I)

(En la foto,la primera reunión del directorio de la Fundación Cultura y Sociedad, de vida efímera, en la primavera del 2000).

La realización del programa del 6º Congreso de CCOO fue configurando en muchos aspectos un sindicato más asentado sobre su estructura orgánica y sobre los servicios que prestaba. Necesariamente volcado sobre la negociación colectiva, las estructuras federales nacionales / estatales fueron cobrando más fuerza, bajo un cierto control confederal. La unidad de acción con UGT funcionó correctamente, y se fue completando a través de puntos específicos el diseño general de la política de empleo, con intervenciones sucesivas sobre el trabajo a tiempo parcial (en 1998 y en 1999) negociadas con el gobierno del PP y la CEOE. Las relaciones triangulares entre el sindicalismo confederal, la asociación empresarial y el gobierno – en especial a través de los ministros de trabajo de la época, Javier Arenas y Manuel Pimentel – garantizaban una comunicación fluida entre los tres polos y aseguraban la continuidad del marco de regulación de las relaciones laborales dominado en última instancia por la autonomía colectiva de los interlocutores sociales. Asimismo los esfuerzos  por dotarse de una estructura fiable de afiliaciones y cotizaciones junto con una plantilla estable de trabajadores en el sindicato consolidaron las estructuras del mismo. La división interna entre el sector crítico y la mayoría se manifestaba en tensiones entre organizaciones y en la gestión de conflictos concretos, pero no impedía esta evolución del sindicato en su conjunto hacia una estabilidad organizativa y la regularización de su acción. 

La sucesión en la Secretaría General de CCOO con la elección de Jose María Fidalgo habría de acentuar estos procesos. En la designación como candidato de Fidalgo se había empeñado personalmente Antonio Gutiérrez, en un procedimiento de debate entre  dirigentes de federaciones y de territorios que descartó a Rodolfo Benito e Ignacio Fernández Toxo como candidaturas representativas de las estructuras territoriales o federales como puntos de referencia. Posiblemente en esta decantación influyó el hecho de que Fidalgo representaba el  sindicalismo de los “nuevos tiempos” que se abrían a CCOO con el siglo. Médico de profesión, muy versado en la acción institucional y en la negociación con el poder público en materia de seguridad social, había participado en la práctica totalidad de las negociaciones con la patronal, y simbolizaba la centralidad de los servicios públicos de interés general en un sindicato cuya cultura de origen era fundamentalmente industrial. Además Fidalgo era uno de los pocos dirigentes confederales que no habían tenido militancia política durante la transición, lo que constituía una absoluta novedad – todo un símbolo del cambio – en la historia de CCOO. 

El nuevo período de la mayoría sindical encabezada por el nuevo secretario general de CCOO se debía enfrentar sin embargo a dos circunstancias importantes. La primera, un nuevo período de gobierno del Partido Popular en el que esta formación obtuvo, por vez primera en su historia, la mayoría absoluta de los escaños. El cambio en la posición relativa que había desarrollado el gobierno del PP en el cuatrienio anterior fue inmediato, y se puso de manifiesto antes que nada con la reforma urgente de la Ley Orgánica de Extranjería apenas promulgada cuatro meses antes, y en cuyo texto el PP introducía importantes restricciones de derechos a los inmigrantes irregulares. La segunda, la conclusión de la vigencia de los Acuerdos de 1997 y la necesidad de re-editar los pactos de gobierno del sistema de negociación colectiva que se había ido trabajosamente concluyendo a lo largo de los tres últimos años anteriores. En ambos casos sin embargo la aproximación en esta nueva etapa fue continuista de las líneas seguidas en el cuatrienio anterior, aunque el panorama económico y político estaba cambiando y por consiguiente estas decisiones tenían un sentido diferente en el contexto en el que se iban a producir.

La serie de Acuerdos Interprofesionales que abre el ANC de 2001  - y que habrán de perdurar hasta el 2009 -son de duración más corta y difieren de sus antecedentes en un contenido más centrado en el intercambio salarial, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo con cláusulas de revisión salarial y con mayor espacio para la flexibilidad contratada. Fuera de ello, los Acuerdos contienen un detallado diagnóstico sobre la situación económica – que es la que justificaría por tanto los  márgenes salariales y la propia configuración de la estructura remunerativa, con frecuentes alusiones a la productividad como forma de incremento retributivo variable - y una buena parte de prescripciones a detallar o desarrollar en momentos posteriores por la propia negociación colectiva de rama. La referencia a los convenios colectivos nacionales y la reiteración del esquema de materias correspondientes a los distintos niveles de negociación parecen abrirse más a la descentralización de la negociación colectiva controlada desde el convenio sectorial. La nueva orientación de este tipo de Acuerdos suscitó reticencias y fuertes debates internos en el seno de la dirección del sindicato.

