LO QUE LA CEOE PRETENDE

La Audiencia Nacional ha declarado nulo el ERE de Coca-Cola. Es un triunfo de la movilización de los trabajadores y de una defensa jurídica arrolladora del sindicato. Ese contexto se acompaña de movimientos significativos por parte del empresariado español. A analizar éstos se dedica la siguiente columna.

 

La Asociación Empresarial CEOE-CEPYME está atravesando desde hace tiempo una grave crisis de legitimidad. La conducta criminal de quien fue su presidente, unido al descubrimiento de actuaciones ilegales e irregulares de miembros muy relevantes de su dirección, desvío de fondos públicos y percepciones incorrectas, han marcado su última trayectoria. Los sobresaltos internos – manifestados asimismo en la expulsión de cuadros dirigentes muy experimentados en materia de negociación colectiva, como José de la Cavada – se han visto acompañados de una pérdida de relieve estratégico en beneficio del grupo de las mayores empresas españolas, que es considerado por el poder público – ya desde Rodriguez Zapatero, que fue el que formalizó el conglomerado financiero-empresarial ligándolo a la palabra clave, productividad – el interlocutor válido a la hora de diseñar las medidas legislativas y de adoptar las políticas económicas y sociales en el momento. Esta crisis de legitimidad la padecen fundamentalmente las empresas medias y pequeñas del país, que sufren las restricciones del crédito y la dificultad de liquidar sus pedidos, pero que a cambio reciben como premio la posibilidad de sustituir sin apenas coste la mano de obra temporal y de baja cualificación y de terminar sus actividades sin excesivos costes indemnizatorios. Los grandes acuerdos sobre negociación colectiva en la versión del ANC del 2001 y sucesivos, fueron desperdiciados en la crisis del 2010-2012 con la firma de unos textos que lograban un pacto de contención salarial importante junto a un reconocimiento muy amplio de la flexibilidad del trabajo por parte de los sindicatos que la CEOE-CEPYME prefirió no defender y sustituir por un apoyo sin restricciones a la reforma legal del 2012, obteniendo así un mayor reconocimiento a sus posiciones que la que podría haber obtenido a través del acuerdo social.

Todos conocemos sin embargo que esta crisis de legitimidad social de la asociación empresarial española no ha sido presentada como tal ni en los medios de comunicación social ni en el debate político, frente a lo que sí ha sucedido con el sindicalismo confederal, objeto prioritario de un ataque mediático e ideológico sin precedentes en la historia reciente de la democracia. Sostenida por todos como una organización compacta, autosuficiente e influyente, se beneficia además de su posición institucional de interlocutor social privilegiado tanto en el nivel interfederal como en su capacidad de generar reglas para las organizaciones sectoriales de la misma, lo que lleva a los sindicatos más representativos a tener que contar necesariamente con ella.

En estos días, sin embargo, la CEOE-CEPYME ha conseguido un amplio espacio mediático. Primero, mediante su toma de posición contra el derecho de huelga, en medio de una campaña sindical de denuncia de la criminalización de los piquetes, apostando por elementos tan restrictivos del ejercicio de este derecho que resultan claramente contrarios a la interpretación constitucional que hasta el momento se ha venido haciendo sobre el contenido, los sujetos y el procedimiento del derecho de huelga. Pero la CEOE  también en ese  documento de largo título  - que quiere mejorar el clima de negocios y el entorno empresarial  - en el que expresa una serie de reivindicaciones de futuro que entiende se deberían satisfacer en un tiempo próximo, es decir a partir del año 2015. Los objetivos presentados en el documento son bastante claros, y han sido de esta manera oportunamente resaltados ante la opinión pública. Se basan en una situación de emergencia económica que requiere mayores medidas de intervención para recuperar la tasa de ganancia y el crecimiento con riqueza.

