UN ANALISIS DEL PACTO PSOE / C’S POR JUAN LÓPEZ GANDÍA

En su muro de Facebook, el profesor Juan López Gandía ha hecho un análisis del Pacto de Investidura al que han llegado PSOE y Ciudadanos. Es un interesante trabajo que evita la lectura del texto y que se publica en este blog en rigurosa exclusiva.

LAS REFORMAS LABORALES CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO PSOE-CIUDADANOS (EL “CONTRATO ESTABLE Y PROGRESIVO” Y MÁS ALLÁ)

He visto ya en las redes el rifirrafe que se ha montado sobre el nuevo contrato estable y progresivo, sobre si abarata o no las indemnizaciones por despido. Es un aspecto novedoso muy importante de este acuerdo y una nueva figura laboral, un mixto entre contratación temporal limitada y reducida del programa del PSOE y el contrato único de Ciudadanos. Parece que luego se ha corregido en algún punto como ocurre a veces con las correcciones de errores del BOE que acaban modificando el texto original.

 Pero la valoración de las medidas sociales y laborales del acuerdo no debe detenerse ahí sino que debe abarcar otros muchos aspectos que afectan al mercado de trabajo, a las políticas de empleo y al modelo de protección social, y la creación de empleo, la lucha contra la elevada tasa de desempleo en España. El paro, la exclusión social, la precariedad, la desigualdad y el cuestionamiento del Estado del bienestar y su privatización, el fracaso de la ley de dependencia, son los puntos claves de las reformas de estas últimas legislaturas, acentuadas con la crisis económica que arranca en 2008.

 En el acuerdo se recuperan algunas derechos importantes en el ámbito colectivo, en la negociación colectiva, frente a las reformas de la última legislatura del PP, y se vuelve a dar más protagonismo a las partes frente a la intervención de la Comisión Consultiva en los descuelgues o de la cuestión de la ultra actividad del convenio, que vuelve a la regulación anterior (con plazo de 18 meses ahora). Sin embargo, nada se precisa sobre la cuestión del derecho de huelga y los piquetes y la derogación del Código penal en este punto, ni tampoco sobre la recuperación de los derechos colectivos recortados por el RDL 20/2012 en clara vulneración de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

 Se mantiene la flexibilidad interna con más participación de los trabajadores como prioritaria permitiendo a la empresa modificar los salarios y otras condiciones de trabajo por la vía del art. 41, si bien con ciertos límites de cuantía y temporales, siendo el despido la última ratio pero sin precisar más garantías legales para que eso sea cierto (recordemos la nefasta exposición de motivos de la Ley 3/2012, la reforma laboral del PP). Al menos, podría haberse recuperado el derecho de reposición de la prestación de desempleo en caso de suspensiones de contrato o reducciones de jornada. Y se llama al convenio colectivo a intervenir en el nuevo contrato estable y progresivo.

 De otro lado se lleva a cabo un replanteamiento profundo de las políticas activas de empleo y las políticas de empleo para parados de larga duración y mayores de 45 años, y se prevé un plan prepara que va más allá de la corta duración de seis meses, hasta que el trabajador encuentre nuevo empleo. Y en este sentido el acuerdo plantea reformas importantes de las bonificaciones y subvenciones a la contratación por su ineficacia y la potenciación de otras políticas activas incrementando el gasto para que converja con la media europea, y reorientándolo hacia la formación e introduciendo medidas destinadas a permitir un mayor control por parte de los desempleados sobre sus decisiones de formación (aceptando en este último punto una propuesta de Ciudadanos, una especie de cheque- formación).

 Pero hay muchas concesiones, como el complemento de salarios a cargo del IRPF, en lugar de subir el SMI más allá de un ridículo porcentaje (un 1%).

 También se cede algo en la nueva modalidad de contrato estable y progresivo que viene a sustituir a los temporales más frecuentes como obra o servicio y eventualidad (al parecer también al de interinidad, no se dice) y al contrato de emprendedores que, pese a todas sus ventajas laborales, de seguridad social y fiscales, ha sido un fracaso, ese contrato estrella que según algunas organizaciones iba a crear tropecientos mil puestos de trabajo indefinido y que solo ha servido para crear un nuevo contrato temporal de un año, sin causa y sin indemnización alguna bajo la aparente figura del periodo de prueba.