El reflejo de estos esquemas negociales sobre la estructura sindical favorecía el protagonismo de las federaciones de rama. Y la práctica interna del sindicato fortaleció ese protagonismo a través de una no explícita – pero verificable empíricamente – distribución de competencias. Las materias a negociar, los contenidos y el desarrollo de la negociación reposaban íntegramente sobre las Federaciones, que gestionaban ese espacio de forma plenamente autónoma, mientras que las líneas generales de la concertación con los empresarios y el diálogo social con los poderes públicos correspondía a la dirección confederal, que asimismo lo gestionaba de forma directa. La práctica de una doble competencia asumida sin cortapisas mutuas ni interferencias se acompañaba por tanto de una mayor independencia de las grandes federaciones o aquellas dotadas de convenios importantes, que gestionaban mayores recursos y utilizaban servicios propios – asesoramiento económico y jurídico, prestación de otros servicios a los afiliados – frente a aquellas federaciones o territorios menos dotados, sin que los mecanismos de compensación previstos parece que tuvieran un efecto muy apreciable en esas asimetrías entre las distintas organizaciones. Por otra parte estas competencias diferenciadas producían una cierta opacidad en el debate sobre las opciones presentes en la negociación y en sus desarrollos, en especial en algunas materias que se consideraban “privativas” de la decisión confederal, como la Seguridad Social y no se trasladaban a las estructuras intermedias del sindicato salvo una vez culminado el acuerdo para explicarlo. En cuanto a la negociación colectiva de rama, la autonomía en su configuración en ocasiones llevaba el peligro de una cierta incomunicación respecto de lo que estaba sucediendo simultáneamente en otros sectores, una pérdida de perspectiva general que podía derivar en un corporativismo suave que fraccionaba la perspectiva sindical general.

Al margen de ello, el sindicato en cuanto tal se robustecía. Disponía de un cupo orgánico de dirigentes y representantes que se dedicaban de forma completa a la acción sindical mediante la acumulación de los créditos de horas, con especial incidencia en el sector público, mejoraba los instrumentos para conocer y mantener la afiliación y la cotización, replanteaba los servicios de asesoramiento jurídico como forma adicional de financiación para el sindicato a través de la fijación de tarifas de servicio para afiliados y no afiliados, se nutría de una importante plantilla de asesores y letrados en los territorios y en las federaciones. Además de un uso razonable de las cooperativas de viviendas – en torno a VITRA – y de ofertas de servicios de ocio, se extendieron también servicios de aseguramiento y de prestaciones adicionales para los afiliados y afiliadas. Los Acuerdos para la Formación habían permitido abrir un espacio importante de asistencia técnica – ni ideológica ni específicamente sindical- que gestionaba personal del sindicato, y se creaban servicios nuevos de información y de tutela jurídica para colectivos tradicionalmente alejados de la acción sindical, como los inmigrantes, a partir de la experiencia muy interesante de los CITE. Aprovechando fondos europeos y nacionales, se desarrollaban iniciativas de cooperación al desarrollo principalmente en América Latina, a través de la Fundación Paz y Solidaridad y sus réplicas en los diferentes territorios. De alguna manera, el sindicato se sentía autosuficiente en su propia configuración, en crecimiento – no sólo pero también afiliativo – para poder cumplir su función tutelar del interés colectivo de los trabajadores y trabajadoras. Además, la situación material del personal que trabajaba en el interior del sindicato mejoró ostensiblemente en este período.