Un aspecto de este programa carga sobre el lado impositivo, otro, el más relevante, sobre las relaciones laborales. En este campo, se promueve la descausalización plena de la extinción del contrato indefinido en el primer año del mismo, la inaplicación generalizada de los convenios colectivos en un plazo de dos años, la gestión plena de prestaciones de seguridad social por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El documento ha sido contestado por el secretario de acción sindical de CC.OO. Ramón Górriz definiéndolo como un acto de “deslealtad institucional” que dificulta el proceso de negociación  que se quería iniciar ahora. Además de esa calificación, lo que parece claro es que la CEOE se mueve de forma neta en un espacio contrario al que reconoce el marco constitucional. Con el pretexto de una situación de excepcionalidad social y económica, entiende inaplicable el art. 37.1 de la Constitución que garantiza la fuerza vinculante de los convenios colectivos, considera incompatible la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado con el derecho al trabajo del art. 35 CE, rechaza la existencia de un sistema de seguridad social público que administra y gestiona las prestaciones sociales del art. 41 CE. Es decir, que la CEOE, cuya existencia institucional está avalada por su presencia en el art. 7 de la Constitución española, se coloca fuera de ella, manteniendo otro modelo social opuesto al que se deriva del reconocimiento del Estado Social en el art.1 CE y haciendo explícito por consiguiente su alejamiento del consenso constituyente de 1978. Lo que no es una novedad en estos días, ciertamente.

Ahora bien, esta presentación pública de un programa de acción de la CEOE esconde otras intenciones. Por una parte, se mueve en un discurso duro, porque sabe que estas posiciones principistas son bien recibidas por sus bases, educadas desde la presidencia de Díaz Ferrán y la presencia de Arturo Fernández a estas arengas neoliberales reconfortantes. Otra cosa es el efecto pedagógico que tiene sobre el empresariado este peculiar alimento espiritual. Se muestra frente a los señores de la productividad como la fiel infantería que avanza arrollando a su paso los obstáculos a la consideración del espacio laboral como espacio con controles y con garantías colectivas e individuales, indicando que cumple con eficiencia su función de incorporación del pequeño y mediano empresariado a las directrices estratégicas marcadas por la gran empresa. En lo que se refiere a los sindicatos, presenta un  programa máximo que sabe que no puede cumplirse ni negociarse tal como se presenta. Pero que permite un suelo de partida a partir del cual parecerán concesiones a los sindicatos todos los compromisos posteriores. Compromisos que van dirigidos a un solo objetivo. Hacer que el interlocutor sindical asuma por acuerdo la mayoría de las reformas legales en materia de negociación colectiva, en especial en lo relativo a la inaplicación del convenio, la primacía de la negociación de empresa, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo y la ultra-actividad de los convenios. De esta manera, el acuerdo, aunque lleve consigo alguna mejora parcial sobre lo establecido en la norma, podrá ser alegado como indicio indudable de la irreversibilidad de las reformas legislativas del 2012. Lo que tiene especial interés en un tiempo electoral próximo en el que el compromiso bipartidista no está seguro y las políticas europeas de austeridad están siendo fuertemente confrontadas desde varios puntos de vista.

Frente a esta posición, no hay un movimiento simétrico por parte de los sindicatos. A nivel europeo, se sostienen algunas reivindicaciones de corte clásico, como la que obliga a un plan de choque de inversiones en bienes y servicios colectivos y generales, y en el caso español, CCOO ha lanzado con un fuerte impulso un proyecto de reforma impositiva que se está publicitando en el interior y exterior del sindicato. Pero los sindicatos, más allá de lo que plasmaron en la Iniciativa Legislativa Popular del año 2010, no han hecho público un programa de máximos, de objetivos hacia los que caminar y las coordenadas que sustituyan las que ahora fija el marco legislativo plasmado en la Ley 3/2012. El esfuerzo sindical se concentra, por impostergable, en eliminar las consecuencias más negativas de la reforma laboral sobre la negociación colectiva, el derecho al trabajo y los derechos laborales individuales y colectivos. Con la CEOE-CEPYME se busca fundamentalmente un acuerdo que reglamente ordenadamente el problema de las transiciones de regímenes laborales sobre la base del reconocimiento convencional de la prórroga de los contenidos del convenio vencido hasta la conclusión de un nuevo acuerdo y que pautas de política salarial. Pero no se ha debatido ni analizado el horizonte de sentido al que se debe referir la construcción jurídica y normativa sobre el trabajo asalariado en sus vertientes colectiva e individual. Se trata de una verdadera y propia asignatura pendiente del movimiento sindical. Aunque no sólo de él.