CAMBIO EN LAS REGLAS DE LA GOBERNANZA POLÍTICO-DEMOCRÁTICA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL.

Se celebró ayer, 7 de marzo, en la Casa de América de Madrid, el Seminario sobre Cooperación Iberoamericana y Desarrollo que organizaba la Fundación Alternativas junto al Centro de Estudios Sociales de Lisboa, la Fundación Getulio Vargas y el Gobierno de Rio Grande do Sul, bajo la financiación del Banco de Santander. La presencia de Tarso Genro, gobernador del Estado, era muy esperada, puesto que estos seminarios anuales, que alternan entre Madrid y Lisboa, van consolidándose como un espacio de debate y de intercambio entre el pensamiento progresista americano y sur-europeo muy útil y provechoso. Una de las mesas se dedicaba a las experiencias de renovación de la democracia o cómo los gobiernos pueden acercarse a las calles. A continuación se inserta un resumen de la intervención en la misma.

En España, como en otros países del sur y  del este europeos, se están viviendo experiencias de reducción y restricción de la democracia. Estas experiencias están provocando cambios en las reglas de actuación seguidas hasta ahora tanto por los agentes políticos y económicos como en las pautas de conducta de los agentes y movimientos sociales.

Los cambios en las reglas de la gobernanza son muy profundos y afectan directamente a la sustancia democrática. Ya se sabe cómo se ha modificado de forma profunda la forma de producción de normas sobre el trabajo y el empleo, mediante la consideración de este espacio regulativo como un terreno de excepcionalidad democrática, situado bajo el directo control de un gobierno legislador en permanente estado de urgente necesidad. Esta directa intervención del gobierno que enajena la acción del parlamento se liga directamente a la formalización de un programa que despoja al trabajo de su valor político y de cohesión social, lo considera esencialmente coste de la producción sometido a su determinación mercantil, a la vez que reduce el campo de acción y la intensidad de la protección del Estado Social. 

Ello conduce a un cambio muy llamativo en la elaboración del consenso. A partir de este “giro” político, especialmente intenso desde la llegada al poder del Partido Popular en noviembre del 2011, se ha procedido a la ruptura del diálogo social acompañada de una intensa sectarización, manifestada en que el único referente presente en la interlocución política con el gobierno es el empresariado, bien en su vertiente asociativa, bien en la corporeidad de sus principales empresas transnacionales y entidades financieras. Sobre este panorama se proyecta un principio de unilateralismo político, que implica la exclusión de cualquier otra aportación que no se adhiera a la ya determinada por la autoridad de gobierno. En este diseño, el bipartidismo no tiene la importancia constitutiva que sin embargo había ido adquiriendo en nuestra práctica política como forma de administrar un consenso mayoritario sobre los grandes “temas de estado” – entre ellos la protección social, o en menor medida, las políticas de empleo – sino que se configura de manera instrumental y subordinado en todo caso a la convergencia con la decisión de gobierno predefinida. Se puede por tanto concluir que la forma de gobernar en España se caracteriza típicamente como un cesarismo político-financiero.  

Hay cambios también importantes en la construcción del discurso. La negación y tergiversación de la realidad es el leit motiv del mismo, y su sustitución por un enunciado sin ningún anclaje en las consecuencias sociales o políticas de la acción del gobierno. A ello se acompaña de una opacidad buscada de intento, imposibilitando el acceso a los datos estadísticos que podrían ilustrar las consecuencias de algunas acciones. Una simple mención a la desaparición progresiva de datos sobre la negociación colectiva en el importante boletín de estadísticas laborales, es una ilustración suficiente. Ese impulso a la negación de los hechos que suceden es más llamativo en lo que se refiere a los casos de corrupción que afectan a las altas autoridades del Estado y a la cúpula del Partido Popular. No aparece la corrupción ni siquiera como una “excepción” a la normalidad de la actuación de gestión de los asuntos públicos, sino que resulta negada, en ocasiones con ribetes cómicos, como la famosa intervención de la secretaria general del PP sobre el “despido en diferido” de su tesorero. 