Desde esa percepción autosuficiente, se había producido un desplazamiento respecto de los instrumentos que a nivel confederal se habían venido utilizando y planteando en los últimos cuatro años. El Gabinete Técnico Confederal se nucleó fundamentalmente en torno a los asesores economistas, donde Miguel Angel García desempeñaba en la práctica la función de Director Técnico de la Oficina Confederal, y la asesoría jurídica confederal no tuvo el peso específico que hasta entonces había desempeñado. Esto influyó en un cierto deslizamiento de la problemática de los derechos hacia una perspectiva funcional al cuadro macroeconómico apreciable en un momento determinado, es decir, a una mirada que revalorizaba como central la situación económica y las posibles reformas de estructura requeridas, condicionando a la misma de manera implícita  el espacio concreto de ejercicio de los derechos sociales y laborales básicos, en especial los de contenido salarial o las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social. La existencia del Gabinete Interfederal, al que se había desplazado Enrique Lillo  con abogados de gran experiencia como Ángel Martín Aguado  o Nieves San Vicente, y la presencia capilar del Gabinete de Estudios Jurídicos de Albacete, se concentraba en los aspectos de interpretación y de aplicación de las normas o la impugnación de actividades empresariales que vulneraban el derecho de negociación colectiva o el derecho de huelga, pero no tenían una mayor incidencia sobre las propuestas o los resultados de los procesos de concertación y de diálogo social llevados a cabo o acompañados por el sindicato. 

El colectivo de juristas del trabajo que se había concentrado en torno a la Revista de Derecho Social y que encontraba en las Jornadas de Albacete – junto con otras citas emblemáticas, como las Xornadas de Outuno en Galicia, las Jornadas de Dret Social en Cataluña, o las Jornadas de Alicante entre otras  - un ritual de discusión y de intercambio de opiniones, no era ya más solicitado por las estructuras sindicales, plenamente autosuficientes en esta materia de asesoramiento jurídico para la regulación de las relaciones laborales. Aunque este distanciamiento se había comenzado a producir antes – la regulación de 1998 del tiempo parcial, por ejemplo – a partir del año 2000 fue un hecho consumado. La pérdida de influencia por tanto de los juristas del trabajo en las políticas sindicales y, a la inversa, la falta de comunicación de éstas con los expertos académicos en derecho del trabajo, fue la consecuencia de esta situación. De hecho, el lugar por antonomasia donde se expresaba la presencia de los juristas del trabajo, las Jornadas de Estudio de Albacete, dedicaba sus actividades a la interpretación y aplicación de las normas y a promover por tanto una escritura de las mismas en clave ampliatoria y garantista, pero como colectivo no intervenía en su propuesta. Se re-direccionaba hacia el espacio judicial como espacio de interpretación de la norma que requería por tanto un trabajo teórico específico. No es casual que en aquellos momentos las Jornadas de Albacete sean consideradas como un curso de formación abierto a jueces y magistrados  por el CGPJ, y que se organicen a su vez unas nuevas Jornadas de invierno, en Madrid, coparticipadas entre el Gabinete de Estudios de CCOO y la asociación judicial Jueces para la Democracia. 

En contraposición a esta tendencia, en el sindicato se abría una línea de investigación y análisis muy importante sobre el alcance y contenido de la negociación colectiva mediante la creación de un observatorio dirigido por Ricardo Escudero por parte académica y sostenido por Amaia Otaegi por parte de la estructura técnica sindical, que realizó a partir de su creación en el año 2000 un análisis orientado de las tendencias de la negociación colectiva con la participación de un amplio grupo de colaboradores y colaboradoras fundamentalmente de extracción universitaria. Producto en su inicio de un proyecto de investigación del que era investigador principal Escudero, la iniciativa supuso que el examen concreto de la negociación colectiva en períodos anuales se desarrollara – “como dimensión material y concreta de las relaciones de trabajo y de las tendencias que se detectan en ella” - por este grupo de estudios encuadrados en el ámbito competencial de la secretaría confederal de estudios primero, con Salva Bangueses y luego en acción sindical con Fernández Toxo. Su trabajo fue publicado en una serie de volúmenes anuales y representó un momento  de agregación entre los juristas del trabajo y el sindicato. El hecho de que esta apertura se efectuara precisamente sobre la negociación colectiva como procedimiento y sobre los contenidos de la misma, evidencia tanto el interés que el sindicato sentía por esta forma de producción de reglas sobre el trabajo como la atención prioritaria que la doctrina laboralista estaba prestando a este fenómeno. Esta experiencia sin embargo fue más productiva en términos de cohesión de los equipos de trabajo interuniversitarios que en incidir sobre la dirección de las estrategias negociales de los sectores de producción.

