Como señalan los boletines de noticias, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y José Álvarez, han anunciado la
convocatoria de movilizaciones, que comenzarán con manifestaciones el próximo
domingo 19 de febrero contra la carestía de la vida y reivindicar subidas
salariales y el incremento de las pensiones para recuperar poder adquisitivo, y
que seguirán el 22 de febrero con concentraciones ante las sedes de las
organizaciones empresariales y delegaciones de gobierno para desbloquear la
negociación colectiva en el sector privado y público.
Los efectos económicos de la reforma laboral son persistentes, y se
manifiestan fundamentalmente en una fuerte devaluación salarial y en la pérdida
de poder adquisitivo de los salarios, mientras que la recomposición de la tasa
de ganancia es espectacular como el crecimiento de los beneficios
empresariales. La situación en la que nos hallamos, tras el fracaso de las
posibilidades de echar del gobierno al Partido Popular y la incapacidad de
encontrar un bloque de progreso entre la oposición al mismo, lleva a que de
nuevo sean los sindicatos quienes tengan que iniciar un movimiento de interpelación
a la sociedad por el cambio de las condiciones de explotación y de vida en la
que estamos sumidos, dirigiéndose en primer lugar a sus representados, las
personas que trabajan, para la defensa de sus condiciones de trabajo y empleo.
Como señalan los gabinetes de economistas, con su lenguaje preciso y peculiar, la subida
interanual del IPC se acelera y se sitúa en el 3,0% en enero, casi un punto y
medio por encima de la registrada en diciembre, por el efecto de la fuerte
subida de los precios de la electricidad y los carburantes (gasoil y gasolina)
frente a la bajada que experimentaron el año pasado. Pese a que la medición que se hace de la
noción de crecimiento económico en
España se ha mantenido en el 3,2% en 2016, aunque con desaceleración intertrimestral
según avanzaba el año, se prevé que éste continúe en 2017 manteniéndose en
torno al 2,3%. Eso implica que los ingresos y los beneficios empresariales
suben (en 2015 ya se había recuperado el excedente empresarial previo a la
crisis) engrosados no sólo por la permanencia de una devaluación salarial
extremadamente importante, sino por beneficiarse de medidas legislativas que
los preservan : recorte de sus costes de
financiación, la bajada del impuesto de sociedades y bonificaciones en sus contribuciones sociales.
Los datos de que disponen los sindicatos revelan que la negociación
colectiva no logra un incremento salarial suficiente. Con los datos
provisionales disponibles de 2016, 7,6 millones de trabajadores han dispuesto
de un convenio colectivo con efectos económicos en 2016, con una subida media
revisada del 1,09%, por debajo del 1,5% de referencia recogido en el AENC. Los
datos de convenios colectivos con efectos económicos en 2017 acumulados hasta
enero, recogen un crecimiento salarial del 1,19% y cubren de momento a 3,2
millones de trabajadores. El crecimiento previsto de la inflación es desde
luego superior, algunos estudios fiables hablan de un 2,2%,
Por eso, las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una
mejora del poder adquisitivo, que los sindicatos estiman entre un 1,8 y un 3
por ciento. Un punto especial debe planearse para el área pública, en donde se
debe recuperar el derecho de negociación
colectiva abolido espúreamente por las normas del 2011 y 2012. Para ello se debe
convocar la Mesa General de Negociación de las AA.PP. y abordar la negociación
de los aspectos retributivos, de empleo y jornada para 2017 en la que se
plantee un calendario para recuperar los recortes salariales sufridos por los empleados públicos desde el 2010, y la
reposición de los efectivos perdidos mediante una oferta de empleo público excepcional.
Hay otras repercusiones no menos inquietantes. La primera, sobre el
descenso de los niveles de protección en materia de salud en los lugares de
trabajo. En 2016 se produjeron más de medio millón de accidentes de trabajo con
baja, entre ellos 607 mortales, un incremento del 5% respecto al año anterior.
Se confirma así la tendencia de aumento de la siniestralidad laboral en España
desde 2013, tras la entrada en vigor de la última Reforma Laboral.
La segunda, el aumento de la pobreza y de la desigualdad social. Junto al
fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, de aquellas personas para las
que percibir una renta salarial no les aleja de la pobreza, o la presencia de
nuevas situaciones de sufrimiento como el “sinhogarismo”, trabajadores que
tienen que vivir en albergues al carecer de vivienda propia o alquilada. La
existencia de una amplia parte de la población en riesgo de pobreza, lleva
aparejada asimismo un incremento del punitarismo estatal, es decir, un aumento
de las estrategias represivas del
aparato estatal y el aumento de la población reclusa y de los excluidos, lo que
Baumann llamaba los residuos humanos. En ese contexto, rebajar el déficit
público para 2017 como prevé el Gobierno en el marco de la gobernanza económica de la Comisión Europea implica más recortes del
gasto público y por tanto una caída del aparato asistencial de las diferentes administraciones
públicas. El ajuste adicional de 5.500 millones en el presupuesto de 2017 es una medida que se debe rechazar de plano, a
la vez que una ocasión para abordar realmente una reforma fiscal seria y
progresiva.
Las dos confederaciones UGT y CCOO consideran que se debe garantizar el
poder adquisitivo de las pensiones en 2017 con una subida según la inflación
prevista , subida que como se sabe ha sido rechazada por el Gobierno. Asimismo se reivindica
el incremento de los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI
(más allá del insuficiente aumento aprobado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos)
que le permita alcanzar los 800 euros en 2017 y aproximarse al objetivo del 60%
del salario medio. A su vez, el
angustioso problema del desempleo de larga duración y la reducción de la tasa
de cobertura de desempleo son elementos muy preocupantes. La iniciativa
legislativa popular presentada por CCOO y UGT sobre la renta mínima de
inserción, que ha sido aprobada por el congreso y admitida a trámite, es clave
al respecto.
Por su parte, la Seguridad Social y las pensiones son el próximo objetivo de
una política de recortes y de desmoronamiento progresivo de nuestro Estado
Social. Las declaraciones del presidente del Banco de España sobre la edad de
jubilación son una muestra de este propósito. El sindicalismo confederal y CCOO de forma detallada insiste en incrementar
los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural a través del destope de las bases máximas de cotización por
contingencias comunes, la eliminación de bonificaciones y exenciones de las
cotizaciones sociales a los empresarios y la financiación de las pensiones de muerte y
supervivencia con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el
patrimonio y los beneficios empresariales.
Todo este conjunto de problemas, al que debería unirse con posterioridad
una movilización específica contra la precariedad laboral y la reforma de los
contratos temporales en la legislación vigente, por obra ante todo de la
incidencia de la jurisprudencia del TJUE, asoman de nuevo a la calle a través
de la movilización sindical en manifestaciones del dia 19 en todas las
capitales de provincia del país. Es el primero de los actos que deben jalonar
un nuevo camino de presión para el cambio, conscientes de la dificultad del
mismo mientras el Partido Popular se mantenga en el Gobierno y logre cuajar un
espacio de consensos sobre la política socio-económica encuadrada en los moldes
de la gobernanza económica europea que sigan manteniendo e incrementando la
subalternidad social, económica y política de los trabajadores y de las
trabajadoras de este país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario