SALIR A LA CALLE EL PRIMERO DE MAYO EN MADRID (Y EN TODAS PARTES)

Las manifestaciones del primero de mayo han cambiado mucho en la ciudad de Madrid. Hace exactamente cuarenta años, un 27 de abril el régimen post franquista legalizaba a CC.OO. en aplicación de la Ley de 1 de abril de 1977 sobre Asociación sindical, pero la manifestación del 1º de mayo de ese año en Madrid, fue reprimida salvajemente por la Policía, con cargas y botes de humo. Fue necesario esperar a la de 1978 para poder practicar el derecho de manifestación en libertad. Durante los comienzos de la democracia el primero de mayo era una verdadera fiesta popular, con  manifestación multitudinaria por la mañana y luego comidas en la Casa de Campo y por la noche bailes en el Dos de Mayo, que festejaban la fiesta del día después. A la manifestación del Primero de Mayo acudían no sólo los sindicatos convocantes – y en la época la pluralidad sindical era muy amplia en un espectro siempre coincidiendo con la izquierda política y social – sino los partidos que se reclamaban del trabajo y del movimiento obrero, y que desplegaban sus pancartas tras de las cuales se situaban sus seguidores, en algunos casos muy numerosos. En las primeras elecciones en las que la izquierda obtuvo un gran triunfo, las municipales de 1979, también la representación del Ayuntamiento bajó a la calle con el movimiento obrero.

La función del primero de mayo ha seguido inalterada, pero las manifestaciones han ido modificando no sólo su recorrido – en los años 80 su inicio arrancaba más al sur, de Legazpi y Delicias, para recorrer todo el Paseo del Prado – sino también su composición y su atmósfera, menos festiva y bulliciosa. Ya nadie va a la Casa de Campo a comer porque esas costumbres obreras no han tenido continuidad y los mítines que cierran la reunión, ahora normalmente desde la Puerta del Sol, no sujetan a la mayoría de los manifestantes, que antes de desembocar en la meta de la manifestación, toman rutas diferentes de camino a casa o, previamente, rumbo a algunas cañas y aperitivos variados. La acumulación de dos días de fiesta, suele repercutir ya desde hace mucho tiempo en un descenso de la asistencia de los habitantes de adridsi el fin de semana largo presenta temperaturas bonancibles. Sin embargo, se mantiene en la manifestación del primero de mayo la presencia de los conflictos abiertos de Madrid, como un escaparate de la solidaridad activa ante tantas situaciones injustas que colocan a las trabajadoras y trabajadores en una situación de necesidad frente a la cual se reivindican los derechos demasiadas veces negados. En particular, el Primero de Mayo sirve de barómetro para comprobar la presión resultante de la situación política, de la propensión a la revuelta o la constatación de una cierta fatiga, de la aprobación de algunas estrategias sindicales o el rechazo ante algunas decisiones tomadas por las direcciones confederales. Se diría – pero sin que haya ninguna prueba al respecto – que la manifestación del 1º de mayo es la que mejor refleja el estado de ánimo general de la clase trabajadora madrileña en ese momento concreto más en relación con la situación política que la económica.

La crisis y sus turbulencias llevaron a los primeros de mayo muchas reivindicaciones, y también en esa fecha se vivió el encresparse de los movimientos sociales y los cambios que se estaban produciendo en la consideración de amplias mayorías sociales respecto del rol que el sindicalismo debía jugar en un presente que se quería – y creía – como antesala de un período constituyente. El cuestionamiento de la representación del trabajo y su sustitución por elementos de valoración predominante de la exclusión social y la indignidad que eso representa, desplazaba el primero de mayo hacia el “coto cerrado” de los sindicatos de trabajadores como atributo corporativo. Más tarde, cuando se produjo la convergencia relativa de insurgentes y resistentes con las posiciones clásicas de los representantes de los trabajadores en torno a la necesidad de un cambio político, el primero de mayo anotó también una mayor presencia de personas en las calles de Madrid, como también en sentido contrario el año pasado la desazón ante la incapacidad de la izquierda por desalojar al PP del gobierno se reflejó en una manifestación más reducida.

En esta ocasión el primero de mayo tiene que recuperar con fuerza su capacidad de mostrar al resto de los ciudadanos lo que siempre ha constituido su razón de ser. Demostrar que los trabajadores y las trabajadoras reivindican un lugar central en la economía y la sociedad que no puede negárseles continua y violentamente. Expresar que el sindicalismo de clase se alinea necesariamente contra las actitudes y prácticas que degradan la democracia trabajosamente conquistada a partir de la Constitución de 1978. Llamar la atención a los partidos políticos sobre la función política del sindicalismo como sujeto que representa, autónomamente el interés colectivo del trabajo (no sólo) asalariado, y que pretende su emancipación. Hacer públicas las reivindicaciones más importantes que, en este momento concreto, plasman las exigencias más urgentes para avanzar en este sentido.

Para el manifiesto del 1º de mayo de este año, UGT y CC.OO. han elegido un título muy apropiado. No hay excusas al que han añadido el hastag #alacalle.  Y entre medias, se desgranan las principales reivindicaciones “Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección social”. Lo que aparecen como reivindicaciones sobre los aspectos más importantes de las relaciones laborales, en la idea de recuperar derechos y facultades de acción que la crisis y las políticas de austeridad han hecho retroceder, se engarzan claramente en el contenido esencialmente laboral y sindical de estas manifestaciones. Pero el lema de la misma, “no hay excusas”, viene a imprimir a aquellas una suerte de presión, correspondiente a una etapa más ofensiva que defensiva como la que el sindicalismo español ha venido atravesando.

Lo que sucede es que además el “no hay excusas” se ha resignificado ante los últimos acontecimientos políticos especialmente los sucedidos la última semana que han inundado la atmósfera del “tufo de la corrupción”, como ha dicho Ignacio F. Toxo al presentar el manifiesto. La constatación de que una élite corrupta y especuladora se apropia de los bienes comunes, esquilma los recursos de entes públicos que arrastra a una espiral de apropiación indebida, y somete a pillaje la ciudad y sus servicios fundamentales, junto con el hecho que estas conductas constituyen la forma ordinaria de expresión de la actuación política de relevantes personajes que han dirigido las instituciones de la ciudad. Una ciudad que sólo es democrática en la medida en la que ha habido mayorías electorales suficientes - tras veinte años de gobierno - para impedirles continuar en estos puestos de mando, en un proceso paralelo al que hemos visto ya antes que en Madrid en la Comunidad Valenciana, y más recientemente en Murcia, entre otros lugares.

Además la indignación ha aumentado al comprobar, mediante las escuchas telefónicas reveladas, la connivencia directa, sin tapujos, entre elementos centrales del gobierno – un ministro, el de Justicia, y un secretario de estado del Ministerio del Interior – y de la fiscalía – el tremendo caso del fiscal anticorrupción (sic) – para intentar manejar las cosas de manera que se pudiera preservar de “los líos” a uno de los sujetos más execrables del neoliberalismo popular madrileño, como era Ignacio González. Y, no podía faltar, este tipo de maniobras y de manipulaciones cuentan también con una vertiente mediática, en un cuadro tremendo de periodistas pagados para ser locuaces y otros para estar callados, desautorizando o ignorando las denuncias que, desde diferentes medios, valientes periodistas aislados habían ido haciendo públicas sobre estos actos de saqueo y pillaje.

Muchos de los lectores de este blog están sin embargo familiarizados con ciertas prácticas que atraviesan la estructura del poder judicial y que se han ido cristalizando a través de un grupo de jueces polivalentes – Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal constitucional – que orientan de manera partidaria el sentido de las promociones, juegan con las vacantes y construyen un suelo partidista al que se debe acoplar quien desee hacer carrera o promoción. Por degeneración profesional, en este blog se ha hablado más de los supuestos laborales, pero naturalmente donde la presión es más fuerte es en la jurisdicción penal. Junto a este bloque judicial, que tiene su organizador principal en Federico Trillo, los sucesivos Ministros de Justicia e Interior son elementos que, en su exceso competencial – y su capacidad de exposición al riesgo – pueden resultar disfuncionales a dicho bloque, fundamentalmente porque los efectos deslegitimadores de estas actuaciones pueden ser, en efecto, de mayor alcance que el que simplemente se residencia en la Operación Lezo. Pero el problema mayor lo constituye la percepción que tiene el Gobierno de que policía, fiscalía  y judicatura no pueden morder la mano de quien les da el pan, que son ante todo los guardianes de un patrimonio en el que público y particular se confunden y que deben por consiguiente preservar. La idea, en fin, de que la investigación de las operaciones tan frecuentes de financiación ilegal del partido, cohechos, apropiaciones indebidas, blanqueo de dinero y en general todos los fenómenos que asociamos con la corrupción del PP, no puede llevarse a cabo porque eso degradaría la imagen del poder público y lesionaría irremediablemente el interés nacional.

Claro que no hay excusas. El primero de mayo en Madrid debe dar una respuesta de clase y ciudadana a esta situación insoportable. A la calle todas y todos.