 El contrato estable y progresivo es un oxímoron pues es un contrato cuya estabilidad durante los dos primeros años es puesta en peligro por una indemnización equivalente a la de un contrato temporal al que viene a sustituir en el primer año y un poco más, solo cuatro días más, en el segundo, pero solo si se la extinción está justificada, si es procedente, no bastando el mero transcurso del tiempo como en los temporales o en la propuesta de contrato único de Ciudadanos en la que la extinción no era causal, aunque sí contempla la finalización digamos de la obra. Más que figura nueva de contrato único, sin causa, es un contrato indefinido no progresivo sino de indemnización progresiva, más baja los dos primeros años en caso de extinción, justificada o injustificada. Parecido, aunque algo diferente, al contrato de la reforma italiana de Renzi. Lo que mejora la regulación actual de los contratos temporales, aunque empeora la de los indefinidos comunes durante ese periodo de dos años. Solo se empieza a luchar de verdad contra la precariedad después, utilizando la técnica bonus-malus de las cotizaciones a la Seguridad Social para incentivar su conversión en indefinidos comunes. La clave estará en el control de la rotación de estos nuevos contratos estables cuando no vayan más allá de los dos años, por el riesgo de que acaben funcionando como temporales y se sustituyan por otros con el mismo o distinto trabajador y si se va a aplicar esa técnica de penalización en tales casos, es decir, si se va a acabar con la llamada costumbre o la cultura empresarial del recurso sistemático a la contratación temporal y el recurso a la subcontratación y a las ETT, y el continuo encadenamiento de contratos temporales. Ya la reforma del PSOE de 2006 no solo se quedó corta sino que tampoco fue efectiva por falta de voluntad aplicativa e inspectora.

 Otros aspectos de la precariedad se abordan sin implicar a las empresas, como la subida del SMI, sino recurriendo al dinero público, al dinero de todos, como el complemento salarial, o bien no se abordan, como la regulación actual del trabajo a tiempo parcial, que facilita el fraude y la economía semisumergida, aunque se anuncia con carácter general una especie de plan de choque de la actuación de la Inspección de Trabajo, pero no basta, si no se modifica la reforma de 2013.

 Pero junto a estas medidas hay otra de mucho riesgo y de difícil implantación como la de volver a replantear el sistema austriaco, de un Fondo que subvenciona la indemnización por despido con ocho días por año, que se propuso por le reforma de Zapatero de 2010 y se ha retomado en el programa de Ciudadanos. La subvención de los costes de despido en ocho días corre el riesgo de incentivarlo aún más, lo que va en contra de la idea de que sea la última ratio. Y parece aplicable a cualquier indemnización por despido, sea individual o colectivo, se procedente o improcedente.

 El Acuerdo habla en este sentido que el nuevo contrato estable con indemnizaciones crecientes, vaya acompañado de un sistema de seguro contra el despido que incentive la movilidad laboral sin perder derechos adquiridos y que se convierta de no ser despedido el trabajador, en un complemento a su pensión. Las dudas, ventajas e inconvenientes del Fondo Austriaco ya las expuse en el Documento de la Comisión de Expertos que publicó en su día el Ministerio de Trabajo publicado por el Ministerio. Solo tiene ventajas para los que a lo largo de su vida laboral no son despedidos. Si alguno tiene interés se lo puedo enviar por correo. Me hubiera parecido mejor recuperar la subvención del 40 % de los despidos en pequeñas empresas, despidos causales, subiendo la cotización empresarial al FOGASA, además de potenciar la financiación del FOGASA por sus propios medios y no transferirle subvenciones de los presupuestos del Estado.

