Las manifestaciones del primero de mayo han cambiado
mucho en la ciudad de Madrid. Hace exactamente cuarenta años, un 27 de abril el régimen
post franquista legalizaba a CC.OO. en aplicación de la Ley de 1 de abril de
1977 sobre Asociación sindical, pero la manifestación del 1º de mayo de ese año
en Madrid, fue reprimida salvajemente por la Policía, con cargas y botes de humo.
Fue necesario esperar a la de 1978 para poder practicar el derecho de
manifestación en libertad. Durante los comienzos de la democracia el primero de
mayo era una verdadera fiesta popular, con
manifestación multitudinaria por la mañana y luego comidas en la Casa de
Campo y por la noche bailes en el Dos de Mayo, que festejaban la fiesta del día
después. A la manifestación del Primero de Mayo acudían no sólo los sindicatos
convocantes – y en la época la pluralidad sindical era muy amplia en un
espectro siempre coincidiendo con la izquierda política y social – sino los
partidos que se reclamaban del trabajo y del movimiento obrero, y que
desplegaban sus pancartas tras de las cuales se situaban sus seguidores, en
algunos casos muy numerosos. En las primeras elecciones en las que la izquierda
obtuvo un gran triunfo, las municipales de 1979, también la representación del
Ayuntamiento bajó a la calle con el movimiento obrero.
La función del primero de mayo ha seguido inalterada, pero las
manifestaciones han ido modificando no sólo su recorrido – en los años 80 su
inicio arrancaba más al sur, de Legazpi y Delicias, para recorrer todo el Paseo
del Prado – sino también su composición y su atmósfera, menos festiva y
bulliciosa. Ya nadie va a la Casa de Campo a comer porque esas costumbres
obreras no han tenido continuidad y los mítines que cierran la reunión, ahora
normalmente desde la Puerta del Sol, no sujetan a la mayoría de los
manifestantes, que antes de desembocar en la meta de la manifestación, toman
rutas diferentes de camino a casa o, previamente, rumbo a algunas cañas y
aperitivos variados. La acumulación de dos días de fiesta, suele repercutir ya
desde hace mucho tiempo en un descenso de la asistencia de los habitantes de
adridsi el fin de semana largo presenta temperaturas bonancibles. Sin embargo,
se mantiene en la manifestación del primero de mayo la presencia de los
conflictos abiertos de Madrid, como un escaparate de la solidaridad activa ante
tantas situaciones injustas que colocan a las trabajadoras y trabajadores en
una situación de necesidad frente a la cual se reivindican los derechos
demasiadas veces negados. En particular, el Primero de Mayo sirve de barómetro
para comprobar la presión resultante de la situación política, de la propensión
a la revuelta o la constatación de una cierta fatiga, de la aprobación de
algunas estrategias sindicales o el rechazo ante algunas decisiones tomadas por
las direcciones confederales. Se diría – pero sin que haya ninguna prueba al
respecto – que la manifestación del 1º de mayo es la que mejor refleja el
estado de ánimo general de la clase trabajadora madrileña en ese momento
concreto más en relación con la situación política que la económica.
La crisis y sus turbulencias llevaron a los primeros de mayo muchas
reivindicaciones, y también en esa fecha se vivió el encresparse de los
movimientos sociales y los cambios que se estaban produciendo en la
consideración de amplias mayorías sociales respecto del rol que el sindicalismo
debía jugar en un presente que se quería – y creía – como antesala de un período
constituyente. El cuestionamiento de la representación del trabajo y su
sustitución por elementos de valoración predominante de la exclusión social y la
indignidad que eso representa, desplazaba el primero de mayo hacia el “coto
cerrado” de los sindicatos de trabajadores como atributo corporativo. Más
tarde, cuando se produjo la convergencia relativa de insurgentes y resistentes
con las posiciones clásicas de los representantes de los trabajadores en torno
a la necesidad de un cambio político, el primero de mayo anotó también una
mayor presencia de personas en las calles de Madrid, como también en sentido
contrario el año pasado la desazón ante la incapacidad de la izquierda por
desalojar al PP del gobierno se reflejó en una manifestación más reducida.
En esta ocasión el primero de mayo tiene que recuperar con fuerza su
capacidad de mostrar al resto de los ciudadanos lo que siempre ha constituido
su razón de ser. Demostrar que los trabajadores y las trabajadoras reivindican
un lugar central en la economía y la sociedad que no puede negárseles continua
y violentamente. Expresar que el sindicalismo de clase se alinea necesariamente
contra las actitudes y prácticas que degradan la democracia trabajosamente
conquistada a partir de la Constitución de 1978. Llamar la atención a los
partidos políticos sobre la función política del sindicalismo como sujeto que
representa, autónomamente el interés colectivo del trabajo (no sólo)
asalariado, y que pretende su emancipación. Hacer públicas las reivindicaciones
más importantes que, en este momento concreto, plasman las exigencias más
urgentes para avanzar en este sentido.
