LA LLAMADA DE LOS SINDICATOS A LAS FUERZAS POLÍTICAS. ALGUNAS REFLEXIONES

El 12 de septiembre se reunieron las ejecutivas de CCOO y UGT, los sindicatos más representativos del país, para analizar la situación política y fijar las prioridades del movimiento sindical en este momento. Tras constatar “un amplio acuerdo” en el análisis y en el diagnóstico, elaboraron un comunicado del que fragmentariamente ha dado cuenta la prensa, en su bien conocida tendencia a considerar el hecho organizativo sindical como un asunto de segundo orden y subalterno políticamente.

Sin embargo el comunicado sindical reviste una importancia evidente. Se trata de una toma de posición del sujeto colectivo que representa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país – el sindicalismo confederal – que traduce el interés socio-político de esta representación general en una declaración que afirma “las prioridades del movimiento sindical” en el momento presente, manifestando así la autonomía del mismo en relación con el hecho político. Y lo hace manifestando una crítica directa a las formaciones políticas que han concurrido a la doble cita electoral de diciembre y de junio que no han podido encontrar una alternativa que expulse al Partido Popular del gobierno y acabe con el gobierno provisional que dura ya un año. En la declaración conjunta CCOO y UGT consideran inadmisible – y es una expresión dura – que las fuerzas políticas estén dispuestas a que pasen las elecciones autonómicas de Galicia y Euzkadi para retomar las conversaciones prácticamente acabado el mes de septiembre. La situación actual es plenamente negativa – sigue afirmando la declaración – no sólo porque impide la consolidación de algunos indicios de crecimiento económico, sino porque retrasa la adopción de medidas que contrarresten “los estragos de la gestión de la crisis”, alargando “las penurias por las que atraviesa una parte muy importante de nuestra sociedad”.

 Pero además este proceso de “parálisis e incertidumbre política” fomenta un sentimiento de “hastío” en la ciudadanía, lo que para el sindicalismo confederal es el “germen de la antipolítica”, que distancia a capas de la población no politizadas, cada vez más del “compromiso democrático”. Esta última apreciación es corroborada por las últimas encuestas en las que la abstención para unas próximas elecciones en diciembre del 2016 batería records extraordinarios, promovería al Partido Popular aumentando su representación parlamentaria, con el auxilio importante del sistema electoral, y haría descender a todas las fuerzas democráticas, especialmente a Ciudadanos, pero con importante pérdida de votos para Unidos Podemos y el PSOE. La situación es, como advierte la declaración sindical, enormemente preocupante para el sistema democrático, y defrauda las expectativas de cambio real que una buena parte de la sociedad española había promovido en el fuerte ciclo de luchas y movilizaciones desde 2010 a 2014 especialmente.

UGT y CCOO consideran “indispensable” que las fuerzas políticas abandonen el “tacticismo político” del que se encuentran presas y negocien un acuerdo del que proponen unas líneas generales. Aunque el documento generaliza al hablar de “fuerzas políticas”, es evidente que éste excluye implícitamente al Partido Popular, cuyas decisiones han causado en tan solo cuatro años el amplísimo proceso de deterioro de derechos laborales y de precarización del empleo, la involución autoritaria de las libertades civiles y la criminalización de la protesta, la instilación de la desigualdad social e ideológica en la enseñanza y los recortes sociales que han dañado posiblemente de manera irreversible la sanidad, la educación y la protección social, y todo ello en un marco en el que la corrupción ha constituido la forma de gobierno ordinaria para este partido en algunas comunidades autónomas, con llamativos episodios de financiación irregular en sus más altos exponentes. El objetivo de la declaración sindical es, ante todo, los partidos de la izquierda – PSOE, Unidos Podemos y las confluencias – pero también el centro político tanto nacionalista – vasco y catalán, en sus dobles versiones –y el centro derecha españolista de Ciudadanos. Un espacio complicado que hasta el momento se nutre de exclusiones mutuas en donde lo que se conoce como “vetos cruzados” impide encontrar fórmulas imaginativas que condensen en un momento determinado una solución de compromiso, forzosamente temporal, que permita evitar la tercera cita electoral y expulse al PP.