Pero este rechazo a reconocer lo que realmente sucede se compensa mediante un inmenso esfuerzo por construir mediáticamente un espacio de opinión pública en el que lo que se cuenta de lo que sucede coincida exactamente con lo que la autoridad de gobierno quiere que suceda. El control de los medios públicos de comunicación se alarga con la anexión de los idearios de los principales medios privados. Los casos recientes de la dimisión del director de “El Mundo” y el cambio en la dirección de “El País” han tenido inmediatos efectos en la consideración extraordinariamente complaciente por ambos rotativos de la acción de gobierno y de la presencia europea de su presidente. 

En ese mismo sentido, la estrategia por parte del PP de apropiarse de los centros estratégicos de control constitucional y judicial ha resultado enormemente exitosa. La nueva configuración del Tribunal Constitucional permite que las decisiones de éste acompañen literalmente la agenda del gobierno. Las decisiones de la declaración de constitucionalidad del decreto-ley de la reforma laboral coincidiendo en el tiempo con el debate sobre los dos años de vigencia de la misma, o la coincidencia del debate sobre el nuevo Estatuto de Castilla La Mancha y su reducción de diputados con la decisión del TC son ejemplos bien significativos de este mecanismo de acoplamiento casi automático entre las decisiones del gobierno y su consideración constitucional. El control por otra parte sobre el órgano de gobierno de los jueces permitirá una progresiva conformación “amigable” de los nuevos miembros de las salas del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional como lugares de “cierre” de la aplicación de las normas.

Las reglas de acción del gobierno frente a la protesta social circulan por una doble vía. En un primer momento, la pauta de conducta de la autoridad pública ha sido la de ignorar su existencia e invisibilizar el contenido alternativo, la contratendencia, de las propuestas de regulación que provenían de la movilización social. Sin abandonar esta línea, se ha procedido progresivamente a desarrollar la tendencia a la represión de estos fenómenos y a criminalizar los más lesivos para la imagen del poder económico-político. La resistencia a estas presiones por parte de algunos jueces – como en el caso de los escraches en el contexto de la movilización de la PAH – ha sido contrarrestado por el envío al parlamento de una ley orgánica de seguridad ciudadana que monetariza la sanción frente a la respuesta de masas y la desjudicializa, pero el recurso a la sanción penal, dirigiendo al ministerio fiscal hacia la misma, no se ha dejado de lado, como atestigua el caso de los ocho sindicalistas de Airbus imputados que arriesgan penas de ocho años de prisión por participar en un piquete de huelga. 

No sólo ha habido cambios sustanciales en las reglas de la gobernanza en este sentido restrictivo de la democracia. También se han producido modificaciones importantes en las pautas de conducta de los agentes sociales y en la propia movilización social.

Algunos de ellos son la consecuencia reactiva frente al vaciamiento de la democracia que se percibe como la característica fundamental de la actuación de las autoridades públicas y de los poderes privados. El efecto más llamativo en este sentido sea posiblemente la importancia que está adquiriendo en el debate político e ideológico del polo de resistencia social, la necesidad de abrir un nuevo proceso constituyente como paso necesario para robustecer la democracia, para una nueva “ruptura democrática”, como señala el título del último libro de Gerardo Pisarello. Pero esta tendencia se alimenta asimismo de un fuerte cuestionamiento de la representación política y de los instrumentos técnicos que la concretan, en especial sobre el procedimiento electoral, y una crisis profunda de la institucionalidad democrática que escenifica la Constitución de 1978. La monarquía y la “casta” de los políticos, aparecen muy dañados por la corrupción, que constituye el segundo motivo de preocupación de los españoles en las últimas encuestas, sólo por detrás del desempleo. El auge descontrolado de estos fenómenos, agravados por la sensación de impunidad de los mismos, remite a una explicación más articulada, que reposa en la opacidad del sistema político tal como está desarrollado en la actualidad. Es también un tema ambivalente, que permite a los media arremeter contra la política como forma de expresión de un impulso público de transformación social, señalando que “todos son iguales” y que en definitiva no hay otra alternativa que el desentendimiento colectivo y la sumisión a una situación injusta y desigual. (Resumido en la expresión castiza según la cual “Esto es lo que hay”).

La crisis de la institucionalidad afecta por tanto de manera directa a la representación y al mecanismo representativo, a las formas en las que éste se articula técnicamente. La reivindicación de la red como un espacio de desintermediación, la articulación de proyectos de cambio en torno a modos de vida y no tanto alrededor del trabajo y de su valoración político-democrática como eje de la dinámica de transformación social, la afirmación de una red ciudadana que intervenga y decida directamente sobre las opciones de gobierno, son todos elementos que convergen con formas más clásicas en las que se da la primacía a los agentes sociales representativos, en primer lugar al sindicato, pero también a un abanico de movimientos de base popular. El intercambio de perspectivas culturales y políticas sobre las estrategias de transformación social se está produciendo no tanto en el debate ideológico entre éstos, sino mediante su derivación a la organización de la protesta y la omnipresencia de la movilización social. Con conflictos y luchas “favoritos” de cada uno de los componentes colectivos de ésta, pero con amplios momentos de confluencia mutua en el espacio ciudadano, en la calle.

En lo que respecta al sindicato, este tiempo de conflictos le ha permitido proyectar la ambivalencia de su posición, depurando progresivamente una respuesta demasiado compacta o autoafirmativa de su real presencia en los lugares de trabajo y de las certezas sobre su interlocución política y social. Tanto la discusión sobre los medios de intervención y de presión, la combinatoria de la huelga general y de la manifestación masiva como refuerzo de un poder contractual ignorado y negado por el poder público y las autoridades privadas de la empresa, el enlace entre el espacio de la producción y el espacio ciudadano enlazado a través del conflicto, o la relectura del carácter socio-político del sindicato, son momentos de enriquecimiento evidente del discurso alternativo sindical que aparece como contrapropuesta al cesarismo político-financiero vigente.

Se puede afirmar con cierta seguridad que estos cambios que se han ido señalando provocarán un cambio de modelo sobre el que hemos ido conociendo desde la implantación del sistema democrático tras el franquismo. No se reiterará el mismo modelo de gobernanza que, en materia laboral y social, ha caracterizado estos 35 últimos años como un marco estable en donde el diálogo social y el consenso político bipartidista han sido elementos decisivos. Se abre la posibilidad de que se afiance un impulso termidoriano, restrictivo de la democracia, modificando por tanto de manera material la constitucionalidad vigente, o que por el contrario, se abran paso formas de desarrollo participativo que permitan avanzar hacia lo que Nicolás Sartorius llama democracia expansiva. 

La experiencia de la movilización social de estos tres últimos años desde el 2010 hasta la actualidad, no sólo ha generado formas organizativas, programas alternativos y resistencias en algunas ocasiones exitosas, como la lucha contra la privatización de la Sanidad en Madrid, la rebelión urbana en Burgos o la huelga de limpieza en Madrid. Ha segregado asimismo propuestas de reforma democrática y de participación ciudadana que se han ido realizando. El asamblearismo como forma de conexión horizontal, el uso alternativo de las redes sociales, la exigencia ineludible de transparencia y de participación directa, son algunas de ellas. Pero también la práctica de la iniciativa legislativa popular – en dos ocasiones, la impulsada por los sindicatos y la realizada por la PAH – pretendían recuperar para la ciudadanía directamente la activación de un derecho constitucionalmente garantizado para su real preservación y desarrollo, el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda en cada uno de estos casos. Aunque el sistema democrático partidista eliminara esta posibilidad – con una diferente apreciación en el caso de la PAH, que fue tomada en consideración para luego desvirtuarla en la ley resultante, mediante su rechazo de plano en el caso sindical – la organización de este instrumento es muy significativo. En la misma línea se concibe la reivindicación del referéndum – derogatorio, siguiendo la figura italiana, o configurado como una consulta popular propositiva para confirmar prioridades de gobierno, al estilo brasileño – como forma de recuperar la soberanía ciudadana sobre las instituciones de representación política.

Es necesario por tanto un proyecto político que articule una nueva forma de concertación política estratégica sobre la extensión y ampliación de la democracia representativa. En su progresivo diseño los sujetos sociales más activos deben seguir aportando sus mejores experiencias para su síntesis teórica y propositiva.