Para el manifiesto del 1º de mayo de este año, UGT y CC.OO. han elegido un
título muy apropiado. No hay excusas al
que han añadido el hastag #alacalle. Y entre medias, se desgranan las
principales reivindicaciones “Empleo estable, salarios justos, pensiones
dignas, más protección social”. Lo que aparecen como reivindicaciones sobre los
aspectos más importantes de las relaciones laborales, en la idea de recuperar
derechos y facultades de acción que la crisis y las políticas de austeridad han
hecho retroceder, se engarzan claramente en el contenido esencialmente laboral
y sindical de estas manifestaciones. Pero el lema de la misma, “no hay
excusas”, viene a imprimir a aquellas una suerte de presión, correspondiente a
una etapa más ofensiva que defensiva como la que el sindicalismo español ha
venido atravesando.
Lo que sucede es que además el “no hay excusas” se ha resignificado ante
los últimos acontecimientos políticos especialmente los sucedidos la última
semana que han inundado la atmósfera del “tufo de la corrupción”, como ha dicho
Ignacio F. Toxo al presentar el
manifiesto. La constatación de que una élite corrupta y especuladora se apropia
de los bienes comunes, esquilma los recursos de entes públicos que arrastra a
una espiral de apropiación indebida, y somete a pillaje la ciudad y sus servicios
fundamentales, junto con el hecho que estas conductas constituyen la forma
ordinaria de expresión de la actuación política de relevantes personajes que
han dirigido las instituciones de la ciudad. Una ciudad que sólo es democrática
en la medida en la que ha habido mayorías electorales suficientes - tras veinte
años de gobierno - para impedirles continuar en estos puestos de mando, en un
proceso paralelo al que hemos visto ya antes que en Madrid en la Comunidad
Valenciana, y más recientemente en Murcia, entre otros lugares.
Además la indignación ha aumentado al comprobar, mediante las escuchas
telefónicas reveladas, la connivencia directa, sin tapujos, entre elementos
centrales del gobierno – un ministro, el de Justicia, y un secretario de estado
del Ministerio del Interior – y de la fiscalía – el tremendo caso del fiscal
anticorrupción (sic) – para intentar manejar las cosas de manera que se pudiera
preservar de “los líos” a uno de los sujetos más execrables del neoliberalismo
popular madrileño, como era Ignacio
González. Y, no podía faltar, este tipo de maniobras y de manipulaciones
cuentan también con una vertiente mediática, en un cuadro tremendo de
periodistas pagados para ser locuaces y otros para estar callados,
desautorizando o ignorando las denuncias que, desde diferentes medios,
valientes periodistas aislados habían ido haciendo públicas sobre estos actos
de saqueo y pillaje.
Muchos de los lectores de este blog están sin embargo familiarizados con
ciertas prácticas que atraviesan la estructura del poder judicial y que se han
ido cristalizando a través de un grupo de jueces polivalentes – Audiencia
Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal constitucional – que orientan de manera
partidaria el sentido de las promociones, juegan con las vacantes y construyen
un suelo partidista al que se debe acoplar quien desee hacer carrera o
promoción. Por degeneración profesional, en este blog se ha hablado más de los
supuestos laborales, pero naturalmente donde la presión es más fuerte es en la
jurisdicción penal. Junto a este bloque judicial, que tiene su organizador
principal en Federico Trillo, los
sucesivos Ministros de Justicia e Interior son elementos que, en su exceso
competencial – y su capacidad de exposición al riesgo – pueden resultar
disfuncionales a dicho bloque, fundamentalmente porque los efectos
deslegitimadores de estas actuaciones pueden ser, en efecto, de mayor alcance
que el que simplemente se residencia
en la Operación Lezo. Pero el
problema mayor lo constituye la percepción que tiene el Gobierno de que
policía, fiscalía y judicatura no pueden
morder la mano de quien les da el pan, que son ante todo los guardianes de un
patrimonio en el que público y particular se confunden y que deben por
consiguiente preservar. La idea, en fin, de que la investigación de las
operaciones tan frecuentes de financiación ilegal del partido, cohechos, apropiaciones
indebidas, blanqueo de dinero y en general todos los fenómenos que asociamos
con la corrupción del PP, no puede llevarse a cabo porque eso degradaría la
imagen del poder público y lesionaría irremediablemente el interés nacional.
Claro que no hay excusas. El primero de mayo en Madrid debe dar una
respuesta de clase y ciudadana a esta situación insoportable. A la calle todas
y todos.
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