 De otra parte se prevé un objetivo ambicioso, inalcanzable, como es conseguir mayor seguridad jurídica, sin que dependa de la intervención judicial, de las causas de despido. Ya lo intentó y fue muy criticada por ello la reforma laboral del PP, intentando alcanzar cierto automatismo en la decisión empresarial sin que el juzgador, el juez, interviniera como petulantemente ordenaba la Exposición de Motivos de la ley 3/2012. Dice el Acuerdo que hay que “clarificar mejor las condiciones del contrato indefinido, especialmente respecto a las causas de despido, para reducir una excesiva litigiosidad interpretativa que incrementa las incertidumbres a todos los agentes”. No sabemos si la reforma anunciada del ET irá por ese camino a la hora de precisar de nuevo las causas, probablemente las económicas, que son siempre las conflictivas. Vista la tendencia del acuerdo en cuanto a indemnizaciones por despido no parece que tenga intención de dar marcha atrás en los recortes de las indemnizaciones por despido improcedente y salarios de tramitación que llevó a cabo la reforma laboral del gobierno del PP en 2012. La reforma del ET parece dirigida especialmente a recuperar su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales, pero sin más precisiones.

 En cuanto a las medidas sobre autónomos, algunas son muy razonables pero otras son arriesgadas, como las medidas de fomento de los autónomos y emprendedores utilizando la cotización a la Seguridad Social, como la cotización por días efectivos de trabajo, la tarifa plana de 45 euros para los autónomos que no alcancen el SMI, los que el Acuerdo denomina de “vocación de no habitualidad” o complementariedad económica. No se contempla si los TRADES volverán al área tutelada del Derecho del trabajo como relación laboral especial, aunque ello se puede contemplar en la reforma que se anuncia del Estatuto de los Trabajadores.

 En cuanto al modelo de protección social se introduce la novedad de reconocer en la Ley General de la Seguridad Social un Ingreso Mínimo Vital como prestación no contributiva para atender la situación de necesidad de las familias que carecen de todo ingreso económico. Esta prestación irá acompañada de un itinerario de activación laboral y formación, adaptado a la situación personal y familiar. También un plan de integración social o lucha contra la exclusión social de personas sin hogar, con atención específica a los jóvenes extutelados que aborde la formación, la vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión social. Se contempla también la lucha contra la pobreza energética, sobre el sobreendeudamiento y los desahucios, la reducción de la edad de acceso al subsidio de prejubilación desde los 55 años a la tradicional de los 52 años, pero no la forma de computar el requisito de carencia de rentas para acceder al mismo ni su duración, ni el recorte de la prestación básica por las reformas del PP de ideología claramente liberal ni otras recuperaciones en la protección por desempleo que eleve la actual tasa de cobertura que es bajísima.

 Finalmente se contempla un Plan para reconstruir el Estado del bienestar, restableciendo la universalidad del sistema sanitario público, reforzando su gestión pública, y otras medidas de ahorro y eficiencia en gasto sanitario y farmacéutico. Y, finalmente, se plantea restablecer el Pacto de Toledo, articulando un modelo de financiación de la Seguridad Social que de un lado introduzca cambios en los ingresos por cotizaciones, que vinculen la aportación al sistema con los ingresos realmente percibidos- sin precisar si con ello se destopan las cotizaciones- al tiempo que se adoptan medidas para impedir la erosión de los ingresos como consecuencia de la proliferación del trabajo precario y a tiempo parcial. Y además un sistema que vaya más allá de las cotizaciones para incorporar ingresos procedentes del sistema tributario. No cuestiona el factor de sostenibilidad, aunque sí se afirma la suficiencia y el derecho a la revalorización de las pensiones, pero sin precisar si se vuelve al IPC como parámetro de referencia. Propone también recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia, sus objetivos e implantación, derogar el incremento de copago y las incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura.

 Hasta aquí las reformas que se anuncian en el Acuerdo, sus luces y sombras. Dejo a los lectores su juicio y valoración propia, esto es, si van en la buena dirección, sin son suficientes o se han quedado cortas y descafeinadas, si son precisas o imprecisas, de manera que en muchas de ellas haya que ver luego cómo se concretan. Y especialmente si se tiene en cuenta que muchas de estas medidas exigen un aumento del gasto público por lo que hay que tener en cuenta también la situación actual del déficit y las medidas de reforma fiscal- su alcance, credibilidad y realismo- contempladas en el Acuerdo.