sábado, 18 de febrero de 2017

MANIFESTACIONES EL DOMINGO 19 DE FEBRERO POR LA NEGOCIACION COLECTIVA Y LA SUBIDA DE LAS PENSIONES



Como señalan los boletines de noticias, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y José Álvarez, han anunciado la convocatoria de movilizaciones, que comenzarán con manifestaciones el próximo domingo 19 de febrero contra la carestía de la vida y reivindicar subidas salariales y el incremento de las pensiones para recuperar poder adquisitivo, y que seguirán el 22 de febrero con concentraciones ante las sedes de las organizaciones empresariales y delegaciones de gobierno para desbloquear la negociación colectiva en el sector privado y público.

Los efectos económicos de la reforma laboral son persistentes, y se manifiestan fundamentalmente en una fuerte devaluación salarial y en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, mientras que la recomposición de la tasa de ganancia es espectacular como el crecimiento de los beneficios empresariales. La situación en la que nos hallamos, tras el fracaso de las posibilidades de echar del gobierno al Partido Popular y la incapacidad de encontrar un bloque de progreso entre la oposición al mismo, lleva a que de nuevo sean los sindicatos quienes tengan que iniciar un movimiento de interpelación a la sociedad por el cambio de las condiciones de explotación y de vida en la que estamos sumidos, dirigiéndose en primer lugar a sus representados, las personas que trabajan, para la defensa de sus condiciones de trabajo y empleo.

Como señalan los gabinetes de economistas,  con su lenguaje preciso y peculiar, la subida interanual del IPC se acelera y se sitúa en el 3,0% en enero, casi un punto y medio por encima de la registrada en diciembre, por el efecto de la fuerte subida de los precios de la electricidad y los carburantes (gasoil y gasolina) frente a la bajada que experimentaron el año pasado.  Pese a que la medición que se hace de la noción de  crecimiento económico en España se ha mantenido en el 3,2% en 2016, aunque con desaceleración intertrimestral según avanzaba el año, se prevé que éste continúe en 2017 manteniéndose en torno al 2,3%. Eso implica que los ingresos y los beneficios empresariales suben (en 2015 ya se había recuperado el excedente empresarial previo a la crisis) engrosados no sólo por la permanencia de una devaluación salarial extremadamente importante, sino por beneficiarse de medidas legislativas que los preservan :  recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y  bonificaciones en sus contribuciones sociales.

Los datos de que disponen los sindicatos revelan que la negociación colectiva no logra un incremento salarial suficiente. Con los datos provisionales disponibles de 2016, 7,6 millones de trabajadores han dispuesto de un convenio colectivo con efectos económicos en 2016, con una subida media revisada del 1,09%, por debajo del 1,5% de referencia recogido en el AENC. Los datos de convenios colectivos con efectos económicos en 2017 acumulados hasta enero, recogen un crecimiento salarial del 1,19% y cubren de momento a 3,2 millones de trabajadores. El crecimiento previsto de la inflación es desde luego superior, algunos estudios fiables hablan de un 2,2%,

Por eso, las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una mejora del poder adquisitivo, que los sindicatos estiman entre un 1,8 y un 3 por ciento. Un punto especial debe planearse para el área pública, en donde se debe  recuperar el derecho de negociación colectiva abolido espúreamente por las normas del 2011 y 2012. Para ello se debe convocar la Mesa General de Negociación de las AA.PP. y abordar la negociación de los aspectos retributivos, de empleo y jornada para 2017 en la que se plantee un calendario para recuperar los recortes salariales sufridos por los  empleados públicos desde el 2010, y la reposición de los efectivos perdidos  mediante  una oferta de empleo público excepcional.

Hay otras repercusiones no menos inquietantes. La primera, sobre el descenso de los niveles de protección en materia de salud en los lugares de trabajo. En 2016 se produjeron más de medio millón de accidentes de trabajo con baja, entre ellos 607 mortales, un incremento del 5% respecto al año anterior. Se confirma así la tendencia de aumento de la siniestralidad laboral en España desde 2013, tras la entrada en vigor de la última Reforma Laboral.

La segunda, el aumento de la pobreza y de la desigualdad social. Junto al fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, de aquellas personas para las que percibir una renta salarial no les aleja de la pobreza, o la presencia de nuevas situaciones de sufrimiento como el “sinhogarismo”, trabajadores que tienen que vivir en albergues al carecer de vivienda propia o alquilada. La existencia de una amplia parte de la población en riesgo de pobreza, lleva aparejada asimismo un incremento del punitarismo estatal, es decir, un aumento de las estrategias represivas  del aparato estatal y el aumento de la población reclusa y de los excluidos, lo que Baumann llamaba los residuos humanos. En ese contexto, rebajar el déficit público para 2017 como prevé el Gobierno en el marco de la gobernanza económica  de la  Comisión Europea implica más recortes del gasto público y por tanto una caída del aparato asistencial de las diferentes administraciones públicas. El ajuste adicional de 5.500 millones en el presupuesto de 2017  es una medida que se debe rechazar de plano, a la vez que una ocasión para abordar realmente una reforma fiscal seria y progresiva.

Las dos confederaciones UGT y CCOO consideran que se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017 con una subida según la inflación prevista , subida que como se sabe  ha sido rechazada por el Gobierno. Asimismo se reivindica el incremento de los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI (más allá del insuficiente aumento aprobado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos) que le permita alcanzar los 800 euros en 2017 y aproximarse al objetivo del 60% del salario medio.  A su vez, el angustioso problema del desempleo de larga duración y la reducción de la tasa de cobertura de desempleo son elementos muy preocupantes. La iniciativa legislativa popular presentada por CCOO y UGT sobre la renta mínima de inserción, que ha sido aprobada por el congreso y admitida a trámite, es clave al respecto.

Por su parte, la Seguridad Social y las pensiones son el próximo objetivo de una política de recortes y de desmoronamiento progresivo de nuestro Estado Social. Las declaraciones del presidente del Banco de España sobre la edad de jubilación son una muestra de este propósito. El sindicalismo confederal y  CCOO de forma detallada insiste en incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural  a través del destope de  las bases máximas de cotización por contingencias comunes, la eliminación de bonificaciones y exenciones de las cotizaciones sociales a los empresarios y  la financiación de las pensiones de muerte y supervivencia con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.


Todo este conjunto de problemas, al que debería unirse con posterioridad una movilización específica contra la precariedad laboral y la reforma de los contratos temporales en la legislación vigente, por obra ante todo de la incidencia de la jurisprudencia del TJUE, asoman de nuevo a la calle a través de la movilización sindical en manifestaciones del dia 19 en todas las capitales de provincia del país. Es el primero de los actos que deben jalonar un nuevo camino de presión para el cambio, conscientes de la dificultad del mismo mientras el Partido Popular se mantenga en el Gobierno y logre cuajar un espacio de consensos sobre la política socio-económica encuadrada en los moldes de la gobernanza económica europea que sigan manteniendo e incrementando la subalternidad social, económica y política de los trabajadores y de las trabajadoras de este país.

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