La autosuficiencia organizativa no implicaba por tanto un aislamiento completo entre la cultura sindical y la de los juristas del trabajo. Pero esta situación se produce en un momento de cambios importantes en la forma de organización de la profesión jurídica y en la composición del iuslaboralismo español. Se aposenta un nuevo modelo de estudio jurídico pro-empresarial a partir de grandes organizaciones multidisciplinares con enraizamiento internacional y en donde prestan servicios un gran equipo de abogados y abogadas bajo la dirección de un profesor  de renombre que es socio de la empresa – estudio de abogados.  Federico Durán en Garrigues Asociados, Salvador del Rey en Cuatrecasas, Ignacio García – Perrote en Uría y Menéndez, Antonio Sempere en Gomez –Acebo y Pombo, como los más señalados, son representativos de la importancia de los profesores – prácticos frente al grupo de los profesores – teóricos, y la influencia creciente que éstos desempeñaban en la producción científica del Derecho del Trabajo. Otros profesores, manteniendo su posición académica a tiempo completo, giran en torno a este polo de referencia formando parte de los “Consejos asesores” o ”científicos” de algunos de estos estudios o de Fundaciones a ellos ligadas, como emblemáticamente sucede con la Fundación Sagardoy, y se expanden fórmulas societarias con administrador único como forma de “subcontrata” de informes y consultas jurídicas. 

El proceso de empoderamiento profesional del Derecho del Trabajo coincide además con una mutación editorial en el sentido que la mayoría de las editoriales jurídicas españolas se “globalizan”, es decir, son compradas por  grandes editoriales multinacionales. Este cambio de propiedad implica también un cambio de orientación de la producción editorial, que busca fundamentalmente un enfoque estrictamente exegético y práctico, en ocasiones al nivel del formulario o de recopilación de doctrina judicial. En muchos casos, la simbiosis entre los grandes estudios jurídicos y las editoriales se desenvuelve en la organización de “foros” o “cursos de especialización” que se dirigen a directivos empresariales y a profesionales del derecho y que cuentan con abundantes recursos que facilitan la participación de profesores y magistrados como ponentes, reconstruyendo ideológicamente el espacio interpretativo y aplicativo de las normas laborales. La vigorización de las posiciones pro-empresariales en derecho laboral – que se acentuaría a partir del 2004 con nuevas y significativas incorporaciones de profesores de relieve – y su dinamismo organizativo estaba logrando orientar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en primer lugar y de muchos Tribunales Superiores de Justicia  sobre importantes aspectos aplicativos, pero también producía un giro en las prácticas académicas – donde un número cada vez mayor de profesores permanentes simultaneaban su dedicación académica con la asesoría profesional – y en las líneas y los contenidos de las investigaciones desarrolladas. 

El sindicato sin embargo no percibió estos cambios como algo que mereciera atención. Posiblemente se entendía que la dimensión jurídica ocupaba un lugar subordinado frente a lo que era fundamental, los espacios de la negociación política, económica y social, y que su función era más bien la de ajustar o limar los conflictos que pudieran derivarse de la puesta en práctica de aquellas decisiones. Este planteamiento reposaba asimismo sobre la consideración de que la articulación jurídico-laboral tenía una consideración estrictamente técnica, instrumental a la acción sindical, y que por tanto carecía de suficiente relevancia política el espacio de lucha por los derechos, que se resolvía como consecuencia de la puesta en práctica del programa sindical. En los estudios sobre la negociación colectiva emprendidos en el Observatorio, se describían las experiencias habidas en determinados sectores clave, junto con el examen de algunas instituciones o temáticas transversales, pero ese trabajo no permeaba la acción sindical, se mantenía en un espacio “exterior” a las propuestas y prácticas concretas de negociación de los ANC interprofesionales y de la negociación colectiva de sector más relevante. La consideración dominante al respecto, que prescindía por tanto de la vertiente político-democrática que alimentaba la cultura de los juristas del trabajo y la reducía a una actividad de consulta primordialmente técnica, habría de provocar ciertas fricciones y conflictos entre este colectivo y la dirección confederal de CCOO. Esto se producirá en varios momentos, pero posiblemente los más señalados son los resultados de la huelga general del 2002 y el debate sobre la Ley Concursal en el 2003. Pero esto será objeto de un nuevo comentario.