EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD. ANTE LA HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA

(Foto: Frank Trillou)

En vísperas de la huelga general en la enseñanza del 24 de octubre, se ha celebrado en la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete un acto cultural, organizado por la Federación de Enseñanza de CCOO y el Comité de Empresa del PDI laboral de la UCLM  en el que ha intervenido como invitado especial Benjamín Prado y, como lector de poemas de Brecht, José María López Ariza.  En el acto han participado además, en calidad de convocantes, el decano de la Facultad, Joaquín Aparicio, y el secretario general de la F.E.de CC.OO de Castilla la Mancha, Alfonso Gil. Tambien el representante de los alumnos de la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete. Ante más de ciento cincuenta personas, el acto ha unido literatura, cultura y el impulso emancipatorio. La literatura sirve para comprender el presente en el que nos movemos. Y saber que en estos tiempos hay mucha gente mala que camina, por emplear el título de una novela de Benjamín Prado. Pero que hay también muchas más personas que saben romper el cerco de la desigualdad y del autoritarismo. El encuentro literario se enmarcaba en una campaña de solidaridad con los estudiantes imposibilitados de seguir sus estudios ante la subida de las tasas y la inexistencia de recursos y becas para pagarlas. Una campaña de solidaridad como respuesta a los recortes que se están aplicando a los recortes en la UCLM. El recorte presupuestario más salvaje de todas las universidades españolas. Cientos de alumnos no pueden pagar las tasas y otros desisten de matricularse. Es razonable inferir que hay un empeño del gobierno de la JCCM en destrozar la universidad pública. En el acto se ha exigido un cambio de políticas, y en especial de la de becas y ayudas, con la creación de  un fondo social para hacer posible que los que han abandonado sus estudios por motivos económicos puedan continuarlos.

Se ha puesto en marcha una consulta ciudadana contra la reforma educativa aprobada por el gobierno en la que más de un millón de personas han manifestado su rechazo a la misma. Mañana, 24 de octubre, se ha convocado por todas las centrales sindicales que actúan en el sector, una huelga general educativa en todo el país. Todos los sectores de la educación, incluidas las asociaciones de vecinos, padres de alumnos y estudiantes, se posicionan contra la reforma. El Sindicato de Estudiantes ha llamado a una huelga de tres días a la que se están produciendo cada vez más adhesiones, y se esperan manifestaciones masivas el día de mañana. A nadie se le escapa la significación política y democrática de este posicionamiento. Toda la comunidad educativa rechaza el proyecto de ley del gobierno. Y esta unanimidad de los sectores sociales interesados en salvar el servicio público esencial que es la educación de un diseño autoritario y retrógrado no puede ser ignorada por un poder público que se considere democrático. 

Aunque quizá no sea este el caso. Al menos si se atiende a las declaraciones de la subsecretaria del ministerio según la cual los trabajadores de la enseñanza y los empleados públicos hacen huelga porque no tienen en peligro su puesto de trabajo, lo que no sucede con los padres de los alumnos, que deben tener muy en cuenta esa posibilidad. Declaraciones inaceptables, en las que se relaciona directamente el ejercicio de un derecho fundamental como la huelga con las represalias en el empleo de quienes lo ejercitan, como un hecho “natural” que “anómalamente” – y a lo que parece considerado de forma negativa – no se cumple en el sector de la enseñanza. Declaraciones escandalosas que habrían requerido una excusa pública y la reprobación de quien las ha efectuado. Por el contrario, el ministerio se ufana de su acción repudiada por todos aquellos a los que se destina y procede a un verdadero ajuste de cuentas – de nuevo el título de una obra de Benjamín Prado – ideológico, con el aval de otras autoridades de gobierno y una línea general que evidencia que la cultura y la educación quiere ser demolida como espacio de libertad de expresión y de independencia política respecto al pensamiento impuesto como dominante por el poder económico, reiterado y expandido por los medios de comunicación que cooperan activamente a la manipulación y corrupción de la opinión pública.

Por su parte, la respuesta autoritaria se expresa en la imposición de servicios “mínimos” que buscan exclusivamente mantener una sensación de normalidad en los centros durante la jornada de huelga. En algunas comunidades, como la de Castilla La Mancha, los servicios impuestos por el gobierno de la Junta de Comunidades son claramente inconstitucionales y abusivos. Su imposición ha coincidido con una sentencia en la que se anulan los servicios mínimos impuestos en una huelga de universidad en mayo pasado . Nada les afecta, porque lo importante es impedir el ejercicio real y efectivo del derecho fundamental de huelga. Pero los sindicatos convocantes deberían ser consecuentes y no acatar esta imposición claramente inconstitucional, sustituyéndola por la propuesta que ellos habían hecho de preservación de servicios.(Una sentencia importante en materia de huelga en la UCLM).

Sabemos que la resistencia es dura porque no tiene un efecto inmediato en el diseño autoritario que nos gobierna. Sabemos también que los despidos masivos de profesores interinos, la subida de tasas y la restricción de becas, el grosero privilegio de la enseñanza concertada y la apología de la confesionalidad católica que se impone a los laicos y a otras religiones, la práctica desaparición de la democracia en la gestión de los centros educativos y la virtual eliminación de la investigación científica y de la universidad pública de calidad son puntos centrales para una protesta que dentro de muy poco – dos años si no antes – serán normas borradas y derogadas, como las huellas lacerantes de las invasiones bárbaras sobre una civilización democrática. Pero el daño producido es cierto y es potente, y debemos exigir responsabilidades por la demolición del sistema de derechos trabajosamente ganado tras la dictadura. No sólo políticas.

Estamos ante un proceso de destrucción sistemática de derechos sociales – y laborales -  que se inserta en un clima de corrupción y de impunidad. En un contexto de agotamiento y miedo. Pero el vaso se ha colmado. La educación pública está en juego. Mañana habrá una potente respuesta a los planes de quienes, sin legitimidad ninguna, pretenden hundirla. La comunidad educativa en su totalidad se opone. El poder que nos gobierna no representa al interés general, ha capturado el poder como un patrimonio exclusivo y pretende imponer a toda la sociedad su visión retrógrada y autoritaria. No les dejaremos. Paso a paso. Hasta borrar sus huellas de destrucción y de  barbarie.