Hay en la declaración sindical por tanto un orden de prioridades para la acción política. Ante todo desposeer al Partido Popular de los centros del gobierno y de la Administración del Estado. Es un objetivo estratégico que no puede sino compartirse, puesto que la salida del gobierno del PP colocaría a este partido en una posición interna complicada por los procesos de corrupción abiertos y, fundamentalmente, aliviaría al espacio público de las presiones autoritarias y sectarias que lo atraviesan, desde la nominación de los jueces y la designación de embajadores o cargos de relieve internacional como premio a la fidelidad de sus agentes – con independencia de como haya terminado alguna de estas recompensas – hasta las declaraciones profundamente antidemocráticas de miembros del ejecutivo, utilización de los aparatos de seguridad pública de forma sectaria y orientación sesgada de la información en los medios públicos de comunicación. Frente a la incapacidad del PSOE de entablar un diálogo transversal que abarque a las distintas formas de nacionalismo y muy en concreto del problema catalán, y el repliegue de Podemos a una reflexión no explicitada sobre su decepción por no lograr en junio la hegemonía en la izquierda – alejada ya la etapa, al parecer, en la que se buscaba dominar “el centro del tablero” – con la incapacidad de incorporar al centro a un proyecto provisional e intermedio de solución temporal y acotada de un gobierno que funcionara en minoría y requiriera buscar consensos ante las grandes opciones políticas, los sindicatos proponen como prioridad decisiva de las fuerzas políticas sustituir el gobierno del PP mediante un acuerdo transversal que posibilite una gobernanza democrática, objetivo al que deben cooperar todas ellas, desde la izquierda hasta el centro derecha.

La declaración sindical va más allá y propone una serie de líneas de acción que deberían constituir los contenidos de ese acuerdo político. De manera sintética, se pretende la consolidación del crecimiento económico incipiente y la renegociación de los términos de la consolidación fiscal con la Unión Europea, el restablecimiento de los derechos y de las redes de protección para las personas más vulnerables ante la crisis, lo que implica la derogación de las reformas laborales y un amplio programa de reformas con la regulación de una renta mínima de inserción como medida estrella, la reforma de la fiscalidad y la construcción de instrumentos públicos que canalicen el crédito, y el restablecimiento del diálogo social tanto interprofesional como la negociación política con el poder público. A ello se unen dos puntos de carácter estrictamente político, las medidas de regeneración democrática que implican el combate a la corrupción, la reforma de la ley electoral y la derogación de preceptos del Código Penal como el art. 315.3 que incrimina los piquetes, o la Ley de Seguridad ciudadana en sus preceptos represivos de la protesta social. Y, por último, la reforma de la Constitución en la que se refuercen los derechos económicos y sociales y se garanticen nuevos, y que se afirme un Estado federal donde “encuentren acomodo” las diferentes “realidades nacionales” que componen el Estado español.

Es un programa ambicioso, que parece orientar a los interlocutores políticos hacia un acuerdo de cambio real, que desande en gran medida el camino que se ha efectuado en los últimos cuatro años del PP. El contenido del mismo no parece que pueda ser asumido, salvo en el punto de la regeneración democrática – y con extraordinarias reservas, a tenor del acuerdo entre PP y C’s para la investidura de Rajoy – por el centro derecha españolista, empeñado firmemente en excluir de cualquier iniciativa de pacto de estado a los más de seis millones de electores que se sitúan en la suma de votos de Unidos Podemos, las confluencias y los partidos nacionalistas catalanes, y que en materia de relaciones laborales opta por un modelo de regulación explícitamente rechazado por el mundo sindical, el llamado contrato único. Pero la llamada de los sindicatos no considera sin embargo a priori excluible a C’s en la realización del esfuerzo para “fraguar un acuerdo” para el que se debe “aprovechar cada minuto”.

La situación es complicada, pero el texto sindical reivindica la capacidad de imaginación y de flexibilidad política que se requiere en este momento de las fuerzas políticas democráticas, que deben superar los estereotipos respecto de sus adversarios y las inquinas que los procesos electorales han ido dejando en sus respectivos partidos, desde la profecía siempre reiterada de la “gran coalición” en torno a un bloque PP-C’s y PSOE, hasta la incompatibilidad democrática de UP – y en especial de Podemos – con un Estado moderno, unitario y europeo, o la posibilidad de encontrar espacios temporales de convivencia que permitan abrir controladamente el debate sobre el autogobierno de los “espacios nacionales” del Estado español, especialmente en el caso catalán. Un diálogo que pueda proponer vías nuevas y soluciones a la parálisis política actual, que está ya generando daños en el interior de las fuerzas políticas más relevantes, cuarteadas por querellas internas que acentúan, en el resto de la ciudadanía, una sensación de distancia y de frustración.

La declaración sindical contiene más temas. Convoca a una importante movilización contra los acuerdos comerciales que se están negociando entre Europa y Estados Unidos y Canadá (TTIP y CETA), que responde a una movilización europea impulsada por la CES. Pero este es un tema que se abordará seguramente en otra entrada de este mismo blog. Al margen de ello, la llamada de los sindicatos ante la situación política, merece una atención prioritaria.